Varios candidatos ganadores en las pasadas elecciones hicieron campaña en contra del proceso de paz y las organizaciones sociales temen por el éxito de la implementación de los acuerdos.
Hastiados de la violencia, los habitantes de Tumaco marcharon por las calles de ese puerto de Nariño pidiendo por el respeto de la vida. Foto: archivo Semana.
En enero pasado la Organización de Naciones Unidas emitió una lista de 125 municipios, donde posiblemente se concentrarán los pos-acuerdos. Estos territorios fueron escogidos a partir de la presencia histórica de la guerrilla, las acciones armadas, los índices de desarrollo y pobreza, las necesidades humanitarias y las capacidades de cada autoridad local. La idea es que allí se priorice la implementación de la paz territorial.
Sin embargo, el reto no es sencillo. En municipios de Caquetá, Nariño, Cauca, Arauca y Norte de Santander, que han sido epicentros de la guerra, fueron elegidos mandatarios que, a juicio de las organizaciones sociales, pondrán más trabas que soluciones para aterrizar los acuerdos.
Uno de los casos que cobra más relevancia es el del departamento del Caquetá donde el Centro Democrático ganó dos alcaldías: la de San Vicente del Caguán y la de Florencia. Durante la campaña, ambos aspirantes mencionaron que gobernarán bajo los principios del partido: la seguridad democrática y la confianza inversionista, para regresarle a la región la tranquilidad que, a su juicio, fue usurpada por la guerrilla.
Allí, las organizaciones sociales aseguran que en vez de hacer campaña hubo una “contra campaña” hacia los sectores de izquierda, “los candidatos se dedicaron a terminar de estigmatizar a las organizaciones sociales y a ver en nosotros el foco político de la guerrilla, con lo cual generaron, por medio de la intimidación, que las personas prefirieran votar por la extrema derecha”, afirmó un vocero de Caguán Vive, corporación que trabaja por la defensa de los Derechos Humanos de la región.
Las guerrillas, los paramilitares y luego las Bacrim, han azotado a los habitantes del Catatumbo. Foto: archivo Semana.
A pesar de ello, los 50 años de conflicto armado en la zona han dejado otras lógicas de poder local que, como lo aseguró el PNUD, dividen la soberanía del departamento entre guerrilla y Estado. Será difícil que desaparezca el control ejercido por el grupo armado representado en los toques de queda, la restricción a la movilización, el cobro de impuestos y la injerencia en política.
En el Catatumbo, donde algunas campañas tuvieron como eje el punto dos de los acuerdos de La Habana (participación política), las alcaldías quedaron divididas entre las Autoridades Indígenas, la Alianza Social Independiente, el Partido Conservador y la U. El Polo Democrático ganó la Alcaldía de El Tarra y la Unión Patriótica, que pretendía llegar a la gobernación con la candidata Judith Maldonado, apenas logró ocupar la cuarta posición.
Las elecciones en el corazón de las Farc
El panorama de estas dos regiones –Caquetá y Catatumbo- deja en el aire una pregunta: ¿qué tan fácil será la implementación de los acuerdos con los nuevos mandatarios locales?
La Fundación Paz y Reconciliación, estableció que así los alcaldes electos no estén de acuerdo con el proceso, deben garantizar que a nivel territorial se configure un espacio propicio para que los hombres y mujeres que salgan de los grupos guerrilleros realicen su reinserción en las zonas donde operaban.
Aun así, hay otros desafíos por superar. Por ejemplo, 39 de los 40 municipios del Cauca estaban en riesgo por factores de violencia para estas elecciones. Allí la lucha por la tenencia de la tierra ha sido uno de los focos de permanente disputa. En el territorio, a pesar de contar con una fuerte presencia indígena, ganaron las alcaldías, en su mayoría, el Partido Liberal y el de la U. El Movimiento Alternativo Indígena solo logró posicionarse en Toribío, Timbiquí y Jambaló.
Panorámica de Hacarí, Norte de Santander. Foto: archivo Semana.
A su vez, algunos campesinos de la región creen que el gobierno manipuló las elecciones desde el inicio de la campaña para perjudicar a varios candidatos de izquierda. “Marino Grueso, que era nuestro candidato en Guapi, fue capturado durante la campaña, lo sindicaron de rebelión y terrorismo. Desde entonces el desprestigio aumentó notablemente incidiendo en la elección”, dijo Jorge valencia, miembro de la campaña. Al igual que él, son varios los líderes sociales, tanto afros como indígenas, que hoy se preguntan cómo será la puesta en marcha de los acuerdos en un departamento tan convulso como el Cauca.
Los pueblos étnicos del Cauca piensan el posconflicto
En Arauca y Chocó, donde los actores armados han interferido en la jornada electoral, ya sea afectando el número de votantes (enfrentamientos y desplazamientos forzados) o incidiendo en la elección de candidatos, la situación no dista mucho de los otros territorios. Además, son las mismas regiones sobre las cuales la Misión de Observación Electoral (MOE) había advertido acerca de la posibilidad de que, al menos, 59 municipios estuvieran en “riesgo extremo” por fraude electoral.
“Para el caso de Arauca es bien sabido que tanto las Farc como el Eln hablan directamente con los presidentes de las juntas de acción comunal para decirles por quién votar, no es del otro mundo afirmar que tanto allí como en algunos lugares del Chocó no se toman algunas decisiones sin consulta previa”, señaló la MOE.
De acuerdo con Paz y Reconciliación, la guerrilla del Eln opera en 99 municipios, ubicados en 7 regiones del país, con una capacidad de incidencia importante en cuatro de estas zonas, entre ellas el Catatumbo, Arauca y Chocó. Por el lado de las Farc, hacen presencia en 242 municipios de 14 regiones del país, donde vive por lo menos el 12% de la población colombiana, y en por lo menos 112 tienen “una capacidad amplia de injerencia en la vida política y social”.
Por ahora, la configuración del nuevo mapa político deja más inquietudes que respuestas entre las comunidades. Aunque las discrepancias frente al proceso de paz son saludables desde el punto de vista democrático, es fundamental que los nuevos mandatarios asuman una posición proactiva una vez se firme el acuerdo final. En sus manos está buena parte del éxito del posconflicto.
