Los ataques no parecen tener fin. Con el asesinato de Porfirio Jaramillo, ocurrido el pasado 28 de enero, ya son 19 los solicitantes de predios rurales asesinados en esta región. Y el drama continúa sin que se adviertan acciones concretas por parte del Estado para evitarlo.
Porfirio Jaramillo, reclamante de tierras en Urabá, asesinado el pasado fin de semana. Foto: cortesía IPC.Todos sabían que a Porfirio Jaramillo algún día le podía ocurrir algo grave, como en efecto le pasó. La noche del pasado 28 de enero, hombres fuertemente armados ingresaron a su finca El Consuelo, ubicada en la vereda Buenos Aires del corregimiento Nuevo Oriente, de Turbo, llevándoselo a la fuerza. Su cuerpo sin vida fue encontrado horas después.
Amigos y vecinos de su vereda, que queda en límites con el Bajo Atrato chocoano, escenario actual de una compleja problemática social por cuenta de la tenencia de la tierra, presentían que algo así podría ocurrir. Varios de ellos también han padecido serias amenazas e intimidaciones contra sus vidas, las cuales se han intensificado desde mediados de 2014, año en que unas 700 familias campesinas, entre ellas la de Porfirio, decidieron ingresar a lo que consideran como propio, sin ningún acompañamiento y expuestos a todo riego.
Y riesgos es lo que han padecido. Desde diciembre de 2015, la Defensoría del Pueblo, Regional Urabá, ha venido advirtiendo sobre la delicada situación que se está incubando en los corregimientos Macondo, Blanquicet y Nuevo Oriente de Turbo luego que los campesinos decidieron ocupar por vías de hecho las fincas que reclaman ante los juzgados de restitución de tierras. De acuerdo con esa agencia del Ministerio Público, en este rincón del Urabá antioqueño se ha vuelto una constante el ingreso de hombres armados a pie, a caballo o en motos; el robo de ganado y el derribamiento de cercas, casas y establos; los atentados con armas blancas y de fuego; y las amenazas verbales, escritas y telefónicas a los líderes más visibles de los reclamantes, tal como le sucedió a Porfirio.
La disputa por la tierra en Macondo: realidad que trasciende la ficción
En misiva enviada el 9 de junio de 2016 a la dirección de Derechos del Ministerio del Interior; a la Dirección de la Unidad Nacional de Protección (UNP); al Comando del Departamento de Policía Urabá, entre otros, la Defensoría del Pueblo llamó la atención sobre varios hechos preocupantes de violencia ocurridos en veredas como Guacamayas, La Eugenia, Cuchillo Negro y Buenos Aires.
“La Defensoría del Pueblo tuvo conocimiento de una incursión armada ilegal en la comunidad de Guacamayas, perteneciente al Consejo Comunitario de La Larga-Tumaradó el 7 de junio de 2016. Siendo aproximadamente las 6:30 de la tarde, ingresaron seis hombres vestidos de civil con armas de fuego cortas y largas”, se lee en la carta. En ella se consigna que los sujetos, además de identificarse como miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), robaron ganado e intimidaron a varios campesinos.
Las advertencias de la Defensoría del Pueblo se repetirían dos meses después, esta vez en una carta enviada al Comando de Policía Urabá el 16 de agosto del año pasado: “Este despacho tuvo conocimiento de hechos de amenazas contra la vida, libertad e integridad del señor Porfirio Jaramillo Bogallo (…) de acuerdo con lo manifestado por el señor Porfirio, estas amenazas provendrían de actores ilegales y tendrían por objeto obligarlo a abandonar el predio El Consuelo”.
Un mes después, en septiembre, la Defensoría informó nuevamente a la dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, a la Unidad Nacional de Protección, al Departamento de Policía Urabá y a la Gobernación de Antioquia, entre otros, sobre una serie de hechos delicados ocurridos durante el primer semestre en esa extensa región del Urabá antioqueño, entre ellos, amenazas contra campesinos reclamantes, incursiones armadas y el desplazamiento forzado de varias familias, entre ellas la de Porfirio.
El 2016 terminó con nuevas misivas enviadas por la agencia del Ministerio Público a diversas autoridades del orden nacional y departamental dando cuenta de la delicada situación de orden público en Macondo, Nuevo Oriente y Blanquicet. Y pese a que todos sabían lo que podría ocurrirle a Porfirio, hombres armados le quitaron la vida la madrugada del 29 de enero, aumentando de paso la zozobra que reina entre los campesinos reclamantes, quienes se sienten abandonados a su suerte.
