La oscura noche de Buenaventura

Para financiar su expansión por el suroccidente colombiano, las Farc “desarrollaron acciones como impuestos a los estupefacientes que salían del puerto, extorsión a empresarios del Valle del Cauca, sabotajes, retenciones, quema de tractomulas y secuestros masivos en la vía Buenaventura”.

El informe destaca que “desde mediados de los ochenta hasta 1999, las confrontaciones armadas con las fuerzas militares fueron poco frecuentes y los niveles de victimización de la población civil muy reducidos, en tanto la modalidad de violencia que más utilizó la guerrilla fueron los ataques a bienes civiles y el sabotaje”.

Al no tener la insurgencia un contrincante que le disputara su hegemonía, durante ese periodo los niveles de violencia fueron bajos, situación que cambiaría a partir del año 2000 con arriba el Bloque Calima de las Auc. Al respecto, el CNMH señala que “la historia de la violencia en Buenaventura cambió drásticamente con la escalada de las Farc a finales de la década de 1990 y la incursión de los paramilitares en el año 2000. Desde entonces todas las modalidades de violencia generaron una victimizaciónmasiva sobre la población civil del municipio, con un aporte superlativo del desplazamiento forzado y los homicidios”.

Esa masacre, según lo confesado por ‘HH’ a la Fiscalía 17 de Justicia y Paz, se realizó con el apoyo de algunos integrantes de las Fuerzas Militares, con quienes consiguieron uniformes y les ayudaron a evadir los retenes de la zona. A la masacre de Sabaletas le siguieron cuatro más en la zona rural, hasta que cometieron la primera en el casco urbano en septiembre, cuando incursionaron en el barrio Las Palmas, de la comuna 12. Con el paso del tiempo, el grupo que delinquió en Buenaventura se denominó Frente Pacífico y siempre estuvo adscrito al Bloque Calima.

A partir de ese año, en Buenaventura se dio una seguidilla de masacres y desapariciones forzadas, crímenes que hasta el momento no eran habituales. El CNMH indica que bajo el terror ejercido por las masacres y la desaparición forzada entre el año 2001 y 2002, el Frente Pacífico logró posicionarse en casi todas las comunas de Buenaventura y controlar barrios estratégicos.

Una razón que explica por qué los paramilitares se hicieron rápidamente con el control de la ciudad-puerto, además del apoyo de sectores de la Fuerza Pública y de narcotraficantes, según cuenta la investigación, es que éstos, a diferencia de las Farc, hicieron alianzas con bandas locales en vez de perseguirlas y hacer ‘limpieza social’. Esa estrategia de captación de hombres también la aplicaron contra la guerrilla y, de ese modo, más de 20 guerrilleros, entre ellos alias ‘Félix’ y alias ‘Fernando Político’, se pasaron al bando de ‘HH’. ‘Félix’ llegó a tener mando en Buenaventura, y ‘Fernando Político’ se convirtió en el jefe político del bloque, y según consta en la sentencia condenatoria del exsenador Juan Carlos Martínez Sinisterra, fue el encargado se apoyar la candidatura de políticos que ganaron elecciones de votación popular.

Los bonaverenses definen el año 2003 como “el momento de mayor degradación y sevicia en las acciones y reacciones de los grupos en confrontación”. En ese periodo se dio el supuesto cese al fuego de los grupos de las Auc que estaban negociando su proceso de desmovilización con el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, pero en Buenaventura hubo altos niveles de confrontación en las zonas rurales y urbanas, debido al “contra ataque de las Farc, por la instauración de fronteras invisibles en la zona urbana, por el incremento en el número de combatientes y en las acciones violentas realizadas por los paramilitares”.

