En los primeros meses de implementación del acuerdo de paz aumentaron los ataques contra la vida de los defensores de derechos humanos: 20 fueron asesinados y 19 se salvaron por cuestiones del azar. Informe de Somos Defensores documenta cómo fueron las agresiones en el primer trimestre del año. Ante este drama, más de 100 personas suscribieron carta enviada al presidente Santos en la que expresan su preocupación y reclaman acciones contundentes para frenar esa violencia.
Desde 2015, cuando las delegaciones de víctimas se reunieron en La Habana con los negociadores del gobierno y de las Farc, las agresiones relacionadas con el proceso de paz se dispararon. Foto: archivo Semana.A media que van pasando del papel a la práctica los acuerdos alcanzados con la guerrilla de las Farc, aumenta la violencia contra los líderes sociales, claves en la ejecución de muchos de los proyectos que tendrán aplicación territorial y en la defensa de las comunidades ante nuevos factores de riesgo.
Lo anterior se puede concluir del primer informe trimestral que publicó la organización no gubernamental Somos Defensores, que establece que entre enero y marzo de 2017, “193 defensores y defensoras de derechos humanos fueron víctimas de algún tipo de agresión que puso en riesgo su vida e integridad y obstaculizó la labor legítima y legal de defensa de los derechos humanos en Colombia”.
En los primeros 90 días del año, 6.804 integrantes de las Farc se concentraron en 26 zonas campamentarias para iniciar su reincorporación a la vida civil y entregarle gradualmente su armamento a la ONU; se definió el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito; se emitió el decreto que le da luz verde a la Ley de Amnistía para los guerrilleros que no cometieron crímenes de guerra ni de lesa humanidad; decenas de menores de edad salieron de las filas guerrilleras; se instaló la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad; inició el desarme de las Farc; se aprobó la Jurisdicción Especial de Paz; y se presentaron las propuestas para reformar el sistema electoral.
Pese a ello, en las regiones la violencia escaló con igual o mayor ritmo que la implementación del Acuerdo Final alcanzado tras cuatro años de negociaciones en Cuba. En esos mismos 90 días, ocurrieron 193 agresiones, discriminadas así: 136 amenazas, 20 asesinatos, 19 atentados, 13 detenciones arbitrarias y cinco usos arbitrarios del sistema penal. Lo anterior corresponde a un aumento del 71 por ciento, si se compara con los 113 casos ocurridos el primer trimestre de 2016.
De esas cifras llama la atención el aumento inusitado de atentados contra líderes sociales: de cinco ocurridos en 2016, se pasó a 19. Y ese dato es más alarmante si se compara con los 49 que registró Somos Defensores en todo el año pasado: en ese escenario se encuentra que en los tres primeros meses de este año ocurrieron el 39 por ciento de los atentados de 2016, y si se mantiene esa proyección, 2017 podría terminar con saldo altamente dramático.
Por otro lado, el informe identifica que las regiones con más agresiones son Cauca (43), Bogotá (19), Sucre (19), Valle del Cauca (19), Antioquia (14) y Bolívar (13); y resalta la situación de los departamentos de Cesar (11) y La Guajira (10), “donde se reactivaron las agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos en números no registrados en periodos anteriores”. Y sobre los presuntos responsables de las 193 agresiones, señala a grupos paramilitares (129), desconocidos (43), miembros de la Fuerza Pública (14) y guerrillas (2).
Sobre las agresiones en Cesar, diferentes organizaciones rechazaron las recientes amenazas a nombre de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia contra líderes sociales que están impulsando procesos de restitución de tierras, Zonas de Reserva Campesina, representantes de víctimas y a quienes apoyan los procesos de paz con las guerrillas de las Farc y del Eln. (Ver comunicado)
Para Carlos Guevara, coordinador del Sistema de Información de Somos Defensores, el anterior panorama refleja la existencia de una violencia focalizada contra los defensores de derechos humanos, que ha pasado de amenazas a ejecuciones, lo cual explica el aumento de atentados y homicidios. Asimismo, plantea que dicha violencia es producto no sólo de la implementación del proceso de paz, sino de “conflictos en zonas donde existe una alta militarización de sectores legales e ilegales, y del accionar de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia que ha incrementado su presencia territorial”.
Asesinatos de líderes sociales: difieren las cifras, coinciden los contextos
Sobre los asesinatos, refiere que existe un claro patrón: “Aquí no se están asesinando líderes que tengan una representatividad nacional o regional, se está asesinando a líderes locales, es decir, los encargados de aterrizar las políticas en las comunidades directamente. Hace unos años empezaron a atacar a los líderes regionales, a los que conectaban a la región con la nación, pero ahora bajaron más en el nivel para golpear a las bases y sus líderes, que son pequeños tejedores de procesos en los territorios”.
