El sabor amargo del conflicto en San Vicente de Chucurí

En la capital cacaotera de Colombia sus habitantes fueron altamente victimizados. La represión generada por el conflicto armado marcó a los chucureños, quienes aún son temerosos de contar lo que allí ocurrió. Incluso, muchos no quieren reconocerse como víctimas.

San Vicente de Chucurí, la capital cacaotera del país, fue azotada por la violencia de las guerrillas y los paramilitares. Es el cuarto municipio de Santander con más víctimas de desplazamiento; y el sexto con más reclamaciones de restitución. Foto: archivo Semana.El chocolate puro es amargo, como aquellos recuerdos que dejan tres décadas de una guerra que desplazó a varios miles de chucureños de sus tierras, incrustadas en el corazón de Santander, rodeadas de cerros, filos y mesetas, donde se producen 7 mil toneladas anuales de cacao, además de plátano, yuca, cítricos y café, sin contar que tiene un apetecido aguacate al que llaman “sanvicentano”.

De estas tierras fértiles emerge, además, un pasado violento: cuna del Ejército de Liberación Nacional (Eln), escenario de cruentos combates entre guerrillas y tropas del Ejército, territorio de reclutamientos, desapariciones forzadas y masacres perpetradas por paramilitares.

También tiene varios registros dramáticos: el del primer secuestro cometido contra ciudadanos alemanes a finales de los años sesenta y del primer accidente con minas antipersonal una década más tarde. Además, es el cuarto municipio, de los 87 que integran Santander, con las cifras más altas de desplazamiento forzado después de Barrancabermeja, Sabana de Torres y Puerto Wilches, albergando además a otras 3 mil 109 personas expulsadas de otras regiones del país.

Es por eso que para Germán Sandoval, Gloria Ramírez, Miriam López** y Elizabeth Mora, algunos natales del pueblo y otros que llegaron allí forzados por la violencia, les resulte complejo hablar de esta historia. Quien pise tierras chucureñas y quiera indagar sobre cómo transcurrió allí el conflicto armado se encontrará con muchos silencios, pese a que existen varias asociaciones que acogen a unas 300 víctimas del desplazamiento, entre ellas Asodesplasan, Asodesanv, Agroyari y Asodesam.

Durante casi 20 años, San Vicente parecía no tener habitantes propios. En parte, por el mal funcionamiento del Hospital San Juan de Dios, pero también porque los padres no querían que sus hijos fueran registrados como originarios de este lugar, “pues decían que el pueblo era guerrillero”. Eso explica por qué en las cédulas de muchos jóvenes el lugar de expedición corresponde al puerto petrolero de Barrancabermeja o a Bucaramanga, la capital departamental.

Con el reciente anuncio del fin del conflicto armado con la guerrilla de las Farc y con una posible apertura de negociaciones con el Eln, los chucureños esperan que el Estado siga poniendo los ojos sobre este municipio de 34 mil habitantes. El 16 de enero de este año el presidente Juan Manuel Santos anunció que San Vicente ya estaba libre de sospecha de presencia de minas antipersonal después del trabajo de desminado humanitario que se realizó en 16 de las 37 veredas que componen al municipio.

San Vicente de Chucurí y las minas del Eln

Esperanzados en la implementación de los Acuerdos de La Habana, sus pobladores confían en el desarrollo del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, que promete no solo contar las verdades de lo sucedido, sino resarcir el daño a sus habitantes, buscando además a los desaparecidos, de quienes no se lleva un registro. “A mí no me da miedo ni vergüenza de decir que soy víctima. En 28 años no he descansado buscando a mi hermano”, dice Sandoval.

Un conflicto ‘cocinado’

El municipio de San Vicentede Chucurí ya está libre de las minas antipersonal, según el anuncio realizado por el Gobierno Nacional en enero de 2016. Foto: archivo Semana.La violencia en este municipio tiene sus orígenes en la década del treinta, del siglo pasado, cuando, influenciados por el Partido Socialista Revolucionario, varios campesinos quisieron unirse a una insurrección nacional que falló en su intento. El investigador Alejo Vargas, en su texto Tres momentos de la violencia política en San Vicente de Chucurí, explica que, seguido a esto, en los años cincuenta aparecieron las guerrillas liberales tras el asesinato del caudillo Jorge Eliécer Gaitán. En el pueblo, estas huestes fueron lideradas por el concejal Rafael Rangel, quien se oponía a la persecución desatada por los conservadores y la policía chulavita, y al despojo de tierras que ya tenía sus primeras expresiones basada en la filiación política.

