La reunión con delegados del gobierno no fue suficiente para impedir las movilizaciones, fundamentadas en la falta de un plan de sustitución de cultivos y los problemas minero-energéticos.
El domingo 14 de agosto se presentaron disturbios en San Miguel, en el marco de las protestas campesinas que surgieron por diferentes motivos alusivos a la sustitución de cultivos de uso ilícito. Foto: Cortesía de Alianza Departamental Mujeres Tejedoras de Vida.Aunque las movilizaciones en Putumayo comenzaron desde el 25 de julio de este año, en la última semana se han sentido con más rigor, especialmente en el Bajo Putumayo y en el corredor petrolero Puerto Vega – Teteteyé, en Puerto Asís.
De hecho, el pasado domingo, una persona resultó herida tras los enfrentamientos con el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (Esmad) en el municipio de San Miguel, en el sur del departamento y en la frontera con Ecuador.
Esta movilización comenzó con el argumento de que no se avanzaba en el acuerdo para sustituir los cultivos de hoja de coca para uso ilícito que están construyendo el gobierno nacional y la Mesa Regional de Organizaciones Sociales de Putumayo desde 2014.
Tambalea la sustitución de hoja de coca en Putumayo
Pero, por otro lado, ya han tenido 54 sesiones y a este punto falta por subsanar dos diferencias: si los beneficiarios de los programas serán únicamente las familias cocaleras o todas las personas que vivan en una vereda a intervenir, y si primero entran los programas del gobierno y luego se sustituye la hoja de coca o viceversa.
Otro de los motivos que impulsó la protesta es que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) autorizó la fumigación manual de los sembradíos con glifosato. Los campesinos aseguran que ya se reactivaron las erradicaciones forzadas, mientras que el gobierno aclara que no se está erradicando, sino únicamente destruyendo laboratorios de coca pero que “no renuncia a la erradicación forzosa de cultivos de uso ilícitos, salvo cuando haya un acuerdo”, como explica el acta de la reunión que hubo del 2 al 4 de agosto, para buscar una conciliación.
Eduardo Díaz, director de la Estrategia Integral para la Sustitución de Cultivos Ilícitos y quien ha liderado por el lado gubernamental estos diálogos, aseguró que los resultados de esa reunión fueron alentadores, pues pactaron un grupo técnico compuesto de seis personas, tres de cada parte, para que avancen en busca de un acuerdo de sustitución de los cultivos.
“Ya se están reuniendo y tengo informes permanentes desde el pasado viernes, tema a tema, para avanzar donde teníamos acuerdos y abordar las diferencias”, dijo Díaz.
En esa sesión, el gobierno presentó la propuesta que pactaron el Ministerio del Interior, la Gobernación de Putumayo y los alcaldes del departamento. Uno de los temores de las comunidades era que se reemplazara lo que han trabajado conjuntamente.
Para Yules Anzueta, uno de los voceros de la Mesa Regional, la propuesta alternativa del gobierno es sólo una distracción: “Ellos proponen hacer unas mesas con las comunidades. Eso no es descabellado, pero ahora no es el momento pues para qué reunirnos si todavía no se ha terminado de construir un acuerdo de sustitución de cultivos. ¿Qué les mostramos?”.
Sin embargo, Díaz aclara que la intención es vincular a más actores en la discusión. “No es que haya dos propuestas en la mesa, es un solo proceso con más actores de los que hay hasta ahora. Se necesita la presencia de alcaldes y otros sectores de la comunidad, sin desconocer el liderazgo que ha ejercido la Mesa Regional de Organizaciones Sociales”, precisó el funcionario.
Fuentes de VerdadAbierta.com explicaron que el trasfondo de la decisión es que la Mesa Regional no tiene representatividad en todo el departamento. Por ejemplo, en Puerto Caicedo están en 12 de las 78 veredas del municipio; en Villa Garzón los presidentes de las juntas de Acción Comunal expresaron que no tenían relación alguna con esa organización y en algunos lugares de Orito tampoco se sienten representados. Así que, para evitar negociar con una fracción de la sociedad, el gobierno optó por incluir a las autoridades locales.
Por su parte, las organizaciones sociales también presentaron una propuesta adicional a lo pactado hasta ahora con el gobierno. Anzueta aclaró que es la misma que han construido desde las marchas cocaleras del departamento en 1996 y en la que han avanzado con el gobierno en el último año. “La volvimos a presentar sólo para recordarle al gobierno lo que tenemos”, precisó.
