Después las elecciones presidenciales más de una decena de defensores de derechos humanos han sido asesinados a lo largo y ancho del país. Organizaciones sociales le presentaron a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad un informe que arroja nuevas luces sobre este fenómeno, con el que, de paso, buscan que se concreten medidas de no repetición de esa violencia.
La alegría, la pasión y el optimismo que despertaron los jugadores de la Selección Colombia de Fútbol tras su participación en el Mundial que se celebra en Rusia, se han ido transformando en repudio, incertidumbre y miedo, a raíz de las constantes noticias sobre asesinatos de líderes sociales en diferentes departamentos que se vienen anunciando en los últimos días.
El buen desempeño de los futbolistas criollos en el certamen orbital se convirtió en un efecto placebo que alejó a la mayoría de los colombianos de la cruel realidad que afrontan quienes se dieron a la tarea de defender los derechos de comunidades y apoyar la implementación del acuerdo de paz al que llegó el gobierno nacional con la guerrilla de las Farc.
Según la fuente consultada y dependiendo de la metodología que emplee para definir quién es un líder social o defensor de derechos humanos, en los últimos 18 días fueron asesinados entre 15 y 22 activistas de esas causas. Y, lo peor de todo, es que ese nuevo estallido de violencia detonó tras las pasadas elecciones presidenciales, celebradas el 17 de junio y en las que resultó ganador el candidato Iván Duque, con el apoyo de amplios sectores de derecha del país. (Leer más en: Asesinatos de líderes sociales: difieren las cifras, coinciden los contextos)
Carlos Guevara, coordinador del Sistema de Información del Programa Somos Defensores, organización no gubernamental que desde 2002 documenta toda clase de agresiones contra defensores de derechos, llama la atención de que antes y durante las elecciones legislativas y presidenciales, los asesinatos de líderes sociales mermaron y entraron en una zona valle, pero que nuevamente aumentaron drásticamente tras elegirse al próximo mandatario de los colombianos.
“Creo que la situación actual es un coletazo de las elecciones, hay que dejar de ver las cosas como una mera coincidencia. Nosotros somos muy conservadores en la forma en que sacamos nuestros informes y documentamos los casos registrados, pero hay que decir que tenemos una preocupación muy profunda: hay casos que tienen relación con las elecciones, con la opción política que tomaron esos líderes; también hay casos que tienen relación con el acuerdo de paz en los puntos de finalización del conflicto, sustitución de cultivos ilícitos y acceso a tierras”, señala.
Hasta marzo pasado, esa organización había documentado el asesinato de 46 líderes sociales y para principios de junio estaba confirmando 19 más, con lo que su listado asesinados en 2018 era de 65; sin embargo, tras los hechos ocurridos luego de las elecciones presidenciales, esa cifra ronda 80 posibles casos de homicidios.
Lo anterior representa un dramático aumento, pues en los primeros semestres de 2016 y 2017, fueron asesinados 35 y 51, respectivamente. Por ello, Guevara no vacila en señalar que, si se corroboran los liderazgos de los más de 80 casos que están verificando, ocurridos en los seis primeros meses de este año, “estamos en una crisis humanitaria: no se puede nombrar de otra manera”.
Y esa cresta de violencia está involucrando a nuevos sectores sociales: entre ellos están cuatro integrantes de la campaña Colombia Humana, con la que Gustavo Petro, dirigente de izquierda que perdió en la segunda vuelta presidencial con Iván Duque, candidato del Centro Democrático, partido que se ha opuesto fuertemente a la manera cómo se desarrolló el proceso de paz, han sido asesinados. (Leer más en: Las tareas en construcción de paz que enfrentará el presidente electo Iván Duque)
De acuerdo con los registros del Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz), el matiz político que empieza a tomar esa estela de muerte se materializa en los asesinatos de Evelia Francisca Atencia Pérez (21 de junio, Maicao, La Guajira); Gabriel Adolfo Correa Chavestán (2 de julio, Buenos Aires, Cauca); Ana María Cortés Mena (4 de julio, Cáceres, Antioquia); y Margarita Estupiñán (4 de julio, Tumaco, Nariño).
