Más de treinta años después, el Batallón de Desminado Humanitario desinstaló las primeras minas antipersonal empleadas en el país por el Eln en el departamento de Santander.
El pasado 16 de enero, en el presidente Juan Manuel Santos declaró a esta población libre de sospecha de minas.
Álvaro Gómez Ramírez, un campesino de 60 años oriundo de San Vicente de Chucurí recuerda aquel 16 de septiembre de 1994 cuando salía de su casa a realizar las labores en la finca. “Muy temprano en la mañana como entre 6:00 y 6:30 yo pisé una mina”, contó Gómez a VerdadAbierta.com.
Este poblador del sector de la Llana Fría Guacamayas, jurisdicción de San Vicente de Chucurí, no sólo padeció el drama de las heridas causadas por una mina antipersonal. Don Álvaro también tuvo que desplazarse al casco urbano del municipio por miedo a sufrir las represalias de los actores que colocaron las minas en ese sector. “Cuando yo caí en la mina salí desplazado porque pensé que me la habían puesto a mí, porque estaba en el camino que yo usaba para llegar a mi trabajo”.
Este chucureño, que a pesar de la amputación de uno de sus pies aún sigue labrando la tierra, fue uno de los asistentes al acto público celebrado en la plaza de San Vicente de Chucurí el pasado 16 de enero, en el que el presidente Juan Manuel Santos declaró a esta población libre de sospecha de minas.
Existe un elemento que diferencia a San Vicente de los otros cuatro municipios que han sido declarados libres de estos explosivos. Allí se comenzaron a usar por primera vez en el país las minas antipersonal comoparte de la estrategia de guerra de los actores armados. En este caso, se señala al Ejército de Liberación Nacional (Eln) como el primer responsable del empleo de estos artefactos.
La primera víctima de una mina antipersonal en Colombia fue registrada por la prensa a finales de los años setenta. Un campesino de este municipio resultó gravemente herido por un artefacto que los mismos pobladores de la región comenzaron a llamar “mina quiebrapata”, como lo registra la Revista Cambio en abril de 2004.
La Dirección de Acción Integral Contra las Minas (Daicma) que documenta las víctimas de estos artefactos desde 1982, registra ese mismo año al menos una víctima civil en Santander. En este departamento, que ocupa el undécimo lugar en relación con el número de eventos registrados en el país, los municipios más afectados por presencia de estos artefactos han sido Barrancabermeja, Suratá, Matanza y Sabana de Torres.
San Vicente de Chucurí, localizado a tres horas y media de Bucaramanga, es un municipio situado en plena región del Magdalena Medio, rodeado por las montañas de la Cordillera Oriental. Esta población cacaotera representa un lugar emblemático dentro del conflicto armado al convertirse en la cuna del Eln en 1965 y al ser el sitio en donde yacen los restos del cura guerrillero Camilo Torres.
Vista 360 de la plaza del municipio – Google Street View
Antes de la llegada de los actores armados a la región, la vida en San Vicente era tranquila. “Teníamos prosperidad porque podíamos trabajar en las fincas”, comentó don Álvaro.
Luego de varios años de presencia del Eln y de la llegada de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) a mediados de la década de los setenta, irrumpieron en la zona los paramilitares en los años ochenta. El paramilitarismo se consolidó con grupos como Los Tiznados y las Autodefensas de Puerto Boyacá.
Según el secretario de Gobernación de San Vicente, el empleo de minas antipersonal se extendió particularmente por los dos grupos guerrilleros que predominaban en la zona.
“Nos tocaba convivir con ellos porque uno se los encontraba en todas partes, en todo lado hacían presencia, había muchos abusos hacia la población, nos humillaban, no había tranquilidad”, Así recordó Don Álvaro los años más dramáticos del conflicto armado en el municipio.
Las primeras minas fueron instaladas por el frente Capitán Parmenio del Eln como respuesta a la incursión en la zona del Batallón de Infantería No 40 “General Luciano D`elhuyar” en la década de los ochenta. A raíz de la incursión militar para recuperar el territorio controlado por el Eln, este grupo guerrillero decidió minar aquellas zonas en las que sospechaba que las tropas del Ejército iban a pasar. El Eln instaló también estos artefactos en los cultivos de pancoger, en árboles frutales y en diferentes cerros como lo recordó el personero saliente, José Joaquín Vecino Gómez.
Según Luís Emilio Cuevas, secretario de Gobierno del municipio, los años más dramáticos fueron 1992 y 1993. ”Hubo casos más frecuentes de minas, amputados y muertos, porqueen estos años escaló el conflicto en la región”. “Históricamente San Vicente de Chucurí ha sido azotado por todos los actores del conflicto armado interno”, recordó Cuevas.
La gente comenzó a abandonar las fincas en donde había minas, incluso, la gente que sospechaba que vivía en un campo minado abandonaba sus tierras porque no podían cultivar…”.
De las 37 veredas que hacen parte del municipio de San Vicente de Chucurí 14 estaban plagadas de minas antipersonal. Con la presencia de las áreas minadas, la vida de los pobladores de San Vicente estuvo mediada por una zozobra permanente, como lo describe Álvaro Gómez: “Uno conocía todos los casos de las personas que habían caído en una mina, mucha gente salió desplazada, además era una situación complicada porque las colocaban en cualquier parte”.
Fueron muchos los campesinos que abandonaron sus tierras por temor a caer en una mina, mencionó Nelly Díaz, enlace comunitario de la Daicma en este municipio en entrevista a VerdadAbierta.com. “La gente comenzó a abandonar las fincas en donde había minas, incluso, la gente que sospechaba que vivía en un campo minado abandonaba sus tierras porque no podían cultivar, tampoco podían desplazarse libremente por la zona”. Para los chucureños, el desminado significa “volver a tener tranquilidad y poder trabajar sus tierras con seguridad”, aclara Nelly.
Durante el proceso de desminado, algunos pobladores decidieron no denunciar en dónde se encontraban estos artefactos por miedo a represalias por parte de los grupos armados que siguen rondando en la región. El secretario general de San Vicente de Chucurí aclaró que en un primer momento la población sintió resistencia para que el Bides (Batallón de Ingenieros de Desminado) entrara a sus fincas. Existen algunos predios en los cuales no fue posible lograr la autorización del propietario para poder realizar el desminado.
A pesar de estas dificultades, don Álvaro se muestra optimista del proceso de desminado por medio del cual removieron 90 minas antipersonal y otros 10 artefactos explosivos. “Ahora podemos disfrutar de la libertad de poder laborar en nuestras fincas”.
