Son ex integrantes de las autodefensas que se encuentran en libertad y que después de que se postularon como beneficiarios no han comparecido ante los fiscales que investigan los crímenes de las Auc.
Desde el 2005, sus nombres aparecieron en las listas de postulados a las que primero los jefes ‘paras’ y luego el Gobierno les dio el visto bueno. Pero justicia y víctimas siguen esperándolos.
Hace varias semanas, en varios medios nacionales, la Fiscalía empezó a publicar avisos en los que “convoca, cita y emplaza” a esos desmovilizados para que se reporten y se informen de cuándo están programadas sus versiones libres.
El organismo investigador le pidió ayuda a la Consejería para la Reintegración, que tiene en sus bases de datos a la gran mayoría de reinsertados, pero incluso así no ha sido posible ubicar a los que le han sacado el cuerpo a Justicia y Paz.
Algunos de los que no han asistido, según datos de los organismos de seguridad, estarían con las nuevas bandas. Pero hay otro factor que ha pesado en la situación y que representa un grave antecedente: se suponía que los ex Auc que iban a Justicia y Paz eran los que tenían deudas pendientes con la justicia. Y a pesar de que las confesiones han ayudado a esclarecer miles de crímenes, buena parte de los desmovilizados aprovechó que la Fiscalía no tenía mayores datos de su historial delictivo y optó por callar.
Eso significa que varios capítulos de los crímenes de los paramilitares va camino de la impunidad.
Un caso paradigmático es el del ‘Bloque Suroeste’ (el de alias ‘René’ y el de ‘Tasmania’), que cometió centenares de homicidios en varios municipios de Antioquia. Hasta ahora, solo siete de sus miembros han comparecido ante los fiscales de Justicia y Paz.
Hasta ahora, unos 1.300 ‘paras’ han hablado en esa jurisdicción. Solo uno, ‘el Loro’, ha sido condenado:le impusieron seis años, si bien aun hay varias investigaciones abiertas en su contra.
Tras el fallo de la Corte Suprema que sacó de Justicia y Paz a alias ‘Memín’, un jefe ‘para’ que no se presentó a las audiencias, la Fiscalía tiene sustento jurídico para presionar que los remisos le cumplan. Sin importar los delitos confesados, la pena máxima en esa jurisdicción es de 8 años por delitos que, en condiciones normales, les implicarían hasta 60 años de cárcel en los casos más graves. Si un ex ‘para’ sale de Justicia y Paz y la Fiscalía lo procesa de nuevo, pagará la pena sin rebajas.
“No tiene sentido que después de haberse iniciado la fase judicial de los procesos de Justicia y Paz, los mismos permanezcan en la indefinición porque el desmovilizado, a pesar de las reiteradas citaciones, injustificadamente es reticente a los llamados de la Fiscalía para que rinda la versión libre y confesión, por lo que su omisión bien puede entenderse como un desistimiento tácito a continuar con el procedimiento”, indicó la Corte en ese caso.
“La Sala Penal abrió un espacio para la exclusión de quienes no comparezcan y los fiscales de cada caso, adoptarán las medidas correspondientes”, dijo una alta fuente de la Fiscalía. Otro tema sobre el que habrá decisiones es la situación de varios ex jefes ‘paras’, como <ahref=”victimarios/los-jefes/686-perfil-ivan-roberto-duque-alias-ernesto-baez” target=”_blank”>‘Ernesto Báez’ y ‘Diego Vecino’, de los que la Fiscalía sigue esperando que colaboren realmente a esclarecer los delitos que cometieron ellos y sus hombres. En el caso específico de ‘Báez’, la decisión de retirarlo se daba como un hecho, pues no ha querido admitir responsabilidad en los crímenes de su bloque Central Bolívar y de su banda personal, el ‘Cacique Pipintá’.
Publicado por El Tiempo
