La última sentencia contra este exjefeparamilitar no sólo pide investigar al exministro Fabio Valencia Cossio por nexos con las Autodefensas del Magdalena Medio, sino que devela cómo autoridades locales y la Fuerza Pública fueron fundamentales para el surgimiento y la expansión del grupo paramilitar.
Ramón Isaza en una de sus versiones libres ante la Fiscalía de Justicia y Paz. Foto: archivo Semana.“Varios hechos y circunstancias permiten inferir que la clase política veía en Ramón Isaza una posibilidad relevante en términos de adquirir ventaja electoral”, dice el más reciente fallo contra las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (Acmm), proferido por la magistrada Uldi Teresa Jiménez. La decisión le atribuye responsabilidad en por lo menos 242 delitos, entre homicidios, desplazamientos forzados, reclutamientos y violencia basada en género.
En sus versiones libres, Ramón Isaza, histórico jefe de ese grupo armado, ha insistido en que ni él ni sus hombres tuvieron interés alguno en la política y que no apoyaron proyectos políticos locales. De hecho, una de las grandes críticas de su paso por Justicia y Paz es su hermetismo para señalar, con nombre propio, a sus aliados en la políticay las fuerzas militares.
Contrario a lo que dice Isaza, el fallo asegura que los miembros de las Acmm mantuvieron nexos de cooperación y coordinación con varias entidades públicas y autoridades locales para acrecentar su poder en el Magdalena Medio. Apoyaron e hicieron proselitismo político, aunque “independientemente de quién resultara elegido, el nuevo alcalde estaba obligado a buscar estrategias para transferir recursos a las autodefensas”.
¿Qué develan las verdades de Ramón Isaza?
La sentencia se refiere, entre otros, a un posible acuerdo entre los paramilitares de Isaza y los representantes de una facción del Partido Conservador, liderado por el entonces senador Fabio Valencia Cossio, para asesinar a uno de sus oponentes políticos. Se trató de Juan Diego Ruiz Valencia, excontralor y exauditor de Sonsón, Antioquia, quien tenía intenciones de presentar su candidatura para la Alcaldía de ese municipio del Oriente antioqueño para las elecciones de octubre de 1994 por una corriente del Partido Conservador conocida como Partido Renovador Colombiano.
No obstante, disputas políticas internas acabaron en una denuncia penal que llevó a Ruiz a tener casa por cárcel. Estando bajo arresto domiciliario denunció ante la Fiscalía los atropellos a los que estaba siendo sometido por Cossio, quien lideraba un movimiento conocido como Coraje, una tendencia del Partido Conservador, así como por el fiscal que llevaba su caso y otras autoridades locales.
En medio de esas circunstancias, Ruiz Valencia fue sacado de su residencia la noche del 12 de junio 1994 por varios hombres armados que se presentaron como funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y desde esa época se desconoce su paradero. Por este hecho aceptaron cargos los desmovilizados de las Acmm.
La Fiscalía presentó, además, una carta de octubre de 1994 en la que Isaza asegura que se reunió con dos emisarios del entonces Senador Valencia Cossio que le proponían influir “con sus concejales conservadores” para que votaran el nombre de Cossio en la Convención Conservadora.
El respaldo de algunos miembros de la Fuerza Pública fue también esencial para el crecimiento del grupo armado. La sentencia presenta como ejemplo el acuerdo entre la IV Brigada del Ejército Nacional y el Frente José Luis Zuluaga – uno de los cinco que formaba parte de las Acmm- para tener el control en la autopista Bogotá-Medellín. La Gobernación de Antioquia ordenó el cierre de esta vía desde el 5 de abril de 2001 y por más de tres años, con el fin de dar paso a la Operación Meteoro, en la que 2.500 hombres de la IV Brigada buscaban sacar a las Farc.
“Esta directriz institucional favoreció militarmente al Frente José Luis Zuluaga en la zona, dado que de la mano de la fuerza pública, lograron consolidar el propósito de limitar la acción guerrillera”, indica la sentencia.
