El juez Reggie Walton reconoció a la primera víctima directa del narcotráfico en Colombia durante el proceso que se adelanta contra este hombre, conocido con el alias de ‘El Patrón’, exjefe del ‘Frente Resistencia Tayrona’ de las Auc. En mayo asistirán a audiencia de sentencia.
La familia de Julio Henríquez participará en el juicio que se le adelanta en Estados Unidos al exjefe paramilitar Hernán Giraldo. Foto: archivo Semana.Pasaron más de seis años para que la justicia en Estados Unidos reconociera a Julio Henríquez, exmilitante de la Alianza democrática M-19, como víctima dentro de un proceso judicial por narcotráfico. La decisión establece que los testimonios de la viuda y las dos hijas de Henríquez sean escuchados en el juicio contra el exjefe paramilitar y que, a su vez, sirvan como elementos probatorios que puedan incidir en la sentencia condenatoria.
Durante la audiencia, realizada en marzo pasado, el juez Reggie Walton señaló que los elementos suministrados por la defensa de las víctimas eran suficientes para asegurar que existió relación entre la desaparición forzada y posterior asesinato de Julio Henríquez con el desarrollo de las actividades del tráfico de cocaína a Estados Unidos por parte de Hernán Giraldo.
“Pudimos demostrar que Julio Henríquez se convirtió en un objetivo militar del grupo paramilitar de Hernán Giraldo por establecer relación con los campesinos de la Sierra Nevada para que sustituyeran los cultivos de coca por los de café”, le explicó a VerdadAbierta.com aseguró Roxanne Altholz, una de las abogadas de las víctimas.
¿Y qué viene ahora? La familia Henríquez espera demostrar ante la justicia norteamericana todos los hechos relacionados con la muerte de Julio y el poder criminal que Hernán Giraldo ejercía en la zona. De igual manera, con la ayuda de los abogados, pretende desmentir la posición de la defensa del exparamilitar, que ha dicho en repetidas ocasiones que Giraldo no fue narcotraficante, sino que se dedicaba a cobrar impuestos en la región para protegerlos y que no tuvo un papel importante en la región de la Costa norte del país”. (Leer más en: Hernán Girado: Máquina de guerra en la Sierra Nevada)
En un documento conocido por VerdadAbierta.com se lee que la defensa de Giraldo asegura que la muerte de Julio Henríquez no se presentó por orden directa exjefe paramilitar, sino que tras las amenazas que había recibido por parte del grupo armado algunos de sus miembros procedieron a desaparecerlo de la reunión de donde se encontraba, obligándolo a salir de la región.
Por ahora, el proceso contra Hernán Giraldo está a la espera de conocer el prontuario por parte de la Fiscalía norteamericana y concluirá el 19 de mayo en la audiencia de sentencia en la que intervendrá la familia de Henríquez, tal como lo dispuso el juez Walton.
¿Quién es Julio Henríquez?
Parque Tayrona. Foto: archivo Semana.Este defensor de derechos humanos de la Sierra Nevada de Santa Marta obtuvo su titulo de Biólogo en la Universidad de la Salle, de Bogotá, donde fue reconocido dirigente estudiantil y miembro del comité editorial del periódico Unión Revolucionaria Socialista. Se radicó junto con su esposa en Santa Marta y a finales de la década del 80 se vinculó a las células urbanas del M-19, donde cumplió labores ideológicas, siendo el formador y educador de los campesinos de la zona. Tras la desmovilización del grupo armado compró la finca ‘El Picacho’ en la vereda El Totumo, en los límites del Parque Tayrona. Desde allí, con el peso del paramilitarismo que azotaba a la región, presidió el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, donde empezó a tener los primeros roces con Hernán Giraldo. (Leer más en: El sacrificio de los ecologistas de la Sierra)
El interés de Henríquez por la defensa del ecosistema de La Sierra lo llevó a ser considerado como uno de los ecólogos más influyentes en la región; allí empezó a organizar a los campesinos y a formarlos para preservar la flora y la fauna; mediante talleres alejó a varias familias de los cultivos de coca y cuando pretendía formar una organización fue amenazado de muerte por los ‘paras’ de Giraldo, por lo que se exilió en Chile con su familia.
