La Sala de Casación absolvió de los cargos por los que fue condenado este líder indígena del norte de Cauca en septiembre de 2015, por el supuesto secuestro y tortura de un cabo del Ejército que se infiltró en la minga de La María, Piendamó, en 2008. El Alto Tribunal considera que los indígenas lo juzgaron ejerciendo su autoridad. Cuando fue sentenciado, la comunidad denunció que se estaba negando su sistema de justicia.
Feliciano Valencia, líder de la comunidad Nasa, empuñando su bastón de mando durante una de las caminatas de las mingas que han realizado los indígenas de Cauca. Foto: archivo Semana.
Nota de la redacción: Este artículo fue publicado el 16 de septiembre de 2015 bajo el título de 18 años de prisión para Feliciano Valencia: ¿justicia? A raíz del fallo de absolución de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, publicamos nuevamente esta historia que recoge cómo ocurrieron los hechos que desembocaron en la condena anulada.
Feliciano Valencia, quien es reconocido por estar al frente de las más recientes movilizaciones de los indígenas del norte de Cauca, fue capturado por agentes del CTI de la Fiscalía este martes, a raíz de la sentencia que el Tribunal Superior de Cauca dictó en su contra. Los hechos se remontan a octubre de 2008, cuando los indígenas detuvieron al cabo del Ejército Jairo Danilo Chaparral, quién fue señalado de estar infiltrado en la minga que se realizó en el resguardo de La María, en el municipio de Piendamó.
Tras su retención, los indígenas decidieron realizarle un juicio, argumentando que tenía material militar para sabotear la movilización. Como consecuencia y bajo sus costumbres, fue sancionado a recibir 20 latigazos y tiempo después fue entregado a una comisión de la Defensoría del Pueblo.
Ubicación de La María, Piendamó. Tomada de Google Maps.Por estos hechos, Valencia fue denunciado por los delitos de secuestro simple y lesiones personales, pero fue absuelto en marzo de este año por un juez penal. No obstante, el ente acusador apeló el fallo y el Tribunal Superior de Cauca, en segunda instancia, lo encontró culpable y lo sancionó con 18 años de prisión.
La Fiscalía señala que Valencia tiene responsabilidad en estos hechos y que finalmente se pudo comprobar que “sujetos que tenían el rostro cubierto, bastón de mando y machetes abordaron al Cabo Tercero del Ejército, Jairo Danilo Chaparral Santiago, a quien obligaron a subir a una camioneta y ante la presencia de 400 indígenas lo golpearon y lo trasladan a una vivienda del cabildo, donde permaneció en una jaula, donde permaneció amarrado, vendado y custodiado”.
Las autoridades indígenas controvierten esta postura de la justicia ordinaria y señalan que hay una persecución en su contra. Por medio de un comunicado, la Asociación de Cabildos indígenas del Norte del Cauca (Acin) sostiene que “si Feliciano Valencia hubiera cometido un delito, su delito sería haber obedecido y cumplido con la ley y la Constitución de Colombia y con el mandato comunitario. En consecuencia, todos los comuneros y comuneras son culpables con Feliciano y todos y todas deben cumplir la sentencia”.
Edwin Mauricio Capaz, coordinador del Tejido de Defensa de la Vida de la Acin, le dijo a VerdadAbierta.com que esta captura representa “la intención de anular el tema de justicia indígena. Existe un claro propósito de acabar la jurisdicción especial indígena y de invalidar los derechos que las comunidades tienen. Se persigue el nombre de Feliciano Valencia porque representa la voz de la comunidad indígena del pueblo Nasa”.
Para encontrar una solución, diferentes líderes se vieron en la mañana de este miércoles en la sede del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) y acordaron que todas las autoridades indígenas del departamento se reúnan desde este jueves en La María para ver qué camino tomar. Además, el Cric cuestionó la sentencia y la catalogó como “una violación del derecho constitucional a la jurisdicción especial indígena”. Así mismo, considera que “sería un contrasentido que la Constitución haya dado unas funciones a las autoridades indígenas para que luego, en el momento en que se ejerzan, sea considerado ello un delito”.
En una de las casas de la hacienda La María está pintado este mural que refleja la lucha del líder indígena Quintín Lame. Foto: archivo VerdadAbierta.com.