“Él le contó a todo mundo lo que le había pasado: a la Policía, a la Fiscalía, a la Unidad Nacional de Protección y nadie hizo nada. No pasó nada. Lo que pasó fue que llegaron unos hombres diciendo que eran del Batallón (del Ejército) y lo sacaron de su casa y lo mataron”, expresa Carlos Páez, campesino reclamante del Urabá antioqueño y miembro de la organización Tierra y Vida, que agrupa a víctimas de despojo de tierra en el Urabá antioqueño.
Problema que crece
Marcha de reclamantes de tierras en febrero de 2012. Foto: archivo Semana.No es la primera vez que desde las profundidades de Macondo, Blanquicet y Nuevo Oriente llegan noticias estremecedoras. Días antes de la muerte de Porfirio, Darío*, un campesino reclamante de esta región, denunció en la ciudad de Medellín fuertes amenazas en su contra que lo obligaron a abandonar su finca. Esta denuncia se suma a una larga lista de hechos luctuosos que suceden en esas inmensas sabanas bajo total manto de impunidad.
Las intimidaciones, según el labriego, provienen de terratenientes y ganaderos que actualmente poseen grandes extensiones de tierra. Y es que la historia de este reclamante es similar a la de otras 700 familias que hoy habitan estos corregimientos de Turbo. Finalizando los años noventa, Darío abandonó la región por cuenta de los fuertes combates librados entre el Frente Arlex Hurtado de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y la guerrilla de las Farc.
Allí, la balanza de la guerra terminó inclinándose a favor de los ‘paras’. Lo que sucedió después cada vez es más claro gracias a la acción de la justicia: terratenientes y ganaderos aprovecharon las circunstancias para hacerse a grandes extensiones de tierras, en muchas ocasiones, en colaboración de paramilitares. Cientos de campesinos desplazados fueron contactados tiempo después por comisionistas y compradores de tierras en los pueblos donde se refugiaban de los tentáculos paramilitares.
“Palmicultores se asociaron para delinquir”: Juez
En el caso de Darío, un jefe paramilitar de la zona aprovechólos años de abandono de su predio para ubicar allí a un grupo de familiares. Con la implementación de la Ley 1448, el labriego vio en ella la herramienta jurídica que le permitiría recuperar, por vías legales, el terruño que le fue usurpado. Pero en Urabá, recuperar las tierras despojadas por ganaderos y terratenientes apoyados por paramilitares no es precisamente un trámite expedito.
Cansado de esperar resultados por las vías legales, en 2014 Darío y unos 600 campesinos más decidieron retornar por su propia cuenta y riesgo, y ocupar las fincas que reclaman ante la justicia. “En la finca de Darío estaba viviendo el papá del jefe paramilitar y al señor lo sacaron”, relata Carlos Páez, quien agrega que “en Macondo, Blanquicet y Nuevo Oriente hay por lo menos 700 familias retornadas y todas están amenazadas, porque cuando no es por un lado es por el otro”.
Al respecto, las estadísticas de diversas entidades no ofrecen un panorama muy halagüeño sobre lo que pasa allí. Según la Defensoría del Pueblo Regional Urabá, el año anterior debieron abandonar la región unas siete familias por cuenta de amenazas contra sus vidas. De acuerdo con la Fundación Forjando Futuros, organización no gubernamental que acompaña y asesora jurídicamente a reclamantes de tierra en todo el país, con el de homicidio de Porfirio ya son 19 los campesinos asesinados en el Urabá antioqueño y 73 en todo el país desde el 2008.
Pero más allá de las estadísticas, lo que les duele a los campesinos de este rincón del Urabá antioqueño es que sus denuncias están quedando en letra muerta. Durante 2016 la Defensoría del Pueblo Regional Urabá emitió 19 oficios dirigidos al Ministerio del Interior, la Fiscalía, el Comando de Policía Urabá, la Unidad Nacional de Protección, la Gobernación de Antioquia y las alcaldías de la región alertando sobre la grave situación que deben enfrentar las comunidades campesinas por cuenta de su lucha por la tenencia de la tierra.
¿Pobre respuesta institucional?
La región de Urabá ha sido una de las más golpeadas por el conflicto armado. Foto: archivo Semana.“Si hay Departamento de Policía que esté acompañando hoy a los reclamantes de tierra en el país es éste: el comando de Policía de Urabá”, aclara el coronel Luis Eduardo Soler, comandante de este distrito policial, cuestionado por los campesinos reclamantes de la región a raíz de los últimos acontecimientos.