Petroleras: motivo de la discordia
Si bien el Gobierno envió a sus delegados para tratar el tema de sustitución, las organizaciones sociales argumentan que no es suficiente para frenar las movilizaciones porque sus problemas también radican en la explotación petrolera en el departamento.
Precisamente por ello, el gobierno nacional se comprometió a reunir de nuevo la Comisión Minero-Energética que se había acordado en 2014, en el mismo pacto que creó la mesa de sustitución de cultivos ilícitos.
En efecto, el 10 y 11 de agosto llegaron a Orito los funcionarios Pedro Aguirre, del Ministerio del Interior, y Victoria Reyes, del Ministerio de Minas y Energía. Pero los resultados no fueron los mejores.
Anzueta resumió que el gobierno envió a personas que no tenían capacidad de decisión sobre las licencias ambientales que han otorgado a las petroleras para buscar y extraer petróleo. “La comunidad siente que se le están burlando porque el Gobierno los hace esperar varias semanas para hablar y cuando llegan, no son los funcionarios apropiados”, dijo el vocero de la Mesa Regional.
En el mismo sentido, un líder de la protesta campesina en San Miguel, quien prefirió la reserva de su nombre, le explicó a la Alianza Departamental de Mujeres Tejedoras de Vida que en efecto el gobierno nacional solo ha enviado “delegados para burlarse de los campesinos”
Sin embargo, Aguirre, coordinador de la Estrategia Territorial de Hidrocarburos del Ministerio del Interior sostuvo que lo que están solicitando es casi un imposible legal. El funcionario expresó que una de las propuestas que se discutió en la comisión era realizar un estudio para medir las afectaciones ambientales a causa de la operación petrolera en Putumayo. Pero ya la ANLA publicó los resultados de un análisis al respecto que habían pedido las comunidades desde 2014 y contrario a lo que indicaron, los mayores impactos son por los atentados contra oleoductos y carrotanques.
“El 70% de los sitios escogidos coinciden de manera muy precisa con los sitios y medios afectados por actos contra la infraestructura petrolera realizados por terceros al margen de la ley”, concluyó el laboratorio CIMA en su informe. (Lea el estudio completo).
Por otra parte, las organizaciones retomaron el tema de la licencia ambiental que expidió la ANLA para autorizar el uso de glifosato en fumigaciones manuales. “Les dijimos que era un tema de la mesa de sustitución de cultivos y no de la minero – energética, pero insistieron. Lo que hicimos entonces fue concertar una cita con la directora de la ANLA, que acudirá el 31 de agosto”, detalló Aguirre.
Al siguiente día se complicaron más las discusiones pues la propuesta por parte de las comunidades fue suspender todas las licencias que ha emitido la ANLA desde 2007, las que estén en trámite, la explotación y la exploración petrolera.
“Ninguna es posible realizarla”, reiteró Aguirre. “Si uno tiene un contrato con una empresa, no le puede decir que a partir de mañana no extraiga más. Hay contratos legales de por medio. Les explicamos que si no comparten las decisiones de la ANLA las deben demandar, hacer un acto administrativo, pero nosotros no podemos violar el debido proceso”.
La contrapropuesta entonces fue que la Comisión Minero- Energética estudiara la política de minas y energía de todo el país, y no solo de Putumayo; además, que ésta debía tener un enfoque territorial.
“No podemos hacer eso porque las políticas públicas se modifican a través del Congreso. Cuando les explicamos, nos respondieron que teníamos que asumir el compromiso de presentar esas observaciones al Legislativo”, puntualizó el funcionario de la ANLA. Esa mesa se levantó sin acuerdos concretos.
Anzueta agregó que siguen a la espera de que vaya un funcionario de alto rango que pueda tomar decisiones. En la reunión de la primera semana se agosto se pactó que fuera Rafael Pardo, Alto Consejero para el Posconflicto, a hablar con la Mesa Regional sobre el plan de sustitución de cultivos en Putumayo y la propuesta que han construido en esa región a propósito del proceso con la guerrilla de las Farc en La Habana.
A pesar de que el gobierno se comprometió a tener una respuesta para el 8 de agosto dependiendo de la agenda del ministro, Anzueta aseguró que todavía no les han notificado ninguna fecha.
Por esta mesa de sustitución de cultivos han pasado el Presidente de la República, quien fue en noviembre de 2014; por lo menos cinco ministros y algunos viceministros; y directores de programas gubernamentales. Pero la postura de la Mesa Regional es clara: esperarán a Pardo. Mientras tanto, las protestas y los bloqueos de las vías continuarán.
