¿Será posible hablar de posconflicto en el puerto? Esa es la pregunta que varios líderes sociales se están haciendo a propósito de los diálogos en La Habana. Las esperanzas están puestas en la implementación de los acuerdos.
El pasado 31 de agosto, el alcalde de Buenaventura, Bartolo Valencia, dos exfuncionarios y seis contratistas, fueron detenidos y señalados por las autoridades de robarse los dineros públicos destinados para la educación de los niños. Ese día el puerto volvió a ser noticia nacional pero a nadie le sorprendió. No era la primera vez que un funcionario tenía que rendir cuentas por corrupto; sus antecesores, Saulo Quiñones y José Félix Ocoró, también tienen asuntos pendientes con la justicia.
De igual manera, a nadie sorprende las noticias judiciales o económicas. Más allá de las ganancias multimillonarias del Puerto, la miseria de sus habitantes es un lugar común y, aquellos que viven en los sectores de baja mar, combinan esa pobreza con la sevicia de las bandas que surgieron tras la desmovilización de las Autodefensas Unidades de Colombia (Auc).
En medio de esta convulsionada realidad -que poco tiene que ver con las Farc- son muchos los bonaverenses que se preguntan si el proceso de paz que se desarrolla con la guerrilla en Cuba les traerá algún tipo de beneficio y si los problemas de gobernabilidad podrán revertirse mediante la implementación de los acuerdos.
Decenas de líderes y organizaciones locales se reunieron durante dos días en el Decimoséptimo Encuentro Regional para la Paz, convocado por organizaciones de la sociedad civil en cabeza de la Red Prodepaz y la Ruta Pacífica de Mujeres, con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, para discutir sobre un eventual escenario de posconflicto y enviarle sus propuestas a los negociadores de las Farc y del Gobierno.
Un antídoto: la participación ciudadana
El punto dos de la agenda de negociación -que tiene que ver con la participación política- es visto por varios líderes como una posibilidad de romper con el círculo vicioso de corrupción y falta de gobernabilidad que desde hace décadas carcome los dineros públicos en Buenaventura.
Manuel González, por ejemplo, subdirector de la Pastoral Social y que desde 2009 trabaja con los sectores más críticos de la ciudad, propone la creación de una escuela de formación política con dos propósitos: “primero, reeducar a las personas para que no den sus votos a cambio de 20 mil pesos, una lámina zinc o algo para comer; y segundo, capacitar y promover nuevos liderazgos que cambien esta situación”.
En esalínea, Sandra Garcés, miembro de la Confluencia de Organizaciones de Mujeres, propone que esos nuevos liderazgos se deben crear con una participación activa de la mujer: “desde nuestro movimiento queremos una reeducación, queremos formación política y nuevos liderazgos políticos en la ciudad. Eso lo tenemos que hacer nosotras mismas con un trabajo de base desde los barrios y las comunas”.
Pero en lo que muchos coinciden es que en un eventual escenario de postconflicto, tal vez sea necesario acudir a algo más que al deseo. La crisis social (no hay hospitales públicos en funcionamiento, el desempleo es superior al 60%, el índice de pobreza es del 80% y la educación pública se convirtió en negocio particular) desborda cualquier anhelo bienintencionado y hace necesario tomar medidas de choque por parte del gobierno nacional. (Ver: “Vemos entrar y salir la riqueza sólo como espectadores”).
El temor a una nueva ola de Bacrim
Si bien el proceso de paz con las Farc genera ciertas expectativas en Buenaventura, lo vivido tras la desmovilización de las Auc (Bloque Calima) no permite un optimismo generalizado. Una vez los “paras” dejaron las armas, varios excombatientes que no se acogieron al proceso, se vincularon a nuevos grupos armados como Las Águilas Negras, Los Rastrojos, El Erpac y Los Urabeños. La herencia criminal no pudo cortarse de raíz. Hoy en día, después de mucha sangre e incluso tras expulsar a las Farc del casco urbano del Puerto, Los Rastrojos y Los Urabeños libran una guerra en las calles de los barrios más pobres, con el fin de controlar el narcotráfico y la extorsión.
Según documentó el Centro Nacional de Memoria Histórica con su informe Buenaventura: un puerto sin comunidad, el enfrentamiento entre estas bandas produjo uno de los picos de violencia más altos en los últimos años. “Durante este periodo (octubre 2012) se registró una cuarta parte de los homicidios totales del año en la ciudad, se produjeron desplazamientos intraurbanos que alcanzaron la magnitud de 5.495 personas huyendo de sus hogares y emergieron con mayor frecuencia los casos de víctimas desaparecidas que fueron encontradas posteriormente con mutilaciones y señales de tortura en los esteros”, señala el informe. (Ver: La oscura noche de Buenaventura)
Una líder del Proceso de Comunidades Negras (PCN), que pide mantener en reserva su nombre, dice que desafortunadamente las cosas siguen iguales. “Los repertorios de violencia no cambian: las violaciones, los asesinatos, la tortura y la desaparición forzada, siguen. La estructura no es una banda delincuencial normal, aquí hay territorios en donde la Policía y el Ejército no pueden entrar. ¿De cuál paz se puede hablar si aquí nos están matando las bandas criminales?”.
Aunque las Farc no tienen presencia activa en el casco urbano de Buenaventura, la comunidad teme que parte de sus tropas decida vincularse a las Bacrim o que sus mandos medios creen otras nuevas por el potencial económico del lugar. “A diferencia de Cauca, acá no tenemos presencia de las Farc, excepto en algunos lugares como Raposo y la parte alta del Naya. Lo que sí hay son bandas organizadas que están en la línea de venderse al mejor postor, ligadas al narcotráfico. La gente tiene miedo”, explica el subdirector de Pastoral Social.
Así mismo, un miembro de la Junta de Acción Comunal de la Comuna 12, una de las más golpeadas por las bandas criminales, considera que si se da una desmovilización de la guerrilla, aumentarán la delincuencia común y las bandas, porque el Puerto no tiene la posibilidad de brindar empleo y mejorar su calidad de vida. “En este momento Buenaventura no está en las condiciones de recibir un proceso de desmovilización”, concluye.
Sin embargo, más allá de la especulación o las preguntas que hoy se hacen los bonaverenses, lo que está claro es que una dejación de armas de la guerrilla, no traerá la paz de la noche a la mañana. Hay problema estructurales e históricos en el Puerto y sus líderes tienen puestas las esperanzas en que la implementación de los acuerdos ayude a revertir esta situación.