En ese periodo se registró el desplazamiento de 14.300 personas, 384 homicidios -incluyendo dos importantes líderes comunitarios: el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio El Progreso y un miembro de la junta directiva de Afrodes- y 63 desapariciones forzadas, entre ellas 22 de menores de edad, según informó el diario El País de Cali. El CNMH señalaque para finales de ese año, “como acatamiento parcial y tardío al cese de hostilidades que las Auc habían declarado a principios de 2002”, ‘HH’ reunió a sus comandantes de grupo en Jamundí y les informó sobre la inminente desmovilización que finalmente se llevó a cabo el 18 de diciembre de 2004.

A raíz del proceso de repliegue y dejación de armas del Bloque Calima, las Farc recuperaron “el dominio de territorios que habían perdido e incluso controlar otros en los que nunca habían operado. La avanzada de la guerrilla se presentó tanto a nivel departamental como municipal en Buenaventura no solo al enfrentarse con los paramilitares que aún permanecían en la zona, sino también mediante acciones violentas que desplegaban sobre la población civil que, según la FARC, había apoyado a los paramilitares”.

Por último, sobre este periodo, el cual fue denominado por la comunidad como el de las ‘mil muertes’, el CNMH documenta que durante 2004 se registró una masacre perpetrada por los paramilitares ocurrida el 31 de marzo, y citando la base de datos de Rutas del Conflicto, señala que las víctimas fueron cinco indígenas Nasa asesinados en el casco urbano y cuyos cadáveres fueron encontrados posteriormente en fosas comunes.

En cuanto a las Farc, señala que emprenden “disputa con algunos delos grupos que se empiezan a rearmar y retoma el dominio de gran parte de la ciudad, exceptuando las comunas 3, 7, 11 y 12. Estas últimas, en especial, se constituyeron en escenarios de dolorosos enfrentamientos por su ubicación estratégica, son espacios de interconexión entre la zona insular y continental, puertas de salida hacia la zona rural y cuencas de los ríos Calima y Anchicayá por los esteros Aguacatal y San Antonio”.

Ese proceso de reacomodo de los grupos armados ilegales fue percibido por la población civil como “la toma definitiva de la guerra al puerto”. Ese momento marcó un punto de quiebre con relación a violencia, ya que pasó a “ser invisible o sin rostro”, debido a que los grupos que surgieron tras la desmovilización del Bloque Calima no eran identificables, y a que los grupos dejaron de adjudicarse los crímenes y las instituciones tampoco ofrecían explicaciones claras al respecto.

El CNMH define que el año 2005 se caracterizó por tener una confrontación en la que además del territorio también se disputó la población. “En los barrios ocurren enfrentamientos, masacres, son demarcados límites que definen el dominio territorial y poblacional de cada grupo, hay enfrentamientos en las calles, las casas son usadas como escudos y estallan bombas en diversos lugares del puerto, “en esa época acá en Buenaventura se decía que teníamos la triada del mal porque era que teníamos una triada que era guerrilla, desmovilizados y no desmovilizados, todos atacándose los unos a los otros”, cuenta una víctima citada en el informe.

Según la investigación, desde ese momento aumentaron los crímenes, las amenazas y lavulnerabilidad de los jóvenes del puerto, quienes eran buscados para engrosar los ejércitos irregulares que se estaban reacomodando y rearmando. “El tema del reclutamiento cobró tal dimensión que incluso los líderes de los ámbitos educativos o recreativos en los que participan los y las jóvenes, y quienes ejercen una labor de protección frente a esta población –profesores y director de deportes–, fueron amenazados a través de un panfleto que firmaron Las Águilas Negras”, registra este informe.

La Bacrim de ‘Los Rastrojos’ hace su arribo a la ciudad-puerto en 2006 y poco a poco fue quitándole terreno a las Farc hasta expulsarlas del casco urbano. “Los Rastrojos alcanzan una alta capacidad armada en el puerto de manera que en octubre de 2008, luego de una serie de enfrentamientos con las Farc, logran controlar numerosos barrios del municipio (…) Durante la confrontación, fueron asesinados jefes guerrilleros, lo que generó el repliegue del Frente Urbano Manuel Cepeda y el fortalecimiento del Frente 30 de las Farc en las zonas rurales del municipio, especialmente en los ríos”, detalla el informe.

