El exjefe paramilitar fue condenado por segunda vez por elTribunal de Justicia y Paz de Bogotá. VerdadAbierta.com hace un recuento de las decisiones más reveladoras del fallo y los crímenes que reconoce.
Este viernes 28 de noviembre el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá dio a conocer una nueva sentencia contra el jefe exparamilitar Salvatore Mancuso, en el que se le condena por 1.426 hechos, cometidos por cuatro bloques de las Auc en ocho departamentos. Un mes antes, el 31 de octubre, el mismo tribunal ya había fallado contra Mancuso por más de 100 crímenes del Bloque Catatumbo en Norte de Santander. (Ver: El paso de Salvatore Mancuso por la guerra)
Sin embargo, la última sentencia es más exhaustiva. Con ella, Mancuso debe responder por hechos que cometieron los paramilitares de los Bloques Norte, Catatumbo, Córdoba y Montes de María, en toda la Costa Caribe. Junto a él fueron condenados once jefes paramilitares como Jorge Iván Laverde Zapata, alias ‘El Iguano’; Uber Enrique Bánquez Martínez, alias ‘Juancho Dique’; Edgar Ignacio Fierro Florez, alias ‘Don Antonio’ y José Gregorio Mangonez Lugo, alias ‘Carlos Tijeras’. (Haga clic aquí para descargar la sentencia)
Estos son algunos de las decisiones y verdades más importantes de la decisión judicial:
Lo que controvierte: que el paramilitarismo haya sido política de Estado
Aunque los dos fallos condenan a Salvatore Mancuso, hay dos versiones diferentes sobre el origen del paramilitarismo. Hace un mes la magistrada Alexandra Valencia dijo que el paramilitarismo en Norte de Santander surgió como una política de Estado, de manera que el Bloque Catatumbo fue una red criminal en la que participaron miembros de la Policía, el Ejército nacional, el DAS y la Fiscalía.
En ese momento, la magistrada Léster González se opuso a esa afirmación y como ponente del segundo fallo dijo que “el paramilitarismo no constituyó en sí misma una política estatal que tuviera proyección en el tiempo ni que fuera diseñada expresamente por algún órgano constitucional ni legítimo”. Agregó que aunque hubo participación de miembros del Estado, se deben resaltar los esfuerzos estatales que se adelantaron durante la expansión del paramilitarismo a fin de fortalecer la Fuerza Pública.
Lo que se destaca: la violencia de género
Aunque varias sentencias de Justicia y Paz han asegurado que la violencia basada en género fue sistemática por parte de varios grupos armados, este es el fallo que más víctimas de estos delitos reconoce. Los 175 casos documentados incluyen prácticas macabras como la esterilización y el aborto forzado.
Estos vejámenes ocurrieron en Magdalena, donde Neyla Alfredina Soto Ruiz, alias ‘Sonia’ o ‘La Sombrerona’, una mujer cercana al jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, obligó a nueve mujeres a someterse a cirugías para quedar estériles, otras siete fueron forzadas a abortar.
“En una ocasión alias ‘Sonia’ nos dijo que nos teníamos que desconectar (esterilizar) porque andábamos como las burras y las puercas pariendo, que teníamos que hacer lo que ella dijera, de lo contrario se desquitaría con nuestra familia, porque ellos eran la autoridad”, dijo una mujer de la región a la Fiscalía. (Ver: Abusos sexuales de los hombres de Salvatore Mancuso)
Por la gravedad de los hechos, los magistrados ordenaron a los paramilitares realizar un acto público de perdón que esté dirigido exclusivamente a las mujeres que fueron víctimas de delitos sexuales.
El fallo también incluye los múltiples asesinatos de varias trabajadoras sexuales de Tierralta, Córdoba, y jóvenes homosexuales del pueblo. Los desmovilizados han confesado que Salvatore Mancuso dio la orden de matar a todos aquellos que tuvieran una “tendencia homosexual” y las mujeres que ejercían la prostitución. (Ver: Los perseguidos de Mancuso en Córdoba)
Lo que reconoce: masacres olvidadas
Desmovilización del Bloque Catatumbo. Foto: archivo Semana.
94 masacres fueron incluidas en la sentencia. “la Sala concluye que los denominados homicidios múltiples o masacres fue el modus operandi de mayor selección para los Bloques Norte, Córdoba, Catatumbo y Montes de María”, dice el fallo. Agrega que estos delitos involucraron también violencia contra mujeres, torturasy desplazamientos masivos. (Ver: Así desaparecieron a sus víctimas los hombres de Mancuso)
Fueron reconocidas las víctimas de varias de las más dolorosas masacres que se cometieron en la Costa Caribe como las del Salado, que ocurrieron en 1999 y la del 2000, en esta última murieron 58 personas y más de 2500 habitantes fueron desplazados. También se tuvieron en cuenta crimen cometido en Bahía Portete contra los indígenas Wayuu y los 40 homicidios que se perpetraron en Nueva Venecia en noviembre del 2000.
Estas son otras diez masacres incluidas en el fallo. Haga clic para conocer más información documentada por Rutasdelconflico.com
– Masacre de Santa Cecilia, municipio de Astrea, Cesar
– Masacre de Playón de Orozco, municipio de Piñón, Magdalena
– Masacre de Zipacoa, municipio de Villanueva, Cesar
– Masacre de Repelón, Atlántico
– Masacre de San Isidro y Caracolí, Carmen de Bolívar
– Masacre funcionarios Electricaribe, Magdalena
– Masacre de los funcionarios del CTI, Cesar
Lo quesale a la luz: el Bloque Córdoba
El Bloque Córdoba era el único de los cuatro grupos paramilitares que no había pasado por los estrados judiciales. El fallo reconoce los delitos cometidos por este grupo paramilitar, también es conocido como Bloque Sinú y San Jorge, que fue protagonista en la expansión de las entonces Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. Sus crímenes datan desde 1995.
Su origen está ligado a la cooperativa de vigilancia y seguridad privada Nuevo Horizonte, creada por Mancuso en 1995, para ese entonces eran legales y se conocían como ‘Convivir’. Bajo ese manto de legalidad, encubrieron varios delitos que cometieron en la zona. Este primer grupo de hombres que acompañaron a Mancuso luego se conoció como Compañía Córdoba y en la expansión paramilitar se convirtió en el bloque Córdoba.
Miembros de este grupo fueron condenados por asesinatos ocurridos en la década del 90. Es el caso de la desaparición de José Alberto Pareja Ariza, personero de Villanueva, Guajira, quien se opuso a la libertad de Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar, alias ‘Jorge 40’, cuando fueron capturados en 1997. (Ver: El Personero que quiso poner tras las rejas a Mancuso y ‘Jorge 40’ y murió en el intento)
Lo que no fue: la extinción de dominio a Castaño
A la Hacienda Los Campanos, que está a nombre de Kenia Susana Gómez Toro, quien fue la pareja de Carlos Castaño, no se extinguió el dominio. La magistrada aclaró que hasta que la Fiscalía no pruebe que la finca fue adquirida con dineros obtenidos por el grupo paramilitar y que Gómez sirve como testaferro, esta propiedad no puede ser usada para reparar a las víctimas.
Los que tienen que pedir perdón: tres gobernadores
Las magistradas no solo ordenaron que los paramilitares pidieron perdón a las víctimas, también pidió que las gobernaciones de Sucre, Magdalena y Córdoba, la Policía y Ejército Nacional realicen actos públicos de perdón donde reconozcan el daño que causaron a las víctimas durante la expansión de los grupos paramilitares.
