Los cerca de 20 mil crímenes que cometieron hombres bajo su mando en ocho departamentos han sido un desafío para el sistema judicial. Las condenas contra el exparamilitar vivo con mayor rango en las Auc arrojan aprendizajes para futuros procesos de justicia transicional.
Soberbia. Con esa palabra se pueden describir las primeras declaraciones judiciales de Salvatore Mancuso, el exjefe paramilitar que cuando llegó al Congreso en 2004 dijo: “el cese de hostilidades no nos exime de la responsabilidad de defender a las poblaciones de los ataques de las guerrillas”. O, luego de entregar las armas en 2005, cuando le preguntaban por las miles de víctimas del paramilitarismo, respondía con un: “yo fui el Estado”.
Su testimonio, sin embargo, ha sido uno de los más valiosos, pues desde los años 90 creó su propio grupo paramilitar en Córdoba con ayuda de la Brigada XI del Ejército. En 1994 se unió a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, donde conoció de primera mano algunas de las reuniones más importantes que sostuvieron Carlos y Vicente Castaño con altos mandos militares y políticos para extender su proyecto paramilitar en todo el país. Él mismo llevó estos grupos a Cesar, Magdalena, los Montes de María, La Guajira y Norte de Santander.
Han pasado diez años desde que se expidió la ley de Justicia y Paz, de la que fue el primero en la lista de postulados que el gobierno le envío a la Fiscalía. En los últimos videos conocidos de Mancuso, se ve a un hombre agotado que casi mecánicamente acepta su responsabilidad, luego de que el fiscal le relata los miles de crímenes atroces que hombres bajo su mando cometieron en casi todo el país. Un hombre que pide perdón a las víctimas con impotencia, porque pocas veces tiene respuesta para sus preguntas. Varios funcionarios judiciales que han seguido su paso por la justicia aseguran que este no es el mismo Mancuso que conocieron.
El Dossier de Salvatore Mancuso
En una década, y tras cientos de tropiezos, no solo Salvatore Mancuso ha cambiado sus declaraciones, también la Fiscalía encontró nuevas fórmulas para investigar crímenes masivos y los magistrados de Justicia y Paz han sentado su voz en importantes sentencia contra este postulado.
Como parte del especial ¿Qué nos dejan 10 años de Justicia y Paz? VerdadAbierta.com hace un detallado repaso sobre del proceso judicial más ambicioso que hasta ahora ha enfrentado el país en materia de justicia transicional.
Un mal comienzo
“Nadie sabía qué estábamos haciendo. Todos veníamos acostumbrados a la justicia ordinaria y nadie nos formó: los fiscales, los investigadores, los magistrados y, por su puesto, nosotros los abogados”, recuerda Jaime Paeres, defensor de Salvatore Mancuso en Colombia.
De hecho, en los primeros años, Mancuso y su grupo de abogados le dieron más importancia a los juicios de parapolítica en la Corte Suprema, donde el desmovilizado declaró en contra de 52 políticos que hoy en día están condenados. La Corte avanzaba a paso rápido, mientras el sistema judicial especial que había creado el Estado para juzgar a los exparamilitares se estaba adaptando.
“Se versionaban al día 3 o 4 delitos y luego ante los magistrados se nos iba todo un día de audiencia imputando 20 hechos, mientras mostraban todas la necropsias y leían una a una las actas de defunción. Eso no es sostenible si hablamos de miles de crímenes”, asegura un asistente a los primeros juicios. Mancuso llegó a decir que Justicia y Paz era una cadena perpetua, pues si seguían a ese paso iba a tardar más de 200 años en contar toda la verdad.
Al comienzo fue difícil que hablara de sus crímenes, sobre todo de sus aliados, pues siempre aludía a posibles represalias contra su familia. Las versiones más complicadas, como sucedió con otros jefes paramilitares, fueron las que versaban sobre las irregularidades en la desmovilización. Al interior de la Fiscalía fue una dura pelea saber que quién no permitió el desarme de los menores de edad en las filas de las Auc fue Luis Carlos Restrepo, el entonces comisionado de paz.
El torpedeado comienzo empeoró con su extradición a Estados Unidos en mayo de 2008, junto a otros 13 jefes paramilitares. Durante casi un año, el proceso de Justicia y Paz quedó suspendido. Desde el primer día hasta hoy, Mancuso ha repetido que lo enviaron a otro país para callarlo.
