En audiencia de lectura del fallo contra este exjefe paramilitar y otros cinco postulados del Bloque Catatumbo quedaron en evidencia esas complicidades.
Militares, empresarios y políticos estuvieron detrás del proyecto armado de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Así quedó consignado en la sentencia que profirió la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá contra Salvatore Mancuso y cinco de sus lugartenientes, integrantes todos ellos del Bloque Catatumbo. (Descargue la sentencia en PDF)
Este tribunal condenó a una pena alternativa de ocho años de prisión a Mancuso, uno de los hombres de mayor jerarquía en las Auc, por los delitos de concierto para delinquir, desaparición forzada, homicidio en persona protegida, tortura y tráfico de estupefacientes, entre otros.
De igual manera, fueron condenados los exparamilitares Jorge Iván Laverde, alias ‘El Iguano’; José Lozada, alias ‘Mauro’; Juan Ramón de las Aguas, alias ‘Rumichaca’; Isaías Montes, alias ‘Junior’; y Lenin Palma Bermúdez, al ser encontrados responsables de los crímenes perpetrados por los frentes adscritos al Bloque Catatumbo de los cuales fueron sus comandantes.
La lectura de la sentencia, en lo que respecta a la creación del Bloque, estuvo dividida en tres momentos: el proyecto del Catatumbo, el paso de proyecto a Bloque y la consolidación de la estructura armada ilegal. Al final quedó en evidencia no solo la incidencia criminal que tuvo esta facción de las Auc en Norte de Santander contra la población sino sus estrategias de financiamiento y sus conexiones con militares, empresarios y políticos.
Las versiones rendidas por Mancuso ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz permitieron establecer que el Bloque Catatumbo se empezó a gestar en 1995, cuando los hermanos Castaño planearon sacar a las guerrillas del nororiente del país.
Sin embargo, solo fue hasta 1998 cuando los Castaño citaron a Mancuso y a alias ‘El Iguano’ en una finca de San Pedro de Urabá, Antioquia para informarles que debían crear una facción de las Auc en Cúcuta con el fin de adentrarse en el Catatumbo y quitarle a la guerrilla del Eln el negocio del narcotráfico (Ver: El paso de Salvatore Mancuso por la guerra).
Mancuso dijo que en el proceso de llegada desde el Urabá antioqueño hasta Norte de Santander no tuvieron mayor problema: “pasamos por las regiones de Córdoba, Sucre, Magdalena y Cesar con todas las unidades sin tener inconvenientes con la Fuerza Pública. Recibimos colaboración de ‘El Alemán’ y ‘Juancho Prada’”, exjefes paramilitares del Urabá y del Cesar.
A finales de la década del noventa llegaron a la región del Catatumbo a cumplir con uno de los objetivos trazados por Carlos Castaño para la creación del grupo: “acabar con Gabino y todo el Comando Central de la guerrilla del Eln”.
Entre el grupo que llegó a la región se encontraban varios paramilitares que habían participado en masacres e incursiones a poblaciones, como Isaías Montes Hernández, alias ‘Junior’, quien estuvo en las incursiones de los corregimientos El Aro y La Granja, en Ituango, en junio de 1996.
Entre el 23 y el 29 de mayo de 1999 incursionaron en el corregimiento de La Gabarra, municipio de Tibú, donde realizaron varias masacres y asesinatos selectivos que originaron el desplazamiento de 2.500 personas. En la masacre de La Gabarra los ‘paras’ montaron un retén en la carretera que conecta el casco urbano del municipio de Tibú con el corregimiento de la Gabarra, donde retuvieron cerca de 60 vehículos y lista en mano asesinaron a varias personas (Ver: Masacre de La Gabarra).
La Sala Justicia y Paz aseguró en la sentencia que el número de masacres yasesinatos selectivos en la región se incrementó de manera exponencial por la implementación de la instrucción militar que habían recibido algunos ‘paras’ en los “centros de entrenamiento de la doctrina paramilitar” en los cuales habían recibido clases de cómo combatir a la guerrilla. Clases que según Mancuso fueron dictadas por militares activos y miembros del entonces Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), entre ellos José Miguel Narváez.
Mancuso aseguró que entre 1998 y 2002, el ex subdirector del DAS, quien para ese entonces se desempeñaba como profesor de la Escuela Superior de Guerra, dictó una cátedra llamada “¿Por qué es lícito matar comunistas en Colombia?” a un grupo de paramilitares entre los que se encontraban él y Carlos Castaño. Asimismo indicó que en las clases se mostraban las fotos de quienes iban a ser sus objetivos militares, entre los cuales se encontraban los políticos Wilson Borja y Piedad Córdoba, el colectivo de abogados José Alvear Restrepo y el periódico Voz, del partido Comunista Colombiano (Ver: Las ‘órdenes’ de José Miguel Narváez a los paramilitares)
La sentencia también dejó claro que el proceso de consolidación de las Auc del Catatumbo no hubiese sido posible sin la colaboración de las Fuerzas Militares y el Estado, afirmación que se sustentó en declaraciones de exmilitares y exparamilitares, destacándose la de Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’: “No creo exista alguna región en la que los paras hayan surgido sin ayuda de las Fuerzas Militares y empresarios”.