A su regreso a Colombia, continuó con la idea de constituir la Asociación Ambientalista Comunitaria de Calabazo, “Madre Tierra”, con el apoyo de Parques Naturales y varias organizaciones no gubernamentales. Henríquez fijó entre sus objetivos un plan agrícola para que los campesinos sustituyeran la coca por el café y la construcción de un “tapón ecológico” de 500 hectáreas alrededor de toda la Sierra Nevada y el Tayrona. Planes que se vieron frustrados el 4 de febrero de 2001, cuando ocho paramilitares de Hernán Giraldo lo retuvieron y, posteriormente, lo asesinaron. (Leer más en: Vida y muerte en el Parque Tayrona)
Este recuento de hechos, según explican integrantes de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de California, que apoyan a la familia Henríquez, fueron parte del material probatorio de la defensa de víctimas. A partir de la recolección de testimonios y material documental, se fortaleció el argumento sobre la relación de la desaparición y posterior muerte del líder ecologista con el dominio criminal que ejerció Hernán Giraldo sobra la Sierra Nevada.
Caso exitoso
Algunos de los jefes paramilitares, justo antes de ser extraditados en 2008. Foto: archivo Semana.A diferencia de los otros 12 casos adelantados contra los exjefes paramilitares, extraditados en 2008 por decisión del entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, no se había permitido que ninguna víctima testificara en contra de los procesados, por cuanto jueces y fiscales consideraron que no se alcanzaba a probar la relación entre la conspiración para exportar cocaína a ese país y las desapariciones y muertes ocurridas en Colombia. A juicio de los abogados de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de California, la justicia no ha tenido en cuenta que esos kilos que entran están manchados de sangre.
El primer caso que se abrió camino ante la justicia norteamericana sin ningún éxito, pero que aportó aprendizajes para persistir en la idea de abrirle espacio a las víctimas de las Auc en los estrados estadounidenses, fue el de una víctima de la comuna 13 de Medellín, en el proceso contra Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’.
En aquella ocasión, el juez federal Richard M. Berman negó las pretensiones de la madre de un joven desaparecido en noviembre de 2002 de ser aceptada como víctima en el juicio contra alias ‘Don Berna’, quien, finalmente, fue condenado a 31 años de prisión.
La abogada Altholz cuestiona la poca importancia que la justicia norteamericana le da a la violación de derechos humanos en Colombia en relación al tráfico de droga. Sucedió en el proceso de alias ‘Don Berna’ y se observa con más claridad, según ella, en la sentencia contra Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, proferida el 6 de noviembre del año pasado.
Altholz calificó esa decisión de “imparcial” y consideró que en ella “queda justificada, sin contraparte, la violencia que ejerció el Bloque Norte de las Auc contra la población en lo dicho por ‘Jorge 40’. Ni la Fiscalía menciona el prontuario de la organización armada, ni hubo acceso a terceros víctimas para que testificaran”.
Durante el proceso en su contra, alias ‘Jorge 40’, siempre se presentó como un servidor del país y una víctima de las guerrillas que operaban en la Costa Atlántica, de la misma manera que lo hizo en los estrados nacionales durante su comparecencia ante fiscales de Justicia y Paz antes de ser expulsado del proceso.
“Su Señoría, yo quiero recuperar la libertad para continuar la lucha en mi país. Mi guerra fue de ideas, no de intereses. También luchaba y peleaba por libertad, seguridad, y para guardar una luz por una república democrática viable”, afirmó el ex jefe paramilitar en la audiencia de lectura de sentencia. (Leer más en: Los crímenes que ‘Jorge 40’ nunca confesó)
Durante esa audiencia, la discusión giró en torno a la manera en que alias ‘Jorge 40’ controló el territorio para favorecer la producción y comercialización de cocaína, haciendo poco énfasis en las atrocidades cometidas contra la población civil.
La defensa del exparamilitar, por su parte, expuso su tesis sobre la “teoría de recaudación de impuestos” y explicó que su cliente “a cambio de la recaudación de impuestos, de entidades tanto legales como ilegales, proveía una protección esencialmente cuasi gubernamental a diferentes entidades incluyendo traficantes de drogas y también a entidades dedicadas a actividades legales”.
Abogados defensores de víctimas consultados por VerdadAbierta.com aseguraron que la extradición de los exjefes paramilitares complicó el panorama para las víctimas al darle mayor importancia al delito del narcotráfico y descartar las violaciones a los derechos humanos.
“Si se pensaba que desde Estados Unidos los extraditados iban a contar la verdad y a resarcir los daños nos equivocamos y mucho más lo estábamos pensando que el sistema judicial americano iba a permitir que se demostrara la relación entre el tráfico de coca y decenas de asesinatos en el país”, dijo una de las fuentes consultadas.
No obstante, la decisión del juez Walton y la comparecencia en mayo próximo de la familia Henríquez, sienta un precedente importante. Según Altholz, “se ha marcado un camino que otros podrían seguir. Ya depende de la prueba y la naturaleza del caso que tengan el mismo camino que el de Henríquez, pero sin duda es una victoria para las víctimas del paramilitarismo en Colombia”.
