En decenas de bienes inmuebles rurales que entregaron exparamilitares persisten los problemas de seguridad, los invasores se niegan a salir y más de cien personas reclaman que esos predios les fueron despojados. Además, los parapolíticos se niegan a pagar la parte que les corresponde de la reparación. VerdadAbierta.com habló de estos temas con Juan Camilo Morales, coordinador del Fondo de Reparación a las Víctimas.
Juan Camilo Morales (en el centro) durante labores de reconocimiento de propiedades. Foto CortesíaAunque la ley plantea que los victimarios, no solo exparamilitares y guerrilleros, sino también los políticos que se aliaron con grupos ilegales, deben comprometerse a reparar a las víctimas, hasta ahora solo el 6.8 por ciento de los más de 54 mil millones de pesos que se han pagado a las víctimas de Justicia y Paz provienen de sus recursos.
Los cerca de 2.500 desmovilizados que fueron postulados a los beneficios de la Ley 975 de 2005 solo han entregado 900 bienes, que van desde grandes fincas de los exjefes paramilitares hasta ropa y zapatos. A los 67 parapolíticos sentenciados, la Corte Suprema de Justicia les impuso multas entre los mil y seis mil millones de pesos pero solo uno, Hugo Aguilar, ha pagado un millón de pesos.
Pero los problemas de no se reducen a la escasez de bienes entregados por los paramilitares y la renuencia de los políticos a pagar. Por lo menos 109 predios entregados al Fondo de Reparación han sido pedidos en restitución ante la Unidad de Tierras, es decir, que un tercero alega que los grupos armados lo despojaron de su tierra o lo obligaron abandonarla, tal como ha sucedido, por ejemplo, con los predios que entregó Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’. A 44 de los 109 reclamantes los jueces ya les han dado la razón y los demás están ala espera de una respuesta.
La administración de esos bienes tampoco ha estado exenta de polémicas. Ante los magistrados de Justicia y Paz, defensores de exparamilitares y apoderados de las víctimas han denunciado en varias oportunidades que desde que los bienes pasaron a manos del Estado se deterioraron y perdieron su valor. (Ver: Bienes entregados por los paras escasos y mal manejados)
Buena parte de los bienes estuvieron en manos de la extinta Acción Social entre 2005 y 2009, luego pasaron a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), adscrita al Ministerio de Hacienda. Esta entidad de economía mixta se creó para sanear los problemas de corrupción de la Dirección Nacional de Estupefacientes y, de paso, administrar las propiedades que entregaron los exparamilitares, pero lo cierto es que entre 2009 y 2011, periodo en el que esa agencia administró los bienes, se presentaron las principales irregularidades, sin que hasta el momento se haya determinado su responsabilidad.
Luego de la expedición de la Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas, la administración de los bienes pasó a la Unidad de Víctimas y para ello se creó el Fondo de Reparación. Los nuevos administradores encontraron fincas desmanteladas, cultivos de palma hurtados, invasores en los predios, 35 bienes que perdieron su vocación reparadora a manos de la SAE y cuatro ventas que tuvieron que reversar por órdenes de los magistrados de Justicia y Paz.
Otro aspecto es el de la vulnerabilidad de funcionarios y arrendatarios. Por primera vez una funcionaria del Fondo de Reparación fue amenazada, en Valencia, Córdoba, a través de una llamada en la que le dijeron: “la próxima vez que los vea en el área no respondo, de la Fiscalía nos encargamos después”.
Esta amenaza ocurrió un día después de que asesinaran en esa población a Luis Castellanos Salcedo, uno de los arrendatarios de la finca Las Tangas, en Córdoba, quien colaboraba con las entidades en la ubicación de los bienes. Este hombre había ganado hace poco una subasta para arrendar otro bien en ese municipio, ofrecido porJesús Ignacio Roldán Pérez, alias ‘Monoleche’ y que estaba en manos de Luis Gómez, suegro del exjefe paramilitar Carlos Castaño.
El caso de Castellanos no es el único, hace tres meses asesinaron a Osvaldo Chica quien estaba ocupando un bien en Jericó, Antioquia, y amenazaron a su esposa para que se desplazara. La Fiscalía está investigando si estos asesinatos tienen una relación directa con los predios.
VerdadAbierta habló con el coordinador del Fondo de Reparación a las Víctimas, Juan Camilo Morales, sobre estos asuntos. A continuación, apartes de la conversación.