Parte de los soportes para garantizar impunidad estuvieron representados en sectores de la Fiscalía, destacándose la figura de la directora seccional del Ente investigador en Cúcuta, Ana María Flórez, quien fue cercana a las Auc en ese departamento y favoreció con información al Bloque Catatumbo. Por esta razón fue cuestionado el entonces Fiscal General de la Nación, quien pese a las denuncias sostuvo en el cargo a la funcionaria, quien se encuentra prófuga de la justicia. (Ver: Ex fiscal Osorio llamado a indagatoria por presunta cercanía con ‘paras’ y Sentencia condenatoria contra Ana María Flórez)
Un aspecto que llamó la atenciòn es el llamado de atenciòn que hizo la Sala de Justicia y Paz en la sentencia sobre lo que ha pasado con los desmovilizados del Bloque Catatumbo, muchos de los cuales pasaron a engrosar las filas de las llamadas bandas criminales emergentes. (Ver: ¿Qué se hicieron los desmovilizados del Bloque Catatumbo?)
Así se financiaron
El posicionamiento geográfico del Bloque Catatumbo les permitió obtener grandes extensiones de tierra que serían dispuestas para el cultivo, procesamiento y producción de la pasta de coca. De igual manera, con el debilitamiento de la guerrilla del Eln en esa zona, accedieron a los corredores estratégicos que el grupo subversivo controlaba, administrándolos y accediendo a los ingresos que la guerrilla había logrado consolidar
Para comienzos de 2000 los Castaño le pidieron a Doménico Mancuso, primo de Salvatore Mancuso, que se encargara de fiscalizar los dineros que dejaba la producción de narcóticos,pagándole una mensualidad por fiscalizar esos dineros y reportarlos a su primo en Córdoba con una periodicidad mensual (Ver: Doménico Mancuso: enlace de las Auc con el Ejército en el Catatumbo).
Para la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá la injerencia del narcotráfico en el Bloque Catatumbo incrementó la violencia al encontrar en el tráfico de estupefacientes la manera más fácil de financiar su proyecto contrainsurgente, lo que desató una guerra con los narcotraficantes de la región.
La sentencia estableció que el dinero del narcotráfico sirvió para comprar armas en otros países, respaldados por sectores del Ejército que se ofrecieron para certificar el ingreso desde Venezuela y Bulgaria, teniendo como intermediador al ganadero venezolano Carlos Hurtado.
Aparte del ingreso que el narcotráfico le generaba al Bloque Catatumbo, Mancuso aseguró que recibieron dinero de empresarios y ganaderos de las diferentes regiones que no querían que la guerrilla les siguiera cobrando impuestos ni extorsionándolos.
De la mano de la Fuerza Pública
La relación de Salvatore Mancuso y del Bloque Catatumbo con sectores de la Fuerza Pública se evidenció desde la misma creación de los primeros grupos de autodefensa en el departamento de Córdoba, donde Mancuso al evitar el robo de un ganado de su finca por parte de la guerrilla del Epl entregó información al Ejercito con las coordenadas de ubicación de la guerrilla y de los presuntos cuatreros. Convirtiéndose desde ese día informante de la Brigada 11 del Ejército.
Fue así como conoció al mayor Walter Fratini Lobaccio, quien pronto lo invitaría a que se organizara con los demás ganaderos para armarse y defenderse de la guerrilla. Según Mancuso, Fratini le dijo: “si quieres conservar la vida pelea para defenderte o vende la tierra, porque la guerrilla te va a matar”.
Ante esas sugerencias, el exjefe del Bloque Catatumbo organizó una reunión de la cual surgió el primer grupo de autodefensa, encaminado a replicar lo sucedido en la década del ochenta en el Magdalena Medio, donde ganaderos y paramilitares se unieron para hacerle frente a la subversión.
La llegada de los paramilitares a la región del Catatumbo no se hubiese podido efectuar si no es por el apoyo dado, según Mancuso, por el entonces comandantes de la Primera y Segunda División del Ejército, Iván Ramírez Quintero y Mario Fernando Roa, respectivamente, quienes fueron señalados de coordinar la entrada de los paramilitares en Norte de Santander.
