La primera sentencia contra el Bloque Centauros de las Auc, ordena investigar al gobernador del Guaviare, Nebio Echeverry Cadavid, y a la petrolera Perenco por presunta financiación de grupos armados ilegales. Estas son las principales revelaciones.
Manuel de Jesús Pirabán, alías ‘Pirata’, uno de los jefes desmovilizados del Bloque Centauros, en audiencia ante los jueces de Justicia y Paz. Foto: archivo Semana.Luego de 11 años de vigencia de la ley de Justicia y Paz, se conoce la primera sentencia contra el Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que se creó en los Llanos Orientales. El fallo de más de 1.000 páginas,proferido por la magistrada Alexandra Valencia, causó revuelo porque pidió que se estableciera de una vez si el exvicepresidente Francisco Santos tenía o no responsabilidad en la creación de grupos paramilitares en Bogotá.
Sin embargo, la sentencia va más allá de Santos y pide que se investigue a varios actores que han sido señalado por los mismos paramilitares como sus financiadores y hasta ahora han permanecido intactos. De acuerdo con la Fiscalía, gracias al apoyo que recibió de la Fuerza Pública, las autoridades locales, los ganaderos y narcotraficantes, el Bloque Centauros se convirtió en una fuerte estructura armada en el oriente del país.
El bloque de las Auc que enreda a Francisco Santo
A continuación, se exponen los apartados más importantes el fallo que condena a ocho años de prisión a Manuel de Jesús Pirabán, alías ‘Pirata’, y otros 21 paramilitares del Centauros por 144 delitos “cometidos durante y con ocasión del conflicto armado interno colombiano”.
El gobernador salpicado
Nebio Echeverry, gobernador del Guaviare, contó con el aval político de las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO). Foto oficial de campaña. El actual gobernador del Guaviare, Nebio Echeverry Cadavid, quien también había ocupado el mismo cargo entre 2001 y 2003, fue señalado por los ‘paras’ de haber financiado un frente paramilitar en el oriente de Cundinamarca, donde tenía sus fincas. Aunque los señalamientos en su contra eran conocidos e incluso fueron motivo de polémica en las pasadas elecciones, no tenía investigaciones por esos motivos. Solo hasta ahora el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá ordenó que la Fiscalía adelante las indagaciones pertinentes para establecer si es cierto o no lo dicho en su contra.
Por los mismos hechos, la sentencia ordenó investigar a los ganaderos Mario Zambrano Jaramillo y Benigno Santamaría, este último también ha sido señalado como el beneficiado de las tierras que despojó, en Cundinamarca y Meta, Miguel Arroyave, alias ‘El Arcángel’, el narcotraficante que dirigió el grupo paramilitar hasta 2004, cuando lo asesinaron su propios subalternos.
Las tierras robadas por Vicente Castaño y Miguel Arroyave
De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, el gobernador y los ganaderos hicieron parte de la génesis del Frente Pedro Pablo González en Paratebueno, Cundinamarca, uno de los frentes que se conformó después de la masacre de Mapiripán en julio de 1997. De acuerdo con el fallo, para ese entonces ganaderos con propiedades en los Llanos Orientales ya se habían reunido con miembros de la Casa Castaño para crear un grupo que atacara a los Frente 52 y 28 de las Farc en Casanare.
A Paratebueno llegaron 40 paramilitares desde de Urabá y se asentaron en las fincas de Echeverry, Zambrano y Santamaría, previo acuerdo con los mismos, quienes incluso se comprometieron a subsidiar la estructura paramilitar. “Ellos [los ganaderos] secomprometieron a que ellos sostenían el grupo mientras ellos [estructura paramilitar] se podían asentar en la zona, así permanecieron aproximadamente un año con las finanzas que le proveyeron esos ganaderos de la región y ya después conformaron su grupo de finanzas directamente para el sostenimiento del grupo”, dijo el fiscal encargado del caso.
En la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá quedó consignado que “la participación de los ganaderos en la génesis del Frente Pedro Pablo González, estructura paramilitar a la que se le atribuyen 22 hechos en este proceso, se concretó en un aporte funcional de orden económico, que resultó muy útil para que la estructura paramilitar permaneciera en esa región. Tan efectivo fue este aporte y tan garantizada la connivencia con el poder que representan los ganaderos en la región, que de ser una estructura paramilitar pequeña, logró consolidarse como un Frente paramilitar”.
