Tribunal de Justicia y Paz de Medellín dice que el diario de Montería se convirtió en caja de resonancia de los paramilitares y pide que se investigue a su presidente, William Salleg. ¿Qué implicaciones judiciales y en materia de libertad de expresión tiene esta sentencia?
El pasado 23 de abril el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín ordenó compulsar copias a la Fiscalía para que se investigue al presidente del diario El Meridiano de Córdoba, William Antonio Salleg Taboada, por presuntos vínculos con el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, en sentencia contra tres miembros del Bloque Córdoba de las Auc.
Más allá de señalar los indicios sobre una eventual relación entre ambos, el Tribunal hace un duro cuestionamiento al papel desempeñado por ese medio de comunicación durante los años de dominio paramilitar en Córdoba. Según la sentencia, éste “sirvió como instrumento para propagar el ideario de los grupos paramilitares, justificar el fenómeno, lo que lo hace responsable ante la Ley”.
El Tribunal señala que, con sus informaciones, el periódico ayudó a crear una imagen favorable de los hermanos Castaño ante la opinión pública que no solo hizo invisible las atrocidades que venían cometiendo contra la población sino que “la forma cómo se presentaba a los jefes paramilitares, sus discursos y su narración de los hechos contribuyeron a la justificación de sus actos y de las violaciones a los derechos humanos y el D.I.H”. Y añade que “el Meridiano de Córdoba sirvió en distintos momentos como caja de resonancia, justificación del fenómeno paramilitar y como un instrumento para divulgar y propagar el ideario de dichos grupos, lo que lo hace responsable ante la Constitución y la Ley”.
La sentencia también consigna la inconformidad de las víctimas del paramilitarismo en Córdoba con este medio de comunicación, quienes en audiencia de incidente de reparación que tuvo lugar el 27 de octubre de 2014 en Montería, Córdoba, manifestaron su indignación “por la forma como este periódico registró los hechos en los que sus familiares fueron víctimas del grupo armado al margen de la ley, pues de manera recurrente se les mostraba como guerrilleros”.
No es la primera vez que un tribunal de Justicia y Paz menciona el papel de los medios en la creación de un clima de opinión favorable a los paramilitares, ni que se les cuestiona. En noviembre del año anterior en una sentencia de condena a Salvatore Mancuso se hace un cuestionamiento a varios medios.
Salvatore Mancuso, exjefe del Bloque Córdoba de las Auc. Actualmente se encuentra a las espera de que un juez de Estados Unidos le dicte sentencia condenatoria por su responsabilidad en el tráfico de drogas ilícitas hacia ese país. Foto: archivo Semana.
Entre la comunidad de periodistas y de la libertad de expresión, estos pronunciamientos de la justicia, aunque válidos a la hora de reconstruir contextos de los hechos criminales, preocupan. Así lo expresó la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, en su informe anual publicado en febrero de este año en el que les recuerda a los jueces que “el entrevistar criminales está protegido por la libertad de prensa” y que en el caso de la sentencia contra Mancuso, esta no “evalúa si los medios actuaban de manera intencionada o no”. Para la Flip, la compleja realidad en la que los periodistas de zonas de conflicto han informado debe ser un elemento de análisis a tener en cuenta antes de construir un juicio de valor sobre sus informaciones.
Sobre los cuestionamientos que hizo el Tribunal, William Salleg le dijo a VerdadAbierta.com que “lo único que creemos es que hicimos un excelente trabajo periodístico respeto al fenómeno paramilitar durante el propio conflicto que nos tocó vivir; durante el proceso de paz; y durante el posconflicto. Tan importante fue nuestro trabajo que El Meridiano se convirtió en fuente obligada de consulta para todos los medios del país en este tema”.
En efecto, este diario ha hecho una serie de informes, en los últimos años, que han sido reconocidos nacional e internacionalmente, sobre las víctimas del conflicto en Córdoba. En especial, sus reportajes investigativos que han permitido desentrañar la intrincada de red de despojo de tierras que cometieron los ejércitos de Fidel, Carlos y Vicente Castaño a lo largo y ancho de la sabana cordobesa. El informe, titulado “La ruta del despojo”, fue galardonado con el premio de periodismo Simón Bolívar.