Según datos de ese instituto, entre el 19 de junio y el 4 de julio fueron asesinados 22 líderes sociales en los departamentos de Norte de Santander, Caquetá, La Guajira, Chocó, Antioquia, Cauca, Córdoba, Atlántico, Nariño, Tolima y Putumayo. Una caracterización de sus actividades arroja que algunos presidían juntas de Acción Comunal, eran sindicalistas, estaban vinculados al programa de sustitución de cultivos ilícitos o hacían parte de procesos de reclamación de restitución de tierras despojadas en medio del conflicto armado.
Leonardo González, coordinador de investigaciones de Indepaz, señala que, enero, con 21 homicidios, era el punto más alto de los 123 casos que han documentado hasta la fecha, el cual fue superado por los 18 días siguientes a las elecciones presidenciales: “Hay picos que tienen que ver con lo que está sucediendo políticamente a nivel nacional como la elección de Presidente, y picos que tienen que ver con la implementación de los acuerdos de paz”.
Y agrega que los asesinatos ocurren por diferentes motivos: “Hay que ver qué estaban haciendo los líderes y cuáles eran sus luchas. La gran mayoría, el 83 por ciento, han sido asesinados por temas de defensa de territorios; el 81 por ciento pertenece a organizaciones comunitarias como Juntas de Acción Comunal y resguardos indígenas. La implementación del acuerdo de paz es una de las grandes confrontaciones porque hay intereses de personas y estructuras que no quieren que se den las propuestas”.
Lo paradójico de esta situación no es que ocurra en época poselectoral, sino que aumente a pesar de las constantes denuncias de organizaciones locales e internacionales. La crisis humanitaria, como la nombran determinados sectores es de tal magnitud, que Naciones Unidas (ONU) convocó a los entonces candidatos presidenciales para que firmaran un pacto para incluyeran en sus planes de gobierno una política pública para garantizar los derechos humanos. (Leer más en: Los retos de Iván Duque para cumplir con el Pacto Social por los Derechos Humanos)
Sin embargo, entre tanta denuncia, numerosos informes y políticas que se han desarrollado en el marco de la implementación del Acuerdo Final para ponerle fin a esa ola de violencia, como la creación del Cuerpo Élite de la Policía y una unidad especial investigativa de la Fiscalía, sumado a decretos para que la Defensoría del Pueblo emita directamente alertas tempranas o se cree un programa de protección de comunidades, el desangre de líderes sociales no tiene fin.
Por medio del Decreto 2124 de 2017, la Defensoría emitió el pasado 1 de marzo una alerta temprana en la que documentó 282 asesinatos ocurridos desde enero de 2016. Sin embargo, al 30 de junio, su consolidado aumentó a 311, siendo los departamentos de Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Nariño y Chocó los más afectados.
Ante esta situación, la ONU emitió ayer un comunicado a través del cual instó al Estado colombiano “a reforzar las medidas de prevención, protección e investigación para garantizar el derecho a la vida y la integridad de las y los colombianos en todos los rincones del país”. (Ver comunicado)
Defender la vida
Bajo ese título, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Corporación Jurídica Yira Castro, el Programa Somos Defensores, el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos y el Centro Europeo de Derechos Humanos, le entregaron a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) un informe de 101 páginas sobre patrones de agresión a defensores de derechos humanos. (Leer más en: Arranca formalmente la Comisión de la Verdad)
Entre todos los informes, investigaciones y alertas que hasta el momento se han presentado sobre la grave situación de líderes sociales, éste destaca por su planteamiento de hacer distinción entre los asesinatos ocurridos en el marco del conflicto armado y en lo que denomina como “violencia sociopolítica”.
Esta investigación documentó el contexto sobre la situación de violencia contra los defensores de derechos entre 2002 y 2015, identificó cinco patrones de agresión contra estas personas por parte de agentes del Estado y detalló diez casos de líderes que perdieron la vida en los últimos 13 años por razones de su lucha social. (Descargue el informe)
Los patrones que identificaron esas organizaciones sociales a través de la decena de casos que documentó a profundidad están bajo “un fenómeno más amplio que el conflicto armado y al que se ha denominado violencia sociopolítica, ejercida con el objeto de imponer o conservar un determinado modelo social, político y económico”.
Por esa razón, en aras de cumplir su mandato fundacional de establecer las causas y las maneras como se desarrolló la violencia al rededor del conflicto armado, para facilitar la reconciliación y propender la no repetición de ella, el informe busca que la CEV tenga en cuenta la noción de violencia sociopolítica y no analice todos los homicidios de líderes sociales bajo el prisma del conflicto armado.