Ricardo Peñaranda, investigador del Centro Nacional de Memoria Histórica, considera que en este caso hay un cruce entre las jurisdicciones indígena y ordinaria. Resalta que la jurisdicción indígena es clara sobre el juzgamiento de los delitos que cometen los indígenas, pero que el panorama no es tan claro cuando se trata de personas que no pertenecen a las comunidades.
Por otro lado, Carlos Andrés Baquero, investigador de temas indígenas del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia), explica que de acuerdo con algunos pronunciamientos de la Corte Constitucional, la jurisdicción indígena sí se puede aplicar a personas ajenas a la comunidad, cuando los hechos ocurrieron en sus territorios. “Si los delitos son cometidos dentro del territorio indígena, las autoridades tienen el derecho, a partir del artículo 246 de la Constitución (Política), de aplicar sus formas de justicia basada en los usos y costumbres de la comunidad”.
Más allá de los debates jurídicos, uno de los líderes más visibles de la comunidad Nasa está en prisión y los procesos que estaba liderando pueden quedar estancados. Además, los indígenas temen que este caso siente precedente para que sus decisiones queden bajo el escrutinio de la justicia ordinaria y pierdan la autonomía que les reconoció la Constitución Política de 1991.
Gabriel Paví, gobernador del Cabildo de Toribío, considera que el hecho de que Feliciano esté en la cárcel es muy grave porque cualquier líder que tome decisiones basadas en los mandatos de su comunidad, de ahora en adelante, podría correr la misma suerte que él.
“Nosotros defendemos nuestro territorio, nuestra jurisdicción especial y ejercemos autoridad bajo el ejercicio de derecho propio, pero ahora todo se pone en tela de juicio. Para nosotros es grave y muy preocupante, porque el asunto no sólo es Feliciano, es que se cuestiona la jurisdicción especial indígena y lo que está reconocido en la Constitución por medio del artículo 246. Y si se mira más allá, el problema no sólo es para Cauca, sino para todo el movimiento indígena del país, para quien quiera gobernar y aplicar justicia desde el derecho propio”, le dijo Paví a VerdadAbierta.com.
Algunos sectores del departamento de Cauca temen que esta situación se traduzca en fuertes protestas por parte de los indígenas y que realicen bloqueos en las principales vías. Al respecto, Esneyder Gómez, uno de los consejeros de la Acin, le dijo a VerdadAbierta.com que a pesar de la indignación de las comunidades, por el momento no harán manifestaciones y que buscarán el mecanismo jurídico ideal para que Valencia recobre su libertad.
| ¿Qué pasó en La María en 2008?
Con motivo del Día de la Raza (12 de octubre), indígenas de diferentes regiones del departamento de Cauca convocaron en La María una movilización a la que denominaron Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular, con la que conmemoraron los 516 años de resistencia y lucha que han librado desde la llegada de los españoles a Colombia. Además, crearon una agenda de cinco puntos de negociación con el Gobierno Nacional, entre los que se encuentra el cumplimiento de convenios y acuerdos pactados. En este apartado, los indígenas protestaban por la entrega de tierras y la reparación que el Estado acordó con ellos por la masacre de El Nilo. Como es ya habitual en sus manifestaciones, para llamar la atención del Gobierno, los indígenas bloquearon la vía Panamericana, que es la vía principal que conecta a las ciudades de Cali y Popayán. En respuesta, el Esmad de la Policía arremetió fuertemente contra las comunidades y se generaron enfrentamientos violentos entre las dos partes. Los indígenas denunciaron que la Fuerza Pública los estaba atacando con armas de fuego, pero el Gobierno desestimó esta versión y luego reconoció que efectivamente fue así, cuando la cadena de noticias CNN difundió el siguiente informe: Desde algunos sectores se trató de estigmatizar la movilización de los indígenas y se dijo que estaba infiltrada por la guerrilla. En ese contexto se dio la detención y juzgamiento del cabo Chaparral, quien fue encontrando infiltrado en la minga con material de guerra. Los indígenas marcharon a Cali para tratar de hablar con el presidente Álvaro Uribe, pero el encuentro no se dio, y finalmente se reunieron en La María tiempo después. |