Y es que según el coronel Soler, si bien sus hombres están altamente comprometidos con brindar seguridad y protección a las comunidades hoy asentadas en Macondo, Nuevo Oriente y Blanquicet, existen factores especiales que hacen que esta labor sea una de las más complejas que deba adelantar su departamento policial. Uno de ellos, la difícil topografía de la región.
“Son 110 mil hectáreas que componen ese territorio y unas 550 familias aproximadamente viviendo en esa inmensidad, ¿cómo le podemos prestar un servicio efectivo a esas familias que viven en esa región tan amplia donde tampoco hay vías de acceso? Para nosotros es imposible ponerle un policía acada familia. Pero con todo y eso seguimos ahí, patrullando permanentemente y las comunidades lo pueden aseverar”, explica el alto oficial.
Y agrega: “también resulta muy difícil instalar un puesto de Policía permanente en Macondo. Primero porque es un consejo comunitario y segundo porque, así hubiera el terreno, para construirlo debe ingresar a un banco de proyectos y debe haber una orden de una autoridad municipal, departamental y regional”.
Otro factor que también dificulta la labor de las autoridades de Policía lo constituye, a juicio del Coronel de la Policía, la expedición de órdenes judiciales simultáneas que, hoy por hoy, parecen contradecirse: “hay como tres o cuatro leyes que también están en disputa allí. Hay varias instituciones que han dado varias órdenes y estas están chocando entre sí. Entonces, nosotros como autoridad no sabemos quién debe salir, quién debe entregar. Pero nosotros no dirimimos. Nuestra labor es brindar seguridad y seguimos en ello”.
VerdadAbierta.com también dialogó con Diego Fernando Mora, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), otra de las entidades duramente cuestionadas por los reclamantes de tierra en estos momentos por cuenta del asesinato de Porfirio Jaramillo. De acuerdo con Mora, el 2 de agosto de 2016 la entidad a su cargo recibió solicitud de protección para el campesino reclamante.
“Él se traslada a la localidad de Planeta Rica (Córdoba) luego de recibir las amenazas en Urabá. En este caso no se le asignó esquema de emergencia porque él manifestó que se iba trasladar a una región donde no corría riesgos. Sin embargo, se ordenan medidas preventivas y estas fueron rechazadas por él porque, decía, le aumentan sus niveles de riesgo”, explica Mora.
“Sin embargo, estando don Porfirio en Planeta Rica –continúa el director de la UNP- se le realiza la entrevista y el estudio de riesgo. Él manifiesta que las amenazas están en Turbo (Urabá antioqueño) y no allá, donde estaba viviendo. Nosotros le recomendamos que nos avisara cualquier cambio de domicilio. Pero desafortunadamente no nos avisó. Él viajó de Planeta Rica a Nuevo Oriente y nosotros no estábamos enterados. Él llevaba ya nueve días allá y no lo sabíamos”.
A juicio del funcionario, si bien el asesinato de Porfirio se trata de un hecho lamentable, su entidad viene cumpliendo cabalmente con su misión y prueba de ello son los 15 líderes campesinos reclamantes de tierra que habitan los corregimientos de Macondo, Blanquicet y Nuevo Oriente que cuentan con esquemas de protección por parte de la UNP.
Horas después de conocerse el asesinato de Porfirio Jaramillo, el presidente Juan Manuel Santos, a través de su cuenta de Twitter, le pidió a la Fiscalía General de la Nación y la Policía que se investigue el caso y se castigue a los culpables. Entre tanto, la Unidad de Restitución de Tierras difundió un comunicado en el que condenó el homicidio del reclamante de tierras y se unió en la petición del mandatario: “que se investigue y judicialice a los responsables materiales e intelectuales de estos hechos”.
Por otro lado, el consejo comunitario de La Larga y Tumaradó (Cocolatu), la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato (Ascoba) y el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), repudieron este hecho y en un comunicado conjunto señalaron que “que el asesinato del líder Porfirio Jaramillo no es un caso aislado, y que los hechos de violencia contra líderes y lideresas reclamantes de tierras constituyen una estrategia sistemática por parte de actores poderosos interesados en obstaculizar el proceso de restitución de derechos territoriales de Cocolatu”. (Vea el documento aquí)
Pese a las voces de condena de diversa índole, los campesinos reclamantes en el Urabá antioqueño sienten que la violencia en su contra es una rueda suelta que nadie parece controlar.
* Nombre cambiado por cuestiones de seguridad
