El ex jefe de las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada, ‘Guillermo Torres’, dijo durante una audiencia de Justicia y Paz que los paramilitares suspenderán las versiones libres por diferencias con el Gobierno.
| En breve: En formulación de cargos de Justicia y Paz el 16 de junio de 2009, el ex jefe de las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada José Baldomero Linares, alias ‘Guillermo Torres’, aseguro que los paramilitares detendrán su participación en Justicia y Paz; también recibió acusación por un caso de reclutamiento de menores y 9 homicidios y desapariciones.
Lugares mencionados: Departamentos de Casanare, Meta y Vichada. Norte del Meta en los municipios de Puerto Gaitán y Puerto López ; norte de Vichada en el área de Cumaribo, Santa Rosalía y La Primavera. |
 José Baldomero Linares, alias ‘Guillermo Torres’ durante la desmovilización de las ACMV el 6 de agosto del 2005. Foto: Oficina del alto Comisionado para la Paz.  – Perfil de José Baldomero Linares, alias ‘Guillermo Torres’ ‘El Alemán’ habla sobre la decisión del INPEC de suprimir beneficios carcelarios a desmovilizados {youtube}Hoc3tiP4XsQ|320|25|true{/youtube}  – El paro siencioso de los ‘paras’ -‘‘Guillermo Torres’ acepta masacre del Planchón -El niño que sobrevivió a los paras  – Autodefensas del Meta y Vichada |
Durante la audiencia de imputación parcial de cargos en contra de José Baldomero Linares, alias ‘Guillermo Torres‘, la defensa del ex jefe de las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada (ACMV), aseguró que los paramilitares suspenderán su asistencia a las diligencias de la ley de Justicia y Paz.
El abogado de ‘Guillermo Torres’ afirmó que después de una reunión realizada el jueves de la semana pasada entre los ex jefes de las Auc que permanecen recluidos en la cárcel de la Picota y funcionarios del gobierno, los paramilitares decidieron suspender su participación en versiones libres y audiencias porque aún siguen sin tener acceso a computadores, celulares y visitas en horarios especiales que anteriormente gozaban cuando se sometieron a la Ley 975.
Hace unos meses la directora del Inpec, Teresa Moya Suta, decidió quitarles esos beneficios porque, según investigaciones del Instituto, algunos de ellos las utilizaban para delinquir desde la prisión y no para reconstruir la verdad de sus crímenes. (Ver comunicado)
Los paramilitares sometidos a la ley de Justicia y Paz podían gozar de estos beneficios según lo pactado en el Acuerdo de Santa Fé de Ralito. Las condiciones especiales de la prisión para los desmovilizados postulados a Justicia y Paz fueron ratificadas luego por el gobierno. La idea era que como ellos iban a contribuir con la verdad, la justicia y la reparación de sus víctimas, el gobierno les otorgaba cierta flexibilidad para facilitarles su colaboración.
El paro, que inició para comienzos de mayo (ver nota completa), se levantó la semana pasada con un decreto del ejecutivo que ordenó la restitución de los beneficios a los paramilitares sometidos a la ley de Justicia y Paz.
El Gobierno expidió el 15 de mayo el decreto 1733 en el que facilita ciertos beneficios a los postulados.
“Es necesario facilitar las condiciones que permitan a los miembros representantes y a los postulados de los grupos armados colaborar con los objetivos de la ley 975 del 2005”. El mismo decreto además crea un Comité Técnico Interinstitucional de coordinación y seguimiento conformado por la Fiscalía, la Procuraduría, los ministerios del Interior y Defensa y el Alto Comisionado para la Paz para monitorear el acceso de los ‘paras’ a estos beneficios.
Fue así como el Inpec y la oficina del Alto Comisionado para la Paz, acordaron que nueve miembros representantes de las Auc tendrían en sus celdas un computador personal, aunque estos equipos ya no tendrían acceso a internet. El acceso a la red solo se puede tener en una sala especial y con navegación restringida.
Esos mismos beneficios se hicieron extensivos a los desmovilizados postulados al proceso que, según un concepto de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía estén colaborando con verdad, justicia y reparación.
