A pesar de que gran parte de la tierra en el sur del departamento no tiene documentos, desde hace más de tres años las organizaciones campesinas vienen trabajando para que se implemente esta figura que protege las economías rurales. Sin embargo, tras el inicio de la liquidación del Incoder el proceso ha estado en vilo, esperando que se destrabe al finalizar los diálogos de La Habana.
Foto: Astracatol.A finales de 2014 más de 100 campesinos de los municipios de Planadas, Rio Blanco, Ataco, San Antonio y Chaparral se reunieron en la plaza Manuel Murillo Toro de Ibagué para realizar la asamblea de impulso de la Zona de Reserva Campesina del sur del Tolima. Allí, junto con el senador Iván Cepeda, manifestaron la necesidad de fomentar el desarrollo y la estabilización de la economía campesina en esta región, una de las más estigmatizadas por el conflicto armado.
La propuesta inicial por parte de los labriegos era que existiera un solo territorio que conectara a estos cinco municipios del sur del departamento, la mayoría de ellos productores de café, yuca y papa. Sin embargo, estas zonas están atravesadas, en algunos puntos, por terrenos de parques naturales nacionales como el del Nevado del Huila y Las Hermosas, donde quedan ubicados los resguardos indígenas Las Mercedes y Nasa Wes’ X, hecho por el cual es ilegal la construcción sobre dichos asentamientos.
De esta manera quedaron delimitadas tres zonas, la primera en Planadas, otra entre Ataco y Rio Blanco y una última entre Chaparral y San Antonio. Territorios sobre los cuales los campesinos piden que se implemente un mercado común, se creen planes para solucionar los problemas respecto a la tenencia de la tierra y se fomente un espacio de trabajo conjunto entre las entidades gubernamentales y las comunidades campesinas.
Hay que recordar que la Ley 160 de 1994, o Ley de Desarrollo Rural, contempla la creación de estas zonas para superar las causas de los conflictos sociales y crear condiciones para lograr la paz, no obstante, el Incoder, que se encuentra en liquidación, en más de 20 años solo aprobó la constitución de seis y dejó en trámite alrededor de 10.
Situación que, a juicio de las organizaciones campesinas, se debe al desconocimiento que hay sobre el alcance del desarrollo económico que puedan generar y el estigma que se ha creado alrededor de esta figura, ya que desde sectores políticos se ha señalado a estas zonas como focos del poder de la guerrilla.
Vea el mapa de las ZRC ya constituidas
Según voceros de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima (Atracatol), una de las organizaciones que impulsa la constitución de la figura, la importancia recae en la necesidad de formalizar los mercados campesinos existentes en las veredas de algunos de los municipios. “Si nosotros producimos varios productos como el queso, la yuca y el café, que son vendidos a un costo mayor en las cabeceras municipales, podemos asociarnos y formar una comunidad productora y consumidora”, aseguró Ernesto Soto, vocero de la organización.
La implementación de esta “economía solidaria”, como la denominan, se ha realizado en veredas del municipio de Planadas, donde han logrado que a partir de pequeños mercados informales de campesinos se intercambien alimentos con otras veredas o se vendan a un menor precio. Esta forma de organización ha sido implementada a partir de los ejemplos de algunas Zonas de Reserva Campesinas ya constituidas, como es el caso de la del Valle del Rio Cimitarra.
Allí, cerca de 25 mil familias de los municipios de Yondó y Remedios, en Antioquia, y de Cantagallo y San Pablo, Bolívar, habitan en 184.000 hectáreas donde desarrollan proyectos productivos de panela, ganado, arroz y búfalos. Desde 1996 y durante los años más duros de la guerra tanto ‘paras’ como guerrillas permitieron que el territorio fuera manejado por las comunidades campesinas, siendo una muestra de cómo este tipo de proeycto sí genera desarrollo económico y social.
