La Superintendencia de Tierras investiga la transferencia en la propiedad sobre las 16 mil hectáreas que esta empresa está adecuando para producir maíz y soya en Puerto Gaitán. El vocero de Aliar explicó que tienen los predios en cuestión en comodato y que su proyecto busca producir eficaz y equitativamente comida para los colombianos.
El predio de 16 mil hectáreas conocido antiguamente como El Brasil, explotado por el Grupo Aliar, fue englobado y transferido por una empresa representada por la viuda de Víctor Carranza. Foto archivo SemanaLas transacciones de las 16 mil hectáreas en Puerto Gaitán, Meta, conocidas como la finca El Brasil, donde Aliar desarrolla un proyecto para producir alimento para cerdos, son investigadas por la Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras. Este es el organismo encargado de vigilar el registro de las propiedades y detectar si hay irregularidades.
En el caso de los predios de El Brasil, la Superintendencia investiga si Aliar ha violado la Ley 160 de 1994 que prohíbe la acumulación de varios predios baldíos de la Nación que originalmente fueran adjudicados a campesinos como parte de la reforma agraria.
Frente a esta decisión, Jaime Liévano, presidente de Aliar, socio principal de Proyectos La Fazenda y reconocido productor de carne de cerdo de calidad, habló extensamente con VerdadAbierta.com. Respondió ante los cuestionamientos que ha habido contra el grupo empresarial, no sólo por la presunta acumulación ilegal, sino porque el predio El Brasil sirvió de base al grupo paramilitar ‘Los Carranceros’ y fue vendido por familiares del ya fallecido empresario de las esmeraldas, Víctor Carranza, muy cuestionado por su papel en la expansión del paramilitarismo en los Llanos Orientales.
Liévano explicó que el modelo de Aliar no compra tierras sino que vincula a diversos propietarios por medio de contratos (sean de comodato, arrendamiento o participación en cuentas) para producir eficientemente maíz y soya. Aclaró que El Brasil es sólo uno de los múltiples proyectos de esta índole.
Citó como ejemplo el arreglo que tiene Aliar con la comunidad indígena Sikuani, dueña en forma colectiva de miles de hectáreas pero sin el capital para mejorar la tierra y poder hacerla producir competitivamente. Según Liévano, Aliar ya les ha arreglado mil de sus hectáreas para la siembra de maíz y soya. “El acuerdo es que 70 por ciento es de ellos y 30 por ciento es de nosotros. Es el arriendo más caro anual que estamos pagando”, dijo.
Según Liévano, se requieren esas extensiones de tierras para que sea rentable sembrar maíz y soya para engordar cerdos, abaratar así el costo de la carne y contribuir a la seguridad alimentaria de Colombia. Planean para el año 2027, llegar a las 100 mil hectáreas utilizadas intensamente para producción de comida (Vea la entrevista completa en: “Hemos sido absolutamente legales y leales”: Jaime Liévano).
VerdadAbierta.com también intentó contactar a Fabián Saldarriaga, miembro principal de la junta directiva de Aliar, presidente de Contegral, y representante legal de dos firmas que integraron cuatro de las empresas que compraron El Brasil, para conocer su versión de los hechos, pero a través de su secretaria informó que los socios acordaron que sea solamente Liévano el vocero de los empresarios.
Este medio había investigado el caso y lo publicó en mayo pasado (Lea: La metamorfosis del Brasil). Este artículo relata cómo en los años noventa, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) había adjudicado 16 lotes baldíos a igual número de personas en Puerto Gaitán, Meta. En 2007, después de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, los 16 parceleros originales le cedieron sus lotes a la firma Agualinda, representada por la esposa del empresario esmeraldero Víctor Carranza, fallecido este año.
Uno de los poderes está firmado por una persona, que según VerdadAbierta.com pudo comprobar, había muerto hacía tres años.