Verdad Abierta (VA): Desde que se expidió la Ley de Víctimas, la administración de los bienes de exparamilitares y guerrilleros que están postulados a la Ley de Justicia y Paz pasó a manos de la Unidad de Víctimas. ¿Cuál es el balance que hacen ustedes de estos dos años de trabajo?
Juan Camilo Morales (JCM): Cuando llegamos, muchos de los bienes tenían problemas. Lo primero que buscamos fue sanearlos y estabilizar su situación. El primer resultado que vimos fue el aumento de los ingresos que pasó de 600 a cerca de 2.500 millones. Ahora tenemos más de 200 contratos de arrendamiento y se han iniciado acciones jurídicas en todos los predios que están ocupados ilegalmente.
También aumentó el número de bienes, pasamos de 299 a 900 en estos años. Hasta la fecha la Unidad de Víctimas ha invertido más de 54.300 millones de pesos en la reparación de las víctimas de Justicia y Paz, de esos 3 mil millones provienen de recursos de los postulados, es decir un 6.8% de las reparaciones.
VA: Además de lo que entregaron los postuladosy los recursos del Estado, ¿hay más fondos para financiar la reparación de las víctimas de Justicia y Paz?
JCM: Sí, cada vez que hay una condena en la justicia ordinaria por concierto para delinquir se impone una multa y ese dinero es una de nuestras fuentes de financiación, esa multa se la imponen, por ejemplo, a los parapolíticos y a los patrulleros de la guerrilla, de los paramilitares y miembros de las bandas criminales.
El valor total de la multa es de más de 1 billón de pesos, pero solo nos han pagado cinco millones de pesos. La mayoría de esos pagos los han hecho los patrulleros y no los parapolíticos, de ellos solo hemos recibido un pago de Hugo Aguilar que llegó a un acuerdo y ha pagado un millón de pesos. Con los parapolíticos no tenemos las mismas herramientas de persecución de bienes que existen con los postulados de Justicia y Paz.
También hay donaciones, que puede hacer cualquier ciudadano en los puntos Efecty, Bancolombia y en el Banco de Bogotá.
VA: ¿Y en estos dos años se ha vendido alguno de estos bienes para reparar a las víctimas?
JCM: No, la Unidad de Víctimas aún no ha vendido ningún bien. La idea es iniciar las primeras subastas este año, a finales de septiembre u octubre. Hemos identificado más de 90 bienes muebles e inmuebles que podrían venderse. Algunas requieren tratamiento especial, como las dos redes eléctricas que entregaron los postulados. En estos dos años hemos tenido conocimiento de los mercados locales, lo que nos podría facilitar las ventas.
VA: Estos predios que han entregado los postulados están en diversas regiones del país. ¿Hay algunos lugares donde hayan tenido problemas de seguridad?
JCM: El caso más grave es en Valencia, Córdoba. Hace dos meses fue asesinado Luis Castellanos Salcedo, arrendatario de varios de nuestros bienes, entre ellos una parte de Las Tangas y acababa de ganar el contrato para arrendar un finca que fue de los hermanos Castaño y que estaba ocupada por el suegro de Carlos Castaño. Al día siguiente del asesinato, una funcionaria del Fondo que conocía del caso recibió una amenaza telefónica, es la primera vez que uno de los nuestros es amenazado. En unas fincas entregadas por Salvatore Mancuso en la zona también hay indicios de presencia de bandas criminales.
En algunos municipios del Bajo Cauca antioqueño, como Tarazá y el corregimiento Piamonte, de Cáceres, no ha sido fácil administrar los bienes porque hay presencia de grupos armados. Aunque no hemos tenido dificultades, las autoridades en Mapiripán, Meta, también nos han comentado la presencia de bandas criminales cerca al predio que administramos.
VA: Algunas víctimas han denunciado que fueron despojadas de los bienes que los exparamilitares entregaron para reparar a las víctimas. ¿Cuántos de estos bienes están pedidos en restitución y qué se está haciendo en estos casos?
JCM: Hay 109 solicitudes de restitución, la mayoría sobre bienes rurales. Solo en tres casos se trata de bienes urbanos. En 44 de estos casos los jueces han determinado que las víctimas sí fueron despojadas y han sentenciado que se les regrese el bien.
Hay bloques paramilitares en los que esto es más frecuente, por ejemplo el bloque Norte. Todos los bienes que entregó Rodrigo Tovar, alias ‘Jorge 40’, tienen reclamación de restitución, igual que los que entregó Salvatore Mancuso en el Guamo, Bolívar.
