Por cuenta de esa estrategia de guerra, aplicada en los municipios donde tuvieron fuerte influencia, alcanzaron un dominio hegemónico de todas las actividades criminales.
‘Cuco’ Vanoy durante la desmovilización del Bloque Mineros. Foto: archivo Semana.De seguro el Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) no hubiera alcanzado el poder criminal, político y social que detentó durante casi una década y mediante el cual sometió comunidades enteras del Bajo Cauca antioqueño, de no ser por la férrea política delterror y de “limpieza social” que emprendió contra todos aquellos considerados arbitrariamente como consumidores de estupefacientes, expendedores de vicio, pandilleros, ladrones e “indeseables”. (Ver sentencia)
Así quedó consignado en reciente decisión proferida por el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín contra siete postulados de esta estructura paramilitar que, bajo el mando del extraditado Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’, impusieron dominio militar y territorial en municipios antioqueños como Tarazá y Caucasia (Bajo Cauca); Yarumal, Ituango y Valdivia (Norte); Briceño y Anorí (Nordeste).
En la decisión, que recoge la documentación presentada por la Fiscalía 15 de Justicia Transicional (antes Justicia y Paz), se consigna que en sus zonas de influencia, los miembros del Bloque Mineros “asesinaban personas bajo la premisa de tratarse, presuntamente, de consumidores de droga, expendedores de alucinógenos, delincuentes comunes y a veces de simples trasgresores de reglas de control social y relaciones familiares o de convivencia”.
Esa estrategia les permitió a los paramilitares infundir terror en la población para así ganarse su obediencia e imponerse como el actor hegemónico de todas las actividades criminales de la región. En otras palabras, gracias a esta práctica, se granjearon un poder de tal magnitud que en los territorios que llegaron a dominar no se podía cometer ningún crimen sin su aprobación; quien lo hiciera era sentenciado a muerte.
En sus análisis, el Ente Investigador encontró que cientos de homicidios y desapariciones forzadas cometidas en localidades como Tarazá y Caucasia por miembros del Bloque Mineros no respondían a la llamada “lucha contrainsurgente”, ni obedecían a la disputa territorial con las guerrillas ni tampoco, guardaban relación con vendettas derivadas del negocio del narcotráfico; por el contrario, revelaron un patrón sistemático de infracciones al Derecho Internacional Humanitario (D.I.H), toda vez que iban dirigidas contra personas civiles ajenas al conflicto armado.
“Se evidencia que en el Bloque Mineros de las A.U.C. se adelantó una política que garantizara no sólo el monopolio de la criminalidad en la región, sino el consecuente control social y territorial a través de la ejecución generalizada y reiterada de conductas como homicidios selectivos, desaparición forzada de personas, desplazamientos masivos de la población civil, etc., lo que corrobora el patrón de macrocriminalidad objeto de estudio”, tal como se puede leer en la sentencia.
Algunos casos
Foto: archivo Semana.Como muestra de esta práctica, la Fiscalía reseñó el homicidio de José William Mejía Ríos, asesinado por los paramilitares el 21 de febrero de 1997, en zona aledaña al río Tarazá. El propio Ramiro Vanoy Murillo, en versión libre rendida el 8 de diciembre de 2010, confesó ante fiscales de Justicia y Paz que ordenó su muerte “no porque fumara marihuana doctora, sino porque ya no tenía remedio, era una persona peligrosa que ya robaba para conseguir el vicio”.
Los investigadores judiciales también documentaron el homicidio de Israel de Jesús Sosa Correa,conocido en Tarazá con el alias de ‘Ralo’, quien además había estado privado de la libertad por porte de sustancias alucinógenas. Al momento de su muerte, ocurrida el 6 de agosto de 1996 y tras recibir sendos disparos por la espalda en momentos que salía de una taberna ubicada en el corregimiento La Caucana, de Tarazá, era reconocido como un “bebedor empedernido” y un adicto a las drogas.
Pero las acciones de “limpieza social” no solo iban dirigidas contra los consumidores de sustancias psicoactivas. El 17 de enero de 2002 hombres fuertemente armados pertenecientes al Bloque Mineros que se movilizaban en una camioneta, se dirigieron hasta un establecimiento comercial ubicado en la Avenida Pajonal, de Caucasia. Al llegar al sitio, los paramilitares obligaron a subir al vehículo a José Luis Ricardo Olaya, partiendo con rumbo desconocido.