Días después de esta cesión de los 16 adjudicatarios de baldíos públicos, Agualinda englobó los lotes en una sola finca llamada El Brasil y firmó un contrato de compraventa con diez empresas: Agropecuaria Visión, Agropecuaria San Martino, Agropecuaria Futuro y Agropecuaria Valores, todas de Envigado, Antioquia, y creadas en la misma notaría el 22 de diciembre de 2006 y con los mismos socios; y las santandereanas de larga trayectoria, Entrehogar, Premex, Proyectos La Fazenda, Inversiones Arar y Concesionaria. Una sexta empresa santandereana, Prollanura, fue constituida en marzo de 2007 por Rafael Marín de la conocida firma constructora Marval.
Esas diez empresas, con Proyectos La Fazenda como negociador, conformaron un encargo fiduciario al Banco Helm para que éste comprara El Brasil por 15 mil millones de pesos y la administrara. Luego, bajo ese fideicomiso, el banco firmó un contrato de comodato con Aliar para que mejorara y explotara las tierras.
La investigación encontró que casi todas las empresas que compraron el lote recién englobado de El Brasil tienen vínculos con socios directivos de Aliar, el conglomerado productor de alimentos que mejora y explota las tierras en comodato. Así, el directivo principal Fabián Saldarriaga es representante legal de dos de las empresas que constituyeron las firmas Agropecuarias antioqueñas. Otro miembro de la junta directiva de Aliar, Adolfo Botero, es el fundador de la empresa Entrehogar; otro, Rafael Marín Valencia, el de Prollanura; y un directivo suplente, Carlos Eduardo Mesa, es socio fundador de Premex.
Liévano explicó que Aliar no puede invertir en tierras porque no puede distraerse de su negocio principal que es producir alimentos. Lo que suelen hacer entonces es buscar posibles compradores si, como en el caso de El Brasil, los dueños no quieren entrar en el negocio. “Que compre el que quiera –dijo-. Pueden ser socios o terceros”. Pero aclaró que todos deben comprar bajo un protocolo de tierras que asegure un trato equitativo para el vendedor.
En esa lógica es que varios socios de Aliar compraron El Brasil, mediante un fideicomiso, con el encargo de que le entregara la finca en comodato a Aliar.
“Nos llega la información de que (los 16 dueños de las parcelas agrupado por Agualinda) quieren hacer la venta, entonces les hacemos la propuesta pero su interés no era vincularse a ningún proyecto productivo -dijo Liévano-. Nos dijeron que no podían esperar entonces, por las carreras de buscar los inversionistas, lo que hicimos fue firmar una promesa de compraventa. En este ejercicio se buscaron a los accionistas amigos y salieron diez compañías”.
Según explicó Liévano, bajo ese contrato de comodato con la fiducia creada por esas diez compañías, ellos están mejorando la calidad de 3.000 hectáreas, y pronto lo harán de otras 3.000, para así completar 6.000 hectáreas que es lo que usarán de El Brasil, pues la tierra sobrante será para reserva de ríos, morichales y áreas de amortiguamiento. Una vez la tierra esté lista para la siembra, cambiarán su contrato con el banco por uno de arrendamiento para sembrar maíz y soya, base de la alimentación de los cerdos de la productora de carnes de cerdo, La Fazenda.
Así que el Grupo Aliar, que tiene muchos más socios que los que compraron el Brasil, no es el dueño de El Brasil, sino el comodatario, argumenta Liévano, y por tanto no ha acumulado tierras. Además, asegura que las transacciones fueron transparentes y que las diez empresas que compraron la tierra en una fiducia pactada con el Banco Helm Trust son de empresarios de reconocida trayectoria.
La Superintendencia anunció que va a revisar la cesión que en abril de 2007 realizaron los 16 dueños de las tierras a la empresa Agualinda, el subsiguiente englobe de esos predios, el contrato de compraventa firmado en mayo de 2007 y la conformación de la fiducia por los diez socios y el contrato de comodato con Aliar.
El pasado de la tierra
En su investigación, VerdadAbierta.com también encontró que, según documentos oficiales, visitas de campo de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía y testimonios de ex paramilitares, El Brasil fue utilizado como base paramilitar por las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada, llamadas ‘Los Carranceros’. Esta finca sirvió de escondite en julio de 1997 a los paramilitares del Bloque Centauros, autores de la masacre de Mapiripán y donde han sido exhumados los cuerpos de por lo menos dos niños que fueron reclutados forzadamente por este grupo armado ilegal en los Llanos Orientales.