En los estrados judiciales
Mancuso aceptó haber convocado el Pacto de Ralito en junio de 2001, una reunión de más de 100 políticos de la Costa Caribe y funcionarios públicos con la idea de crear un movimiento nacional. Foto: archivo Semana. A mediados de 2012, luego de tires y aflojes conla Fiscalía, siete años después de haberse desmovilizado, Mancuso llegó por fin ante una magistrada de Justicia y Paz para ser condenado. Desde una cárcel de Virginia, Estados Unidos, acudía a la audiencias vía videoconferencia.
El ente investigador documentó 110 delitos cometidos en Norte de Santander por el Bloque Catatumbo. Un grupo paramilitar que se creó en 1999, luego de que Mancuso eligiera a más de 270 hombres entrenados en Urabá y los embarcara en siete camiones que recorrieron cuatro departamentos del país hasta llegar a Tibú. En ese momento comenzó la peor matanza vista hasta ahora en Norte de Santander.
“El propósito inicial de esta audiencia fue conocer quiénes fueron las redes de apoyo que permitieron esa entrada tan brutal en el Catatumbo. Desde la Sala hubo mucha presión para que Salvatore Mancuso contara lo que no había contado ante la Fiscalía”, dice Alexandra Valencia, la magistrada que estuvo a cargo de la audiencia.
Durante las primeras sesiones Mancuso aseguró tener toda la verdad, decía que la entrada de los paramilitares no habría sido posible sin la ayuda de agentes del Estado, pero se rehusaba a dar nombres argumentando que la seguridad de su familia estaba en riesgo. En duros pronunciamientos, la magistrada le recordó que su compromiso era con la verdad y que de no hablar, tendría que ser excluido del proceso. Como ocurrió con la mayoría de los postulados, este fue el escenario en el que Mancuso se encontró de nuevo con la justicia colombiana que años atrás fue omisiva.
La audiencia se sostuvo durante por lo menos tres meses sin interrupciones. Mancuso se refería a militares que ya estaban fallecidos o salpicaba a alguien cuando su vinculación era evidente. Por ejemplo, decidió hablar de las reuniones entre Carlos Castaño y el General Mauricio Santoyo, jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe, solo días después de que este fuera ido extraditado a Estados Unidos.
“Santoyo trabajó con Carlos Castaño”: Mancuso
Poco a poco el tono se fue suavizando y parte de la verdad salió a la luz. En audiencia se habló de los miembros de la fuerza pública como el general (r) Iván Ramírez que, según varios desmovilizados, no solo permitió la entrada de los paramilitares, sino que planeó la expansión junto a Carlos Castaño. Se nombraron otros militares retirados como Víctor Hugo Matamoros a quien la justicia absolvió.
Participaron también excongresistas condenados por parapolítica como Eleonora Pinera y Miguel de la Espriella para aclarar que el expresidente Álvaro Uribe sabía que contaba con el apoyo de los paramilitares y, especialmente, de Salvatore Mancuso en las elecciones. Fueron miembros del Fondo Ganadero de Córdoba a hablar de la supuesta intermediación que hizo José Felix Lafourie de Fedegan para la elección del fiscal Mario Iguarán.
Se habló de la Fiscalía seccional de Cúcuta, donde después de matar y amenazar a varios de los fiscales, los paramilitares se aliaron con la nueva directora Ana María Flórez, prófuga de la justicia. También se mencionó el apoyo de empresas como Ecopetrol y federaciones como Fedegan al Bloque Catatumbo.
Pero tal vez el punto más álgido de la audiencia fue cuando Salvatore Mancuso delató a su propio primo, a quien consideraba casi un hermano: Doménico Mancuso. Fue el encargado de hacer los contactos entre el Bloque Catatumbo y los miembros de la fuerza pública para asegurar la entrada en cada uno de los municipios de Norte de Santander. A raíz de esas confesiones Doménico fue capturado. A puerta cerrada, como pocas veces ocurre, Mancuso habló también de sus primeros encuentros con Álvaro Uribe y el alcance que el antiguo DAS tuvo en el entrenamientos de los grupos paramilitares.
Doménico Mancuso: enlace de las Auc con el Ejército en el Catatumbo
“Mientras eso pasaba, todo seguía funcionando normalmente. La guerra no ocurre porque dos grupos se enfrentan, sino porque grupos de poder lo permiten”, dice la magistrada y todo esto la llevó a pensar que más allá de un concierto para delinquir, algunos de los agentes del Estado habían servido funcionalmente a la llegada y expansión del grupo paramilitar. Por tal razón, debían responder como “el hombre de atrás” de los crímenes. “Pero esta postura no fue acompañada por los demás magistrados de la sala”, dice.
De acuerdo con Valencia, uno de los grandes aprendizajes del proceso contra Salvatore Mancuso es que en la justicia transicional, a diferencia de la ordinaria, es seguro que se va a terminar en sentencia condenatoria. Por eso el peso no debe ponerse en el fallo, sino en el proceso.