En versión libre rendida el 8 de diciembre de 2010, el exjefe paramilitar alias ‘Cuco Vanoy’ narró desde su sitio de reclusión en los Estados Unidos las razones que lo llevaron a ordenar esta desaparición forzada: “este era un hombre que estaba extorsionando a la gente de la región a nombre de las Auc y él nunca hizo parte de las Autodefensas”. El sitio donde reposan sus restos mortales aún es un misterio, reconoció Vanoy Murillo.
La Fiscalía también destacó que la política de “limpieza social” aplicada por los miembros del Bloque Mineros los llevó, en no pocas ocasiones, a cometer excesos contra la población e, incluso, quitarles la vida a personas inocentes, acusadas erróneamente por los paramilitares de cometer algún delito. Tal fue el caso de Carlos Andrés Canchila Moreno, un joven dedicado al mototaxismo, quien fue retenido por hombres al mando de alias ‘El Mocho’ para luego ser asesinado, desmembrado y sus restos arrojados al río Cauca.
Los hechos ocurrieron el 17 de abril de 2002. Canchila se desplazaba en su motocicleta por el barrio Loma Fresca, de Caucasia, cuando fue interceptado por cuatro paramilitares del Bloque Mineros, que se movilizaban en dos motocicletas. Según relataron los postulados de esta estructura paramilitar a fiscales de Justicia y Paz, el joven fue confundido con otro hombre acusado de haber robado varias motocicletas en este municipio.
Igual suerte corrió Jairo Alonso Martínez Guzmán, quien perdió la vida un 11 de abril de 1997 al ser confundido con su hermano, señalado de haber matado a otro hombre pocos días antes. Su muerte deja entrever la sevicia con que los paramilitares ejecutaron su política de limpieza social. Tras ser retenido en su parcela, ubicada en la vereda Casa Verde del corregimiento La Caucana de Tarazá, los hombres del Bloque Mineros ataron su cuerpo a un vehículo, que lo arrastró por todo el pueblo y, luego, partió con rumbo desconocido.
Otro caso destacado por el Ente investigador fue la muerte de Diego Alexander Espinosa, un joven acusado ante los paramilitares por su propia madre, quien no aguantó sus malos tratos. La petición de la madre era para que los ‘paras’ “le pegaran un susto al hijo para que aprendiera a comportarse”. Pero, en cambio, los miembros del Bloque Mineros llegaron hasta la residencia familiar y asesinaron a Diego Alexander delante de su madre.
Así, para los magistrados de la Sala de Conocimiento quedó claro que “los homicidios atribuidos a la mal llamada ‘limpieza social’, convirtieron dicha modalidad en una práctica reiterada y generalizada, lo cual evidencia la existencia de un patrón que corrobora sus sistematicidad, que permite concluir que la misma correspondía a un plan que garantizara la política hegemónica del grupo armado organizado al margen de la ley (Gaoaml) en la región”.
Claro que dicha práctica, añadieron los magistrados, no hubiera podido desarrollarse con la sistematicidadcon que se cometió de no haber contado con apoyo, bien por acción, bien por omisión, de los miembros de la Fuerza Pública, sobre quienes pidió se adelanten las respectivas investigaciones, según se consignó en la decisión:
“Esa geografía de la guerra no podría haber sido tan prolífica sin una bien orquestada estrategia de impunidad, para ello no sólo se contaba, como se mencionó, con la aquiescencia, complacencia y colaboración directa de algunos miembros de la fuerza pública, sino que desde el origen mismo del paramilitarismo se diseñó una política encaminada a ocultar la barbarie a través de una práctica que, finalmente, terminó por dejar en evidencia la carencia absoluta de humanismo en las huestes de las A.U.C., debido a la ejecución sistemática de desapariciones forzadas de personas”.
Lo cierto es que aún están por determinar los impactos sociales que dejan en las comunidades prácticas como las de “limpieza social” llevadas a cabo por los miembros del Bloque Mineros de las Auc. Si bien éstas parecieran generar una falsa sensación de seguridad, detrás de ellas se esconden las intenciones de un grupo armado al margen de la ley de generar terror en la población para ganarse su obediencia y con ello, la capacidad de desarrollar actividades criminales en medio de la más completa impunidad.