Salleg también dice que “no se puede calificar nuestro trabajo como solo lo hacen personas ignorantes sobre el cubrimiento periodístico que realizamos los medios regionales, sobre todo los que vivimos en la zona del conflicto”.
El caso Castilla
Foto: archivo Semana.
Más allá de los cuestionamientos al tratamiento periodístico, la sentencia le da también un amplio despliegue a las denuncias que a mediados del año 2009 hizo el periodista Clodomiro Castilla Ospino, contra Salleg Taboada. Según la sentencia, Castillo laboró como redactor del Meridiano de Córdoba, de donde fue despedido, pero fuentes consultadas en el diario aclaran que él nunca trabajó en el periódico. En 2006, el periodista accedió a unas grabaciones que comprometían al entonces secretario de Salud de Córdoba, Manuel Troncoso Álvarez, los senadores Juan Manuel López Cabrales y Reginaldo Montes, y a Salleg Taboada, con el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. Estas fueron presentadas como material probatorio en el juicio que adelantó la Corte Suprema de Justicia en el 2008 contra López Cabrales y Montes. Ambos fueron condenados a seis años de cárcel.
Castilla siguió con sus pesquisas y en julio de 2009 publicó un informe en el que relacionaba a Salleg Taboada con el despojo, por parte de los paramilitares, de una finca denominada Nuevo Paraíso, ubicada en Cereté. Posteriormente denunció al directivo del periódico ante la Fiscalía por concierto para delinquir. Castilla no pudo ampliar sus denuncias porque fue asesinado el 19 de marzo de 2010.
A los hechos ya referidos se suman las declaraciones entregadas por los postulados del Bloque Córdoba a fiscales de Justicia y Paz. Uno de ellos, José Luis Hernández, dijo ante magistrados de Justicia y Paz el 8 de junio de 2014, que sus comandantes Héctor Enrique Camacho, alias ‘Principiante’; y Carlos Enrique Rojas, alias ‘El Gato’, visitaban frecuentemente las instalaciones del medio de comunicación para pedirles a sus directivos que no publicaran nada sobre los hechos que relacionaran a los paramilitares.
“Siempre que caía uno de nosotros nunca salía en el periódico (sic). Nunca nos dieron prensa”, declaró Hernández en aquella ocasión. Dovis Grimaldi Nuñez, otro postulado por este Bloque, manifestó que una vez que fue capturado por la fuerza pública, ‘Principiante’, llamó al entonces gerente del Meridiano para decirle que no publicara nada. Grimaldi también declaró que acompañó al propio Mancuso en varias visitas que realizó a las instalaciones del periódico.
¿Prensa víctima o victimaria?
La pregunta que queda planteada es si los medios que informan en medio de la hegemonía de un grupo armado son víctimas al ver restringido su derecho a ejercer libremente el periodismo; o se convierten en instrumentos de dicha hegemonía. Sin duda las sentencias de los tribunales de Justicia y Paz abren el debate sobre éste asunto y dejan planteado un interrogante de hierro: ¿fueron responsables los medios de comunicación en construir una imagen favorable del fenómeno paramilitar en el país?
ACLARACIÓN:
“Verdad Abierta aclara que la sentencia contra Jorge Iván Laverde Zapata, alias ‘El Iguano’, no menciona al diario La Opinión como se dijo en el artículo titulado: Duros cuestionamientos de Tribunal de Justicia y Paz al Meridiano de Córdoba. La sentencia toma nota sobre lo dicho por las víctimas en las audiencias, en relación al tratamiento que los medios de comunicación de la región le dieron a los hechos de violencia en la Norte de Santander, y ordena que se hagan una serie de talleres y foros con los periodistas para reflexionar sobre su papel en el conflicto. Verdad Abierta le pide disculpas a La Opinión por esta imprecisión”.