La priorización
Los cuatro bloques paramilitares bajo el mando de Salvatore Mancuso desplazaron a más de 72 mil víctimas, de acuerdo con la información recogida por la Fiscalía. Foto: archivo Semana. En diciembre de 2012 se reforma la ley de Justicia y Paz con los cambios que ya al interior de la Fiscalía se estaban dando. El tiempo se estaba agotando, los postulados comenzaban a cumplir sus ocho años máximo de prisión y solo había algo más de diez sentencias. Se sabía que no se podía seguir investigando y juzgando uno a uno los hechos.
Bajo ese contexto a comienzos de 2013 se planteó una segunda audiencia que contemplaba 1.400 crímenes cometidos por cuatro Bloques: Córdoba, Montes de María, Norte y Catatumbo. “Todos estos fueron fundados por Mancuso bajo las mismas directrices y aunque siempre había alguien a cargo del grupo, en últimas todos le rendían cuentas a él”, cuenta uno de los fiscales que trabajó en el caso. Este proceso quedó en manos de la magistrada Léster González.
Para lograr ese objetivo tuvieron que unirse 7 despachos de la Fiscalía que habían trabajado por separado haciendo contextos y versiones libres por su lado. “Fue necesario que juntáramos toda la información, que nos alejáramos del caso a caso y que hiciéramos un análisis macro de qué era lo que realmente había pasado en el país. No fue una tarea fácil”, recuerda el fiscal.
Decidieron así construir los patrones por crímenes. Eligieron desaparición forzada, desplazamiento, reclutamiento de menores y violencia basada en género. Existía una directriz clara de su accionar con algunas diferencias regionales, por ejemplo, que todos los bloques incineraron los cadáveres ya fuera en hornos crematorios (como sucedió en Norte deSantander) o introduciéndolos en llantas que luego quemaban (así lo hicieron en gran parte de la Costa Caribe), los arrojaban a los ríos o en el caso particular del Bloque Catatumbo, los arrojaban por abismos.
Organizar esta información para crear dichos patrones y presentarlos en audiencia requirió la participación de más de 200 funcionarios. Por primera vez, los fiscales juntaron los contextos que cada uno había creado en su región e hicieron un solo relato a varias voces que presentaron ante los magistrados. “Nos dimos cuenta de que hay que dejar de lado esas envidias con la información para lograr algo más grande. Acá la información era de todos”, cuenta una fuente de la Fiscalía.
El trabajo hecho en los primeros años sirvió para que se documentara con detalle en la sentencia más de 90 masacres, algunas de las más grandes cometidas en la Costa Caribe como la del Salado o la de Playón de Orozco. También algunos hechos de impacto regional como el asesinato del personero de Villanueva que se atrevió a encarcelar a Mancuso y a ‘Jorge 40’.
Las verdades de la nueva condena contra Mancuso
Con la reforma a ley de Justicia y Paz se eligieron también a unos jefes paramilitares. El objetivo era priorizar su proceso judicial para que una vez obtenida su sentencia, quienes fueran su subalternos no tuvieran que someterse a un proceso judicial, sino acogerse a una sentencia anticipada y así agilizar el proceso. En un comienzo Mancuso se rehusaba a aceptar tal cantidad de crímenes, pues aseguraba que él desmovilizó solamente al Bloque Catatumbo y que cada uno de los Bloques tenía sus propios jefes. Los postulados de rangos menores no estaban tampoco contentos con la decisión. Creían que solo beneficiaban a los jefes y que les iba a retrasar su libertad.
Sucedió algo similar con los 175 delitos de género documentados por la Fiscalía que incluían la esclavitud sexual, el aborto y la esterilización forzada. Esta sentencia, proferida en noviembre de 2014, es la que más más víctimas de este flagelo ha reconocido. “Ante la justicia ninguno de los patrulleros ni mandos medios quería aceptar violencia sexual. Les daba más vergüenza contar eso que reconocer un homicidio”, dice el abogado Jaime Paeres. Los defensores de los postulados recogieron la información en las cárceles y se la llevaron a Estados Unidos a Mancuso, quien decidió aceptar los cargos y exigir a sus antiguos subalternos que respondieran ante las víctimas.
Al final, todos se pusieron de acuerdo y sacaron adelante la primera macro-sentencia de Justicia y Paz.
