VerdadAbierta.com dialogó con Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras para conocer el balance que hace de la política bandera del gobierno de Juan Manuel Santos justo cuando ajusta cinco años de implementación y las expectativas que tiene frente a los cinco años que le restan.
Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras. Foto: archivo Semana.Desde que entró en vigencia la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el 1 de enero de 2012, a la Unidad de Restitución de Tierras (URT) han llegado 100 mil 797 solicitudes de ciudadanos que consideran que sus predios fueron despojados a causa del conflicto armado, pero durante los primeros cinco años no todas han sido resueltas a favor de los reclamantes, entre otras porque 24.712 solicitudes fueron rechazadas antes de llegar a los jueces especializados.
Si bien el proceso en sus primeros cinco años no parece el más efectivo, a juicio del director de la URT, Ricardo Sabogal, “el balance es positivo”, aunque reconoce que no en todas las zonas del país se marcha al mismo ritmo y que persisten algunas dificultares para la aplicación de esta norma de justicia transicional, que tiene un término de aplicación de diez años, contados a partir del 2012.
Una de esas dificultades, destacó Sabogal, es la morosidad de algunos funcionarios de diversas entidades estatales llamadas a atender las órdenes de los jueces especializados de tierras contenidas en las sentencias a favor de los campesinos restituidos. Según él, las demoras se presentan porque esos funcionarios “no se toman la función pública con responsabilidad”.
A continuación, reproducimos apartes de la conversación sostenida con el funcionario a su paso por Medellín.
VerdadAbierta.com (VA): ¿Cómo va la restitución de tierras en Colombia?
Ricardo Sabogal (RS): “El balance es positivo. El proceso está implementándose a lo largo y ancho del país, hay una madurez ya del proceso; el reclamante ya sabe cuándo reclamar y cuándo tiene derecho, también el reclamado sabe a qué atenerse; ya hay jurisprudencia y los jueces han ido decantando el proceso restitutivo; hoy tenemos claridad de lo que es aplicar una norma de justicia transicional en temas civiles en nuestro país. Ese es un balance muy bueno”.
VA: Sin embargo, el campesino que espera que la justicia le restituya su predio siente que el proceso es lento…
RS: “¿Avanzo a la velocidad que todos queremos? No, hay dificultades. No se marcha igual en todas las zonas del país. Estamos mirando de qué manera optimizar. En Antioquia, por ejemplo, se tomó una decisión muy importante: estábamos trabajando con una sola dirección apostada en Medellín y dos equipos satélite, uno en Apartadó y otro en Caucasia. Pues bien, a partir de la fecha van a haber tres direcciones atendiendo Antioquia: una apostada en Medellín, otro director apostado en Urabá y la zona del Bajo Cauca será atendida por el director de Córdoba y la oficina atenderá Córdoba-Bajo Cauca”.
VA: A propósito, Antioquia es un departamento complejo en el tema de tierras despojadas, ¿cómo va la restitución aquí?
RS: “El nivel de avance es bueno, nos han llegado 18 mil reclamaciones y hoy estamos trabajando cerca del 30-40 por ciento. Muchos de esos reclamos ya fueron estudiados o están en manos de los jueces o fueron rechazados porque no aplicaban. Los jueces han proferido sentencia sobre alrededor de 10 mil hectáreas y en sus despachos deben tener por lo menos unas 40 mil hectáreas que están pendientes de decisión”.
VA: Si miramos el número de solicitudes que a la fecha ha recibido la URT versus el número de decisiones judiciales, ¿en qué porcentaje se han resuelto esas solicitudes?
RS: “Esas dos cifras no se pueden mirar aisladamente. Un ejemplo: el proceso a nivel nacional tiene 100 mil reclamaciones a la fecha. Si yo lo miro por las decisiones, los jueces sólo han resuelto seis mil de esas 100 mil. Pero no es así. El proceso arranca con una reclamación y termina con una decisión de la Unidad o con una decisión del juez. El proceso puede terminar en la fase administrativa o en la fase judicial. Yo hoy le puedo decir que del 100 por ciento de las reclamaciones que se le han presentado a la Unidad, cerca del 30 por ciento ya fue resuelto, bien por vía administrativa o vía judicial”.
VA: Así las cosas, ¿cuántas solicitudes ha rechazado la Unidad?
RS: “Estamos hablando de unas 24 mil reclamaciones rechazadas”.
VA: ¿Y ese rechazo en qué se fundamenta?
RS: Se decidió que no fue un problema de despojo. Hay algunos rechazos donde la Unidad le dice a la persona: ‘mire, con la información que yo tengo, con los datos que usted me da, es imposible hacer un proceso restitutivo’. Nos ocurre mucho con la identificación de los predios”.