“El ejercicio analítico que proponemos a la CEV, teniendo en cuenta la amplitud de su mandato, consiste en reconocer la diferenciación que existe entre los hechos de violencia que ocurrieron en el desarrollo de las hostilidades militares y de las infracciones al DIH que en el marco de este se cometieron, respecto de aquellos que, si bien ocurrieron en el periodo conocido como el conflicto, no tienen una relación de causalidad con el mismo, y por el contrario, hacen parte de un ataque unilateral de agentes estatales en contra de sectores determinados. Por tal motivo, lo que proponemos es que además del fenómeno del conflicto se incluya también los hechos de violencia sociopolítica y se establezcan criterios de diferenciación, caso a caso, entre estas dos modalidades de violencia”, plantea el documento.
Sebastián Escobar, integrante del Cajar, señala que, si la CEV busca develar las causas, los móviles, las prácticas y los patrones estructurales de violencia contra los defensores de derechos humanos, debe diferenciar los hechos del conflicto armado de los de la violencia sociopolítica; y entender ambas tipologías mediante una caracterización diferente y diferenciada.
“Hemos caracterizado que los hechos documentados se inscriben en el fenómeno de violencia sociopolítica. A diferencia de los hechos del conflicto armado que se enmarcan en la confrontación entre dos grupos por dominio territorial y militar, estamos viendo un ataque unilateral de la Fuerza Pública o de sectores paramilitares que actuaron de manera coordinada o con tolerancia de la Fuerza Pública. Creemos que se dieron en un contexto de conflicto armado que se utilizó como excusa para esconder los verdaderos móviles de los asesinatos de defensores de derechos humanos”, plantea.
Asimismo, el informe define que la responsabilidad por el ejercicio de la violencia sociopolítica recae principalmente en el Estado, “bien porque la ejerce de manera directa, o bien porque lo hace a través de organizaciones paramilitares que actúan con su aquiescencia, connivencia o tolerancia, dirigiendo su accionar no solo a los alzados en armas, sino llevándola a amplias capas de la población civil desarmada, que caen o podrían caer en el influjo territorial o ideológico de los combatientes”.
Y ese planteamiento recae principalmente en las nociones de lucha antisubversiva y la doctrina del enemigo interno, las cuales extrapolaron la confrontación armada a supuestos colaboradores y grupos afines a las guerrillas que no hacían parte de las hostilidades, convirtiendo a los defensores de derechos humanos en víctimas de estigmatizaciones, persecuciones y asesinatos selectivos.
“Bajo la lógica de la ‘doctrina del enemigo interno’, si ‘la subversión tiene una parte armada y una parte política, que une a toda la izquierda y es apoyada por los distintos organismos que ellos controlan, especialmente en áreas de influencia, como lo son las oficinas de los derechos humanos, las cuales a su vez tienen el respaldo de organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales’, así, el ‘enemigo interno’ inevitablemente incluye a las personas defensoras de derechos humanos”, señala la investigación.
Por lo anterior, el informe establece cinco patrones de agresión a defensores de derechos humanos: “1) la represión por entidades de inteligencia del Estado a través de vigilancia ilegal, hostigamiento, sabotaje, difamación, amenazas y asesinatos; 2) la criminalización infundada a través del sistema de justicia criminal; 3) las ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de seguridad del Estado como parte del fenómeno conocido como los “falsos positivos”; 4) las ejecuciones por grupos paramilitares con la connivencia, aquiescencia o tolerancia de las fuerzas de seguridad del Estado; y 5) el uso excesivo de la fuerza utilizada contra defensores de derechos humanos en el contexto de protestas sociales, especialmente por el Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD de la Policía Nacional”.
Papel de los últimos gobiernos
El informe presentado a la CEV también analiza las agresiones a los defensores de derechos humanos en los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y Juan Manuel Santos (2010-2018).
En el primer periodo, reseñando cifras de Somos Defensores, se encuentran 1.064 ataques contra defensores de derechos humanos, siendo 164 asesinatos. Ese gobierno se caracterizó por la fuerte estigmatización a los defensores de derechos humanos por parte del propio presidente Uribe, quien desconoció la existencia del conflicto armado y emprendió una lucha frontal contra la denominada amenaza terrorista por medio de su política de Seguridad Democrática.