Estas reclamaciones limitan las posibilidades del Fondo porque estos bienes no pueden venderse y es mejor no hacer grandes inversiones para empezar proyectos productivos en ellos. Además, en algunos de estos casos los reclamantes han decidido ingresar a los predios e, independiente de que sean reclamantes, hasta que no haya una decisión de un juez, están invadiendo ilegalmente y por eso hemos tenido que instaurar denuncias contra algunos de estos ocupantes.
Un claro ejemplo es lo que sucede en el sur de Bolívar con el predio Corpoagrosur, donde dos reclamantes han invadido las tierras, hurtaron palma de aceite y vendieron el fruto a extractoras de la zona. Nosotros intentamos hablar con ellos y persuadirlos para que salgan, pero estas personas dicen que están cansados de hacer tantos trámites sin obtener el retorno de sus tierras. Ese caso estaba en manos de la Unidad de Tierras y ahora está otra vez en Justicia y Paz. Esos cambios inquietan a los reclamantes. Es un tema muy sensible y lo que se requiere es una respuesta contundente de la Justicia. (Ver: Enredo de palmas en el Sur de Bolívar)
VA: Aparte de estas ocupaciones de reclamantes de tierras también hay casos de otras personas, incluso testaferros, que están ocupando y explotando los bienes. ¿Quiénes son estos ocupantes y qué está haciendo el Fondo en estos casos?
JCM: Ya hemos puesto más de 60 demandas contra estas personas que no han querido salir de los predios. Hay varios tipos de ocupantes: algunos son familias que llevan muchos años en los predios; otros son personas que arrendaron estos bienes cuando estuvieron en manos de la Dirección Nacional de Estupefacientes y que se han negado a desocupar los predios y también a pagar. Cuando hay testaferros del grupo armado a la gente le da temor, por ejemplo, hacer una propuesta en la subastas de arrendamiento.
Uno de los problemas es que, en algunos casos, cuando la Fiscalía nos entrega los bienes ya están ocupados y nosotros no tenemos facultades de Policía administrativa para ordenar desalojos.
VA: ¿Qué está haciendo el Fondo de Reparación en casos como en Córdoba y Risaralda, donde fueron ocupados y están siendo explotados por desmovilizados de las Auc? (Ver: Los enredos de los bienes que entregó Mancuso y En líos bienes para reparar a las víctimas de Nariño)
JCM: En el caso de Balboa, Risaralda, donde viven cerca de 26 familias de desmovilizados del Bloque Central Bolívar, hemos hablado con la familias, pero ellos han dicho que no van a abandonar los predios; entonces hablamos con la autoridades locales y con el Incoder para que nos compren esos bienes y se los titulen a estas personas. Creemos que es una buena estrategia porque sacar a la gente que lleva años ahí y subastar los bienes no es fácil.
En el caso de Tierralta, Córdoba, los ocupantes dicen que no van a abandonarlos porque hay documentos firmados por el entonces Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, y otros representantes del Alto Gobierno, en los que entregan unas plantaciones de acacia a los desmovilizados como parte de su proceso de reintegración. Esa plantación, que fue financiada con plata del gobierno, fue entregada para la reparación a las víctimas, pero los ocupantes han cortado gran parte de la madera y por eso hemos tenido que hacer unos operativos policiales contra los taladores porque esa plantación es del Fondo. (Ver: El despilfarro de los proyectos productivos de Mancuso)
También hay denuncias penales, pero la Fiscalía local se mueve a ritmo muy lento y hasta ahora nos llamaron a ampliar versión solo de una, que se interpuso en diciembre de 2012.
VA: Además de la tala de palma en algunos bienes, se ha denunciado la presencia de explotaciones mineras ilegales, como es el caso de un bien entregado por Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’.
JCM: En el Bajo Cauca hemos sacado maquinas de extracción minera que meten los propios arrendatarios de los bienes. Otro bien que nos entregó un antiguo arrendatario de la Dirección Nacional de Estupefacientes está ‘miniado’, es decir, que le extrajeron minería. Nosotros le exigimos a la SAE y a la DNE que nos dieran los rendimientos sobre eso. Hay otros casos de gente que está explotando, pero cuenta con la autorización de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia).
VA: En audiencias de Justicia y Paz se ha denunciado que funcionarios podrían estar involucrados en algunas irregularidades en la administración de estos bienes. ¿Qué se ha hecho al respecto?
JCM: Sí, se ha presentado y por eso la Unidad de Víctimas ya instauró cinco denuncias disciplinarias y penales contra exfuncionarios. En esos casos hay indicios de que posiblemente recibieron dineros producto de la administración de los bienes y no los reportaron oficialmente; también hay casos en los que teniendo conocimiento de las ocupaciones ilegales no nos informaron.