Según Vargas, desde entonces el pueblo fue fracturado: las guerrillas liberales mandaban del río Chucurí hacia abajo, mientras los conservadores en la parte norte del casco urbano. Estos últimos se enfocaron en la conformación de grandes haciendas, varias de ellas hechas con fincas usurpadas a los liberales.

La constante represión oficial, las condiciones de pobreza del campesinado sin tierra y la influencia de la revolución cubana fueron las semillas del surgimiento de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln), bautizada así el 4 de julio de 1964 en la vereda La Fortuna en el Cerro de los Andes. Varios integrantes de las guerrillas de Rangel se sumaron al nuevo grupo liderado por Fabio Vásquez Castaño, un joven quindiano quien para ese entonces tenía 24 años y había sido entrenado por Fidel Castro en Cuba.

A la incipente guerrilla, que llegó a tener casi 5 mil hombres, pero que ahora no superaría los 2 mil, se unió Nicolás Rodríguez Bautista, alias‘Gabino’. El chucureño ingresó al Eln con apenas 14 años y asumió en 1998 la comandancia del grupo tras la muerte de Manuel Pérez, alias ‘El Cura Pérez’, líder histórico de esa organización guerrillera; además, es miembro del Comando Central (Coce), del que también hacen parte Israel Ramírez, alias ‘Pablo Beltrán’, y Eliécer Herlinton Chamorro, alias ‘Antonio García’, quienes son los negociadores oficiales ante el gobierno de Juan Manuel Santos en un proceso que tiene dificultades para su inicio.

Los ‘alfiles’ de la negociación de paz con el Eln

Desde San Vicente de Chucurí esta guerrilla organizó la primera incursión guerrillera en el vecino municipio de Simacota, realizada el 7 de enero de 1965 en la que murió Pedro Gordillo, alias ‘Capitán Parmenio’. Este fue el nombre que asumió el Frente que luego se extendió por Barrancabermeja, Lebrija, El Carmen de Chucurí y Zapatoca. En la región fueron cada vez más constantes los combates, entre ellos el de Patio Cemento el 15 de febrero de 1966, en el que resultó muerto el cura Camilo Torres, miembro de esta guerrilla y pionero de la Teología de la Liberación.

Las extorsiones y los secuestros se conviertieron en la orden del día, entre ellos el cometido en 1969 contra varios directivos de una compañía alemana que realizaba explotación maderera en Campo Capote, un corregimiento de Puerto Parra. Los germanos abandonaron las instalaciones, la maquinaria y el proyecto de escuelas que ya funcionaba en el pueblo. Durante dos décadas, las guerrillas fueron el actor con mayor presencia en la zona, sumado a la llegada del Frente 12 del Epl y el Frente 46 de las Farc.

Los años ochenta fueron críticos. Las dos sentencias de restitución de tierras proferidas hasta el momento en San Vicente documentan que los movimientos sociales tuvieron su mayor expresión en esta época, alentados en gran parte por la izquierda. De allí partieron movilizaciones campesinas populares que condujeron al Paro Cívico de 1987 y a las Marchas Campesinas de mayo de 1988, luego perseguidas y estigmatizadas por las nacientes autodefensas que ya se entrenaban en fincas de Puerto Boyacá, Boyacá.

El Registro Único de Víctimas (RUV) muestra que en 1988 se dispararon los desplazamientos, con 533 casos denunciados, una cifra que se mantuvo alta hasta el 2008, cuando las expulsiones por el conflicto no bajaron de 200. (Ver cifras)

En la década del ochenta el Ejército aumentó su tropa con la instalación del Batallón Luciano D’elhuyar, ampliamente custionado en las versiones de exparamilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en el proceso de Justicia y Paz por su presunta complicidad en la propagación de las autodefensas autoproclamadas como Muerte a Secuestradores (MAS), ‘Los Grillos’ y ‘Los Tiznados’.