VA: ¿Y alguna región se destaca por su alto número de solicitudes rechazadas?
RS: “En casi todo el país la tasa de no inclusión es de cerca del 60-70 por ciento. No necesariamente significa que sea una persona fraudulenta. Hemos encontrado mucho campesino que quiere resolver el pleito de linderos con su vecino con nosotros. O el caso de herederos de predios que no se ponen de acuerdo y acuden a la Unidad. No falta el heredero que nos cuenta que fue la guerrilla el que le quitó el predio y se lo dejó al hermano. Y uno habla con el hermano y dice: ‘ese es un mentiroso, no fue la guerrilla. Lo que pasa es que él se fue y nunca más volvió y yo estaba con mi papá y yo fui el que lo mantuve los últimos años’. Entonces uno advierte ahí un problema entre hermanos. Ese tipo de casos no van al juez. Y también hemos encontrado el avivato, el que quiere reclamar cuando no tiene derecho. Esos casos se los enviamos a la Fiscalía, que son muy pocos, también hay que decirlo”.
VA: Ahora, si usted dice que hay 24 mil solicitudes que fueron rechazadas por las situaciones ya descritas, podría interpretarse entonces que la gente quiere sacarle provecho a la Ley o, por el contrario, la desconoce….
RS: “Yo no afirmaría que la gente desconoce la Ley. Bueno, algo hay de ello, pero lo que hemos advertido en la Unidad es que no hay una justicia agraria en lo rural que resuelva eso. Si a un campesino le dicen que vino el juez de tierras, él piensa inmediatamente: ‘este es el que me va resolver mi problema de tierras’. Ellos no saben si es restitución, linderos… entre otras. ¿Qué evidenciamos nosotros? La falta de una justicia agraria para ese otro tipo de conflictos, que si no se resuelven, son los que terminan con un muerto en una pelea de domingo entre dos campesinos que se tomaron sus tragos. Desgraciadamente hay que decirlo, es así”.
VA: Los jueces de restitución, en sus fallos, ordenan una serie de medidas que comprometen entidades estatales con el fin de que este proceso sea una restitución integral de derechos. Pero los campesinos y los jueces mismos están alegando alto incumplimiento de estas órdenes…
RS: “La Unidad vive muy pendiente del cumplimiento de las sentencias. De hecho, hay un equipo al interior de la Unidad que se llama Equipo Posfallo y está pendiente de que la orden que se le dé a la Unidad, pues se cumpla. Ahí vamos bien. Podemos tener algunos problemas en implementación de proyectos productivos, pero, en líneas generales, vamos por muy buen camino”.
VA: Pero, ¿y las demás instituciones estatales que son llamadas a atender a los campesinos restituidos?
RS: “Una sentencia trae una serie de órdenes para múltiples actores. Hay algunos más cumplidores que otros, todo hay que decirlo. Ahí hemos felicitado a los jueces porque en los mecanismos de audiencias de seguimiento han llamado la atención. Para darle un ejemplo: vengo seguido a Medellín, a los tribunales, y ellos llaman a cuentas a las instituciones. Recuerdo la última vez que estuve aquí, el juez le llamó la atención al Banco Agrario porque no había construido unas viviendas. Ahí hay un trabajo muy bueno de los jueces buscando que las sentencias se cumplan.
También hay que decirlo: hay funcionarios que a veces son morosos a la hora de darle cumplimiento a las sentencias, que no se toman la función pública con responsabilidad. Y en eso hay que darle crédito a las bendiciones del sistema restitutivo: ya la víctima no está sola. Antes, un funcionario le ‘mamaba gallo’ a un campesino. Y eso cuando el campesino podía ir a la institución. Ahora eso no pasa. Ahora hay un juez pendiente de que se cumplan las sentencias. Hay casos donde los jueces han impuesto sanciones”.
