En este municipio la población rural no tiene acceso al vital líquido, pese a que existe un distrito de riego público. El Tribunal Administrativo de Bolívar abrió un incidente de desacato contra varias autoridades locales por no garantizar este derecho.
El Tribunal Administrativo de Bolívar abrió un incidente de desacato contra el Alcalde de María La Baja, el Gerente de Aguas de Bolívar y el entonces Director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, por incumplir una sentencia proferida por ese despacho judicial en 2014 en la que les dio un plazo de 18 meses para garantizar de forma transitoria y definitiva el servicio de acueducto y agua potable, en especial a la vereda La Suprema.
La decisión fue proferida por la magistrada Claudia Patricia Peñuela Arce, quien encontró mérito en el llamado de la Defensoría del Pueblo, que advirtió que los funcionarios no habían acatado las órdenes de la sentencia del 29 de enero de 2014, producto de una acción popular interpuesta en 2011 por el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativo (Ilsa), que acopió las preocupaciones de la comunidad rural (Lea: María La Baja, un retorno sediento).
Aunque en varios capítulos de la Constitución se reitera el acceso a agua potable como un derecho fundamental, éste solo está en el papel para las comunidades rurales de María La Baja. En este municipio, a dos horas de la turística Cartagena, por lo menos 25 mil campesinos pasan “sed” por falta de acceso y uso de agua potable.
El 4 de mayo de 2012 el presidente Juan Manuel Santos prometió, en predios de la planta extractora de palma de aceite, la construcción de una acueducto que garantizaría agua para el 70 por ciento de la población, incluida la titulación de tierras para superar las condiciones de pobreza (Ver minuto 6:46). Después de cuatro años, la promesa quedó en anuncios, excepto porque en febrero de 2016 el mandatario entregó el alcantarillado y el comienzo de las obras del acueducto en María La Baja.
Para la comunidad es contradictorio, por ejemplo, que su himno diga “Tu grandeza gloria estirpe de una hazaña /de una ciénaga en el Puerto Santander /por el norte toda la llanura baña / y en lo alto tus montañas /se engalana al verte crecer”; cuando en junio pasado los niños de Puerto Santander se enfermaron por problemas en las obras de alcantarillado.
María La Baja es un municipio seleccionado por el gobierno nacional como “piloto” en los procesos de justicia transicional. Las primeras víctimas del conflicto armado en lograr sentencias de reparación y restitución por Justicia y Paz, y Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, están en este lugar.
Los campesinos han logrado fuertes procesos organizativos para resistir en un territorio de tierras productivas, que fue azotado durante los últimos 30 años por guerrillas y paramilitares. Este periodo del conflicto armado desplazó a 34 mil 307 personas.
Aunque a finales de los años 60 el gobierno de la época construyó un distrito de riego público, que cubre 19 mil de las 54 mil hectáreas que componen el municipio, para sostener la producción agrícola, los campesinos advierten que éste es usado por la agroindustria de la palma de aceite, pese a que el gobierno nacional le entregó en administración esta infraestructura a la Asociación de Usuarios de María La Baja, Usomaría. En teoría, se haría cargo de que el recurso hídrico llegara a todos los productores. (Lea: Carlos Murgas Guerrero: más de 40 años dominando la palma de aceite)
Desde 2008, cuando una gran parte de la población había retornado después de la crudeza del conflicto, la comunidad advirtió problemas en el acceso al agua así como en su calidad, crucial para su supervivencia y actividades económicas como la pesca y las cosechas. Durante los dos años siguientes informaron sobre sarpullidos en la piel y problemas estomacales, así la mortandad de peces.
En la acción popular, Ilsa citó informes técnicos que advertían niveles de contaminación por E. Coli, una bacteria que estaba afectando la salud de los habitantes. El Tribunal Administrativo de Cartagena fue contundente en hacer un llamado a las autoridades. (Lea la sentencia)
“Este año la Defensoría Regional advirtió que no se habían cumplido las órdenes de la sentencia, sino que los mecanismos que se establecieron hace unos años para garantizar de forma transitoria el servicio, como las motobombas, se han deteriorado con el paso del tiempo…. El incidente es importante porque es una exigencia para que las comunidades tengan un efectivo derecho del agua”, explica Irina Junieles, directora de Justicia Transicional del centro de estudios DeJusticia.