Dicho planteamiento coincide con el diagnóstico que realizó la Defensoría del Pueblo en su informe de riesgo sobre líderes sociales publicado el pasado 31 de marzo, en el que establece que representan peligro “los intereses de élites y grupos de poder regionales que han manifestado su oposición a los acuerdos de paz y a las reformas y cambios que estos conllevan, especialmente en lo atinente a medidas de retorno, restitución y reparación en materia agraria. Algunos de estos actores al parecer asociados a grupos armados ilegales, estarían promoviendo amenazas, hostigamientos y atentados en contra de defensores de derechos humanos, líderes de organizaciones de víctimas, organizaciones y movimientos políticos de oposición, expresados en situaciones de estigmatización, panfletos amenazantes, homicidios y desapariciones forzadas”.
Defensoría del Pueblo emite informe de riesgo sobre líderes sociales
Guevara celebra la emisión de ese informe de riesgo de la Defensoría del Pueblo que da cuenta del peligro que existe para los defensores de derechos humanos en 265 municipios y de 337 organizaciones sociales que están bajo amenaza, pero al mismo tiempo cuestiona el silencio del gobierno nacional al respecto.
“Si estas herramientas no se utilizan, no sirven, pasa nada. El gobierno nacional no ha hecho un consejo de seguridad para analizar el informe; no ha habido una reunión del Comité de Alto Nivel que el Presidente creó hace un año por el aumento de violencia en ese momento; ninguna institución ha hecho una reunión extraordinaria como lo merecería un informe de estos. No estamos hablando de suposiciones, es un trabajo puntual con los nombres de las organizaciones, los municipios y los riesgos que enfrentan los líderes sociales”, cuestionó.
Y agrega que “el Ejecutivo siempre ve este tipo de informes como exagerados, pero resulta que las amenazas se están materializando en atentados y homicidios, ya que no les están prestando atención. La cuestión es real, la amenaza está cobrando vidas, pero no hay una fórmula efectiva del gobierno para dar una respuesta, todo lo que ha intentado se queda en aguas tibias y seguimos registrando muertos cada tres días”.
La falta de acción o de “voluntad política” del gobierno nacional preocupa a Somos Defensores, organización que desde 2002 monitorea las agresiones contra líderes sociales, pues sus investigadores estiman que tras terminar la dejación de armas de las Farc, que está fijada para el 30 de mayo (Día D+180), los atentados y los asesinatos selectivos pueden aumentar, e incluir a excombatientes de esa guerrilla.
¿En qué va la dejación de armas de las Farc?
“Si las Farc no han finalizado su proceso de dejación de armas, y la situación está así, no me imagino cómo va a ser ese escenario en el que no tengan armas. No veo al gobierno con una propuesta clara y efectiva para hacerle frente a esas nuevas situaciones de violencia. Ya está bueno de que digamos que la situación es preocupante y que no sabemos qué va a pasar, esto necesita un S.O.S. real, porque si no estamos ante una masacre advertida”, concluye Guevara.
Carta al presidente Santos
Diferentes organizaciones han monitoreado las agresiones contra líderes sociales y a pesar de las diferencias en los registros,coinciden en que año tras año aumentan. Foto: Ricardo Cruz.Mientras Somos Defensores lanzaba su diagnóstico, un grupo de por lo menos cien personas, entre académicos, activistas, defensores de derechos humanos y periodistas, entre otros, suscribieron una carta que le fue remitida al mandatario colombiano, así como al vicepresidente de la República, Oscar Naranjo; al fiscal general, Néstor Humberto Martínez; y al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. (Descargue el documento)
En la misiva, expresaron su preocupación por “la grave crisis de garantías para la participación política y el ejercicio de derechos, especialmente por parte de defensores de derechos humanos y activistas sociales”.
Además, los firmantes les recordaron a los destinatarios que “el Estado tiene la obligación de garantizar la protección adecuada de ese liderazgo, no hacerlo constituye un delito de omisión y un desconocimiento a los principios rectores de la Constitución”. También aseguraron que “negar la persistencia de diversos patrones de violencia contra el liderazgo social, territorios y comunidades, alienta a quienes promueven estas acciones y pone en serios riesgos la implementación del acuerdo de paz”.
Por último, le pidieron al Estado que, más allá de expresar buenas intenciones, “actúe de manera adecuada y oportuna, previniendo nuevos ataques y garantizando la adecuada protección del liderazgo social. Igualmente pedimos que actúe frente a los graves errores de administradores de justicia que proceden contra el derecho y fortalecen dinámicas de estigmatización. Pedimos algo elemental para todos: el derecho a tener derechos”.
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