Sobre el pasado violento de esta tierra, Jaime Liévano explicó que la empresa estudió los títulos y no encontró que los propietarios tuvieran cuentas pendientes con la justicia. En relación con Carranza, dijo que se enteró de la existencia de esas 16 parcelas y el interés de Agualinda por englobarlas y venderlas por un trabajador de su empresa. Explicó que viendo que el esmeraldero había sido un contratista del Estado y que no figuraba en ningún registro oficial como delincuente, no vieron problema en hacer el negocio. A su empresa le interesaba sobre todo poder conseguir un terreno de la extensión suficiente para poder desarrollar su modelo agroindustrial, algo que ha buscado por todo el país y no es fácil de conseguir.
En efecto, Carranza fue investigado por conformación de grupos paramilitares, y fue absuelto por la justicia.No obstante, desde los años ochenta ha habido testimonios y documentos, muchos de ellos publicados por la prensa, que lo han vinculado con estos grupos.
El caso de La Fazenda fue además denunciado en el Congreso en marzo de 2012, por el representante Iván Cepeda quien lo presentó como un ejemplo de acumulación de tierras públicas, que en la práctica desafía el espíritu de la Ley 160 de 1994 que busca que esa tierra de la Nación sea destinada a los campesinos pobres. El caso fue retomado por el senador Jorge Robledo, quien reiteró la denuncia en el Congreso.
Jairo Mesa, superintendente delegado de Tierras, explicó que, por considerar que se violó la Ley 160 de 1994 que prohíbe la concentración de predios originalmente baldíos destinados a reforma agraria, la entidad investigará todos los registros que hay en los folios de matrícula (documentos que garantizan la propiedad del inmueble) y que permitieron la transferencia de las tierras desde los dueños originales hasta llegar a la figura de fiducia, venta y comodato que permite a los actuales empresarios explotar las tierras.
Otros detalles
VerdadAbierta.com encontró que estas tierras eran baldías y que entre marzo y diciembre de 1995 el antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) se las tituló a 16 personas, correspondiéndoles a cada una un predio de mil hectáreas. Ese mismo año el predio fue tomado por el grupo ‘Los Carranceros’, cuyo nombre hace referencia a la supuesta financiación que recibió del esmeraldero Víctor Carranza, hasta 2005 cuando los paramilitares se desmovilizaron.
La transformación de las tierras del antiguo Brasil comenzó precisamente después de la desmovilización. En pocos meses y en documentos consignados en la Notaría 4 de Villavicencio y en la Oficina de Instrumentos Públicos de Puerto Gaitán, en abril de 2007 los 16 dueños le entregaron un poder a un abogado para cederles las tierras a Agualinda, cuya representante legal es María Blanca Carranza Carranza, la esposa de Víctor Carranza. En pocos días, la Agualinda englobó los predios y celebró el contrato de fiducia con el Grupo Aliar.
¿Qué viene?
Jairo Mesa explicó que el proceso de investigación de los registros públicos que permitieron el traspaso de las tierras tardará seis meses. Cuando eso suceda, el Estado deberá tomar una decisión: definir si la empresa por medio de sus accionistas violó o no la Ley de Baldíos. En caso de anular las transacciones, la tierra quedaría a nombre de las 16 personas que el antiguo Incora tituló en los años 90.
Sin embargo, será tarea del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) determinar si estas 16 personas en realidad eran merecedoras de las tierras baldías, es decir, si cumplían con los requisitos de la reforma agraria como que no hayan tenido las condiciones económicas para adquirir propiedad privada, no fueran funcionarios públicos y en realidad hayan desempeñado actividades agrícolas.
Las sospechas de la entidad acerca de estos 16 adjudicatarios de reforma agraria se basan en que, en un caso similar, también Puerto Gaitán, un predio de 27 mil hectáreas conocido como el Hato Cabiona, y relacionado de forma directa con Víctor Carranza y su ganadería La Cristalina, se ha documentado que las personas tituladas en los años noventa por el antiguo Incora habían sido trabajadores del empresario de las esmeraldas, con cédulas en su mayoría de Boyacá, lo que supondría que Carranza logró que el Incora adjudicara tierras a testaferros para hacerse a terrenos públicos en forma gratuita (Ver “El oscuro pasado de El Provenir“).
