Tres años y medio será el periodo que durará el trabajo de este organismo, que tendrá como labor principal la elaboración de un informe final que contribuya al esclarecimiento de lo que ocurrió durante los últimos 53 años de confrontación armada.
Estos son algunos de los seleccionados a la Comisión de la Verdad, que representan diferentes sectores académicos y que han dedicado buena parte de sus vidas a investigar el conflicto armado colombiano.
Después de revisar 193 hojas de vida de colombianos y extranjeros, el Comité de Escogencia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición dio a conocer este jueves los nombres de las 11 personas que integrarán la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), cuya creación fue pactada en el acuerdo de paz que firmaron el gobierno nacional y las Farc en noviembre de 2016.
El Comité escogió para integrar esa entidad al sacerdote jesuita Francisco de Roux, al médico Saúl Franco, a la arquitecta Lucía González, a la economista Alejandra Miller, al sociólogo Alfredo Molano Bravo, al médico Carlos Martín, al mayor retirado del Ejército Carlos Ospina, al abogado Alejandro Valencia, a la periodista Marta Ruiz, a la lideresa de víctimas Ángela Salazar y a la abogada María Patricia Tobón.
La mayoría de ellos no tiene trayectoria en la academia, pero son reconocidos por su trabajo de investigación en terreno y sus relaciones con organizaciones de víctimas, poblaciones vulnerables y comunidades golpeadas por la guerra. La cercanía del grupo con esos sectores, así como su interdisciplinariedad, podría corregir una de las críticas que recayó sobre los textos producidos por la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas de La Habana, elaborados mayormente por académicos con enfoques y lenguajes poco asequibles al público.
La CEV estará presidida por el sacerdote De Roux, uno de los defensores de derechos humanos más destacados del país y un abanderado de la solución política al conflicto armado. Como cabeza de los comisionados, su experiencia será determinante para coordinar las tareas de todo el equipo y la interlocución con las comunidades y las instituciones.
Según el decreto que estructura esta Comisión y que fue expedido en abril pasado por los ministros de Justicia y del Interior, durante el tiempo de su mandato los comisionados no podrán ejercer ningún otro oficio, excepto el de profesores universitarios, ni gestionar negocios dentro de la propia CEV o intervenir en actividades de proselitismo político-electoral.
Objetivos de la Comisión
Los enormes desafíos que enfrentará la Comisión están descritos al detalle en el Acuerdo Final para la terminación del conflicto. En él, gobierno nacional y Farc definieron los objetivos, los criterios orientadores, el mandato y las funciones que deberán asumir los once comisionados, quienes además deberán definir su propio reglamento, programa de trabajo, metodología, criterios de priorización y planes de acción en los territorios.
Son tres los grandes objetivos que regirán la labor de los recién nombrados comisionados. El primero de ellos es explicarle al país las complejidades y los impactos del conflicto armado; el segundo consiste en promover el reconocimiento de las víctimas, el de las responsabilidades de todos los actores, y el de la necesidad de rechazar la violencia y garantizar la no repetición; y el tercero busca propiciar escenarios de reconciliación en las regiones, sobre todo a partir de actos de reconocimientos de responsabilidad y de dignificación de las víctimas.
Para concretar esos objetivos, las partes acordaron que los integrantes de la CEV deberán guiar su trabajo por unos criterios específicos. El principal es, en consonancia con la centralidad anunciada en La Habana, la participación y la garantía de los derechos de las víctimas. Para ello, sus voces deberán ser escuchadas de manera individual y colectiva.
Para esta tarea podría ser fundamental la comisionada Ángela Salazar, quien desde hace más de una década coordina la Mesa Departamental de Víctimas de Antioquia y ha acompañado y facilitado la participación de las distintas comunidades afectadas en procesos de justicia transicional anteriores, como el de Justicia y Paz.
Las partes también definieron el enfoque territorial como un criterio base para el trabajo de la CEV. La idea es que los comisionados expliquen cómo se desarrolló el conflicto en las distintas regiones y cómo afectó a sus habitantes. En este punto resulta relevante que sólo dos de los comisionados sean bogotanos (Molano y el mayor retirado Ospina), mientras los demás son de departamentos duramente victimizados como Antioquia y Cauca o hacen parte de pueblos étnicos (en los casos de María Patricia Tobón, indígena Embera, y Ángela Salazar, afrodescendiente).