Los ‘salvavidas’
Tras la falta de acción de las autoridades, los campesinos crearon la Mesa Permanente por el Derecho al Agua Potable, integrada por líderes de la comunidad que proponen mecanismos para garantizar el acceso y calidad del recurso hídrico. Una de sus apuestas está en lograr la autogestión comunitaria del agua y para ello, apoyaron un proyecto legislativo impulsado por la Red Nacional de Acueductos Comunitarios, así como un referendo. Durante comienzos de este año iniciaron la recolección de 2 millones de firmas, pero el periodo electoral dificultó el proceso.
“La Mesa es importante porque para las organizaciones comunitarias este es un espacio de reclamación pacífica de sus derechos y también porque permite a las instituciones competentes encontrar soluciones concertadas para actuar coordinadamente. En este proceso debería ser fundamental el acompañamiento de la Defensoría y el trabajo preventivo de la Procuraduría Ambiental y Agraria”, señala Junieles.
Otra de las apuestas es lograr la formulación e implementación del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), prometido en el primer punto del Acuerdo de Paz pactado con la extinta guerrilla de las Farc para el funcionamiento de la Reforma Rural Integral. Montes de María es una de las 16 regiones priorizadas para la formulación de este Programa. Gabriel Urbano, subdirector de la organización Corporación Desarrollo Solidario (CDS), que ha acompañado el proceso de formulación del Pdet en esta zona, explica que el acceso y calidad del agua es prioridad entre las iniciativas formuladas.
“Este miércoles 1 de agosto continuamos en la etapa municipal, acopiando las iniciativas de las veredas y las comunidades antes del pacto subregional. A pesar de que estas hacen visible el tema del agua, se plantea más como un problema de infraestructura, de desabastecimiento; que de forma integral. Esto tiene que ver más con el plantamiento de la metodología”, agrega Urbano.
En el Pacto Comunitario para la Transformación Regional, las comunidades indicaron en el pilar de “Infraestructura y adecuación de tierra” el problema de servicio de acueducto: “El sistema que se está implementando en los núcleos veredales del municipio de María La Baja no cuenta con planta de tratamiento, siendo el agua de estos no apta para el consumo”.
Como lo han expresado otras organizaciones sociales del país, los PDET formularán las necesidades de los territorios para lograr la Reforma Rural Integral, pero para ello se requiere voluntad política y presupuesto. (Lea: Santos no alcanzará a entregar Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial y El desarrollo en el sur de Bolívar, un sueño con los pies en la tierra)
Mientras tanto, las autoridades locales deberán dar solución al acceso y calidad de agua en María La Baja. Frente a la apertura de incidente de desacato, Carlos Antonio Coronel Mena, alcalde del Municipio; Miguel Torres Scaff, gerente de Aguas de Bolívar; y Elkin de Jesús Osorio Saldarriaga, entonces director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, tendrán que informarle al Tribunal sobre la gestión y acciones que han realizado para cumplir con las órdenes de la sentencia.
Si el Tribunal considera que esta gestión y acciones no fueron suficientes para garantizarles los derechos colectivos a un ambiente sano, salubridad pública y una infraestructura de servicios de alcantarillado y saneamiento básico a los pobladores de María La Baja, los funcionarios podrán recibir sanciones de arresto hasta de seis meses o una multa de 50 salarios mínimos mensuales vigentes.
Miguel Torres Scaff, gerente Aguas de Bolívar, indicó que el Municipio es el responsable de la buena prestación de los servicios públicos, según la Ley 142 de 1994: “Como Aguas Bolívar somos el gestor del Plan Departamental de Aguas. Nuestra misión es apoyar técnicamente y cuando es el caso, financieramente en la construcción y/o rehabilitación de la infraestructura de agua potable y saneamiento básico a los municipios miembros del Plan. En este caso, fue Findeter el que construyó el acueducto de María La Baja y es el Alcalde el responsable de la operación y mantenimiento de la infraestructura”.
Este medio buscó comunicación con el Alcalde de María La Baja y y el exfuncionario del Ministerio de Salud, sin lograr contacto a la espera de incorporar sus versiones.
De momento, los campesinos confían en que la apertura de incidente de desacato sirva como un mecanismo de presión para que las entidades estatales actúen con la debida diligencia y atiendan el derecho constitucional de acceso al agua; y también en que exista la disposición del nuevo gobierno nacional para cumplir con la propuesta de desarrollo territorial consignada en el PDET de Montes de María.
