La nulidad del proceso contra el ex representante Luis Fernando Almario decretada esta semana por un juez especializado de Bogotá agrega más trabas a un caso oscuro sobre el que pesan homicidios y nexos con paras y guerrilla. Verdad Abierta hace un recuento de lo que hay entorno al controvertido político caqueteño.
El 29 de diciembre de 2001, Diego Turbay Cote, en ese entonces presidente de la Comisión de paz de la Cámara, fue asesinado junto con su madre y cinco escoltas más en la vía que comunica a Florencia con el municipio de Puerto Rico, por guerrilleros pertenecientes a la columna móvil Teófilo Forero de las FARC.
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| Luis Fernando Almario fue puesto en libertad esta semana, pero su proceso continúa vigente. Foto. Semana |
Aunque al principio se desconocieron los móviles del hecho, a mediados de 2002 apareció uno los primeros testigos del hecho acusando al ex representante Luis Fernando Almario como responsable del homicidio. Gerardo Aguirre Ballesteros, ex jefe de milicias de las FARC, señaló a Almario como el autor intelectual del homicidio de la familia Turbay Cote, relacionando algunas reuniones que un presunto emisario de Almario había tenido con las FARC y en las cuales se había planeado el asesinato de los Turbay.
A pesar de la existencia del testimonio, el caso no se tuvo en cuenta sino hasta marzo de 2007, cuando la Revista Cambio reveló la ubicación de las declaraciones de Aguirre en la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, de donde nunca se emitió copia a la Corte Suprema.
El caso que se retoma y los testigos que aparecen
A finales de 2007, el senador Gustavo Petro colocó en una plenaria ante el Senado, la existencia de alianzas entre políticos, narcotraficantes y grupos armados ilegales, señalando al ex representante Almario como uno de los posibles involucrados en estas alianzas.
Aunque Almario tuvo la oportunidad de defenderse en esa ocasión, la investigación en su contra continuó y para finales de 2007, aparecieron otros dos nuevos testigos quienes declararon en su contra ante la Corte Suprema de Justicia.
Fernando Bahamón, ex jefe de seguridad de la columna Teófilo Forero de las FARC, aseguró que fue testigo, en la época de la zona de distensión en el Caguán, de una reunión entre Almario y Joaquín Gómez, jefe del Bloque Oriental, Fabián Ramírez, jefe del frente 14, y Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, alias ‘Óscar’ o ‘El paisa’, jefe de la Teófilo Forero, para planear una “alianza política y económica” con la idea de hacer más fuerte la influencia de las FARC en el Caquetá. Según Bahamón, la consolidación de esa alianza tenía en cuenta el asesinato de los Turbay.
En declaraciones para la Revista Cambio en 2007, Almario se defendió de Bahamón, asegurando que “éste (Bahamón) no era más que un extorsionista. Es cierto que yo los llamé a él y a su esposa desde mi celular, pero esa fue operación concertada con el Gaula para demostrar que ellos pretendían sacarme dinero a cambio de que Bahamón no fuera con sus expedientes de mentiras ante la Corte”.
El otro testigo, Lucas Medina, un transportador fluvial de la zona, aseguró ante la Corte que poco después del asesinato de los Turbay, Almario le dio medio millón de pesos para que llevara un mensaje escrito al jefe de la Teófilo, en el que le proponía un plan de “reconciliación”, pues el congresista tenía algunos problemas con las FARC, quienes lo señalaban de haber llevado al Caquetá a grupos paramilitares.
Según Medina, Almario convenció a la guerrilla sobre los vínculos entre los Turbay y los grupos paramilitares en Caquetá, y provocó el asesinato de la familia Turbay; no obstante, según el testigo, las Farc se dieron cuenta de las relaciones entre Almario y los paramilitares, lo que motivó a Almario a buscar una ‘reconciliación’ con el grupo guerrillero.
