En una finca de Puerto Asís, Putumayo, los paramilitares al parecer enterraron a más de 800 personas que fueron asesinadas por el frente Sur del Putumayo.
En breve: Los días jueves 15 y viernes 16 de octubre, John Jairo Rentería Zúñiga, conocido también con el alías de ‘Betún’, fue versionado por fiscales de la Unidad de Justicia y Paz en Medellín. En sus dos días de audiencia, detalló la manera cómo los paramilitares ingresaron al Putumayo, la manera cómo asesinaban a sus víctimas, los lugares dónde las enterraron y los nexos con la fuerza pública. Paramilitares mencionados: Antonio Londoño Jaramillo alias ‘Rafa Putumayo’, alias ‘Bacalao’, Carlos Castaño. Sitios mencionados: Puerto Asís, La Hormiga, Orito, El Placer, La Dorada, Puerto Caicedo, Las Brisas, El Empalme, El Vergel, río Guamuez. |
Los investigadores de Justicia y Paz tendrán que verificar la información suministrada por alias ‘Betún’ sobre las fosas comunes en el Putumayo. Foto Semana |
Los restos de las víctimas se encontrarían en la finca llamada Villa Sandra, donde precisamente los paramilitares instalaron una de las bases de operaciones en su proceso de consolidación en el sur de Colombia en enero de 1998.
La versión la entregó a fiscales de la Unidad de Justicia y Paz en Medellín el postulado John Jairo Rentería Zúñiga, alías ‘Betún’, quien integró el frente Sur del Putumayo creado en 1998 con integrantes del Bloque Bananero de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) por orden del jefe paramilitar Carlos Castaño Gil y comandado por alias ‘Rafa Putumayo’.
“En esa finca había un grupo permanente de nosotros y allí los urbanos llevaban la gente que iban a matar, se la entregaban a ellos, las ejecutaban y las enterraban por allá. Hay muchísima gente en fosas, yo creo que unas 800 personas”, dijo alias ‘Betún’, un ex paramilitar oriundo del Urabá, quien integró las Accu entre los años 1997 y 2004, cuando se desmovilizó con el Bloque Bananero.
Según relató el ex paramilitar, ese predio fue donado por su dueño a las Accu, para que instalaran allí su base de operaciones. Indagado por qué tomaron la decisión de enterrar allí a sus víctimas, ‘Betún’ explicó que fue por sugerencia de la policía de Puerto Asís: “nos pidieron el favor que no matáramos más gente en el pueblo porque ellos tenían problemas, entonces dieron la orden de que todo aquel que quisieran matar lo llevaran a la finca y lo enterraran allí”.
Decenas de las víctimas que fueron asesinadas a manos de los paramilitares fueron señaladas de ser presuntamente milicianos de la guerrilla de las Farc o informantes por los comerciantes de Puerto Asís: “ellos sabían dónde vivíamos nosotros y tenían nuestros números de teléfonos. Nos llamaban cada rato para informarnos que había milicianos en el pueblo, entonces nosotros lo capturábamos y lo llevábamos a villa Sandra. La mayoría de gente que se murió en Puerto Asís fue por la misma gente del comercio”.
Una de las acciones más macabras de este frente paramilitar era el cumplimiento, sin discusión, de la orden de descuartizar a sus víctimas. “Había que desmembrar a la gente. Primero se le mochaban las manos, luego los pies y por último la cabeza. Muchas veces se hizo eso con gente viva. No se podía enterrar a nadie entero”, relató este ex patrullero de las Accu.
Los crímenes reconocidos por decenas de paramilitares en audiencias de versión libre, hacían parte de las instrucciones militares que se les daba durante su periodo de formación militar en las diferentes escuelas que esta organización armada ilegal había instalado en las zonas del Urabá y el Nordeste antioqueño.
“Todos en las autodefensas tenían que aprender eso”, confirmó ‘Betún’. “Cuando una persona entraba a las autodefensas tenía que hacerlo. A nosotros nos explicaban cómo hacerlo. Una vez, señora fiscal, lo hice, le moché las maños a un señor, pero como había mucha gente nueva a otro le tocó mocharle los pies”.
En su versión ante la Unidad de Justicia y Paz, Rentería Zúñiga reconoció que no sólo en la finca Villa enterraron víctimas, también lo hicieron en el cerro San Isidro, ubicado cerca a la inspección de El Placer, municipio de la Hormiga, y en el sitio conocido como El Cilindro, cerca del caserío de La Dorada.
