La nómina de militares de ‘El Mellizo’ Mejía

      
El Bloque Vencedores de Arauca de alias el ‘Mellizo Mejía’ pagó sueldos a militares y funcionarios públicos para delinquir en la región durante cinco años.
  
El Bloque Vencedores de Arauca se alió con militares y funcionarios públicos para delinquir en la región. Foto archivo Semana  

Los paramilitares de Arauca desarrollaron un sistema contable para pagar ‘sueldos’ a miembros de la fuerza pública y funcionarios públicos, y lograr que sus identidades se mantuvieran en reserva. También se aliaron un capitán de la Fuerza Aérea, que fue piloto de Carlos Mario Jiménez alias ‘Macaco’, para conseguir videos de inteligencia y comprar un sistema que les permitió rastrear en tierra los movimientos de tropa del Ejército y la guerrilla.

Estos detalles fueron revelados por la Fiscalía 22 de Justicia y Paz durante la más reciente audiencia de legalización de cargos contra Miguel Ángel Mejía Múnera alias ‘El Melllizo’ y otros ocho desmovilizados del Bloque Vencedores de Arauca de las Auc, entre ellos Orlando Villa Zapata alias ‘Rubén’ o ‘La Mona’, quien fue el segundo jefe de ese grupo paramilitar.

A partir de las confesiones de algunos desmovilizados, Justicia y Paz logró documentar que entre 2001 y 2003 el enlace de los paramilitares con la fuerza pública fue un ex policía. La Fiscalía lo identificó como Yesid Baena Toro alias ‘Martín’ “quien era un ex funcionario de la policía en Bogotá que tenía contactos, manejaba  fuentes de ciertos funcionarios corruptos en la ciudad”, leyó una investigadora durante la audiencia.

Según la Fiscalía, durante tres años ‘Martín’ le pedía cada mes $50 millones de pesos a alias ‘Rubén’ o ‘La Mona’ para pagar la ‘nómina’ a miembros de la Policía, el Ejército y el extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. Comenzaron por el municipio de Tame.

‘Martín’ se encargaba de distribuir este dinero entre  los militares e investigadores, y llevaba los registros en listados con un código que solo él podía descifrar. A la mayoría los identificaba con una mayúscula seguida por un número. Los cómplices eran miembros del Batallón de Ingenieros Nº 18 General Rafael Navas Pardo, la Brigada Móvil 5 adscrita a ese mismo batallón y la base militar Los Naranjitos, todos con incidencia en Tame.

A partir de julio de 2002, ‘Martín’ extendió sus contactos a Arauca, la capital, así como a Saravena, Fortul, Arauquita y Cravo Norte. En estos lugares la fuerza pública les entregó “órdenes de batalla”, informes de inteligencia donde identificaban con nombre y ubicación a los supuestos guerrilleros de la región. En el puesto de policía de Tame muchas de las personas que estaban retenidas fueron señaladas y a su salida de las inspección, asesinadas por los paramilitares.

En versiones libres, varios desmovilizados contaron que los pagos debían ser cumplidos. “Eran el quinto día de cada mes. Si se llegaba al seis y no había pago, entonces la policía hacía pesquisas en el pueblo y capturaba a los urbanos (paramilitares en el área urbana). Por la salida cobraban entre $1 millón y $2 millones de pesos, y si incautaban armas se las revendían al grupo paramilitar. Y si los paramilitares no la compraban, entonces se la ofrecían a la guerrilla”, leyó la Fiscalía.

Alias ‘El Mellizo’ comenzó a tener diferencias con ‘Martín’y el ex policía fue asesinado por el propio grupo. En su reemplazo, el nuevo enlace las fuerzas militares fue alias ‘Cantante’. A finales de 2003implementó nuevo sistema de ‘pagos’ que solo se realizaba con “resultados”.