Petrolera, a investigación
Instalaciones de Perenco en Tolima. Foto: archivo Semana.El fallo exhortó a la Fiscalía para que investigue si trabajadores de la multinacional francesa Perenco, que sigue operando en Colombia, financiaron al Bloque Centauros. La empresa petrolera llegó a Colombia en 1971 como Sociedad Aquitaine Colombie S.A. y en 1993 comenzó a operar varios proyectos bajo el nombre de Perenco. De acuerdo con información registrada en su página web, “opera cinco contratos de asociación (Casanare, Estero, Corocora, Garcero, y Orocue), dos contratos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (Oropéndola y Llanos 45, en fase de exploración), un contrato de concesión (Yalea)”. (Consultar aquí)
El narcotraficante Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Marío’, jefe financiero del Bloque Centauros, aseguró que la compañía – que tiene instalaciones entre Paz de Ariporo y Trinidad- le pagaba 20 millones de pesos mensuales al grupo paramilitar: “Cuando yo recibí la parte administrativa y financiera me entregaron unas finanzas de una compañía de petróleos llamada Perenco que pagaba 20 millones mensuales, (…) yo me reuní con el gerente de esa compañía, fui en compañía de Manuel de Jesús Pirabán, en ese entonces (…) en el año 2002, yo les manifesté al gerente que era muy poquito porque las autodefensas velaban por la seguridad de los pozos, que la guerrilla no se fuera a tomar los pozos petroleros. Acordamos con ellos que nos daban 25 millones y 15 tambores de combustible mensual, eso fue un recurso que nos dieron por el tiempo que venía de antes y lo dieron por el tiempo que yo estuve en la parte administrativa y financiera”.
Al respecto, la sentencia concluye que “en ese sentido, la petrolera Perenco, se beneficiaba del modus operandi del Bloque Centauros, por medio de la seguridad que la estructura paramilitar ofrecía a sus pozos, razón por la cual aquella, le daba una contraprestación, que en parte, permitía su expansión y consolidación en la región de los Llanos Orientales”.
Pero este no fue el único grupo paramilitar que salpicó a Perenco. En 2011, Nelson Florentino Vargas Gordillo, exmiembro de las Autodefensas Campesinas del Casanare, le dijo a la Fiscalía que entre 2001 y 2002 esta compañía le colaboraba a los paramilitares al mando de por ‘Martín Llanos’. De acuerdo con Vargas, recibían mensualmente cien canecas de gasolina y montos entre 50 a 100 millonesde pesos.
Con base en las versiones entregadas por los exparamilitares, el Tribunal Superior de Bogotá exhortó a la Dirección Nacional de Justicia Transicional de la Fiscalía General de la Nación, “para que inicien las indagaciones tendientes a dilucidar la presunta participación de personas, que pertenecientes a Empresas y grupos económicos locales y regionales, caso de la petrolera Perenco, aparentemente estuvieron relacionadas con la financiación y consolidación del Bloque Centauros”.
Los ‘falsos positivos’ del Batallón 21 Vargas
El general Héctor Cabuya de León, quien dirigió batallón 21 Vargas, está prófugo de la justicia. Foto: archivo Semana.En 2003, el Batallón de Infantería No. 21, Batalla Pantano de Vargas, ganó máximo reconocimiento nacional por resultados operacionales, pero lo cierto es que se trató de una estrategia orquestada con los jefes del Bloque Centauros para presentar a civiles como guerrilleros muertos en combate. El General Héctor Cabuya de León, quien dirigió este batallón, está prófugo de la justicia.
“Quedó en evidencia que el apoyo que antes era velado por parte del 21 Vargas ya empezó a ser un apoyo directo (…) un apoyo franco y donde resultaron victimizadas alrededor de 200 personas, unas reclutadas por los paramilitares que eran presentados como muertos en combate por el Ejército, otros que eran miembros de la propia organización que por asuntos de indisciplina eran ejecutados y también fueron presentados como muertos por el Ejército, otros que eran realmente guerrilleros pero que el combate lo habían sostenido era las Autodefensas, y que todo eso generó esa cantidad de muertos que el Batallón 21 Vargas hubiera recibido”, aseveró el fiscal.
Está alianza entre los ‘paras’ y el Ejército contó con la colaboración de funcionarios judiciales, quienes en las inspecciones técnicas del cadáver aseguraban que en el cuerpo había pruebas de que había existido un supuesto combate.
Miembros del Ejército le suministraban información de las personas que iban a asesinar o les consultaban antes de cometer un crimen. Además, fueron miembros de este batallón, como el Capitán Rivera (de quien no aparece el nombre completo en el fallo), ayudaron a los ‘paras’ a entrar en Lejanías, San Juan y Puerto Lleras. De hecho, varios de los ‘paras’ del Bloque Centauros habían prestado servicio militar en el Batallón N. 21.
Aunque se dice que el apoyo de Ejército se prestó desde que los paramilitares llegaron en avioneta desde Urabá para perpetrar la masacre de Mapiripán en 1997, lo cierto es que hay registros anteriores. En 1992, por ejemplo, hombres al mando de ‘Pirata’ cometieron la segunda masacre de Caño Sibao, donde murieron varios funcionarios públicos, entre ellos la Alcaldesa María Mercedes López, y el Acalde entrante José William Ocampo. A pesar de que los mandatarios habían dado avisado al Batallón N. 21 de las amenazas contra sus vidas, estos no hicieron nada para evitar su muerte.
¿Quién responde por la masacre de Guaroa?
