En noviembre de 2001, hombres del Bloque Calima asesinaron a 14 personas en zona rural de Corinto, Cauca. El caso estuvo a punto de quedar impune y pasaron más de diez años para que la justicia dictara su primera sentencia.
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| Por la masacre de Gualanday la justicia sólo a dictado una sentencia, y fue en el pasado mes de febrero. Imagen: VerdadAbierta.com |
La tranquilidad con la que vivían los habitantes de las veredas del municipio de Corinto, en el norte de Cauca, desapareció abruptamente el 18 de noviembre de 2001. En la tarde de ese día, en el sitio conocido como el Crucero de Gualanday, hombres desconocidos y armados interceptaron una chiva y amordazaron a varios pasajeros.
Los civiles, entre campesinos e indígenas del pueblo Nasa, fueron obligados a tenderse en el piso, mientras los verdugos escogían a nueve víctimas, que murieron por disparos de pistola y revólver.
Esa tarde también fueron asesinadas cuatro personas más, que contaron con la desgracia de llegar al Crucero de Gualanday, cuando ese sitio se convirtió en una zona de ejecución. Los desconocidos desaparecieron en el camino sin dejar rastros, y con ellos se llevaron la paz de esa zona rural de Corinto.
Las víctimas fueron identificadas como Marcos Medina Mestizo, Luis Emilio Morales Alzate, Benilda Ley Dagua, José William Rojas Higuita, Eider Alexander Orozco López, Francisco Copete, Jhon Edward Osorio Salazar, Edilberto Sandoval Villamarín, Eliécer Orozco Villamarín, Julio Vitonás Chilhueso, Adelmo Vitonás Chilhueso, Ernesto Talanga Talanga y Sigifredo Bustamente.
Estos hechos no se los atribuyó ningún grupo armado ilegal ni delincuencial. Además, las investigaciones no arrojaron los resultados suficientes para procesar los responsables, por lo que este crimen estuvo a punto de quedar en la impunidad.
Las autoridades manejaron dos hipótesis para tratar de esclarecer los hechos. La primera contempló como presunto responsable al Sexto Frente de las Farc, al mando de alias ‘Dago’, por diferencias que sostuvo con la comunidad indígena por la invasión de sus territorios y el reclutamiento de sus jóvenes.
En la segunda se consideró que la masacre fuera la venganza de una banda dedicada al hurto de vehículos, como retaliación por la captura de cuatro de sus integrantes y su exposición ante la opinión pública.
Con el tiempo ese par de hipótesis se cayeron y el proceso estuvo en vilo hasta 2006. En ese año la investigación tuvo un giro de 180 grados a raíz de la confesión de Armado Lugo, alias ‘El Cabezón’, un mando medio del Bloque Calima que estuvo en los departamentos de Cauca y Valle del Cuaca.
En busca de su postulación al proceso de Justicia y Paz, este ex paramilitar confesó ante la Fiscalía 82 OIT su participación en varios crímenes que cometieron las Auc, entre ellos la masacre de Gualanday.
Por esas declaraciones ‘El Cabezón’ fue vinculado formalmente al proceso judicial, y el 10 de noviembre de 2008, en indagatoria ante un fiscal de la Unidad Derechos Humanos y DIH, aceptó que ordenó la masacre, por la información que le dio uno de sus hombres.
Según el exvparamilitar, un informante le contó a alias ‘Pescado’ que milicianos y guerrilleros se transportaban en chiva por la vía de Corinto, y le ordenó asesinarlos. Al tiempo nombró los alias de los ejecutores de la masacre y aceptó irse a sentencia anticipada.
Sólo hasta el 29 de febrero del presente año un juez de Popayán dictó sentencia contra Lugo y Elkin Fernando Vicuña, alias ‘El Indio’. En su sentencia, el juez condenó a 190 meses de prisión a ambos ex paramilitares y a pagar de forma solidaria cien salarios mínimos por daños morales a cada uno de los familiares de tres de las víctimas que fueron reconocidas dentro del proceso judicial.
La otra versión sobre las víctimas
Miembros de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte de Cauca (Acin) le contaron a VerdadAbierta.com que las víctimas no tenían vinculación con la guerrilla, y que por el contario, la mayoría eran indígenas y campesinos que vivían en la vereda Las Cruces de Corinto.
En realidad, la mayoría de las víctimas pertenecían a la Guardia Indígena y a la Junta de Acción Comunal (Jac) de Las Cruces, que lideraban proyectos productivos y económicos con la comunidad de la región.
Una de las fuentes de la Acin le contó a VerdadAbierta.com que con la muerte de sus líderes, la armonía, la tranquilidad y la paz con la que vivían desparecieron, y varias familias se desplazaron por temor de nuevas retaliaciones.
“Son hechos que de una u otra manera afectan a todo un proceso, porque los indígenas en el norte nos hemos categorizado en ser muy unidos. Si nos matan a uno, están matando el proceso que traemos desde hace 500 años”, contó una fuente de la Acin, al explicar que los proyectos de agricultura que estaban liderando las víctimas quedaron estancados.
“Las cosas mueren allí. Eran líderes que traían procesos y proyectos para la comunidad, los matan y a la comunidad se le mueren las esperanzas que tenía en ese momento, porque uno busca alguien que lo guíe. Eso causó una gran desarmonía en esa vereda”, concluyó.
En cuanto a la reparación, las fuentes explicaron que antes de la sentencia del pasado febrero, ninguna de las familias había recibido ningún tipo de ayuda o reparación, tampoco han sido atendidos sus llamados en los que piden una reparación integral y colectiva para la comunidad afectada.
“Nosotros siempre hacemos los pronunciamientos, pero el Gobierno no nos responde y hay varios casos documentados. La semana pasada me llamó gente de Gualanday para preguntarme sobre la reparación y me tocó decirles que nos llegó un oficio en el que nos piden elementos probatorios para comprobar que sí son víctimas de la masacre y que los hechos fueron en el contexto del conflicto armado”, contó un integrante de la Acin.
Más allá de la reparación económica, las víctimas -en su mayoría viudas que tienen que responder por sus familias- piden que les brinden los recursos para desarrollar su proyecto de vida y vincularse a procesos productivos.
Un abogado que conoce el proceso de la masacre de Gualanday, le explicó a VerdadAbierta.com que las personas que accedieron a reparación por daños morales en la sentencia de febrero, son familiares de tres de las víctimas que constituyeron la demanda civil del proceso. Agregó que en próximas medidas judiciales se van a vincular más parientes de las víctimas y contó que algunos recibieron ayuda humanitaria, reglada en la Ley 418 de 1997.
A raíz de una respuesta tardía de la justicia y la nula reparación por las víctimas y la comunidad que lideraban, un integrante de la Acin considera que “están en el olvido y no tienen ningún apoyo. Bien o mal, los únicos que están apoyando estos procesos son los gobiernos de otros países que reconocen que la situación en Cauca es compleja”.
