En los 12 años que siguieron a la masacre de Chengue, los esfuerzos de valerosos fiscales e investigadores colombianos para llevar a los responsables ante la justicia han sido contrarrestados por otros intentos de bloquear las investigaciones y preservar la impunidad de los implicados, es decir: los paramilitares, miembros de las fuerzas armadas, y los líderes políticos y económicos de Sucre.
Foto: archivo Semana.La cronología a continuación expone tanto los esfuerzos para enjuiciar a los responsables de la masacre y del asesinato de los investigadores judiciales, como los intentos realizados por otras autoridades colombianas para bloquearlos.
El 5 de junio de 2001, el fiscal general Alfonso Gómez Méndez inició un proceso penal contra el contralmirante Rodrigo Quiñonez Cárdenas, comandante de la Primera Brigada de infantería de la Armada, y otros nueve oficiales de la unidad de contraguerrilla de la Brigada, “por facilitar la masacre por parte de las fuerzas paramilitares, de veintisiete personas en el pueblo de Chengue al no intentar protegerlos”.
El 1 de julio de 2001, la Procuraduría inició un proceso paralelo disciplinario contra el contralmirante y varios miembros de la infantería de marina por “dejar de perseguir al enemigo cuando pudieron hacerlo”. Dos suboficiales ─el sargento Bossa y otro─fueron acusados de tomar parte, “lo que permitió o facilitó acciones en contra de la seguridad de las fuerzas de seguridad y otras instituciones del Estado”..
En diciembre de 2001, el Ministerio de Defensa nombró al contralmirante Quiñonez en el cargo de vice rector de la Escuela Superior de Guerra –la institución de formación militar más prestigiosa de Colombia.
En marzo de 2002, Quiñonez fue nombrado agregado militar en Israel.
En octubre de 2002, Quiñonez fue condecorado con la Orden de Boyacá, una de las más altas distinciones de Colombia.
Pero el 25 de noviembre 2002, la embajada de Estados Unidos revocó la visa del contralmirante, dando como motivo el tráfico de droga. Un cable desclasificado del 27 de noviembre de 2012, y titulado “Drogas y masacres”, de la entonces embajadora de Estados Unidos en Colombia Anne Patterson, informa que “Quiñonez renunció ‘voluntariamente’”. Patterson escribió: “La ministra de defensa, Marta Lucía Ramírez, le dijo a la prensa que el gobierno tenía que asegurarles a los colombianos que los miembros de las fuerzas armadas estaban ‘exentos de toda mácula’”. Patterson también anotó que“además de sus vínculos con el narcotráfico, Quiñonez también había sido acusado de tener vínculos con grupos paramilitares y de complicidad en violaciones graves de derechos humanos”.
El breve cable de la embajadora Patterson da la impresión de que la Embajada de Estados Unidos sabía del pasado turbio de Quiñonez en “drogas y masacres” mucho antes de que sucediera la masacre de Chengue. Cuando la embajadora hablaba de “numerosas investigaciones oficiales de presuntas violaciones graves de derechos humanos y de colaboración con los paramilitares”, seguramentese refería a las investigaciones que hicieron la Fiscalía y la Procuraduría por el medio centenar de homicidios –la mayoría de ellos activistas políticos, sindicalistas, defensores de derechos humanos o miembros del partido Unión Patriótica – ocurridos en Barrancabermeja a comienzos de los años 90, que según tres testigos y muchas pruebas recogidas por estas entidades, fueron cometidos por una red de inteligencia de la Armada, en el tiempo en que Quiñonez era coronel y dirigía la inteligencia de esta fuerza. [1]En 1994, Quiñonez y siete militares bajo sus órdenes habían sido acusados por la Fiscalía general de la Nación de “conspirar para formar grupos armados o colaborar con ellos”. Sin embargo, cuando el testigo principal de la Fiscalía fue asesinado en una cárcel de alta seguridad, el caso fue transferido a un tribunal militar, y Quiñonez fue exonerado.
