La última sentencia de tierras proferida por un juez de Montería favorece a otro grupo de campesinos a quienes los Castaño les dieron tierra y luego los despojaron.
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| Los hermanos Castaño usurpuraron tierras en Córdoba y Antioquia a finales de los 80 y luego la donaron a campesinos, a quienes también despojaron una década más tarde. | |
Los juicios a través de los cuales se tramita la restitución de 18 mil hectáreas de tierra que los hermanos Castaño entregaron a campesinos de Córdoba a principios de los años noventa y que luego les despojaron a finales de la misma década, continúan.
Después de ocho sentencias que favorecieron a familias reclamantes de la antigua Santa Paula -una antigua hacienda de 1.900 hectáreas reclamada por 117 campesinos-, el Juez Segundo Civil Especializado en Restitución de Tierras de Montería les dio la razón a otras 59 familias reclamantes, esta vez de la hacienda Cedro Cocido, de 1.419 hectáreas.
El predio está muy cerca de la Santa Paula, a 45 minutos de Montería, y fue comprado por los hermanos Castaño en 1985. La Unidad de Restitución de Tierras documentó que, un año después, dividieron la hacienda en cuatro predios -Cedro Cocido, Los Chavarríes, Arquía y Micono- y en 1990, bajo una supuesta figura de donación, les entregó estas tierras a 59 familias por medio de la Fundación por la Paz de Córdoba (Funpazcor).
Estas familias denunciaron ante la Unidad de Restitución de Tierras que las parcelas, de entre 5 y 20 hectáreas, en realidad no fueron donadas, pues les advirtieron que no podían venderlas sin el permiso de la Fundación, no podían vivir allí y menos sustituir los pastos. Sin embargo, algunos de ellos construyeron casa y cultivaron maíz, yuca, ajonjolí y papaya. Al cabo de casi diez años de estar en las tierras, los Castaño los obligaron abandonarlas; a algunos les prometieron un pago mensual por el arriendo de los pastos, pero nunca se hizo efectivo.
En la sentencia, el Juez de Tierras reconoció que las 59 familias fueron despojadas de la antigua hacienda Cedro Cocido porque entre finales de 1999 y parte de 2000, como ocurrió en Santa Paula, los campesinos fueron forzados a escriturárselas, según la sentencia, a testaferros y cómplices de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). (Lea: El fraude de los Castaño para despojar).
El Juez determinó que las familias cumplían con los requisitos de reforma agraria, es decir, la titulación de tierras a campesinos pobres, y que los Castaño utilizaron a Funpazcor como una fachada para la administración de sus negocios, a la que describieron como una organización “encargada del manejo de una parte importante de las finanzas de las Auc, al igual que de la política de recuperación de predios donados años atrás y de la realización de una diversidad de transacciones ilícitas”, señaló el juez.
La persona encargada de realizar estos despojos, que fueron legalizados en gran parte en la Notaría 2 de Montería en 1999 y más tarde en la notaría de Pueblo Nuevo, fue Sor Teresa Gómez Álvarez, cuñada de Fidel Castaño y suegra de Jesús Ignacio Roldán alias ‘Monoleche’, hombre de confianza de los jefes paramilitares. Esta mujer fue la gerente de Funpazcor y, desde hace varios años, está prófuga de la justicia, pese a haber sido condenada por conformación de grupos armados ilegales y homicidio, entre ellos, el de la líder reclamante de tierras Yolanda Izquierdo, ocurrido el 31 de enero de 2007 (Lea: Los pecados terrenales de Sor Teresa Gómez Álvarez).
El reto de los jueces
En su decisión, el juez ordenó la restitución de las tierras a las 59 familias reclamantes y solicitó a la Oficina de Registros e Instrumentos Públicos de Montería la cancelación de las compraventas con las que ocurrió el despojo y registrar en cada uno de los predios la medida de protección de restitución. La sentencia ordenó además a las Fuerzas Militares garantías para que los campesinos puedan vivir en las parcelas, y al Banco Agrario la entrega de subsidios de vivienda rural.
Aunque las primeras sentencias en Córdoba ya restituyeron la mitad de por lo menos la antigua hacienda Santa Paula y ahora una gran parte de la hacienda Cedro Cocido, los jueces tendrán por delante la decisión sobre otras haciendas distribuidas por los Castaño en Córdoba y Antioquia bajo la misma modalidad y que suman en total 18 mil hectáreas según se documentó durante el juicio.
Ante la Unidad de Restitución, las víctimas de las veredas Leticia y El Tronco, donde están ubicadas las haciendas Santa Paula y Cedro Cocido, han presentado 217 solicitudes de restitución de 200 predios que suman por lo menos 1.100 hectáreas. Estas veredas de Montería hacen parte de lo que la Unidad llama “microfocalización”, es decir, zonas donde la institución está concentrando los esfuerzos para documentar los casos y presentarlos ante los jueces agrarios.
Valencia, otro de los municipios azotados por los hermanos Castaño y donde también han sido asesinados líderes reclamantes, es la población con más reclamantes de tierras,según las estadísticas de la Unidad actualizadas, al 31 de mayo de 2013. La lupa está ahora sobre esta localidad, donde se han presentado 532 solicitudes de restitución por 10.692 hectáreas.
Otro reto de los jueces frente a los casos que presente la Unidad es determinar si hubo despojos anteriores a las reclamaciones de los campesinos que recibieron tierras de los Castaño.
VerdadAbierta.com documentó que estas antiguas haciendas que donaron los jefes paramilitares a campesinos, en otros casos a trabajadores de sus fincasy en otros más a desmovilizados del Epl en la región, habían sido usurpadas por Fidel Castaño a sus originales dueños a finales de los años ochenta: a unos les compró a bajos precios, a otros no les pagó y en otros casos asesinó a familiares de los propietarios (Lea: Los Castaño donaron tierra usurpada y luego usurparon la tierra donada).
De haber reclamaciones por parte de los dueños originarios de los años ochenta, la Ley 1448 o Ley de Víctimas no los ampararía, pues esta norma indica que las solicitudes de tierras solo cuentan a partir de hechos ocurridos desde 1991.
