En junio de 2005, Vicente Castaño, quien fuera el líder de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, aseguró en entrevista con la revista Semana que “los grupos paramilitares tenían más del 35 por ciento de amigos en el congreso”. Esta afirmación que despertó el debate sobre los vínculos de políticos y los grupos de autodefensas, fue apenas el inicio de un escándalo que llegó a su punto más en el año 2006.
Con la información de los testimonios de paramilitares desmovilizados dentro de la Ley de Justicia y Paz, sumada a los hallazgos encontrados en el conocido computador del jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’, se descubrió que los alcances de la parapolítica sobrepasaban las filtraciones en el Congreso.
Alcaldes, gobernadores, concejales y diputados también han sido acusados de tener relaciones de apoyo, padrinazgo y hasta financiación con los grupos paramilitares.
