Predios invadidos por desmovilizados, minería ilegal, malos manejos administrativos y dineros que se desvían por la corrupción son algunos de los problemas que hoy enfrentan las propiedades que entregaron los paramilitares del Bloque Libertadores del Sur para reparar a las víctimas.
En la hacienda Bellavista hay minería ilegal y tala indiscriminada de bosque nativo. Foto suministrada
Por lo menos seis delos predios que entregó el ex jefe paramilitar Guillermo Pérez Alzate, alias ‘Pablo Sevillano’, han perdido su valor o están en manos de terceros por problemas administrativos. Las autoridades conocen de esta situación desde el 2011, pero las irregularidades persisten. Estos predios sumados tienen más de 2.500 hectáreas y su valor supera los 9 mil millones de pesos.
Pérez Alzate fue el jefe paramilitar del Bloque Libertadores del Sur, una facción del Bloque Central Bolívar (Bcb) que desde el 2001 llegó al sur de Nariño para confrontar a la guerrilla y, además, apropiarse de los negocios del narcotráfico, especialmente en el puerto de Tumaco. Alias ‘Pablo Sevillano’ fue extraditado a Estados Unidos el 13 de mayo de 2008 para que respondiera en ese país por delitos relacionados al tráfico de estupefacientes.
Uno de los compromisos de los desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) postulados a los beneficios de la Ley 975, de Justicia y Paz, es entregar bienes para la reparación a las víctimas. ‘Pablo Sevillano’ entregó los bienes en conjunto con su hermano Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’, y Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, jefe principal del Bloque Central Bolívar. Los predios están en su mayoría en Antioquia y el sur del Bolívar. (Ver: Saqueados y en ruinas, bienes entregados por el Bcb)
Actualmente estas propiedades están en manos del Fondo de Reparación, una dependencia que forma parte de la Unidad para las Víctimas, entidad que creó Ley 1448 de 2011. Según un informe presentado por el Fondo ante el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá, algunos de estos predios tienen líos administrativos que se remontan a la época en que fueron administrados por la extinta Acción Social.
Este es un problema que han denunciado recurrentemente los abogados de los ex paramilitares de todos los bloques, quienes aseguran que desde que los bienes se entregaron a Acción Social han perdido su valor original por los malos manejos administrativos que se les dio en la entidad. (Ver: Bienes entregados por los paras: escasos y mal manejados)
Con el cambio de entidades y el traspaso de los bienes de unas a otras nadie ha asumido la responsabilidad económica ni judicial por las pérdidas. Desde el 2005 al 2009 la administración de los bienes le correspondió a la extinta Acción Social.
Luego, en 2009, se traspasaron 152 propiedades a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), una sociedad creada con capital público y privado, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que se encargaba de administrar y vender los bienes confiscados que han sido producto de actividades ilegales. El traspaso de los bienes se dio por medio de un contrato interinstitucional con Acción Social.
Durante la administración de la SAE, actualmente en liquidación, se produjeron las mayores pérdidas en el valor de los bienes y también se subastaron muchos de estos bienes a precios muy por debajo de los avalúos. Esta entidad también entregó algunos bienes a inmobiliarias que, según dijo, la magistrada Uldi Teresa Jiménez, “los cogieron como bienes propios”.
La Magistrada del Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá hizo un llamado al Fondo de Reparación para que tome las medidas judiciales que sean necesarias para solucionar todos esos problemas. “Desde 2012 hemos venido conociendo esta información, nos han dejado ver que hay un detrimento de unos millones pero no hacen nada. ¿Qué tenemos que esperar para que el Fondo realice acciones disciplinarias y penales?”, se preguntó Jiménez.
Juan Camilo Morales, representante del Fondo de Reparación explicó que luego de unos estudios técnicos, en octubre de 2013 se informó de la situación al Departamento de la Prosperidad Social que será el encargado de empezar los procesos judiciales pertinentes. Por ahora se hizo una solicitud en el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá para llegar a un acuerdo de pagos con la SAE por los deterioros y los rendimientos que se dejaron de recibir mientras administró los bienes.
Enredos de los predios
En los predios Las Delicias y La Florida no se han podido arrendar porque allí está instalado un proyecto productivo de desmovilizados del Bloque Central Bolívar. Foto suministradaSegún dijo el representante del Fondo, no ha sido fácil conseguir personas interesadas en arrendar las propiedades, entre otras razones porque temen que los postulados salgan en poco tiempo de la cárcel y reclamen esas propiedades o que terceros lleguen a explotar sus tierras.