Además de los enfrentamientos contra la insurgencia, ‘Los Rastrojos’ estigmatizaron y atacaron población civil argumentando supuesto apoyo y respaldo a la guerrilla, lo cual se tradujo en muertes, cientos de desplazamientos intraurbanos, control de alimentos y confinamientos. Ante este violento panorama, el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, ordenó la militarización de las comunas 3, 5 y 12 para intentar frenar la violencia, similar a la operación Orión que se hizo en la Comuna 13 de Medellín. No obstante, el CNMH reseña que la violencia siguió en aumento y que se incrementaron las amenazas y asesinatos a líderes de organizaciones sociales y de víctimas.

A mediados de 2010 en los barrios de bajamar se regó el rumor de que iba a llegar una empresa a darle trabajo a los jóvenes de la región, pero lo que nadie se imaginaba es que ésta sería un nuevo actor armado que inundaría de violencia a las calles de Buenaventura. El informe indica que ‘La Empresa’ es “una oficina de cobro que provee servicios a sectores sociales y a grupos criminales de mayor envergadura y fue creada en el puerto reclutando exparamilitares, exguerrilleros y miembros de bandas delincuenciales. Hasta 2012 se supo que esta organización alcanzó a tener 150 miembros”.

Este grupo estuvo muy ligado a ‘Los Rastrojos’ y contó con su apoyo financiero. Por eso, cuando en 2012 fueron capturados varios de sus integrantes y sus mayores jefes se entregaron a las autoridades de Estados Unidos, ‘La Empresa’ se debilitó y la Bacrim de ‘Los Urabeños’, encabezada por desmovilizados de las Auc, entró a disputarse el control del puerto.

El CNMH establece que el enfrentamiento entre las bandas produjo uno de los picos de victimización más altos de los últimos tiempos, además que se empleó mayor sevicia en contra de los bonaverenses. “Durante este periodo (octubre 2012) se registró una cuarta parte de los homicidios totales del año en la ciudad, se produjeron desplazamientos intraurbanos que alcanzaron la magnitud de 5.495 personas huyendo de sus hogares y emergieron con mayor frecuencia los casos de víctimas desaparecidas que fueron encontradas posteriormente con mutilaciones y señales de tortura en los esteros. Empiezan además a resonar en el puerto las denominadas casas de pique. Espacios en los cuales a modo de ejemplo se infringen torturas a las víctimas en medio de los barrios de la ciudad, sus habitantes son obligados a ser testigos de los asesinatos y el descuartizamiento de personas por parte de los grupos armados ilegales, consolidando así un escenario de tortura colectiva”, describe el informe.

Por medio de la consulta de bases de datos de diferentes fuentes, encuentra que “la guerrilla es responsable de la mayor cantidad de secuestros, delitos contra la integridad y la libertad sexual, desplazamiento forzado, tortura y vinculación de personas menores de edad; los paramilitares y las Bacrim cometieron la mayor cantidad de amenazas, y la Fuerza Pública tuvo una participación importante en la victimización por medio del desplazamiento forzado. No obstante, grupos no identificados son quienes aportaron la mayor cantidad de actos terroristas, desapariciones forzadas, homicidios, minas antipersonal y pérdida de bienes, con lo cual se evidencia la existencia de una violencia sin rostro en el municipio”.

Además, establece que “los mecanismos de victimización que implementaron los actores armados cambiaron con el transcurso de los años. De esta manera, los homicidios, las masacres y los secuestros fueron más intensos en el periodo paramilitar (2000 a 2004) que en el periodo posnegociación (2005 a 2013), en tanto que las desapariciones forzadas, las oleadas de asesinatos y el desplazamiento forzado cobraron más víctimas en el segundo periodo que en el primero. El desplazamiento interno ha sido la única modalidad de violencia que ha fluctuado intensamente durante los últimos quince años, sin llegar a exhibir una tendencia definida hacia el alza o la baja”.