Puerto Matilde: la vida en una zona de reserva campesina
Sin embargo, el conflicto armado en Tolima dejó huellas que hoy en día, pasadas cuatro décadas, aún no se han podido superar. Según la Unidad de Víctimas la disputa entre los actores armados por el control del territorio dejó a más de 181.000 personas afectadas, de las cuales solo 1.135 de ellas han recibido reparación por sentencias y, a pesar de ser el segundo departamento con más fallos en restitución de tierras proferidos en el país, falta el 63% del departamento por intervenir, como dejó conocer la Unidad de Tierras en el boletín del octubre del año pasado.
¿Tierra a nombre de quién?
Foto: archivo Semana.“No se puede decir que en el departamento todos viven en la tierra que nacieron. Acá en varios años hubo desplazamientos internos del norte hacia el sur y del sur al norte. Unos corrieron desplazados por los paramilitares otros por la guerrilla de las Farc, llegamos a nuevas tierras donde hicimos nueva vida. Como yo, que sin ser de Rio Blanco vine a dar acá porque las Auc sacaron a mi familia del Líbano”, comentó María Cano, una campesina de 75 años de edad que asegura vivir en una propiedad sin títulos de adjudicación y que se encuentra dentro de los límites de lo que los campesinos han propuesto como Zona de Reserva Campesina.
Como esta, son varias las historias que se escuchan en el sur del departamento, la mayoría campesinos no tienen documentos de propiedad. Problema que tuvo origen en el desarrollo del conflicto, que desde 1985 generó el desplazamiento forzado de 177.000 personas de acuerdo con las cifras de la Unidad de Victimas. Muchos de ellos se desplazaron al interior del departamento, ocupando nuevas zonas baldías o que pertenecían a antiguos propietarios que también tuvieron que salir de la tierra.
Maribel Oviedo, representante de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc) del departamento del Tolima, asegura que la formalización de la tierra en la región se ha convertido en uno de los mayores problemas para continuar con la adjudicación. “Han pasado varias Gobernaciones y Alcaldías sin que se resuelva lo de la titulación, el problema recae en la tenencia histórica de la tierra, ¿cómo aseguran que no es de uno?, incluso hay territorios en los que el Estado no ha alcanzado a llegar o lo hizo hasta hace muy poco, entonces ¿cómo se formalizan los predios?”, dijo Oviedo.
La situación es tal que, según datos de la organización, alrededor del 80% de los predios que pretenden trasformar en Zona de Reserva no tienen títulos de propiedad, lo cual a la hora de iniciar el proceso de legalización se exige su formalización. Situación que se repite en otras zonas del país donde se ha pretendido instaurar esta figura y se ha tenido inconvenientes dentro de su constitución por el uso y la tenencia de la tierra.
¿Habrá Zonas de Reserva Campesina en Valle y Cauca?
A ello se suma que desde el inicio del Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un Nuevo País”, la política minero energética se priorizó en el departamento, es decir se ampliaron las zonas a intervenir y los proyectos a desarrollar, entre ellos y uno de los más ambiciosos, el de La Colosa.
El representante a la Cámara Ángel María Gaitán ha denunciado que la compra de hectáreas por parte de Anglogold Ashanti sigue afectando a los campesinos. “Se han entregado títulos que corresponden a zonas de reserva forestal, lo cual es un daño al medio ambiente”, explicó Gaitán.
A la fecha, laAlcaldía de Ibagué asegura que existen 98 títulos para exploración y explotación minera, 67 de ellos pertenecientes al municipio y cerca del 30% concesionado a multinacionales.
Señalan los campesinos que otro de los problemas se ha generado por el continuo acceso de las hidroeléctricas al territorio, que no solo han afectado a la naturaleza sino también al desarrollo de las comunidades. “Para nosotros no es posible que siendo esta una región agrícola la vayan a convertirla en una zona productora de energía. No les bastó con el ejemplo del 2014 cuando parte del rio del Cañón de las Hermosas se secó por la instalación de una represa para ahora venir a plantear más de estos proyectos en Planadas y Rio Blanco”, aseveró Ernesto Soto.