Así lo reconoce también Luis Eduardo Zuluaga, alias ‘Macguiver’, quien fue el jefe paramilitar de la zona: “El cierre de la vía nos benefició en el campo militar, pero en el campo económico no. La verdad para nosotros era un poco vergonzoso que los pobladores no pudieran transitar en la noche por una importante vía como esta. Entonces, forzábamos a algunos para que firmaran un documento en la inspección de policía de Doradal para que viajaran de noche asumiendo responsabilidad de riesgos (…) nosotros también utilizábamos eso medios de transporte, no los civiles, sino las volquetas de mármol y organizaba una especie de tanqueta dentro de la misma volqueta que llevaba a la tropa dentro para ver si la guerrilla salía a hacer reten y cogerlos en la noche”.
¿Cómo se forjó la alianza?
La sentencia de Justicia y Paz relata algunos hechos de alianzas entre los paramilitares de Isaza y miembros de la Fuerza Pública. Foto: archivo Semana.De acuerdo con la sentencia, se trata de una relación histórica. Desde comienzos de los 80 cuando apareció el primero grupo de Autodefensas en Puerto Boyacá, al mando de Gonzalo y Henry Pérez, hubo apoyo del Ejército, por medio del Mayor Óscar de Jesús Echandia; el respaldo político del Partido Liberal y financiación de losgremios ganaderos.
Después de la muerte de Henry Pérez, la confrontación con Pablo Escobar y un intento de desmovilización, hubo una división territorial de varios grupos paramilitares que “por tradición, por ideología y por razones pragmáticas de supervivencia, cultivaron una serie de “relaciones especiales” con actores dentro del mundo de la legalidad. Entre estos, las agencias de seguridad del Estado jugaban un papel fundamental”.
Las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, creadas por Ramón Isaza y su familia a comienzos de los 90, siguieron esta misma lógica, especialmente en el municipio de La Dorada, Caldas. Incluso, dentro de la lista de paramilitares que dejaron sus armas en febrero de 2006 estaba Orlando Echeverri, exalcalde de la Dorada del Partido Liberal y Maribel Galvis, antigua concejal del Partido de la U del mismo municipio.
Por estos hechos, ya han sido condenados siete políticos: el senador Luis Humberto Gómez Gallo; el representante a la cámara Javier Ramiro Devia Arias; Édgar Vélez Hernández, alcalde de Falan; Blanca Yaneth Aldana Henao alcaldesa de Mariquita; y Albeiro Gómez Loaiza, alcalde de Fresno.
Por otra parte, Ramón Isaza consideraba que los paramilitares eran sutitutos de la Fuerza Pública, es decir, que podían hacer lo que el Ejército no podía hacer. La sentencia muestra ejemplos de miembros de bandas delincunciales que fueron asesinados por paramilitares a petición del propio Ejército.
“Nosotros vigilábamos la carretera, vigilábamos la autopista, yo vigilaba de Río Claro para abajo, y de ahí para arriba era del Teniente, entonces por la carreta no se metía nadie… entonces la policía de Doradal vivía full, si quería tomar trago tomaban trago, si querían reclutar a los mil reclutaban a los mil, y fuera de eso yo mantenía dos o tres muchachos en el pueblo, entonces eso se llama trabajar de la mano”, indicó Isaza.
Eran miembros de las Fuerza Pública los que entregaban las listas de sospechosos a las Autodefensas para que los asesinaran. En las audiencias de Justicia y Paz, los desmovilizados han asegurado que trabajan en conjunto con el Ejército y la Policía vigilando el territorio y monitoreando a personas desconocidas.
“Era la cuestión de la parte militar y política de medir la instrucción de que nosotros tendríamos que atacar la Unión Patriótica que era el partido de la guerrilla en ese momento, las juventudes comunistas (…), los sindicalistas que estaban del lado de ellos, pues haciendo una inteligencia y verificando que sí fueran guerrilleros señalados por guerrilleros reinsertados y comparando listas a veces con las mismas del Ejército, la Policía”, aseguró el exparamilitar Rigoberto Rojas Mendoza.