A pesar de esto, las nuevas reglas de juego no terminaron por convencer a los jefes paramilitares que lanzaron un nuevo obstáculo para el esclarecimiento de sus crímenes al dejar de asistir otra vez a las diligencias de justicia y paz. Fue por este motivo que ‘Guillermo Torres’ se declaró en “desobediencia civil con la ley” y aseguró que no asistirá a la continuación de su imputación que estaba programada el miércoles de esta semana.
Entre los crímenes que alcanzaron a ser imputados a ‘Guillermo Torres’ durante la audiencia se encuentra el homicidio y posterior desaparición de 9 personas que según sus declaraciones en versión libre fueron asesinadas por ser presuntos colaboradores de los frentes 39 y 16 de las Farc en los departamentos de Casanare, Meta y Vichada.
José Baldomero Linares, alias ‘Guillermo Torres’, aceptó los delitos por haber ordenado los crímenes o tener la responsabilidad de ellos por ser el comandante, aunque dijo que muchos ‘paras’ bajo su mando excedieron sus órdenes y cometieron innumerables atropellos en contra de la población civil.
Dentro de las víctimas que dejaron estos homicidios se encuentra el comerciante Robert Cordero Rojas, quien fue asesinado 27 de marzo de 1995 cuando se dirigía a visitar a su abuela materna en Vichada. ‘Guillermo Torres’ aceptó que dio la orden de asesinarlo porque sus hombres lo señalaron de colaborar con la guerrilla pero dijo que no era capaz de identificar a los hombres que cometieron el crimen.
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| José Baldomero Linares, alias ‘Guillermo Torres’. Foto: CNRR |
En circunstancias similares fueron asesinadas decenas de personas que se negaron a pagar la vacuna que les exigían las autodefensas o a prestar sus propiedades y residencias para que las autodefensas perpetraran sus crímenes entre 1995 y el 2004.
Es el caso de dos miembros de la familia Guerrero Díaz (padre e hijo), quienes salieron de su casa con un cargamento de cerveza y fueron asesinados por miembros de las ACMV. El 17 de septiembre de 2009 en versión libre ‘Guillermo Torres’ aceptó que una ex guerrillera que trabajaba para las autodefensas, conocida con el alias de ‘Jésica’, los señaló como presuntos colaboradores de la guerrilla y que por eso dio la orden de asesinarlos.
‘Guillermo Torres’ también aceptó el reclutamiento de un menor de 13 años que fue retenido en noviembre de 1997 por las ACMV cuando se disponía a visitar a su madre en Mapiripán. El menor fue reclutado por alias ‘Cazador’ en Puerto Gaitán, y según ha corroborado la Fiscalía pasó a conocerse con el alias de ‘Cobra’ después de su entrenamiento.
La parte de las víctimas
Los principales damnificados con la huelga carcelaria son las miles de víctimas del conflicto armado en Colombia que asisten a las versiones libres de sus victimarios en busca de verdad, justicia y reparación. Muchas de ellas son citadas a las salas de versión libre de la Fiscalía a través de correspondencia certificada lo que hace difícil para los despachos informarles oportunamente que las diligencias se cancelan a última hora.
Gran parte de las víctimas de los grupos paramilitares se trasladan con dinero de su propio bolsillo a las sedes de la Fiscalía para ingresar a las audiencias y enterarse de la suerte de sus seres queridos, algunas de ellas realizan largos viajes desde regiones aparatadas para evitar la presión de grupos ilegales que todavía cometen crímenes en la zona.
“Muchas de las víctimas del conflicto no tienen acceso a medios como Internet para informarse sobre cuando las versiones son canceladas”, aseguró un funcionario de la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación.
La inaudita presión de los ex paramilitares con el paro no sólo muestra que, aunque estén presos y procesados por la justicia, muchos de ellos aún conservan un poder de presión frente a la justicia, y también su capacidad de mando sobre los que fueran sus subalternos.
Mientras tanto, las víctimas esperarán una solución que levante el paro, les garantice a los paras que podrán tener acceso a sus subalternos para obtener información que les ayude a aclarar los crímenes que ya empezaron a confesar ante la justicia, para hacer cumplir el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación que promulga la ley 975.
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