El miedo y la desconfianza no son para menos y tiene fundamento, pues el reclamo de terceros sobre predios entregados por los ex paramilitares para reparar a las víctimas se viene dando en todo en diversas regiones del país. El fenómeno solo se da en el caso del Bloque Central Bolívar y sus facciones. A finales de 2012, el ex paramilitar Salvatore Mancuso denunció que terceros siguen explotando la tierra que él entregó en Córdoba. (Ver: Los enredos de los bienes que entregó Mancuso)
El caso más notable del Bloque Libertadores Sur sucede en Bellavista, un predio ubicado en Remedios, Antioquia, que tiene más de 1.800 hectáreas y está avaluado en cerca de 6.300 millones de pesos. Según el Fondo de Reparación en la finca se está haciendo extracción minera ilegal con retroexcavadora y la tala del bosque nativo del predio.
La explotación minera se produce en especial en los sectores conocidos como El Edén y El Guachal, en el primero se presenta minería subterránea y en el segundo minería a cielo abierto. Estas irregularidades ya habían sido notificadas en el acta de recibimiento en abril de 2011 por Acción Social, pero casi tres años después no se ha hecho nada ni se ha identificado a los invasores del predio (ver acta). Por esas dificultades la tierra no ha podido ser arrendada, pero según dijeron los representantes del Fondo de Reparación, este año se espera contar con vigilancia permanente.
En los predios vecinos Las Delicias y La Florida, de 70 y 11 hectáreas respectivamente, de la vereda La Mancha, en Pereira, viven por los menos 26 familias de desmovilizados que pertenecieron al Bloque Central Bolívar. Estos ex paramilitares tienen sus casas construidas en el lugar y explotan la tierra. Este problema también había sido denunciado por Acción Social desde que se recibieron los bienes en 2011.
En estos predios se desarrolla un proyecto productivo de desmovilizados, conocido como Cooproagrocafe. Según el Fondo, en 2011 se firmó un acuerdo de arriendo por un año con el desmovilizado Ovidio Ramírez, quien es la cabeza de este proyecto. Pero el contrato fue cancelado y hasta el momento no han podido llegar a un arreglo con los ocupantes para que paguen un arriendo o salgan del predio.
También se presentan casos de corrupción de funcionarios que han sacado provecho del descuido en el que están los bienes. Ejemplo de ello ocurrió alrededor del proyecto productivo de palma africana conocido como la Cooperativa Promotora Agraria de Sustitución de Cultivos ilícitos del sur del Bolívar, Coproagrosur. Este proyecto de Simití, Bolívar, ha sido centro de polémicas porque antes de la desmovilización paramilitar recibió dineros del Plan Colombia para su financiación. (Ver: El lado oscuro del Plan Colombia)
En septiembre de 2013 quien fue el depositario de este proyecto denunció que en 2010 recibió llamadas de Anderson Melo, para ese entonces un contratista de Acción Social, quien le solicitó el pago de 200 millones de pesos. El denunciante asegura que le consignó 125 millones de pesos.
En otros casos, los magistrados de control de garantías han encontrado que camionetas, lanchas y motos fueron subastadas por precios mucho menores a los avalúos comerciales y han compulsado copias para que se investigue a los funcionarios involucrados en la venta.
Los ex jefes paramilitares del Bloque Central Bolívar entregaron un cultivo de café de 130 hectáteas para la reparación a las víctimas, ahora solo quedan 26 hectáreas. Foto suministradaEl descuido de los bienes es también otra variante. Este es el caso de la Granja la Mega en Santa Rosa del Sur, Bolívar, donde los ‘paras’ entregaron 130 hectáreas de cultivo de café en 2007. Estas mejoras fueron recibidas hasta 2010 por Acción Social y luego pasó a manos de la SAE.
Según el Fondo de Reparación, ya solo quedan 26 hectáreas de cultivo, el resto se perdió por falta de cuidado y porque está infestado de broca. De acuerdo con la defensa de los postulados, los predios de la Granja La Mega tenían un avalúo de más de 1.000 millones y según la información dada por la Fiscalía, este bien es valorado actualmente en solo 39 millones de pesos.
El Fondo llevara este caso al tribunal de arbitramento para que la SAE responda por un detrimento de más de 73 millones de pesos. A esto hay que súmale que la granja La Mega tiene una solicitud de restitución en la Unidad de Tierras de una persona que dice haber sido despojada del predio.
Alias ‘Julián Bolívar’ ya tiene una primera sentencia en el Tribunal y en los próximos meses se expedirá la condena contra su hermano alias ‘Pablo Sevillano’, la preocupación es que tras ocho años de Justicia y Paz las denuncias sobre los malos manejos de los bienes persisten y no se han planteados soluciones de fondo para problemas que se conocen desde 2011.
Vea a continuación el mapa con la ubicación y las problemáticas que se presentan en cada uno de los predios.
