Ernesto Báez no aceptó los cargos por varios homicidios que le imputa la Unidad de Justicia y Paz, y está a punto de ser juzgado por la justicia ordinaria.
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El ex jefe paramilitar del Magdalena Medio enfrenta la posibilidad de ser sacado de los beneficios de la ley de Justicia y Paz. Foto Semana – ‘Ernesto Báez‘ rechaza cargos por homicidio – “Ernesto Báez“, el sucesor de Castaño (Semana) – Radiografía de dos décadas de violencia encarnadas en ‘Ernesto Báez‘ |
El ex jefe paramilitar Iván Roberto Duque Gaviria, alias de Ernesto Báez e integrante del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas deColombia (Auc), está a un paso de perder los beneficios que brinda la Ley de Justicia y Paz, y ser juzgado por la justicia ordinaria, toda vez que persiste en negar su responsabilidad en los crímenes que le imputa la Fiscalía General de la Nación.
Con esta negativa, Báez dio un nuevo paso hacia la justicia ordinaria al rechazar los seis cargos que por los delitos de homicidio en persona protegida, tentativa de homicidio, homicidio agravado y secuestro que le imputó el Fiscal 14 de la Unidad de Justicia y Paz durante una audiencia de más de seis horas celebrada ante un Magistrado de Control de Garantías del Tribunal Superior de Medellín.
De manera tajante y con su particular locuacidad, el ex paramilitar rechazó las imputaciones. Sobre tres de ellas dijo que ya habían sido indagado en una diligencia similar realizada hace algunos meses, “y como tal, quien hace uso de la palabra en estos momentos había expresado su total ajenidad, en consecuencia, no aceptó esos cargos”.
Alias Ernesto Báez rechazó nuevamente su responsabilidad en el asesinato del alcalde del municipio de Aguadas (Caldas) Iván Rincón Henao, el 3 de agosto del año 2003; en la masacre de cuatro indígenas del resguardo Cañamomo y Loma Prieta del municipio caldense de Riosucio, el 6 de junio del año 2003, donde fue asesinado Gabriel Ángel Cartagena, gobernador de esa comunidad; y en la masacre de seis indígenas delresguardo Escopetería Pirsa, ejecutada entre el 25 y el 27 de noviembre de 2001, allí murió Luis Ángel Chaurra, fundador de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic).
Frente a los otros tres cargos imputados,criticó a la Fiscalía, pues a su juicio, “hacen parte de un larguísimo, dilatado e inentendible por lo dilatado, proceso de investigación por parte de la Fiscalía”, y detalló cada uno de ellos.
Sobre el asesinatos de la defensora de derechos humanos Alma Rosa Jaramillo Lafourie, asesora del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, ocurrido el 30 de junio de 2000 entre los municipios de Morales y Cimití, Sur del departamento de Bolívar, el ex paramilitar aseguró que hace más de un año está esperando sentencia: “son cargos que se me formularon con base en las mismas apreciaciones que el señor Fiscal 14 tiene para imputármelos, pero que son absolutamente insuficientes en su momento para que se me dicte sentencia”.
En cuando al homicidio del periodista José Emeterio Rivas Rivas cometido por desconocidos la noche del 6 de abril de 2003, en Barrancabermeja, Santander, expuso que hace ya casi tres años fue llamado a indagatoria: “son tres años que han transcurrido sin que la justicia se pronuncie para que proceda la resolución de situación jurídica”.
Y en el proceso sobre el secuestro de la Senadora por el Partido Liberal, Piedad Córdoba, el 21 de mayo de 1999 en el barrio El Poblado, de Medellín, por cuatro hombres y una mujer que la condujeron hasta un campamento paramilitar, dijo exactamente lo mismo: “han transcurrido, igualmente, más de tres años de haberme presentado voluntariamente a responder por ese caso ante la justicia y todavía no se resuelve nada”.
Báez con cierto cinismo se preguntó: “¿Qué espera la justicia? ¿Qué de pronto surja algún testigo de esos que han sido muy comunes hoy por hoy en procura de beneficios para que por fin se me pueda llamar a responder como responsable de esos cargos?”.
En la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, Báez sólo ha aceptado cargos por el delito de concierto para delinquir. En sus intervenciones ante diversos tribunales siempre hadestacado su papel político e ideológico al frente del proyecto paramilitar y ha negado cualquier relación con operaciones militares contra la población civil.
Abogado, de 54 años de edad, fue uno de los políticos de las Autodefensas del Magdalena Medio que intentaron convertir a Puerto Boyacá en una tribuna contra el comunismo, llamándola la “capital antisubversiva de Colombia”.
Durante su trabajo político no escatimó recursos provenientes de los narcotraficantes asentados en la región. Su perspectiva contrainsurgente lo llevó a relacionarse inicialmente con Carlos Castaño, jefe de las Auc y con los líderes de los grupos paramilitares que se crearon en diversas partes del país. Se desmovilizó con el bloque Central Bolívar el 12 de diciembre del 2005.
Para el abogado Leonid Ávila, de la Comisión Colombiana de Juristas, quien representa a varias víctimas en este proceso, es evidente la falta de voluntad política del ex paramilitar Duque Gaviria para aportar al esclarecimiento de la verdad y a la memoria histórica del país.
“Es que no son sólo estos hechos”, afirmó el jurista. Báez tiene información mucho más concreta sobre lo ocurrido en el Magdalena Medio durante los año 80 y 90, cuando fue secretario de Acdegam (Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio), cofundador del Movimiento de Reconstrucción Nacional (Morena) y allegado a la clase política de tendencia liberal de distintos departamentos, entre ellos Antioquia, Caldas y Boyacá.
“Si Báez tuviera realmente voluntad política podría develar buena parte de la memoria histórica de la violencia política en el país”, indicó Ávila, quien no dudó en señalar que el material probatorio que posee la Fiscalía General de la Nación lo vinculan seriamente como un alto mando de las Auc, relacionado estrechamente con los crímenes que le imputa el ente acusador.
Este abogado presume que frente a la negativa de alías Ernesto Báez de aceptar los cargos, la Fiscalía ordene la ruptura procesal para que esos cargos imputados los continúe investigando la justicia ordinaria.
Al final de la audiencia, el Magistrado de Control de Garantías advirtió que si el postulado “persistiera o mantuviese esa decidida convicción de que es inocente frente a estos cargos”, el camino a seguir es debatirse su caso penalmente ante la jurisdicción ordinaria.
“Y allí, agregó el Magistrado, el señor Duque Gaviria deberá asumir las consecuencias de ser vencido en juicio en la jurisdicción ordinaria y ya no aspirar a una pena de cinco a ocho años con una libertad vigilada de cuatro años más o hasta la mitad de la pena; tendría que asumir el riesgo de que termine condenado a 40, 50 ó 60 años”.
A partir de esta audiencia, el Fiscal 14 de la Unidad de Justicia y Paz tiene 60 días para reforzar sus argumentos y enfrentarse de nuevo a este ex jefe paramilitar en una audiencia de formulación de cargos, sólo hasta ese momento podrá saberse si hay ruptura procesal, lo que podría determinar que en este caso y ante la negativa del postulado, los delitos que le imputan sean tramitados ante la justicia ordinaria y así sea en este escenario, los crímenes no queden impunes.