El equipo liderado por De Roux, del que hacen parte cinco mujeres, también deberá integrar el enfoque de género en su trabajo. Para ello podría ser clave la experiencia de la economista Miller, que durante su periodo como coordinadora de la regional Cauca de la Ruta Pacífica de las Mujeres (1998-2015) trabajó por visibilizar los impactos diferenciados de la guerra sobre las mujeres.
Fenómenos a esclarecer
Teniendo en cuenta esos objetivos y criterios orientadores, las partes le ordenaron a la CEV esclarecer varios temas. Para empezar, deberá revelarle al país cuáles fueron las causas del conflicto armado, un asunto sobre el que no hay un consenso y, por el contrario, hay fuertes contradicciones. Como insumo para avanzar en ese aspecto, tendrá que revisar por mandato los informes de la Comisión Histórica del Conflicto, que expresaron la visión de los académicos e investigadores invitados por la mesa de conversaciones. Además de los orígenes y las causas de la confrontación armada, los comisionados deberán explicar las condiciones que ayudaron a que aquella se prolongara por cinco décadas.
El segundo asunto que deberá aclarar la Comisión es el de las responsabilidades de los actores armados y no armados que participaron en el conflicto. Allí caben, más allá de las Farc, los poderes públicos, los paramilitares y “cualquier otro grupo, organización o institución, nacional o internacional, que haya tenido alguna participación en el conflicto”, según consta en el acuerdo. En este punto se privilegiará el esclarecimiento de las responsabilidades asociadas a la comisión de graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
La experiencia del español Carlos Martín Beristain como asesor en las comisiones de la verdad de Perú, Ecuador y Paraguay podría ser fundamental para analizar la responsabilidad de la multiplicidad de actores involucrados en el conflicto colombiano desde una perspectiva externa. En ese punto también serían clave los conocimientos sobre la guerra que adquirió el mayor (r) Ospina durante su vida militar, así como la experiencia del abogado Valencia Villa, quien se desempeñó como jefe del equipo de investigación de los actores del conflicto de la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala.
El tercer aspecto que deberá aclararse es el de las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al DIH, específicamente las que se hayan cometido de manera masiva y que se constituyan en patrones criminales. En términos más amplios, la CEV deberá ofrecer una radiografía de los daños que la guerra le causó a la sociedad, pero también a grupos específicos, como los niños, los adultos mayores, los pueblos étnicos, las comunidades campesinas, los defensores de derechos humanos, las personas con identidades sexuales y de género diversas, los periodistas, los comerciantes, los empresarios, los partidos y los movimientos políticos y sociales, y los combatientes y sus familias.
En cuarto lugar, los comisionados deberán resaltar las distintas maneras como las personas y comunidades han resistido a la guerra y se han ido “transformando positivamente” a lo largo de ella. Allí juegan un papel trascendental los comisionados vinculados a plataformas de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, como Miller, Salazar, Tobón y De Roux.
Por último, el gobierno y las Farc decidieron que la CEV se ocupará de aclarar cuatro fenómenos específicos: el paramilitarismo, la relación entre el conflicto armado y el negocio del narcotráfico, el despojo de tierras y el desplazamiento forzado. Acontecimientos que hubieran podido ser abordados a profundidad por algunos de los académicos que, aunque quedaron en la preselección que hizo el Comité de Escogencia, no pasaron el último filtro, como el caso de Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), y Gonzalo Sánchez, director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), ambos expertos en desplazamiento, despojo y paramilitarismo.
Sin embargo, dentro de la trayectoria de los comisionados destaca el acumulado investigativo de Alfredo Molano, quien ha retratado parte de estos flagelos a partir de la experiencia en terreno, abordando desde la violencia política de los años sesenta hasta la reciente disputa entre los actores armados ilegales por la producción de la hoja de coca y el control de las rutas del narcotráfico.
Además, con el fin de garantizar el cumplimiento de los mandatos de esclarecimiento, el gobierno y las Farc incluyeron en el Acuerdo Final funciones específicas para la Comisión, que incluyen la realización de audiencias públicas, el análisis y la recopilación de información, la orientación a las víctimas y la preservación de archivos. Entre las tareas más relevantes para cumplir el propósito pedagógico de la CEV, los comisionados tendrán que poner en marcha una estrategia de “relacionamiento activo” con los medios de comunicación.
En esa labor podría ser clave la comisionada Marta Ruiz, actual consejera editorial de la revista Semana, quien cuenta con 15 años de experiencia en medios de comunicación.
Los comisionados
A continuación, presentamos los perfiles de las 11 personas que tendrán a su cargo el esclarecimiento de los hechos más graves del conflicto por mandato del Acuerdo Final:
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