La reciente sentencia de tierras en Montería demuestra que el jefe paramilitar siguió el plan de los hermanos Castaño de echar para atrás la reforma agraria que el Incora adelantaba en el país.
Aunque Salvatore Mancuso, ex jefe paramilitar del Bloque Córdoba y Catatumbo, ha sido clave en las confesiones sobre crímenes del paramilitarismo, en Justicia y Paz no confesó los despojos de la parcelación El Levante, en Montería. Foto: archivo Semana.“…Se acercó Salvatore Mancuso Gómez quien le dijo que le daría por ella [la tierra] 14 millones 500 mil pesos porque eso era del suegro y estaba ‘restituyendo’ esos predios”. Esta frase es la ficha del rompecabezas que pone en evidencia el despojo perpetrado por el ex jefe paramilitar de los Bloques Córdoba y Catatumbo de las Auc, siguiendo el plan de sus amigos, los hermanos Carlos y Vicente Castaño.
En la más reciente sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tierras de Montería, una veintena de campesinos dieron testimonio de cómo Mancuso amedrentó a los campesinos de El Levante, una parcelación en la vereda Tres Piedras, en Montería, Córdoba, para apropiarse de sus tierras. Sin embargo, en el proceso de Justicia y Paz el ex jefe paramilitar nunca las mencionó entre el listado de 23 bienes que confesó como parte de los acuerdos de la justicia transicional.
El testimonio del campesino, consignado en la sentencia, da cuenta del plan que tenían los paramilitares de impedir que el antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) redistribuyera la propiedad rural. Estas tierras del Sinú tuvieron origen en una ‘hacienda madre’ llamada la Marta Magdalena, que según documentó la antropóloga Gloria Isabel Ocampo, fue fundada en 1881por franceses, dedicada a la extracción y exportación de madera. Entre 1912 y 1956 pasó a ser propiedad Sociedad Agrícola del Sinú desarrollando la ganadería que caracteriza a la región. De la hacienda se desprendieron grandes fundos, entre ellos, el de la familia Dereix.
En Justicia y Paz, Salvatore Mancuso relató que nació en Montería, en una familia dedicada a la agricultura y ganadería y que cansado del asedio de las guerrillas se unió en 1995 al grupo de autodefensas de los hermanos Carlos y Vicente Castaño, entonces conocidas como las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu). Desde finales de los 80 los Castaño, ya dedicados al narcotráfico, adquirieron a la fuerza varias fincas en la región para ‘legalizar’ su fortuna, mientras a la par seguían armando autodefensas que prometían ‘proteger’ a los hacendados de la región del Urabá y del valle del Sinú.
Mancuso fue un cómplice perfecto. Para entonces -a sus 31 años- estaba casado con Martha Helena Dereix Martínez, hija de Luis Dereix Conrad, propietario de tierras derivadas de la gran hacienda Martha Magdalena. Cuando el campesino dijo en el juicio que Mancuso llegó a decirle que esa tierra “era de su suegro”, se refería precisamente a esas fincas de grandes propietarios que, como los Dereix, tuvieron que venderle al Incora.
Desde finales de la década de los 60, el gobierno de Carlos Lleras Restrepo impulsó la llamada reforma agraria, es decir, que campesinos sin tierra pudieran tener acceso a ella. Al Incora se le delegó la tarea de hacer esa distribución, titulando predios baldíos (de propiedad de la nación) o comprando predios de propiedad privada para cumplir con tal fin. Durante las siguientes dos décadas familias desplazadas por la violencia política de los 50 se asentaron en baldíos pero también le exigieron al Incora que comprara grandes fincas que, a su juicio, estaban siendo inexplotadas y que ellos sí podían hacer productivas cultivando diversos alimentos.
Pero fue poco el tiempo en que los campesinos lograron disfrutar las parcelas. Antes de que el Incora les entregara los títulos, comenzaron a notar que por la vereda merodeaban hombres armados. Eran los paramilitares del Bloque Córdoba de las Auc en cabeza de Mancuso, que en solo un año, 1999, desplazaron a las 56 familias de la parcelación El Levante.
‘Recuperar la hacienda’
Mancuso llegaba en persona a las casas de los parceleros o les mandaba razón con sus subalternos, fuertemente armados, para que le vendieran los predios de El Levante, una parcelación realizada por el Incora. Foto: archivo Semana.Salvatore Mancuso, como varios de los grandes hacendados de la región, asociaron la reclamación de los campesinos con los movimientos de guerrillas, de manera que los paramilitares tuvieron entre ‘ceja y ceja’ a cada parcelación que hacía el Incora. El libro Tierras y territorios en las versiones de los paramilitares, del Centro Nacional de Memoria Histórica, reproduce apartes de varias entrevistas en las que el ex jefe paramilitar asegura que las guerrillas “permearon los movimientos agrarios para organizar un Estado de facto y apoderarse de las tierras sacando a sus propietarios y asentando sus bases sociales”, todo, con el apoyo del Incora. Para Mancuso, el instituto de tierras era “manejado” por subversivos (ver página 85 del informe de memoria).