El 12 de diciembre de 2003, el procurador general de la Nación, Edgardo Maya, concluyó el proceso disciplinario contra Quiñonez y acusó al contralmirante, a dos coroneles, un mayor y dos sargentos de la Primera Brigada de Infantería de Marina de fallar en el cumplimiento de su deber de proteger a la población civil, a pesar de las advertencias de los habitantes de Chengue de un ataque paramilitar inminente, y a pesar de la información por parte de la Policía, la noche del ataque, sobre la presencia de paramilitares que se dirigían por la carretera hacia Chengue. El Procurador consideró que, desde el momento en que el Contralmirante recibió el aviso de la Policía, a las 11:45 p.m. el 16 de enero, hasta el momento en que comenzó la masacre, a las 4:45 a.m. el 17 de enero, hubo tiempo suficiente para que sus tropas ubicadas cerca de Chengue y los pueblos vecinos actuasen para evitar la tragedia. El Procurador destituyó a Quiñonez de las fuerzas armadas, lo inhabilitó cinco años para el servicio público y le negó los privilegios de asistir a toda función social, o visitar cualquier club, complejo turístico u hotel de propiedad de las fuerzas armadas.
No obstante, el 28 de diciembre de 2004, cuando Luis Camilo Osorio era Fiscal General, la Unidad de Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia precluyó el caso número 5677 (el mismo que llevaba Mónica Gaitán contra los comandantes de la Armada encargados de los campamentos ubicados cerca de Chengue). Esta Unidad también pidió precluir la investigación de Mónica contra el contralmirante Rodrigo Quiñonez por presunto prevaricato por omisión ante la masacre.
La decisión de preclusión fue confirmada por el vicefiscal general Luis Alberto Santana Robayo, el 4 de mayo de 2005, con carácter inapelable. Es decir, la Fiscalía no acusó a Quiñonez ante la Corte. El general le dijo al programa Los Informantes de Caracol Televisión que “por ser general me investigó la Corte Suprema de Justicia. Fue una investigación detallada, profesional y el alto tribunal concluyó que no había mérito para continuarla”. (Ver entrevista completa aquí). En realidad, nunca el caso Chengue contra el contralmirante llegó a ser conocido por la Corte Suprema de Justicia, en efecto, la única corte que puede juzgar penalmente a un general colombiano, porque como la Fiscalía no lo acusó, la Corte no lo investigó.
El 7 de noviembre de 2005, el colectivo de abogados José Alvear Restrepo (Cajar), actuando como apoderado de las víctimas de la masacre, presentó una petición sobre el caso Chengue ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lo admitió. Para mayo de 2014, el sumario estaba en trámite en esa instancia. El Cajar aspira a presentar el alegato de fondo este mismo año.
Entretanto, en Sucre, entre 2001 y 2004, a medida que los paramilitares avanzaban despejando y ocupando tierras para sus partidarios políticos y de negocios, Cadena y sus Héroes de los Montes de María realizaron por lo menos 15 masacres en esa región entre los departamentos de Sucre y de Bolívar y desplazaron mediante el terror a miles de familias campesinas. Durante esos años, el número de asesinatos selectivos y desapariciones aumentó ferozmente.[2]
Luego, en 2005-2006, ocurrió un cambio extraordinario: investigaciones realizadas para la sala penal de la Corte Suprema de Justicia por un grupo pequeño de fiscales e investigadores dirigidos por el magistrado auxiliar Iván Velásquez Gómez,logró penetrar hasta donde nadie había podido llegar en la mafia política de Sucre. El equipo del magistrado Velásquez estableció los vínculos criminales de la parapolítica, que controlaba y dirigía la política y la economía de Sucre en complicidad con las actividades criminales de los paramilitares de Cadena y otros comandantes de las Auc.[3]
Facilitó la investigación de este equipo de Velásquez el hecho de que un nuevo comandante de Infantería de Marina, el coronel Rafael Colón, había llegado a la región y había comenzado a perseguir decididamente a los paramilitares hasta que rodeó a Cadena con sus tropas y éste se refugió en Santafe de Ralito a donde se llevaban a cabo las negociaciones entre el gobierno Uribe y las Auc. Luego, Cadena, desapareció y se presume muerto. Sin el temible paramilitar encima y con una fuerza pública que les daba más confianza, testigos y víctimas de lo ocurrido se sintieron más libres para hablarles a los investigadores judiciales.
