La orden fue proferida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín y ratificada por la Corte Suprema de Justicia. La presentación de los informes deberá ser pública y cada cuatro meses.
La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes tendrá que informar sobre los avances de las investigaciones al expresidente por posibles vínculos con grupos paramilitares. Foto: composición de VerdadAbierta.com con fotos de archivo de Semana.En poco menos de un mes, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes deberá rendir el primer informe público sobre el avance de las investigaciones que adelanta contra el senador y expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, ordenadas por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín.
Se trata de una orden consignada en la sentencia dictada por esta Sala, con ponencia del magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo, contra el exparamilitar Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias ‘Monoleche’, fechada el 9 de diciembre de 2014. Si bien la decisión fue apelada y en el proceso de revisión la Corte Suprema de Justicia revocó algunos apartes por considerar que no eran procedentes, la Alta Corporación ratificó varias órdenes y las dejó en firme desde el pasado 16 de diciembre de 2015.
Entre esas órdenes se destaca la dada a la Comisión de Acusaciones para “presentar un informe público cada cuatro meses sobre el avance de las investigaciones adelantadas a raíz de las copias ordenadas y expedidas por esta Sala, el estado de las mismas y las decisiones que se tomen en ellas, de las cuales hará llegar copia a la Sala”.
Sala de Justicia y Paz pedirá investigar al expresidente Uribe por paramilitarismo
La investigación en cuestión no es otra que la ordenada por el mismo magistrado Pinilla Cogollo en Auto proferido el 4 de septiembre de 2013 contra siete postulados del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas, donde no solo los excluyó de los beneficios de la Ley de Justicia y paz sino que además pidió, entre otros, investigar al expresidente Álvaro Uribe Vélez “por promover, auspiciar y apoyar grupos paramilitares y a las Convivir asociadas o vinculadas con ellos, y/o concertarse con estos, no sólo como Gobernador de Antioquia sino después de su gobernación y en su condición de Presidente de la República. Por su dignidad, el exmandatario solo puede ser investigado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes”, como consignó en su momento.
En aquella oportunidad, el magistrado sustentó su decisión en testimonios recogidos durante el proceso de juzgamiento tanto de los postulados del Bloque Cacique Nutibara como de Roldán Pérez, quien fuera escolta personal de Vicente Castaño.
La sentencia del Tribunal de Medellín: más allá de Uribe
La decisión de la Sala de Justicia y Paz de Medellín de investigar al expresidente y hoy senador por el partido Centro Democrático ha sido objeto de todo un galimatíasjurídico. En julio de 2014, la Corte Suprema de Justicia decidió declarar la nulidad del Auto emitido el 4 de septiembre de 2013 por esta Sala. Con ello no solo se cayó la exclusión de los desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara sino también las solicitudes de investigar a reconocidos líderespolíticos, entre ellos, Uribe Vélez.
Pero luego, nuevamente en sentencia contra los postulados del Bloque Cacique Nutibara, del 24 de septiembre de 2015, el magistrado Pinilla Cogollo ratificó su decisión de compulsar copias para investigar al expresidente de la República; la misma que fue consignada en la sentencia contra alias ‘Monoleche’ y que quedó en firme tras el fallo de segunda instancia emitido por la Corte Suprema de Justicia.
Orden directa
En una sentencia de diciembre de 2014, contra Jesús Ignacio Roldán, alias ‘Monoleche’, el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín le ordena a la Comisión de Acusaciones de la Cámara rendir informe público sobre el estado de las investigaciones contra el expresidente Álvaro Uribe. En el centro aparece el magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo.
En términos jurídicos, mientras los exhortos emitidos por cualquier juez de la República tienen el carácter de recomendación, las órdenes sí tienen fuerza de autoridad. Es decir, si una persona o autoridad incumple una orden judicial puede incurrir en falta disciplinaria o, incluso, un delito penal. En ambos casos, las instancias llamadas a investigar los desacatos de un juez son la Procuraduría o la Fiscalía.
Así, mientras la decisión de la Sala de Justicia y Paz de Medellín exhorta al presidente Juan Manuel Santos a promover y adoptar medidas para que los miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional que sean investigados por graves violaciones a los derechos humanos sean suspendidos o separados de sus funciones, así como adoptar leyes para que los empresarios que financiaron a grupos paramilitares rindan cuentas, a la Comisión de Acusaciones le envía una orden directa.
Comisión de Acusaciones, a rendir informe público sobre Uribe
La disposición de la Corte pone en aprietos a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que, históricamente, se ha destacado por su ineficiencia en tramitar los procesos contra aquellos funcionarios que debe investigar. VerdadAbierta.com intentó comunicarse con el representante Julián Bedoya Pulgarín, presidente de la citada Comisión, pero no fue posible establecer comunicación con él.
Otras decisiones en firme
Pero esta no es la única entidad que deberá acatar el fallo de la Sala, ratificado en segunda instancia por Corte Suprema de Justicia. También se incluyeron exigencias para la Fiscalía General de la Nación.
El Aro: la masacre por la que ordenan investigar a Álvaro Uribe
El magistrado Pinilla Cogollo pidió al Ente investigador adelantar cuanto antes un plan de búsqueda de personas desaparecidas en las fincas cordobesas Jaraguay, Las Tangas y La 35, esta última reconocida escuela de entrenamiento de paramilitares y que fueran de propiedad de Fidel y Carlos Castaño. En estos predios se hallarían cientos de cuerpos enterrados, tal como lo hizo saber el exjefe paramilitar Jesús Ignacio Roldán.
De igual forma, el magistrado pidió a la Fiscalía investigar, entre otros, al exvicepresidente Francisco Santos y al coronel Rafael de Jesús Suárez Gutiérrez, quien fuera comandante de la Policía de Córdoba durante la década de los noventa. También a los generales del Ejército Carlos Alberto Ospina Ovalle y Alejandro Navas “por promover, organizar y apoyar a los grupos paramilitares y/o concertarse con éstos”.