Sobre los homicidios, el informe establece que “se incrementaron a partir de la escalada de las Farc a finales de la década del 90 (1998-1999), pero tuvieron un crecimiento mucho más impactante con la incursión paramilitar del año 2000. Mientras que entre 1990 y 1998 la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes fue en promedio 47,2, en el año 2000 alcanzó su pico histórico al llegar a una tasa de 165,4; desde entonces presentó una tendencia decreciente hasta 2012, cuando la tasa alcanzó un valor de 32,3. Entre los años 2001 y 2005 hubo un descenso en los homicidios. Sin embargo, en 2006 el número de homicidios ascendió a una magnitud cercana a la del año 2000. A partir del año 2007 la tasa empezó a decrecer de manera más pronunciada”.

En cuanto a las desapariciones forzadas, el CNMH identifica que empezaron a ser ejecutadas a partir del año 2000 con el arribo de los paramilitares. “Entre 1990 y 1999 las desapariciones forzadas en el municipio fueron casi inexistentes, ya que por año se presentaron entre 1 y 5 casos. Desde el año 2000 las estadísticas de esta modalidad de violencia mostraron una tendencia creciente, aunque con oscilaciones marcadas. El promedio de desapariciones forzadas para el periodo 2000 a 2013 fue 32,3, alcanzando un pico máximo en 2008 con 68 desapariciones registradas. No obstante, cabe resaltar que durante el periodo posnegociación se presentaron en promedio más desapariciones forzadas que durante el periodo paramilitar: 39,2 desapariciones por año entre 2005 y 2013 frente a 23,0 desapariciones por año entre 2000 y 2004”, señala el informe, que también llama la atención sobre el aumento de las desapariciones y la disminución de los homicidios, lo cual denota un cambio de estrategia de los grupos armado ilegales para no llamar la atención de las autoridades.

Al analizar las masacres ocurridas en su periodo de estudio, el CNMH encuentra que éstas fueron una de las modalidades de violencia que “privilegiaron los grupos paramilitares en su incursión en el municipio”. Entre 1995 y 2013 ocurrieron 26, pero 20 de ellas se presentaron entre 2000 y 2003, durante el arribo de las Auc y 14 de ellas ocurrieron en la zona rural de municipio; 18 se les atribuyen a los paramilitares, cuatro más a grupos no identificados, y las dos restantes a las Farc.

Las cifras sobre desplazamientos forzados son las más abultadas. El informe encuentra que entre 1990 a 1999, el promedio de personas desplazadas por año fue de 110; que entre 2000 y 2004 el promedio anual aumentó a 7.020; y que finalmente en los años posteriores a la desmovilización del Bloque Calima, el promedio se disparó a los 13.468. De este modo, “dentro de cada periodo hay unos picos de desplazamiento, por ejemplo en el primer periodo, 1999 fue el año donde el desplazamiento fue más agudo con 518 personas desplazadas; en el segundo periodo el año con mayor número de víctimas de esta modalidad de violencia fue 2003 con 17.423; finalmente entre 2005 y 2013, el año más crítico fue 2013, con 25.343 personas desplazadas, sin embargo, en este mismo periodo, en los años 2007, 2011 y 2012 se superan las quince mil personas desplazadas anualmente” indica el informe.

Los secuestros son el crimen que se cometió en menor número y está encabezado por las Farc. Según cifras de la Policía Nacional, entre 1996 y 2012 en Buenaventura se presentaron en total 207 secuestros, 77,3 por ciento de los cuales ocurrieron entre los años 1990 y 2004. Y de acuerdo con los análisis del CNMH, “en 1999 se llegó al pico de secuestros al presentarse 47 casos; desde entonces el número de víctimas por esta modalidad tuvo una tendencia decreciente y al final del periodo la estadística se ubicó en los niveles previos a la escalda de las FARC y la incursión paramilitar. Los secuestros son, entonces, el único hecho victimizante que cobró su mayor número de víctimas antes de 2000 y que durante los periodos paramilitar y posnegociación cayó constantemente”.