Entre 2006 y 2007 tres antiguos gobernadores, tres senadores activos, representantes actuales y antiguos, alcaldes y concejales —para un total de 34 miembros de la política regional de Sucre— fueron a la cárcel por colaborar con los paramilitares.
Cuando los ciudadanos del común comprendieron que algo parecido a la justicia regresaba a sus vidas y a sus calles, el terror que había controlado sus destinos disminuyó. Los jueces en los tribunales locales comenzaron a hacer su trabajo y las cortes de Sincelejo empezaron a enfrentar el cúmulo de demandas presentadas muchos años antes.
En febrero de 2007, Uber Enrique Bánquez Martínez, alias Juancho Dique, número dos en la jerarquía de Héroes de Montes de María, fue sentenciado por un tribunal penal de Sincelejo a 23 años y ocho meses de prisión por el asesinato de 28 campesinos en Chengue.
En julio de 2008, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Sincelejo, de Sincelejo dictaminó que las demandantes víctimas de la masacre de Chengue tenían derecho a una indemnización por parte del Estado, por el Ministerio de Defensa y por la Policía, debido a la incapacidad de las fuerzas de seguridad pública para protegerlos.
En mayo de 2009, un antiguo miembro de Héroes de Montes de María, Yairsiño Meza Mercado, alias El Gato, confesó ante un fiscal de la Unidad de Justicia y Paz que él había sido uno de los sicarios que mataron a Yolanda Paternina dijo que un funcionario de la Fiscalía y un miembro del DAS locales estuvieron involucrados.[4] (Ver: “Yolanda Paternina, un crimen cuidadosamente planeado”).
El 19 de octubre de 2009, el mismo Juzgado Cuarto Administrativo de Sincelejo
ordenó al Estado colombiano pagar 2.500 millones de pesos a 195 familiares de las víctimas de Chengue. Consideró que la Policía y la Infantería de Marina no habían protegido a los habitantes de Chengue aunque habían sido advertidas de las amenazas de los paramilitares de que se estaban preparando para cometer una masacre. También encontró que ciertos miembros de la infantería de marina colaboraron con los paramilitares, “permitiéndoles entrar y salir del pueblo libremente”, y ordenó al Estado crear un monumento en Chengue dedicado a la memoria de los muertos.
En diciembre de 2009, la Corte Suprema de Justicia condenó al ex gobernador de Sucre, Salvador Arana, a 40 años de cárcel por otro caso: el asesinato en 2003 de Eudaldo Díaz, alcalde de El Roble, un municipio de Sucre.
La familia de Yolanda Paternina también demandó indemnización de la Fiscalía General de la Nación. En 2010, el Tribunal Administrativo de Sucre ordenó al gobierno indemnizar a la familia por no haberle proporcionado protección adecuada a Paternina.
El 13 de septiembre de 2011, el Tribunal Administrativo de Sucre confirmó el fallo de Juzgado Cuarto Administrativo de Sincelejo de octubre de 2009, pero subió el monto de la reparación y ordenó al Estado pagar 3.500 millones de pesos en reparación por la masacre de 27 personas en Chengue. El Tribunal también ordenó al Estado investigar al entonces comandante militar de la región, el contralmirante Rodrigo Quiñonez y a varios de sus oficiales.
El 21 de septiembre de 2012, el Consejo de Estado dio a conocer el fallo que dejaba en firme la destitución por parte de la Procuraduría del contralmirante Rodrigo Quiñonez,al encontrarlo responsable de omisión, por no ordenar a sus subalternos atacar a las Auc cuando perpetraron la masacre de Chengue el 17 de enero de 2001. En la decisión, la Sección Segunda de este mismo tribunal rechazó la pretensión de Quiñonez para que lo restituyeran en el cargo y le revocaran la inhabilidad para ejercer cargos públicos. El Consejo también negó las exigencias restaurativas del contralmirante por 1.620 millones de pesos.