VA: Algunos bienes no sirven para reparar a las víctimas. ¿Qué tan frecuente es esto y qué ha hecho el Fondo?
JCM: No se han cuantificados cuántos bienes no tienen vocación reparadora, pero hay varios casos. Con la OIM (Organización Internacional para las Migraciones) hicimos un manual para determinar eso. Por un lado están los predios que son restituidos por los jueces, también hay bienes como carros que fueron hurtados y luego entregados a reparación, otros 35 se deterioraron cuando estuvieron administrados por la SAE. Hay casos en los que los pasivos son más altos que el valor del bien, eso paso con las oficinas que entregó Juan Carlos ‘El Tuso’ Sierra, eran más grandes las deudas.
A veces la tenencia de un bien es más costosa que su valor comercial, eso ha pasado con algunos bienes que entregó Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’, en San Blas, Bolívar. Nosotros hemos propuesto entregarlos a las comunidades como parte de reparación. En el Tribunal de Justicia y Paz de Bucaramanga lo aceptaron, pero en el de Bogotá no.
Hay bienes también como los que ha entregado el Bloque Tolima, que son ‘peladeros’ y no se puede hacer nada ahí, pero el Decreto 3011, que reglamenta la ley 1592 que modificó la Ley de Justicia y Paz, dice que no se va a valorar si hay o no vocación reparadora en los bienes rurales, entonces toca hacer algo con ellos.
VA: ¿El Fondo de Reparación está sacando provecho de los proyectos productivos que tienen algunas de las fincas que se entregaron?
JCM: Sí. En algunos predios empezamos a implementar la operación directa, es decir que nosotros, con ayuda de un experto en palma y una ingeniera forestal, estamos administrando los proyectos en algunos predios. Tenemos uno en Los Agrados, en Mapiripán, Meta, que entregó Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’. Contratamos más de 20 personas, ya tiene sembrada palma y ya nos dio los primeros rendimientos. Lo mismo estamos haciendo en Lucitania, un predio en Puerto Gaitán. Y tenemos nuevos proyectos en marcha. Este tipo de operaciones nos dan tranquilidad porque tenemos control directo de los predios.
VA: En 2013 en el Decreto 3011 le ordenaron al Fondo de Reparación y a la Fiscalía hacer un protocolo para estandarizar y mejorar el alistamiento y la recepción de los bienes que debía estar listo en enero de 2014. ¿Por qué aún no se ha consolidado y qué hace falta para lograrlo?
JCM: Aún no hemos llegado a un acuerdo con la Fiscalía. Como venía haciéndose la operación de alistamiento y recepciones, era muy poco técnica, íbamos al predio y a veces no recorríamos todos los linderos porque hay unos que pueden tener hasta 15 mil hectáreas, sino que se cogía un solo punto y se tomaban algunas fotos. Hemos visto la necesitad de tecnificar más, hacer por ejemplo una lista de colindancia y entrevistar a los vecinos, porque hemos tenido casos en los que no nos han entregado todo el predio o nos han corrido linderos o casos en los que se recibían bienes que no eran. La idea es que esté listo de acá a noviembre.
VA: ¿Qué hace falta mejorar en la administración de los bienes?
JCM: Hacen falta muchas cosas. Primero unas herramientas legales que nos permitan vender los bienes apenas se reciban y no esperar una sentencia de extinción de dominio. Según expertos en el tema, ese es el modelo más viable para que el Estado administre un bien porque se ahorra costos de administración, inspección, pólizas, etc. Además, tenemos que blindar las ventas que haga el Fondo porque vender un bien por parte del Estado es altamente riesgoso, de hecho las cuatro ventas de inmuebles que hizo Acción Social fueron anuladas.
También tenemos que trabajar en propósitos comunes con otras entidades, por ejemplo con la Unidad de Tierras, para que cree su propio banco de tierras y administre los predios que están pedidos en restitución. Porque aunque somos un mismo Estado, cada entidad tiene propósitos diferentes, nosotros necesitamos obtener utilidades de los bienes y hemos tenido casos de reclamantes que entrar a los bienes y los hemos tenido que denunciar penalmente.
Necesitamos facultades de policía administrativa para ordenar desalojos, que los proyectos agroindustriales en los que el Fondo ha invertido no sean restituidos sino compensables. Hay sectores en los que el tema de seguridad es complicado y necesitamos más acompañamiento de la Fuerza Pública para hacer presencia en los bienes que allí quedan.