Al igual que los periodos de violencia que cambiaron con el dominio de determinados grupos armados, el CNMH identifica tres fases de resistencia en Buenaventura. En la primera surgieron las organizaciones sociales en pro del reconocimiento étnico y de los derechos colectivos (1950 a 1999). La segunda (2000 a 2004) estuvo relacionada con “la resistencia a la barbarie y la defensa de los derechos humanos”, a raíz del ingreso de los paramilitares y la escalada de la violencia. Y la tercera fase (2005 a 2014), emergieron varias organizaciones lideradas por mujeres y jóvenes que tomaron las banderas de “la defensa de los derechos de las víctimas, la recuperación de la memoria para la dignificación de las personas asesinadas o desaparecidas y la apropiación del discurso de defensa del territorio desde una dimensión urbana”.

Una líder consultada por los investigadores del informe resumió así la situación de resistencia: “Antes del 2000, las organizaciones (…) eran netamente como para vivir la vida: las organizaciones de las fiestas, ayudar a limpiar el barrio, del bingo, del alumbrado. Pero después, las organizaciones que surgieron eran en defensa de la vida. Nosotros siempre decimos que hay dos tipos de organizaciones: las de vivir la vida y las de defender la vida. Se pasó de ese tipo de organizaciones a las de defender la vida”. Y otro indica que resistir “no es aguantar, es transformar realidades, es aportar a la verdadera construcción de paz, de vida en comunidad”.

Para resistirse a las Bacrim y demás grupos violentos sin rostro que siembran terror en el puerto, algunas comunidades emprendieron diferentes acciones para recuperar espacios de socialización y de encuentro, romper las fronteras invisibles, frenar el desplazamiento y el confinamiento de las comunidades y restablecer las redes de solidaridad y parentesco. También establecieron límites para que los miembros de grupos armados no puedan ingresar a las casas, ni establecer relaciones con las niñas o las mujeres.

Por medio del arte y la cultura, crearon estrategias para evitar el reclutamiento de los menores de edad. “En este contexto, en el año 2009 surge la organización juvenil Transformando Mentes, la cual incorporó dentro de sus estrategias de trabajo el discurso de la defensa del territorio y comenzó a realizar acciones para evitar el involucramiento de niños, niñas y jóvenes a los grupos armados a través del arte, la danza y la cultura”, destaca el informe.

Las organizaciones lideradas por mujeres se enfocaron en trabajar sobre el fortalecimiento emocional de las víctimas de desplazamiento forzado, desaparición forzada y violencia sexual. Así mismo, también trabajan en la documentación de los casos de víctimas de masacres y desaparición forzada, y de la reconstrucción de la memoria de estas víctimas. Entre ellas destacan Madres por la Vida y el Grupo de Mujeres de Triana.

También se han dado iniciativas que involucran a diferentes organizaciones y a la comunidad, como la Capilla de la Memoria en donde se reconstruye memoria exponiendo las historias de las víctimas por medio de una galería fotográfica; la conmemoración del 9 de abril en 2013, en esa jornada, tres días se hicieron diferentes actividades para “romper el silencio, marcar el territorio y denunciar los actos de barbarie que ha tenido que soportar por más de catorce años”; la marcha del 19 de febrero de 2014, en donde 25 mil personas marcharon pacíficamente “para enterrar la violencia”, la cual fue convocada por la Diócesis y diferentes organizaciones sociales y de derechos humanos; y por último, la creación de la Zona Humanitaria del Puente Nayero en el Barrio la Playita, en donde las comunidades destruyeron una ‘casa de pique’ y no permiten la permanencia de actores armados.

Pese a todas las violencias, la exclusión estatal y el olvido de la sociedad, las comunidades de Buenaventura se resisten a dejarse vencer por el terror.