Estratégicamente, la Fuerza Pública omitia los crimenes cometidos por los paramilitares y se negaba a presetarle seguridad a los opositores de las autodefensas.
¿Dónde están los desaparecidos del Magdalena Medio?
Esta macabra alianza conllevó a un aumento de las despariciones forzadas. Para no afectar los indicadores de desempeño del Ejército y de la Policía, los paramilitares descuatizaban los cuerpos de sus víctimas y los arrojaban al río Magdalena.
El orden impuesto
Las Acmm durante su desmovilización, bajo el mando de Ramón Isaza. Foto: archivo Semana.Esta alianza con las insitutitucionalidad local permitió que los ‘paras’ de Ramón Isaza usaran mecanismos de control y regulación contra las personas que vivían en la zonas donde hacian presencia. De acuerdo con la sentencia, el objetivo era “propiciar un cambio de comportamiento favorable al grupo armado ilegal. De tal suerte que los mecanismos estuvieron encaminados a condicionar el comportamiento de las personas; es decir, el orden interno psicológico de los pobladores para impulsarlos a obrar en determinado sentido”.
Una de las formas de coerción fueron las reuniones forzadas con las comunidades, donde los paramilitares buscaban infundir temor a tal punto de que los pobladores se percibieran como futuras víctimas y optaran por “un cambio de lealtades”.
Así sucedió, por ejemplo, en la mañana del 11 de febrero de 2002 cuando un grupo de paramilitares entró a la vereda Los Ceibos del municipio de Samaná, Caldas, y obligaron a todos los pobladores a reunirse en la escuela, donde uno de los ‘paras’ les hacía incisivas preguntas sobre la presencia guerrillera en la zona. Obligaron a tres pobladores a salir y los asesinaron mientras todos permanecian en la iglesia.
En dichas reuniones también imponian sus ‘reglas de juego’. En La Dorada a los pescadores les dieron nuevas instrucciones sobre cómo debían pescar y comercializar sus productos. En otros casos, cobraron extorsiones y obligaron a los pobladores a trabajar en el arreglo de las carreteras veredales o las escuelas.
También crearon sus propias jornadas de salud dirigidas a trabajadoras sociales. La razón, de acuerdo con Ramón Isaza, fue una infección masiva de enfermedades venereas de los hombres bajo su mando a mediados de los 90. ,
“Contraté una volqueta y cogí todas las niñas que trabajaban en bares de la Danta y las llevé a Puerto Triunfo, era horrible, el médico me dijo: ‘tiene que estar pendiente porque hay un contagio muy horrible’. En esa misma volqueta, a los dos días siguientes, bajé a Cocorná y Puerto Perales y saqué todas las niñas y las llevé a Puerto Triunfo que era donde había un hospital, empecé a hacer una barrida, pueblo por pueblo”, aseguró.
Se impuso entonces la obligación de que las trabajadoras sexuales asitieran una vez al mes al médico o de lo contrario Ramón Isaza les prohibía trabajar.
La sentencia también reconstruyé lo sucedido en La Isla, un islote natural en medio del río Magdalena muy cerca de Puerto Triunfo. Los paramilitares instalaron allí un centro de trabajos agricolas forzados para “resocializar” a los pobladores. Llevaban a personas con adicción a las drogas, a quienes pasaban mucho tiempo en las dicotecas, los que tenían una deuda o incumplian algunas de sus reglas. Incluso, obligaron a trabajar a quienes no se vestían como ellos querían.
La ‘isla del secuestro’ de Ramón Isaza en el río Magdalena
Ramón Isaza ha insistido en que las familias le entregaban a sus hijos para que los “disciplinara”, pero las víctimas aseguran que esto no es cierto. De hecho, La Isla fue cerrada antes de que se desmovilizara el grupo paramilitar por denuncias que instauró la comunidad.