El ex jefe paramilitar siguió el modelo de despojo encabezado por los hermanos Carlos y Vicente Castaño. En los años 80, las cabezas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, que para esa época eran conocidos como ‘los Magníficos’ o ‘los Mochacabezas’, despojaron a varios propietarios de sus haciendas, como fueron los casos de la Santa Paula, en Montería, y Las Tangas, en el municipiode Valencia. Como una forma de ocultar ese primer despojo se las entregaron a varios campesinos y al cabo de unos años se las arrebataron con violencia.
El doble despojo de los Castaño en Las Tangas Las otras 59 familias engañadas por los Castaño
Hasta el momento en Córdoba las sentencias de tierras habían hallado la responsabilidad de los hermanos Castaño en los despojos del Sinú, pero no la de Salvatore Mancuso. En el Levante, el antiguo Incora tituló a 56 familias, algunas en 1995, otras en 1999 y unas más en el año 2000. Lo que coincide según los fallos de restitución, es que los despojos tanto de la antigua Hacienda Santa Paula y Las Tangas, como los de la parcelación El Levante ocurrieron de forma masiva en 1999. Y Mancuso, a quien apodaban ‘Triple Cero’, lo hizo a título personal.
Por miedo, pues ya sabían de la sevicia con la que actuaban las Auc, los campesinos abandonaron sus fincas porque Mancuso les llegó a la puerta de la casa o envió a sus hombres, armados hasta los dientes, para que vendieran. A la primera pregunta, los parceleros respondieron “no”. Pero ‘Triple Cero’ les mandó un mensaje: “si no lo hacen, entonces negocio con la viuda”.
A algunos les dijo que por la parcela les daba 9 millones de pesos, a otros 14 y a unos cuantos más 17. A las dos familias que más se resistieron a salir, les dio 500 mil pesos, pero una mujer fue amenazada de muerte y otra abusada sexualmente por el grupo paramilitar. Algunos recibieron el pago irrisorio de sus predios en dos mesadas; a otros les quedaron debiendo. Pero incluso, estando desplazados, diez años después varios particulares los buscaron para que firmaran documentos y quedaran legalizados los predios a nombre de otras personas en notarías y oficinas de instrumentos públicos.
En las entrevistas que Mancuso concedió a Memoria Histórica queda revelado que el ex jefe paramilitar consideraba que estos parceleros “no eran víctimas” porque a su juicio la mayoría “vendía voluntariamente”. Sin embargo, durante una diligencia en 2008 con la Unidad de Justicia y Paz, admitió su responsabililidad en el desplazamiento, intimidación y despojo contra las 58 familias que fueron despojadas de la finca Costa de Oro, en el corregimiento de Tres Piedras, en Montería. En otras ocasiones aceptó también el despojo de las fincas El Perro o Santa Elena, Bola de Hilo, El Deseo, Manantiales, El Tesoro 3, La Ilusión, Las Gardenias y Nueva Australia.
La práctica de los paramilitares era echar para atrás las titulaciones que el antiguo Incora realizó sobre esos predios que le compró a varios hacendados. Es decir, su plan era lograr una ‘contra-reforma agraria’, hecho que se replicó en el Urabá y en el sur del Cesar. En la reciente sentencia, el Juez exige que se le restituyan las parcelas a las familias reclamantes, anular cualquier negocio jurídico que exista sobre estos predios, cancelar las medidas de protección impuestas sobre estas tierras por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bucaramanga y que diversas instituciones del Estado les garanticen salud, educación, seguridad alimentaria e infraestructura a estas familias.
La restitución en El Levante no ha terminado. Según la Unidad de Restitución Territorial Córdoba, esta sentencia cobija sólo a 23 familias. El Incora originalmente tituló en El Levante a 56 familias pero adjudicó los predios con resolución en diversos años. En el transcurso del conflicto, el Incora recovó varios de esos títulos, ajustó el tamaño de las parcelas, volvió a titular, y en varios casos otras familias llegaron a los predios abandonados. Es decir, sobre algunas parcelas hay varias reclamaciones de restitución a causa del conflicto.
La Unidad radicó otra demanda en la que solicita la restitución en algunos casos y medidas de compensación para otras familias que también explotaron las tierras, pero que actuaron de buena fe exenta de culpa. Según la reciente sentencia, el Comité de Justicia Transicional deberá rendir informes periódicos sobre la implementación de las acciones de prevención, protección y garantías de no repetición en favor de las víctimas que esperan reanudar su vida en El Levante.