En las veredas los chucureños eran tildados de “guerrilleros”, de manera que, en los noventa los bombardeos fueron más intensos. “Se llevaron a cabo operaciones ‘rastrillo’ en las veredas San Cristóbal, Arrugas, El Filón, Albania y La Tempestuosa, entre otras, dejando como saldo desapariciones de campesinos, torturas y saqueos”, indica una sentencia de tierras proferida el 14 de octubre de 2015.

La Brigada 2 del Ejército fue también denunciada de ir con listas en mano por la zona rural acusando a los campesinos de pertenecer a la subversión, provocando que muchos dejaran sus parcelas y se refugiaron en los Albergues de Campesinos Damnificados por la Guerra.

Así expulsaron ‘los Masetos’ a los campesinos de Chucurí

Varios integrantes de estos Albergues, que denunciaban la complicidad entre miembros del Ejército y las autodefensas, fueron asesinados, como ocurrió el 28 de enero de 1993 con los campesinos Leonardo Rangel, Isnardo García, Jorge Pacheco y su esposa, los dos primeros asesinados y los otros dos torturados en el sitio Las Arrugas, en la vereda San Cristóbal. El documento más completo que advierte sobre la impunidad de estos crímenes y la participación del Estado en los asesinatos, desapariciones y desplazamientos fue el informe elaborado por la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, publicado en 1992.

Al finalizar los noventa, las autodefensas se sumaron a las Auc, organización impulsada por los hermanos Carlos y Vicente Castaño. A la región llegó unos de sus brazos más crueles, el Bloque Central Bolívar con el Frente Isidro Carreño, que asumió el nombre de un viejo comandante de las autodefensas de San Juan Bosco de la Verde, un corregimiento del municipio de Santa Helena del Opón.

Líderes y políticos que pertenecían a cualquier movimiento que ‘oliera’ a ideas de izquierda era amenazados o asesinados por ese grupo paramilitar, como ocurrió con los concejales Etilvia María Navarro, del Frente de Izquierda Liberal Auténtico (Fila) en febrero de 1995, y Humberto Parada, del mismo movimiento, en mayo de 2002.

Los paramilitares se desmovilizaron en 2006 y atrás quedó un rastro de violencia que fue documentado por la Unidad de Justicia y Paz, pero faltan aún las confesiones de las dos guerrillas que por años fueron responsables de la barbarie ocurrida en San Vicente de Chucurí.

El abandono y despojo de tierrras, por ejemplo, fue alto. Cuando las cifras de la Unidad de Restitución fueron públicas, a corte de mayo de 2013, los reportes indicaban que el pueblo ocupaba el sexto lugar en Santander con más reclamaciones, pues sus habitantes solicitaban cinco mil hectáreas que fueron abandonadas o despojadas por el conflicto.

¡Necesitamos reparación!

La década del 80 fue la más violenta en San Vicente de Chucurí. El Centro de Investigación y Educación Popular y la Comisión Intercongragacional de Justicia y Paz documentaron las torturas, masacres y desapariciones perpetradas por autofensas y miembros del Ejército. Foto tomada del informe de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz.Han pasado 28 años desde que el joven de 24 años, Ludwing Sandoval fue detenido y desaparecido sin que su familia conozca los responsables de este crimen, considerado de lesa humanidad. Era la proeza del ciclismo chucureño. Había logrado destacarse en diversas competencias y pensaba radicarse en Bucaramanga para mejorar sus entrenamientos y rendimiento deportivo. Su hermano Germán ha salido a marchar exigiendo verdad y reparación durante las conmemoraciones del Día Nacional de las Víctimas, logrando impulsar un proceso de memoria único en su municipio.

Después de años de insistencia, logró que el Concejo Municipal aprobara el 30 de noviembre de 2009 el Acuerdo 028, con el que la Alcaldía institucionalizó la Clásica de Ciclismo Ludwing Sandoval, que desde entonces se realiza cada octubre durante dos días. Aunque ha tenido dificultades con varios políticos de turno, el año pasado puso a correr a seis ciclistas de talla nacional e internacional y a convocar a los chucureños para recordar la memoria de Ludwing.