En octubre de 2013, la Corte Suprema ordenó por segunda vez (la primera fue en 2007) a la Comisión de Acusaciones del Congreso de la República investigar la presunta complicidad del ex fiscal general Luis Camilo Osorio en el proyecto paramilitar de las Auc. (Ver Ex fiscal Luis Camilo Osorio de nuevo bajo la lupa)
En ese momento el ex fiscal hizo público un comunicado donde rechaza cualquier nexo o conversación con fuerzas ilegales. “Bajo ninguna circunstancia toleré o propicié actividades al margen de la ley; por el contrario, perseguí con severidad y eficacia, en mi condición de Fiscal General de la Nación, todas las formas de criminalidad.” (Ver Documento completo).
En mayo de 2014 había 44 investigaciones iniciadas por diversas denuncias que señalan al ex fiscal general de utilizar su cargo para ayudar y proteger a miembros de las Auc y a sus partidarios. En mayo de 2014, la Comisión no había tomado ninguna decisión para confirmar o desechar estas denuncias.
Hasta mayo de 2014, de los 50 paramilitares que participaron en la masacre de Chengue, solo ocho miembros de las Auc habían sido investigados; solo tres habían sido condenados; uno de ellos (Elkin Valdiris) se había entregado voluntariamente.
En mayo de 2014, el contralmirante (r) Rodrigo Quiñonez Cárdenas es vicepresidente y vocero oficial de Acore, institución políticamente poderosa de los oficiales retirados de las fuerzas armadas de Colombia. A la vez, es consultor del Ministerio de Defensa en la nueva regulación sobre el fuero militar, que se discute desde que comenzó la negociación del gobierno de Juan Manuel Santos con las Farc para parar la guerra.
*El original de este texto fue escrito en inglés y fue traducido por Clorinda Zea y revisado por Constanza Vieira.
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[1]Dos de los integrantes de esta Red de Inteligencia, Saulo Segura y Carlos Alberto Vergara, se presentaron a la justicia y dieron detallados testimonios de cómo funcionaba esta red e incriminaron directamente al entonces coronel Quiñonez, director de Inteligencia de la Armada. Un informante de la Red, Carlos Daniel López, corroboró sus denuncias. Los testigos se retractaron luego, pero la Fiscalía y la Procuraduría dieron mayor credibilidad a sus primeros recuentos, pues los pudieron verificar con muchos otros hechos y documentos. Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos, fallo de primera instancia del 30 de septiembre de 1998, por el que fue sancionado “con reprensión severa” Quiñonez. En su defensa Quiñonez alegó que : “en atención a la estructura escalonada y compartimentada de la Red de Inteligencia de la Armada, no existía mando operacional de parte del Coronel Quiñonez respecto del personal de las redes, y que éstas funcionaban en forma autónoma, y que por lo mismo nunca hubo contacto con los testigos Segura y Vergara. Después Segura fue asesinado en la cárcel, el caso de la Fiscalía se cayó, y el proceso pasó a la justicia penal militar en el que Quiñonez resultó absuelto. [2] Entre 2006 y 2007, un equipo del CTI descubrió y exhumó 42 fosas anónimas en San Onofre, municipio costero de 46 mil habitantes en donde se instaló Cadena,y donde los pobladores lo responsabilizan por 3.000 muertos o desaparecidos. Para julio de 2008, la fiscalía informó que solamente en la finca El Palmar sumaban ya 65 fosas con restos de 72 desaparecidos. (VerdadAbierta.com). [3]Para entender hasta dónde llegaron la corrupción y la violencia en el departamento de Sucre, ver las declaraciones de Salvatore Mancuso en Así nos tomamos Sucre, revista Semana, 25 julio 2011, y en VerdadAbierta.com. [4] Sin embargo, la muerte de Yolanda Paternina sigue en la impunidad. Ninguno de los autores intelectuales de su muerte ha sido vinculado a su proceso. También siguen en la impunidad las muertes de otros tres miembros de la fiscalía asesinados en Sincelejo, todos investigadores de la policía judicial (CTI): Fabio Luis Coley y Jorge Luis de La Rosa, venidos de Bogotá en mayo de 2001, y Oswaldo Borja Martínez, residente de Sincelejo, quien heredó el trabajo de Yolanda Paternina después de su muerte y fue asesinado frente a su casa cinco meses después, en febrero de 2002.