VA: Bueno, usted tiene razón: la labor de los jueces es sumamente importante en vigilar que las sentencias sí se cumplan. Pero con todo yello, hay incumplimientos de sentencias muy serios, casos como Chivolo y Urabá así lo demuestran…
RS: “Yo siempre que hago ese análisis pienso en un ‘antes y un después’. ¿Cómo estaba la zona antes? El caso Chivolo, por ejemplo. Yo conocí esa región antes y ¿qué había? Un abandono estatal impresionante. Allá el que mandaba y decidía era alias ‘Jorge 40’. Allá reinaba un olvido absurdo. Esa región existió para el país, desgraciadamente, por cuenta de este bandido. Llegó el proceso restitutivo. Entra el juez y ya empiezan a haber cosas. Entra la URT y ya hay proyecto productivo. Están teniendo dificultad con la vivienda que tiene que construir el Banco Agrario. Con las vías de acceso. Pero incluso, y en esto sí soy testigo de primer orden, cuando yo ingresé la primera vez a Chivolo no había ni vía, eso era impenetrable. Hoy ya puedo entrar. Todo esto gracias al proceso de restitución y reparación a esa comunidad. La última vez que estuve vi unas obras por parte del Departamento de Prosperidad Social. ¿Qué todo va cambiar de la noche a la mañana? Eso no es así, tenemos que ser conscientes de ello. ¿Qué nos faltan muchas cosas por hacer? Sí, es verdad. En otra política eso se hubiera quedado en un titular de prensa, pero hoy hay un juez pendiente de los campesinos. Antes no ocurría eso”. (Ver: Las dos caras de la restitución en Chibolo)
Restitución de tierras a futuro
VA: ¿Le preocupa la seguridad de los reclamantes de tierra en Colombia, a propósito del reciente asesinato de Porfirio Jaramillo en el Urabá antioqueño?
RS: “Como dije antes, en este tipo de análisis utilizo el ‘antes y el después’. Antes de que existiera esta política, estoy seguro que el número de campesinos asesinados por temas de tierra era muy alto, sólo que eso no se contaba, no se hacía visible. Esa historia llegaba a la familia, a los vecinos. Hoy, la Ley hace visible eso que era invisible y empiezan a recogerse las reclamaciones que nunca se habían recogido. Y claro, eso genera unas tensiones porque esta Ley pisa callos, toca estructuras noc santas en las regiones. Y eso genera amenazas y, en casos extremos, asesinatos. Ahora, hay que hacer un reconocimiento enorme al Estado porque la Fuerza Pública está acompañando este proceso. La Unidad Nacional de Protección tiene un programa dedicado a la protección de los reclamantes de tierra. Ocurren cosas, sí es cierto. Hay quejas, es cierto. Pero el esfuerzo es muy, muy grande”. (Ver:Violencia contra reclamantes de tierras, rueda suelta en Urabá)
VA: ¿Le inquieta que agroempresarios y de otros sectores económicos estén siendo vinculados a temas de despojo de tierras?
RS: “Nosotros no estamos en el proceso restitutivo teniendo una línea de si es ganadero, palmicultor, bananero, cafetero, platanero. No, nosotros miramos el proceso de victimización como tal”.
VA: Sin embargo, sectores agroempresariales han manifestados sus profundas reservas frente a la Ley, llegando incluso a afirmar que la URT emprendió una ‘cacería de brujas’ contra ellos….
RS: “Nosotros hemos hablado con sectores, como los bananeros por ejemplo. Ahora, esto no es una cacería de brujas, no es tema de una titular de periódico, de bloquear una vía y decir: ‘la Unidad me está atropellando’. No, esto es cuestión de contarle a un juez cómo adquirió un predio. Y si una persona adquirió de buena manera el proceso le va a reconocer eso. Pero si no actuó de debida manera, puede decir lo que quiera en el medio de comunicación que quiera, pero el expediente dirá otra cosa.
El señor Otto Bula, por ejemplo, decía meses atrás que el proceso de restitución atentaba contra la confianza inversionista en Montes de María. Ahora, lo que está develando la prensa es que ese señor era cercano al narcotráfico. Este no es tema de titulares de prensa, es un tema judicial. Yo soy de los que digo que cuando alguien grita mucho es porque tiene algo ahí atrás y es el primero que debemos mirar”.
VA: ¿Cree que aumentará el número de solicitudes de restitución una vez desaparezcan las Farc como grupo armado?
RS: “Van a aumentar, no tanto como se piensa, pero van a aumentar. Vamos a llegar a zonas donde antes no estábamos, pero también hay que ser conscientes que esas zonas no eran las más pobladas del país. Para poner un ejemplo: los Montes de María es la región del país que, quizás, más solicitudes de restitución tiene. Si yo comparo eso con las que voy a recibir de Caquetá, pues en Montes de María serán muchas más. Ahora, en Montes de María un campesino me reclama 10 hectáreas, en Caquetá reclaman mil hectáreas. Son zonas muy grandes, donde reclaman grandes extensiones, pero donde la población es menor”.
VA: A propósito de ello, ¿se están realizando nuevos procesos de microfocalización? ¿A qué territorios nuevos está ingresando la URT?