De la misma manera que ayudaron a la entrada de los ‘paras’ a la región, varios miembros del Ejército colaboraron con instrucción militar al Bloque Catatumbo. Afirmó Mancuso que la relación con el Ejército fue muy estrecha: “Fuí adoctrinado por el Ejército y la Policía, tuve carné del B2, entraba a la Brigada sin que me requisaran, entraba como lo hacían los comandantes”
Por las acciones cometidas en la región del Catatumbo fueron juzgados varios miembros de la Policía y el Ejército, entre ellos el patrullero de la Policía Nacional, Jhonny Mauricio Muñoz Osorio, condenado a 36 años de prisión por la participación en la planeación del asesinato del defensor del pueblo Ángel Iván Villamizar Luciani, asesinado a tiros luego de salir del centro educativo de donde era profesor (Ver: Los funcionarios asesinados por no plegarse a Mancuso y al ‘Iguano’)
La mano de los políticos
El poder de los paramilitares en esta región llegó al punto que se sobrepusieron a la fuerza políticay gubernamental de varios municipios, en los cuales habían decidido a qué candidatos escoger para las alcaldías, gobernaciones y representaciones de Cámara y Senado.
Para respaldar la sentencia, la Sala de Justicia y Paz acudió a las declaraciones del excongresista Miguel Alfonso de la Espriella, quien afirmó que, junto con Eleonora Pineda, habían sido elegidos con ayuda de los paramilitares con el fin de darle un reconocimiento político al proyecto contrainsurgente desde el Congreso, pretendiendo de esta manera acceder a una posible desmovilización y a un eventual proceso de paz.
Por su parte, Mancuso ya había afirmado en versión libre que “De la Espriella y Pineda fueron los enlaces entre el paramilitarismo y Álvaro Uribe durante la campaña”.
El exjefe paramilitar explicó en su momento que se reunió con los entonces candidatos al Congreso en Tierra Alta, Córdoba, proponiéndoles ser los interlocutores con el entonces aspirante a la Presidencia, quien había sido Gobernador de Antioquia (1995-1997). Miguel de La Espriella contó que tras el encuentro, aceptaron la propuesta de Mancuso y buscaron una reunión con Álvaro Uribe que se concretó en su finca El Ubérrimo.
La reunión ocurrió a comienzos de 2002 y según De La Espriella, se presentó junto a Eleonora Pineda como los representantes de las Auc. Ambos le dijeron que su interés era que dentro del Manifiesto Democrático, el programa de gobierno del entonces candidato, se incluyera la posibilidad de un proceso de desmovilización con los paramilitares. “Él nos dijo que hablar del tema en el momento era riesgoso, pero que lo tendríaen cuenta”, dijo de La Espriella (Ver: De la Espriella: “Fui puente entre Uribe y Auc para negociación de Ralito”).
Declaraciones que llevaron, según lo dicho por de La Espriella, a cuestionarse el porqué de la posición actual de Uribe de oponerse a que las guerrillas participen en política, “si el punto 41 del Manifiesto Democrático contemplaba la posibilidad de hablar de representación para las Auc luego de su desmovilización”.
Varios ex paramilitares han dado testimonio de cómo se financió la campaña presidencial de 2002, por parte del Bloque Catatumbo. Alias ‘El guano’ afirmó que cada frente tenía una caja menor destinada a la campaña. “El Frente Fronteras contaba con 100 millones de pesos que se invirtieron en los gastos de movilidad, refrigerios y camisetas” (Ver: “Caja menor de los ‘paras’ financió campaña de Uribe: ‘El Iguano’)
De igual manera contó en audiencia de versión libre que “nos dijeron que teníamos que apoyar a Álvaro Uribe y, además, nos pidieron que prestáramos seguridad a las mesas de votación que se ubicaron en la región de Cúcuta, La Gabarra y Tibú, una zona con bastante presencia guerrillera”.
Lo anterior fue planeado y ejecutado entre el entonces comandante del Bloque Catatumbo Armando Pérez Betancourt, alias ‘Camilo’, y el ex senador Ricardo Elcure, quien fue condenado por parapolítica y falleció en febrero de 2012.
Según Mancuso, las mismas peticiones se hicieron para la reelección presidencial, las cuales se hicieron manifiestas durante las negociaciones en Santa Fe de Ralito, Córdoba, a comienzos de 2006, donde el ministro de del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt, le pidió a Vicente Castaño colaboración para la reelección de Uribe Vélez.
Hechos que ya habían sido denunciados con anterioridad por parte del exparamilitar alias ‘Centella’, quien acusó al ex ministro de haberse reunido en la finca La Chava, cerca de Valledupar, con Salvatore Mancuso, Jorge 40 y otros paramilitares, para promover la reelección de Álvaro Uribe (Ver: Lafaurie y Pretelt señalados de nuevo por Mancuso)
Se espera que con este tipo de sentencias, la llamada justicia ordinaria comience a llamar a muchos de los que están involucrados como apoyos funcionales en las acciones militares y económicas del Bloque Catatumbo para que respondan por sus hechos.