Como ejemplo de lo anterior, el informe cita los señalamientos que sufrió la Comunidad de Paz de San José de Apartadó por parte del entonces mandatario en 2005: “En esta comunidad de San José de Apartadó hay gente buena, pero algunos de sus líderes, patrocinadores y defensores están seriamente señalados, por personas que han residido allí, de auxiliar a las FARC y de querer utilizar a la comunidad para proteger a esta organización terrorista”. (Leer más en: Solicitan reparación colectiva para Comunidad de Paz de San José de Apartadó)
De ese modo, el informe explica que oficiales y fuerzas de seguridad del Estado, escudados tras el principio del “enemigo interno”, estigmatizaron a las personas defensoras de derechos humanos como patrocinadoras de la guerrilla, lo cual se traducía como “terroristas”.
Y dicha estigmatización fue complementada con políticas que facilitaban o causaban su represión violenta: “Ejemplos claros son el escándalo de la agencia de inteligencia Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que reportaba directamente al presidente Uribe, ilegalmente vigilaba a defensores de derechos humanos de manera sistemática y pasaba listas a grupos paramilitares de personas consideradas ‘objetivos militares’ por sus supuestos vínculos con la guerrilla. En muchos casos, esta vigilancia ilegal fue el preámbulo de amenazas violentas y hasta asesinatos de aquellos defensores de derechos humanos afectados”.
El cambio de gobierno, con la posesión de Juan Manuel Santos el 7 de agosto de 2010, le dio un vuelco a la situación de predecesor, pues reconoció la existencia del conflicto armado y entabló un proceso de paz con la guerrilla de las Farc que derivó en su dejación de armas y la implementación del Acuerdo Final para concretar una paz estable y duradera, cuyo centro deben ser las víctimas del conflicto armado y la justicia social.
Es así como el informe destaca que, en contraste al gobierno de su predecesor, “la administración de Santos no parece estigmatizar abiertamente a las personas defensoras de derechos humanos como patrocinadores de la guerrilla o terroristas. Este gobierno ha entablado el diálogo, por ejemplo, al reabrir la Mesa Nacional de Garantías en octubre del 2014, la cual ha permitido un intercambio institucionalizado de ideas entre las plataformas de defensa de derechos humanos y otros liderazgos sociales sobre los derechos humanos”.
Sin embargo, ese cambio de tono y de políticas no se tradujeron en beneficios para las comunidades y en garantías para los defensores de derechos humanos, pues la violencia en su contra se disparó de manera alarmante. Durante el gobierno Uribe, según los registros de Somos Defensores, fueron asesinados 164 defensores de derechos humanos, mientras que entre 2011 y 2016, ocurrieron 394 homicidios. El aumento de esa violencia está relacionado con los avances que tuvieron los diálogos de paz en La Habana y con la paulatina implementación del Acuerdo Final.
Además, el informe destaca que “una forma de represión contra personas defensoras de derechos humanos que aumentó bajo el gobierno del presidente Santos fue el uso excesivo de la violencia contra protestas sociales, especialmente por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD); el cual con frecuencia se dirige contra personas defensoras de derechos humanos que participan o encabezan protestas sociales”.
Ese es el panorama que el documento entregado a la CEV describe de los últimos gobiernos. Y en esta época, en la que se está realizando el proceso de empalme con el equipo del presidente electo, Iván Duque, el panorama se está oscureciendo mucho más, tal como indica Escobar del Cajar: “Nos parece bastante preocupante. Hay una coyuntura de lecciones e incremento de agresiones, principalmente de homicidio de personas que participaron en la campaña de Gustavo Petro. Nos genera preocupación lo que puede haber significado en términos discursivos y simbólicos la victoria del uribismo, que es un sector que está en contra del proceso de paz, con un discurso que invita a hacer los trizas el Acuerdo Final y que de alguna manera genera un entorno que favorece las agresiones contra defensores de derechos humanos”.
Por esa razón, destaca la posibilidad de que la CEV estudie este informe, para que tenga en cuenta sus planteamientos cuando emita recomendaciones en materia de garantías de no repetición de la violencia. “Consideramos que la continuidad de este fenómeno contra los defensores de derechos humanos tiene que ver con que no se han realizado transformaciones en prácticas o doctrinas que permitan enfrentar los patrones que identificamos”, concluye Escobar.