Si los paramilitares ganaban un combate o lograban la captura o el asesinato de personas que ellos consideraban guerrilleros, el bloque les pagaba a los funcionarios que les suministraron la información. En 2003, el grupo paramilitar comenzó a pagarle por información al CTI de la Fiscalía.

‘Cantante’, al igual que ‘Martín’, fue asesinado y en su reemplazo llegó alias ‘Zamir’. En 2004 por intermediación de un teniente y del piloto privado de ‘Macaco’ el Bloque Vencedores de Arauca compró un programa de ubicación topográfica.

Según documentó la Fiscalía, el programa les costó $4 millones de pesos y fue operado desde un computador por Jair Eduardo Ruiz Sánchez alias ‘Pagado’. El sistema les permitía ubicar por medio de coordenadas los movimientos en tierra de cualquier tropa en la zona.  Con esta información y apoyo, los paramilitares cometieron masacres como la de Puerto Rondón y Cravo Norte.

Identidad por resolver

La Fiscalía informó a los magistrados de Justicia y Paz que debido a la nomenclatura que utilizó alias ‘Martín’ y a que los desmovilizados del Bloque no recuerdan los nombres de los militares y funcionarios que les ayudaron, solo ha podido identificar algunos apellidos y descripciones para compulsar seis copias a la justicia ordinaria. Es decir, enviar esta información al sistema judicial para que investigue a cinco funcionarios del Ejército y la Policía, y a uno más del antiguo DAS.

Al terminar su exposición, la magistrada Uldi Teresa Jiménez cuestionó sobre por qué los desmovilizados del Bloque Vencedores no han confesado los nombres de los militares y funcionarios, y preguntó a Orlando Villa Zapata alias ‘Rubén’ o ‘La Mona’ sobre esta situación.

“Desde un principio hemos estamos comprometidos con el proceso, pero lastimosamente la gente que tiene la información está muerta o detenida y no postulada a Justicia y Paz. Yo he buscado la información pero Pacheco, Acevedo y Lucas (paramilitares que no han sido postulados) no quieren dar estos datos”, dijo el ex jefe paramilitar.

La magistrada cuestionó a Villa y dijo que las confesiones de los paramilitares no pueden quedarse en generalidades. “No es un secreto que la fuerza pública haya sido cómplice de las autodefensas en su ingreso y expansión”, señaló la juez.

“Pero seguimos trabajando en generalidades y aquí no se está favoreciendo el principio de verdad. Hay que desmantelar la estructura porque no solo fueron ustedes (el bloque), también todos los colaboradores”, apuntó la magistrada.

Al llamado de la juez se sumó el procurador delegado y los defensores de víctimas que explicaron que no entienden cómo en un pueblo tan pequeño como Tame, donde los paramilitares estuvieron cinco años (2001-2006), los desmovilizados no recuerdan los nombres de los militares y funcionarios. “Yo le prestaba atención era a los resultados”, respondió Villa Zapata a las preguntas.

La magistrada insistió e hizo un llamado a la Fiscalía para que continúe investigando los nexos que tuvieron los militares y funcionarios públicos con los paramilitares. “No puede seguir la situación de que la información la tienen los muertos o los que no están postulados”, concluyó.

A la audiencia de legalización de cargos fueron convocados los desmovilizados Fredy Octavio Romero alias ‘Pony’, Orlando Villa Zapata alias ‘Rubén’ o ‘La Mona’, Jhon Jimmy Pérez alias ‘Francisco Chamorro’, Miguel Isaías Guanare alias ‘Cirujano’; Domingo Garcés Morelo alias ‘Dogar’, Ferney Alvarado Pulgarín alias ‘Cúcuta’, Samuel Aponte Saavedra alias ‘El Zarco’, Campo Elías Carreño alias ‘Genio’ y Miguel Ángel Mejía alias ‘El Mellizo’, quien estando extraditado en Estados Unidos ha participado en el juicio a través de comunicación porvideoconferencia.