Héctor Germán Buitrago, alias ‘Martín Llanos’, jefe de las Autodefensas Campesinas de Casanare, al momento de su deportación a Colombia. Foto: archivo Semana.El 3 de octubre de 1997, en el municipio de San Carlos de Guaroa, Meta, 11 funcionarios fueron asesinados y otros 16 terminaron heridos luego de confiscar cerca de 300 kilos de cocaína en la finca El Alcaraván, de Puerto López. El múltiple crimen habría sido ordenado por Héctor Germán Buitrago, alias ‘Martín Llanos’, jefe de las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC). Este hecho marcó el comienzo de una enemistad entre los jefes de las ACC y los hermanos Castaño, quienes tras la matanza anunciaron en un comunicado público que ayudarían a encontrar a los culpables. (Ver: Masacre de Guaroa)
Sin embargo, esta sentencia saca a flote otra versión de los hechos. Manuel de Jesús Pirabán, conocido como ‘Pirata’, jefe militar del Bloque Centauros y quien para la época formaba parte de una Convivir en San Martín (Meta), asegura que 15 días después de la masacre recibió aviso sobre dos guerrilleros menores de edad que estaban en Puente de Oro, a quienes capturó y los trasladó a San Martín
“Después de que los capturamos los trajimos hasta San Martín, ellos quedaron trabajando para nosotros (…) uno de ellos tenía aproximadamente 14 años el otro tenía 16 años. (…) entonces empiezan a hacer referencia de este golpe que le dieron al Ejército y a la Fiscalía allí en San Carlos de Guaroa, entonces nos dijeron que ahí había estado el Negro Berdeín y nos dieron los nombres de otros guerrilleros más, que el negro Berdeín había quedado muerto ahí, que era el 43 Frente de las FARC”, aseguró el exparamilitar.
Vale la pena recordar que los funcionarios que estaban en la comisión fueron atacados dos veces. Primero, se presentó un intercambio de disparos con miembros de las ACC que iban en un camión a la 1:20 p.m. y murieron tres paramilitares. Después, cuando llegaron a San Carlos, donde murieron los 11 funcionarios.
A raíz de este nuevo testimonio, la magistratura pidió a la Fiscalía que esclarezca qué fue lo que pasó realmente en San Carlos de Guaroa.
La violencia de ‘Otoniel’ en Villavicencio
Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, desmovilizado de las Auc que está al frente de la Bacrim de ‘Los Urabeños’, la más grande del país. Foto: archivo Semana.Desde 1998 se conformó un grupo conocido como ‘Las Urbanas’ o ‘Especiales’ de Villavicencio que llegó a tener 40 paramilitares y antes de la desmovilización del grupo estuvo al mando de Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, el mismo que hoy lidera las llamadas ‘Autodefensa Gaitanistas de Colombia’.
Buscando apropiarse de los negocios ilegales, ‘Las Urbanas’ mataron a cientos de personas en la capital del Meta bajo un mismo modo de operación: llegaban en una motocicleta Yamaha RX 115 de color negro o vino tinto, una moto común para la época; casi siempre los homicidios ocurrieron entre las 5 de latarde y las 7 de la noche; y por lo general, los paramilitares disparaban en varias oportunidades contra las víctimas. Lo que, según la magistrada que proyectó el fallo, denota que la zona era controlada por la ilegalidad.
El mayor impacto recayó sobre los habitantes de Ciudad Porfía, un barrio marginal que se fue formando a punta de asentamientos ilegales a mediados de los años ochenta, donde se estima que por lo menos el 60% de los habitantes son víctimas del desplazamiento forzado que llegaron allí huyendo la violencia de otros municipios de los Llanos. Un barrio que para entonces no contaba con servicios públicos y era conocido popularmente como “Ciudad Milagro”, porque según dicen los habitantes, todo lo que se perdía en Villavicencio aparecía allí.
Esta sentencia reúne 21 de los crímenes que fueron cometidos en este barrios. “Pues todo el mundo con terror y con miedo, las cosas que se vivían era dura, que mataban cada nada… todo el mundo vivía con miedo. (…) Incluso a mí una vez me llamaron que iban a hacer limpieza que yo callada, que si sabía de alias, de apodos de unos muchachos. (…) La gente vivía con miedo, porque uno a conciencia sabía quiénes estaban mandando y qué era lo que hacían”, relató una víctima interrogada por la Fiscalía.
Los crímenes incluyen homicidios, desapariciones forzadas y masacres, como la que ocurrió el 21 de diciembre de 2003, hacia las 6 de la tarde, cuando paramilitares dispararon contra William Colmenares Vargas, Juan Gabriel Acosta Arenas y Berney Oswaldo Rodríguez mientras departían en una heladería. Tal fue el control que tuvieron ‘Las Urbanas’ del Bloque Centauros en ese barrio que los ‘paras’ llegaban caminando por la única vía de acceso del sector cuando iban a matar a alguien.
Los habitantes prefirieron no salir a las calles y dejaron de frecuentar establecimientos públicos. Entre 2002 y 2004 varios menores de edad del barrio fueron reclutados para unirse al Bloque Centauros.
En ‘Las Urbanas’ se presentó otro hecho particular: varios de sus integrantes fueron asesinados por el mismo grupo paramilitar. Según dicen los postulados, esto ocurrió porque “abusaron de su rol” acusando falsamente a las víctimas ser colaboradores de la guerrilla o miembros de las Autodefensa Campesinas del Casanare.