Sobre el uso de las tierras, es decir, qué sucederá con las tierras que ha ido adecuando el Grupo Aliar en Puerto Gaitán, es incierto porque hasta el momento no ha habido ninguna decisión judicial que ordene a un empresario devolver las tierras a la Nación. Las decisiones han sido del Incoder pero éstas han sido de carácter administrativo como ocurrió en las antiguas haciendas Las Pavas, en el sur de Bolívar, y en Bellacruz, en el sur del Cesar. Las decisiones del Incoder han sido llevadas a pleitos judiciales por demandas que han interpuesto las respectivas empresas.
Aún si el Estado llegara a confirmar sus sospechas de que hubo acumulación de tierras u otras irregularidades, si se demuestra la buena fe de los socios de Aliar, puede llegar a algún arreglo amistoso que beneficie a los campesinos que pudieron haber sido afectados por la acción de los violentos en esos terrenos.
La carta de Aliar
Antes de sostener una entrevista con VerdadAbierta.com, el presidente de Aliar, Jaime Liévano, envió esta carta electrónica contando su versión frente a la decisión de la Superintendencia:
“Ni la Fazenda es dueña, ni podemos devolver lo que no es nuestro”
Octubre 30 de 2013.- En relación a la información publicada en el día de hoy por la prensa, en la que se anuncia una decisión de la Superintendencia de Notariado y Registro de iniciar un proceso administrativo con relación al predio “El Brasil”, Aliar S.A. reitera:
Nuestro interés en la altillanura no es adueñarnos de la tierra. Aliar S.A. -dueña de La Fazenda- hoy cuenta sólo con la propiedad sobre la extensión necesaria para ubicar sus plantas de proceso para producción de carne de cerdo. Las demás tierras donde se cultiva soya y maíz, son de propietarios de la zona y han sido vinculadas mediante contratos de arrendamiento y tenencia, con remuneración variable, que depende de la productividad de las cosechas.
Aliar no es un negocio de adquisición de tierras, sino un modelo de producción agrícola a través del mejoramiento de extensiones de tierra que nunca fueron aptas para la agricultura. Sus accionistas somos más de 100 familias, que hemos invertido 300.000 millones de pesos, de los cuales dos terceras partes son pasivos con la banca nacional, que ha creído en nuestro modelo.
El predio al que hace referencia la decisión de la Superintendencia, donde apenas hemos iniciado el mejoramiento de tierras -la Hacienda El Brasil-, fue de propiedad de 16 personas de la zona, algunas de ellas, al parecer herederos de Víctor Carranza, que decidieron asociarse en una compañía. Dicha compañía vendió la tierra al fideicomiso de Helm Trust, que emitió unos títulos, comprados por 10 tenedores. Son ellos -los tenedores de dichos títulos y el Helm Trust- quienes nos han arrendado la tierra, para hacerla más productiva, dentro del esquema que hemos desarrollado, de producir carne de cerdo de la mejor calidad.
Tanto el Helm Trust, como los tenedores de los títulos, nos confirman que realizaron en su momento la debida diligencia y el estudio de los títulos respectivos, y que ninguno de los socios de la empresa vendedora, ni sus representantes legales, figuraban en listas inhibitorias o lista Clinton, ni sobre los predios había denuncias de ninguna clase.
Reiteramos que estamos totalmente dispuestos a colaborar plenamente con las autoridades en todas las acciones administrativas, incluida la anunciada hoy a través del diario El Tiempo por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro.
Aclaramos que los predios citados no son de nuestra propiedad, y por lo tanto no podemos devolver lo que no es nuestro.
Además reafirmamos que si el Estado decide expropiar dichas tierras o entregarlas a desplazados o víctimas de la violencia, estamos dispuestos a trabajar con ellos para garantizar la seguridad alimentaria del país.
