A pupitrazo, la Cámara aprobó la versión uribista de la ley de Víctimas y desesestimó casi en su totalidad el proyecto original que había sido conciliado con organizaciones sociales y expertos.
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La plenaria de la Cámara aprobó la propuesta que más le gustaba al gobierno y que las víctimas habían rechazado. Básicamente, la Cámara de Representantes aprobó una ley que diferencia entre las víctimas de la Fuerza Pública y las de grupos armados ilegales. Quienes han perdido familiares o han sido desplazados por cuenta de las guerrillas o los paramilitares pueden acceder más fácil a una reparación que quienes han sido blancos de abusos soldados, policías u otros agentes del Estado, que deben esperar una sentencia judicial.
El debate de este martes estuvo caliente por cuenta de las dilaciones que tuvo este proyecto. Más aún, cuando este lunes festivo se esperaba iniciar la discusión definitiva y no se dio porque una comisión designada por el presidente de la Cámara no presentó un informe, por lo que quedó aplazada hasta este martes.
Sin embargo, este martes no se hizo un debate a fondo sobre cada uno de los puntos críticos del proyecto de Ley de Víctimas, sino que la comisión presentó su informe con tres propuestas. Una, votar en bloque 50 artículos de la norma impulsada por el gobierno sin discusión alguna. Dos, votar las propuestas del representante liberal Guillermo Rivera, que buscaba la discusión de 160 artículos. Y tres, votar la propuesta del representante Conservador, Humberto Mantilla, que reflejaba los intereses del gobierno.
Del total de representantes, 81 uribistas votaron en bloque los 50 artículos de la propuesta del gobierno sin mayor discusión ni análisis. Es más, se puede decir que a esta hora, pocos saben qué fue lo que votaron.
Por esta razón, el representante Guillermo Rivera, dijo que este debate fue “una salvajada legislativa”.
Pero no solo la oposición reparó en la forma como se aprobó la iniciativa, hubo quien de la coalición del gobierno dijera que si aprobaban de esa manera los proyectos era mejor “no asistir a las plenarias”.
En ese momento presidió la sesión el representante de La U Tarquino Pacheco y el presidente de la Cámara, Germán Varón se sentó entre los asistentes. Corre el rumor de que Varón asumió esa posición pues no quería quedar mal con el Partido Liberal y prefirió que fuera Pacheco quien lidiara con las tensiones.
Nuevamente se notó el afán por salir del proyecto, demostrado en los intentos de debate anteriores. La razón: en el segundo punto de la agenda estaba la votación de la apelación que hizo el representante del Polo, Venus Albeiro Silva a la manera como la Comisión de Ética liberó a Varón de una recusación. La apelación de Venus Albeiro impedía que Varón nombrara los conciliadores del proyecto de referendo reeleccionista.
Además, por estos días en la Mesa Directiva de la Cámara hay urgencia porque el tiempo se acorta y ésta tiene varias decenas de proyectos represadas sin discusión. La legislatura termina este viernes y varios de estos proyectos podrían hundirse por vencimiento de términos.
La mayoría uribista en la Cámara de Representantes votó sin discusión el informe y de paso aprobó el proyecto de ley que ahora tendrá que ir a conciliación.
El Partido Liberal, en cabeza del creador del proyecto inicial, el senador Juan Fernando Cristo programó una cita con periodistas y víctimas con el objetivo de anunciar por qué va a promover el hundimiento del proyecto en la conciliación.
Los puntos más polémicos
Con la Ley, el Estado queda excento de asumir responsabilidades de reparación por los crímenes cometidos por los agentes de la Fuerza Pública. Además, cuando el Estado tenga que reparar, lo hará por un principio de solidaridad, mas no de garantías. Es decir, no paga por no haber cumplido su responsabilidad de proteger a las víctimas, sino como un gesto solidario.
Y cuando haya dudas en el proceso, la Ley no contempla la interpretación a favor de ellas en los estrados judiciales. Para colmo, los jueces, cuando sus fallos sean a favor de quienes han sufrido los vejámenes de la violencia, deberán establecer los montos de las reparaciones con base en las escalas que ya fijó el gobierno, lo que para las víctimas es un monto definido de manera arbitraria que no reconoce la situación de cada caso.
En el Senado había sido aprobado un texto no muy diferente. Ahora, ambos deberán ser conciliados para que la ley pase a sanción presidencial, pero ya no hay posibilidades de emitir una norma que les devuelva a las víctimas lo que consideran que vale el daño hecho por guerrilleros, paramilitares, policías y soldados. La esperanza para las víctimas y los expertos es que se hunda en esta última oportunidad.