Aunque esta macro-sentencia contra Salvatore Mancuso no entra en mayores detalles sobre los terceros involucrados con el grupo paramilitar, controvierte la decisión tomada por la magistrada Alexandra Valencia. “El paramilitarismo no constituyó en sí mismo una política estatal que tuviera proyección en el tiempo ni que fuera diseñada expresamente por algún órgano constitucional ni legítimo”, reza la sentencia. La magistrada González agregó que aunque hubo participación de miembros del Estado, se deben resaltar los esfuerzos estatales que se adelantaron durante la expansión del paramilitarismo a fin de fortalecer la Fuerza Pública.
Los enredos en la reparación de las víctimas de Salvatore Mancuso
La sentencia fue apelada por varias de las víctimas, pues varias de ellas no quedaron reconocidas en el fallo. Esta es la primera sentencia en la que un magistrado acepta todos los patrones de macro-criminalidad presentados por la Fiscalía y por eso hay tanta expectativa sobre el pronunciamiento de la Corte Suprema, pues su respuesta podría darle el visto bueno a esta metodología u ordenar cambios radicales.
Cara a cara con las víctimas
En una sola sentencia se documentaron 94 masacres cometidas por hombres bajo el mando de Salvatore Mancuso, la mayoría en la Costa Caribe. Foto: archivo Semana. “Al comienzo la Fiscalía era muy desconfiada. Acercarse a hablar con las víctimas en un espacio no judicial era casi como un crimen”, dice Jaime Paeres. Poco a poco las barreras fueron bajando y fueron las víctimas, familiares de desaparecidos, las que buscaron a los excombatientes para obtener información más precisa. “Es difícil, pero a veces esa comunicación del postulado con la víctima es necesaria para reconstruir episodios más puntuales y son espacios que no siempre se pueden dar en una audiencia”.
La interacción con las víctimas es, para la magistrada Valencia, el punto de quiebre de los postulados. “No sé si sea solo una percepción mía, pero yo noté un cambio del postulado desde el comienzo hasta el final de las audiencias. De comenzar con un discurso muy a favor del paramilitarismo termina por denunciar lo que ellos mismos habían cometido. Entra en conciencia de lo que son los excesos de la guerra”.
Recuerda en particular el caso de un menor en Cúcuta, que luego de ser testigo presencial del asesinato de cuatro miembros de su familia a los 7 años, desarrolla una extraña enfermedad dermatológica en sus uñas que le impide manipular cualquier elemento con sus manos. El joven pedía como reparación un tratamiento médico. Frente a la mirada de todos, Salvatore Mancuso rompió en llanto y apagó la cámara. “Cuando se confronta con los huérfanos y viudas, ve otra parte de la guerra. Con esa segunda realidad entra un discurso de arrepentimiento muy fuerte”, dice la magistrada.
Dicho contacto en distintas zonas del país, les ha demostrado que, contrario a lo que estipula la ley, existen tantas formas de reparación como personas. Algunas víctimas aseguran sentirse reparadas con un sentido pedido de perdón, otras necesitan las coordenadas de un cuerpo, un cupo en una universidad o un tratamiento psicológico. Pocas sienten que el dinero que les están entregando a cambio, equivale a una verdadera reparación.
¿Qué falta?
Aunque los postulados han sido reacios a confesar delitos sexuales, pues decían que estaba prohibido en los estatutos, la macro-sentencia de Mancuso documentó 175 casos de violencia sexual en ocho departamentos. Foto: archivo Semana.“El cierre de la estructura del postulado Salvatore Mancuso está proyectado de aquí a tres años”, dice Carlos Villamil, Director de Justicia Transicional de la Fiscalía. Primero se presentará ante los Tribunales de Justicia y Paz el cierre de todos los hechos documentados del Bloque Córdoba, Contrainsurgencia Wayuu (que delinquió en La Guajira) y Resistencia Tayrona.
En una segunda fase se cerrarán los delitos que no se han llevado a juicio de los Bloques Norte, Montes de María y Catatumbo. La mayoría de los postulados ya está saliendo en libertad aunque no tenga una sentencia condenatoria y se espera que estos procesos cobijen a los miles de excombatientes que hicieron parte de estos grupos.
En Estados Unidos Mancuso fue condenado a 15 años y diez meses de prisión, de los cuales ya cumplió 7. Luego de esta sentencia fue trasladado a otra prisión en Virginia, con mayores libertades carcelarias, pero le impiden la comunicación vía videoconferencia con Colombia, lo que ha retrasado el proceso. Se está estudiando si es posible versionar por escrito.
Para diciembre de este año se programó la audiencia en la que Mancuso solicitará la libertad en Colombia. Aunque no va a estar efectivamente libre hasta que no cumpla su condena en Estados Unidos, la decisión del tribunal puede marcar un precedente para los demás extraditados que aún no tienen claro si su estadía en Estados Unidos cuenta como parte del pena que deben cumplir en Justicia y Paz.