De acuerdo con cálculos de la Fiscalía General de la Nación, se estima que en el Putumayo hay enterradas en fosas comunes por lo menos 3.000 personas, asesinadas por los paramilitares desde enero de 1998, fecha en la que lleggaron estructuras de las Accu al departamento por orden de Carlos Castaño Gil, decisión que se tomó durante la tercera cumbre de las Accu, en 1996.
En las conclusiones de esta cumbre paramilitar, se estableció como primordial la incursión en el departamento del Putumayo: “es urgente desplazar hombres y recursos para esta misión. Es allí donde la subversión ha logrado crear un gobierno paralelo altamente peligroso para la Nación”.
De esa decisión supo ‘Betún’ a través de uno de los hombres de confianza de Castaño, llamado Antonio Londoño Jaramillo y conocido como el comandante ‘Rafa Putumayo’, quien murió asesinado en Medellín en el año 2004: “El Putumayo es un departamento que tiene muchos municipios, entonces la idea del comandante Rafa era que hiciéramos presencia en todos los municipios. Primero llegamos a Puerto Asís y cuando tuvimos más fuerza fuimos hacia otros pueblos, La Hormiga, Orito, Puerto Caicedo”.
Los nexos con la fuerza pública
La expansión del frente Sur del Putumayo, de acuerdo con la versión de Rentería Zúñiga, contó con la ayuda de la fuerza pública acantonada en el departamento. Según el desmovilizado, policía, ejército y armada se involucraron durante varios años con los paramilitares con el argumento de que “tenían la misma causa”.
Para demostrar su afirmación, narró que días después de que él y un grupo de por lo menos 75 hombres incursionaran en la Inspección de El Placer, cerca de La Hormiga en el sur del departamento, y en algunas veredas como La Dorada, Las Brisas, El Empalme y El Vergel, en la que asesinaron a 29 personas, el grupo que perpetró la masacre regresó al caserío de El Placer y se ubicaron en una casa en las afueras del pueblo. “Eso lo empezamos el 7 de noviembre de 1999. Cuando entramos a matar la gente, allá no había ni policía, pero cuando regresamos, como a los diez días, había tropa del Ejército”, agregó ‘Betún’.
“Nosotros entonces decidimos coordinar con ellos, Inicialmente, nos dijeron que nos quedáramos alrededor del pueblo, luego nos dijeron que nos podíamos quedar en el pueblo y llegábamos uniformados. Además, ellos subían a la base de nosotros y andaban en los carros de nosotros y nosotros en los de ellos, y así”, explicó el versionado, quien sostuvo durante la diligencia que no recordaba nombres de oficiales o de suboficiales, así como tampoco de batallones o unidades militares.
Durante sus movilizaciones, aseguró, los retenes del Ejército eran levantados para que transitaran sin problemas y “cuando necesitábamos algún apoyo ellos estaban ahí y si ellos necesitaban apoyo nos lo pedían. Se hacían reuniones con los comandantes de ellos y los comandantes de nosotros, y teníamos coordinadas las frecuencia de radio”.
Uno de los hechos relatados por este desmovilizado involucró a dos helicópteros, al parecer del Ejército, que varias veces los abasteció de armas, municiones y uniformes a cambio de cocaína: “Eso ocurrió en La Hormiga. Llegaron dos helicópteros y yo fui a prestarles seguridad. Bajaron fusiles, munición y uniformes camuflados y se los entregaron al comandante Bacalao, quien era el jefe financiero del frente y el encargado de comprar todo eso. Luego llegaron dos camionetas y entregaron la droga”.
Además, agregó, que en esas aeronaves, sobre las cuales se ratificó que eran del Ejército, transportaban paramilitares heridos y enfermos, así como aquellos que tenían algún tipo de permiso.
Pero las acciones conjuntas, siguiendo el relato de ‘Betún’, involucraba a la Armada, que patrullaba los afluentes cercanos a Puerto Asís, y a la Policía Antinarcóticos, que adelantaba operaciones en la zona. Eran constantes los retenes conjuntos de paramilitares y fuerza pública no sólo en las carreteras, sino en los ríos.
“Una vez nos atacó la Armada. Teníamos uniformes nuevos y estábamos en el río Guamuez y pasó una lancha de ellos y nos cogió a tiros. Nosotros nos protegimos de las balas, pero nos alcanzaron a retener y a quitarnos los fusiles porque pensaron que éramos de la guerrilla, pero luego que se aclaró el asunto y nos devolvieron las armas”, indicó el versionado.
Será tarea de la justicia investigar la veracidad de la confesión de este desmovilizado.
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