Como lo deja ver el mapa, las tres Zonas de Reserva que piden los campesinos tienen cruces tanto con proyectos minero energéticos, resguardos indígenas y zonas de Parques Naturales. De igual manera con el proceso que adelanta la Unidad de Tierras en el departamento ha sido priorizado y se han regresado 3.500 hectáreas, en 206 sentencias, las cuales han beneficiados a más de 600 personas, sobre las cuales también se presentan curces con las zonas propuestas.
Lo cierto es que la situación de la posesión de la tierra ha generado un nuevo conflicto de intereses que ha ido en aumento, y que tras el inicio de la liquidación del Incoder, va a quedar en manos de la recién creada de la Autoridad Nacional de Tierras (ANT), la cual deberá suplir los vacíos que dejó la anterior institución y responder, en la medida que respecte, a lo acordado en La Habana. Por ahora, en el Tolima varias comunidades han construido redes de economía campesina.
Un punto geográfico para el posconflicto
Foto: VerdadAbierta.com.Hablar de los orígenes de la violencia en el sur del Tolima no es tema del pasado, son varios los municipios en los que los campesinos siguen preguntando por carreteras, salud, educación y vivienda, las mismas necesidades que hace 50 años hicieron detonar la guerra. El corregimiento de Gaintania, en Planadas, que limita con el Huila y Cauca, es ejemplo de ello. Solo hasta el año pasado una comisión del gobierno entró por primera vez en el territorio para hablar con los campesinos y conocer las repercusiones del abandono estatal.
“Durante tantos años no nos ha servido de mucho ser productores de café, tener buena tierra para cultivar porque no tenemos los recursos para sacarlos, es decir no tenemos un buen flujo económico, lo cual genera el atraso de ciertos corregimientos”, aseguró Duvier Buitrago un campesino del municipio de Rio Blanco.
Las cifras respaldan la preocupación, a diciembre de 2015 solo se habían construido 83 kilómetros de carretera, y las vías secundarias y terciarias, a cargo de la administración local, no estaban en buen estado. “Hay trayectos en los que nos gastamos más de 4 horas en mula para llegar a nuestras fincas, como pasa en algunas veredas de Gaitania, el acceso es tan complicado que a vecestoca irse a pie”, comentó un campesino de la región.
Las Farc y el gobierno acordaron dentro del primer punto de los diálogos de paz, “Hacia un nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral”, que ahora es el Estado el que debe promover el acceso a la tierra y la planificación de su uso en las Zonas de Reserva Campesina. Es decir que casos como el del sur del Tolima, el Valle, Cauca, Meta y Montes de María, deben ser promovidos por la recién creada, Autoridad Nacional de Tierras (ANT), la cual será la encargada de delimitar las zonas y formalizar el proceso de adjudicación.
César Jerez, presidente de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, explicó que “estos espacios de construcción de paz son el escenario adecuado para que en todo el territorio nacional logre la sustitución de los ingresos provenientes de los cultivos de uso ilícito, lo cual generaría un control de las áreas protegidas y detendría la expansión de la frontera agrícola”. El jefe de la organización agregó que si el gobierno hubiese cumplido la Ley 160 serían muchas zonas de país en las cuales un nuevo sustento económico alternativo estaría generando desarrollo para la nación.
La ANT deberá estudiar más de 10 solicitudes en proceso de formalización y otras cinco, que están en la fase inicial de audiencia pública. Por ahora, mientras se pone el vigencia lo acordado en La Habana, los campesinos seguirán trabajando en estas zonas bajo la informalidad pero con la necesidad de que el gobierno las apruebe para formalizar el desarrollo económico como en el caso de la Zona de Reserva Campesina en Puerto Matilde.