Con el apoyo de estos testimonios, la Corte Suprema ordenó en febrero de 2008 la captura de Almario por su presunta responsabilidad en el asesinato de los Turbay. No pasó mucho tiempo y Almario renunció a su fuero como congresista, trasladando el caso a manos de la Fiscalía, en donde se profirió medida de aseguramiento contra Almario para finales de marzo.
En octubre de ese mismo año, la Fiscalía profirió resolución de acusación contra Almario, coincidiendo para la época, con las acusaciones que se hicieron contra el ex representante por su supuesto trafico de influencias al interior de la Fiscalía.
En una carta enviada al Fiscal General en noviembre de 2008, el senador Petro advirtió la existencia de cuotas burocráticas de Almario en la Fiscalía, teniendo en cuenta que la esposa de Almario, Elsa Piedad Ramírez, era fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá y antes había hecho parte de la Unidad Antiterrorismo de la Fiscalía.
Para marzo de este año, se hizo de conocimiento público el asesinato del testigo No. 38, entre desaparecidos o asesinados, que tienen relación con el caso de Almario. Jorge Hernando Calderón, hermano del dirigente político del Caquetá, Alirio Calderón y quien había señalado a Almario como responsable en la muerte de los Turbay, fue asesinado el 15 de febrero en el municipio de Puerto Rico (Caquetá), “a una cuadra de la estación de Policía totalmente solo sin ninguna protección y se había cansado de mandar cartas a las autoridades para que lo protegieran”, explicó su hermano.
Este hecho fue reportado al mismo tiempo en que se hizo pública una carta enviada desde Zurich (Suiza), por Constanza Turbay, hermana del asesinado Diego Turbay Cote. En la carta, Constanza hizo un llamado al presidente Uribe para que el crimen de su familia no quede en la impunidad, pasados ya casi ocho años desde que ocurrió el hecho.
En el nivel administrativo, el caso ha presentado otros inconvenientes. En enero de 2009 por decisión del Consejo de Judicatura de Cundinamarca, el caso fue trasladado a los juzgados de Villavicencio. La resolución de acusación proferida en octubre de 2008 había sido apelada por la defensa de Almario, demorando algunos meses el llamado a juicio del ex representante, hasta el 25 de febrero de 2009, cuando la resolución de acusación fue ratificada por el Vicefiscal General, y dio paso al juicio.
El 24 de marzo, por decisión del Consejo Superior de la Judicatura, el caso de Almario se quedo en Bogotá y hasta semana el juicio contra Almario arrancó, presentando como novedad la nulidad de todo el proceso judicial por supuestos errores jurídicos que llevaran a que el caso sea retomado desde su etapa de instrucción, otorgando la libertad al representante.
Y sobre los paramilitares ¿qué?
Según un artículo de Semana publicado en marzo de 2008, en algunos círculos políticos de Caquetá se habla sobre las relaciones de Almario con los hermanos Juan Carlos y Jhon Eduard Monje. Juan Carlos se desmovilizó en Valparaíso como jefe de las autodefensas en esa parte de Caquetá y posteriormente fue asesinado mientras que Jhon Eduard hizo parte de la unidad legislativa de Almario en el Congreso.
De igual forma, existe mucha especulación acerca de la existencia de un pacto que algunos políticos del departamento firmaron con grupos paramilitares y que se conoce como el acuerdo de ‘Río Pescado’. Aunque al parecer existe un acta firmada de esa reunión, las autoridades aún no han podido obtener copias del documento que confirmen las acusaciones.
Otras acusaciones en contra de Almario lo vinculan con el grupo Águilas Negras que opera en Caquetá. Los presuntos vínculos de Almario con el ex congresista Ciro Ramírez, arrojan nuevos indicios sobre sus posibles relaciones con el paramilitarismo. Hace un par de semanas, la Fiscalía llamó a juicio a Ramírez por sus presuntos vínculos con el narcotraficante y paramilitar Henry Londoño alias ‘Mi Sangre’, desmovilizado del Bloque Central Bolívar de las AUC.
Como abogado y miembro del Movimiento Participación Popular-Partido Conservador, Almario fue representante a la Cámara durante cinco periodos consecutivos.
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