RS: “Sí. Sobre todo el sur del país. Estamos abriendo zonas en varios municipios del Caquetá, en el sur del Meta, en el Putumayo también estamos abriendo nuevas zonas. Estamos haciendo un despliegue grande”.
VA: Con los años de vigencia que le restan a la Ley, ¿siente que se alcanzarán a resolver todas las solicitudes?
RS: “El tramo administrativo creo que sí. Y si no nos alcanza no es porque nosotros no queramos sino por temas o variables que nosotros no controlamos. Un ejemplo: las minas antipersona. Si no me desminan yo no puedo restituir. O en temas de seguridad, porque una banda criminal no me deja actuar. Esas cosas nos pueden detener. Ahora, si eso marcha y yo tengo todo controlado, termino antes de que se acabe la vigencia de la Ley, claro, en lo que le compete a la Unidad, que es el trámite administrativo. Yo ya estoy cerca del 60 por ciento de cumplimiento en cuanto a trámite administrativo. Me queda un 40 por ciento por intervenir. Durante los primeros años de la Ley la producción no fue la misma que la que está teniendo ahora la Unidad. El primer año procesé dos mil solicitudes, el año pasado procesé 16 mil. Ya aprendimos. Ahora, la velocidad es mucho mayor”.
VA: Así las cosas, la pregunta entonces es para los jueces de restitución, ¿sí alcanzarán a resolver las solicitudes antes de que termine la vigencia de la Ley?
RS: “Esees el gran reto que tiene la Rama Judicial, de agilizar, de hacer más eficiente los trámites en el proceso judicial. Tenemos que hacer un enorme reconocimiento al Consejo Superior de la Judicatura y a los jueces en general, porque ellos están mirando cómo mejoran, ellos saben del compromiso y del reto histórico que tienen. Seguramente vamos a tener mejores resultados, pero,obviamente, desde el gobierno tenemos que ser conscientes de que es la Rama Judicial y ellos son independientes”.
VA: Ahora que la corrupción está en el centro de la agenda pública, ¿qué tan blindada se encuentra la Unidad de Restitución de Tierras frente a este flagelo?
RS: “Uno de los aprendizajes que dejó la Dirección Nacional de Estupefacientes fue: ‘ojalá eso nunca más vuelva a pasar. Nunca más un poco de bandidos administrando todos esos bienes’. Cuando se crea la Unidad, el presidente Juan Manuel Santos y el ministro de Agricultura para ese entonces, Juan Camilo Restrepo, dijeron: ‘esto se va hacer técnicamente’. Todos los funcionarios de la Unidad ingresan por concurso, los directores territoriales por sus méritos. Y así se ha venido haciendo. Hoy, cinco años después, la Entidad puede decir tranquilamente que su ejercicio ha sido muy transparente y su reconocimiento lo dan las víctimas, los reclamados, las instituciones que hacen seguimiento.
Ahora, eso no obsta para que tengamos algún inconveniente en alguna zona del país con alguien. No estamos blindados cien por ciento. Lo que sí puedo asegurar es que desde el gobierno estamos haciendo todo el trabajo para que no tengamos problemas de este tipo. Claro, no falta el reclamado que, cuando pierde, dice que fue por corrupción, pero en un proceso judicial donde alguien pierde y alguien gana, siempre se dirán cosas”.
VA: A propósito, ¿le afectan las críticas que desde sectores políticos le formulan a la URT, a la Ley?
RS: “La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras por su esencia, por cómo opera, naturalmente tiene que generar este tipo de reacciones. Si la política restitutiva no tocara ningún interés, tenga la plena seguridad que eso nunca llegaba por allá al Congreso, que en últimas, reúne los intereses de las regiones, de la sociedad. Un partido político defiende intereses y una forma de ver la sociedad. En esas expresiones lo que uno ve es el interés de un sector político porque esto no se aplique de la manera cómo se está aplicando porque ellos ven otro modelo de sociedad.
Para poner un ejemplo: el presidente Santos es del talante de llevar la justicia al campo, que el campesino acceda a la justicia, tenga su tierrita, su título y la pueda producir. Hay otros que dicen: ‘no, dejemos lo que ya pasó así. Ponga ese campesino a hacer fila en Familias en Acción y allí ya hay una riqueza acumulada, dejemos que el país avance sobre esa riqueza’. Hay dos modelos de ver el desarrollo. El presidente Santos es de los que dice que ‘esa fila en Familias en Acción está muy larga y no debe ser así. Allí hay muchos campesinos que tenían su tierra y merecen recuperarla’; mientras hay otros que piensan que ‘dejemos esa fila, aquí ya estamos muy bien trabajando y construyamos sobre eso’. Esa es la diferencia”.
