La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condena al Estado por las desapariciones del Palacio de Justicia tendrá consecuencias jurídicas y políticas. El caso sigue abierto en Colombia.
Tras largos años de espera y delucha, varias víctimas del Palacio de Justicia encontraron una respuesta en la justicia internacional. Foto: archivo Semana.
El Estado colombiano veía venir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por lo que ocurrió en el Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985, e intentó infructuosamente que no fuera tan dura. (Lea: La culpa del Estado en el holocausto del Palacio de Justicia)
En noviembre de 2013, en lugar de negar las desapariciones y torturas, como se especulaba que haría, en realidad admitió que debía una respuesta que garantizara la justicia, el reconocimiento y la reparación de las víctimas. Lamentó los hechos y aceptó una parte de la culpa al declararse responsable directo por las torturas a los sobrevivientes Yolanda Santodomingo y Eduardo Matson y por omisión en los vejámenes contra Orlando Quijano y José Vicente Rubiano.
Escuche apartes del testimonio de Yolanda Santodomingo en audiencia ante la Corte:
Sin embargo, en el tema de las desapariciones, la defensa argumentó que en algunos casos no cabe ese delito y en otros que no había pruebas suficientes. Colombia se refirió también a los 11 desaparecidos para pedirle a la Corte que no exigiera indemnización pues el Consejo de Estado ya las había ordenado.
Pero por más esfuerzos jurídicos que hizo la Agencia de Defensa de la Nación, la sentencia es un duro golpe para la posición que ha mantenido el Estado. En primer lugar porque la CorteIDH contradice varios de los argumentos que han utilizado en estos 29 años los jueces nacionales y la Comisión de la Verdad que se constituyó en 2005 para esclarecer los hechos y el mismo Estado, a través de entidades como la Procuraduría. Por otro lado, esta decisión internacional tiene implicaciones en los casos que lleva la justicia colombiana acerca de lo que ocurrió en el Palacio de Justicia, incluyendo procesos donde ya ha habido condenas como el del coronel (r) Alfonso Plazas Vega o el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales.
VerdadAbierta.com consultó con expertos que han trabajado en las investigaciones del caso y estos fueron los puntos que señalaron como los más trascendentes para Colombia tras la decisión de la CorteIDH. Haga clic en cada punto del cuadro inferior para desplegar su información.
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