“Seguiré luchando por saber la verdad. Les he dicho a otras víctimas que no sientan miedo, que no piensen que van a ser rechazados por exigir reparación y saber qué fue lo que sucedió”, dice Sandoval, explicando que su hijo lleva el nombre de su tío, a quien está impulsando también como ciclista para continuar con el legado familiar.

De otro lado, las reclamaciones de Gloria Ramírez y Miriam López** ponen en evidencia el drama del desplazamiento; la primera llegó del Quindío expulsada por la guerrilla; la segunda es chucureña y pide que se le proteja la identidad porque aún siente temor. A Ramírez la guerrilla le mató el esposo y su hijo fue desaparecido por paramilitares cuando se desempeñaba como guardaespalda. Con los brazos cruzados y una nueva familia que fue forjando de a poco se le rebeló al silencio que imperaba en el pueblo chucureño.

Ramírez ingresó a la Asociación de Desplazados de San Vicente de Chucurí, siendo elegida su representante legal y más tarde asumiendo la Coordinación de la Mesa de Víctimas. “La Mesa solo funcionó hasta 2015, en realidad no recibimos apoyo municipal. La Ley de Víctimas es hermosa, el papel lo aguanta todo, pero la gente está cansada de que la visiten en las veredas y le pidan documentos y más documentos sin que llegue la reparación ni aparezcan sus seres queridos”, dice la líder.

Miriam López, una mujer de avanzada edad, afirma que ya no sabe qué hacer. Vive en arriendo en una vereda del municipio a la espera de que el gobierno busque a su hijo que fue desaparecido. En la zona rural fue testigo de múltiples enfrentamientos entre guerrilleros y paramilitares, de tener que echar a correr por el campo para no dejarse alcanzar de las balas y asistir a reuniones obligadas. Evitó que su hija fuera reclutada siendo una niña; pero su vida quedó hecha trizas cuando se llevaron a su hijo mayor.

Elizabeth Mora González es socióloga y también testigo de la violencia política. Ella, exalcaldesa del municipio de La Belleza en los años ochenta y más tarde Inspectora de Policía en San Vicente de Chucurí, era la esposa de Edwin Pompilio Gómez Rojas, alcalde de Macarativa [2001-2003], asesinado el 26 de mayo de 2002 por paramilitares. Esta mujer recuerda que en la región las Auc amenazaban a cualquier político que no ‘comulgara’ con sus ideas y para entonces, cuando se celebraban los comicios presidenciales, intimidaron a quienes simpatizaban y apoyaban la candidatura de Horacio Serpa. Este candidato por el Partido Liberal había sido cofundador del Frente de Izquierda Liberal Auténtico (Fila), movimiento que fue perseguido por las autodefensas en la región.

La falta de voluntad política para atender a la población víctima condujo a Mora a fundar la Asociación Agroecológica Yariguíes (Agroyari), acogiendo a personas en condición de desplazamiento y vulnerabilidad. Su preocupación está en el acceso a tierras, que estas familias logren tener una parcela propia para hacer productivo el campo y prosperar.

Con indignación, esta líder social explica que entre 2011 y 2012 recavaron todos los documentos necesarios para solicitar la titulación de unas 16 fincas que favorecería a 234 familias sin tierra; sin embargo, los procesos de extinción de dominio sobre los predios no prosperaron y, a cambio, allí se desarrollan proyectos de caucho y palma.

En San Vicente la permanencia de este tipo de proyectos es una preocupación en relación con la implementación de los acuerdos que se rubriquen en La Habana con la guerrilla de las Farc, pues son la garantía para mantener la calidad de vida del campesinado que trata de sobrevivir con la producción agrícola y que durante los últimos años se resiste a la explotación de carbón con títulos mineros ya concedidos. No quieren que sus tierras se conviertan en una réplica de la mina San Luis, municipio vecino del Carmen de Chucurí.

Muchos chucureños quisieran no hablar del pasado violento de su pueblo; otros creen que ya es necesario. Mientras tanto, endulzan el cacao que cultivan en sus fincas tratando de pasar ese sabor amargo que les arrebató a sus seres queridos, la tierra y la tranquilidad por muchos años.

*Periodista comunitario San Vicente Stéreo
**Nombre protegido a solicitud de la fuente

Este artículo hace parte del proyecto GIZ con VerdadAbierta.com