La Corte Constitucional ordenó medidas de protección a favor de los campesinos que reclaman terrenos baldíos de la antigua hacienda Bellacruz, en el sur del Cesar.
Los campesinos que fueron desplazados en 1996 por paramilitares en cabeza de alias ‘Juancho Prada’ reclaman por lo menos mil hectáreas de baldíos contenidos, según las resoluciones del antiguo Incora, en la actual hacienda La Gloria. Foto suministrada campesinos Asocol.
Los campesinos que reclaman predios baldíos dentro de la antigua Bellacruz, de donde fueron desplazados por paramilitares en 1996, cuentan con una nueva decisión judicial a su favor. La Sala Quinta de Revisión de Tutelas decidió este 22 de julio otorgarles medidas de protección al considerar que hay una “posible amenaza o afectación” a los derechos a la vida, al debido proceso y a la tierra de esta comunidad. (Lea la decisión de la Corte aquí)
Los magistrados ordenaron a los inspectores y demás autoridades de policía de los municipios de La Gloria, Pelaya y Tamalameque abstenerse de realizar cualquier proceso policivo o “acto de hostigamiento” contra la población desplazada de la hacienda mientras la Corte no tome una decisión definitiva en este caso, pues en la actualidad allí cursa una acción de tutela. De paso, la Corte le exigió a la policía proteger la integridad a la comunidad campesina reclamante de tierras.
El detonante más reciente para que la Corte tomara la decisión fue el desalojo que el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) realizó el pasado 1 de julio contra las 150 familias campesinas que decidieron ingresar a la hacienda, como una forma de protesta y presión para que el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) les adjudique los predios baldíos que reclaman desde la década de los 80 (Lea: Campesinos ocupan la finca La Bellacruz).
Según denunció la Asociación de Campesinos Desplazados al Retorno (Asocadar), la Policía actuó con violencia sin importar la presencia de menores de edad. Mientras el Personero de La Gloria advirtió que el Esmad llegó con una orden de desalojo firmada por la inspectora de Policía del municipio, la comunidad denunció que por lo menos 15 personas resultaron heridas en el operativo sin que de manera oportuna recibieran auxilio.
La Corte es enfática al señalar que las medidas cautelares que ordenaron son provisionales mientras toman una decisión final. Esto porque estudian una tutela que la Asociación Colombiana Horizonte de Población Desplazada (Asocol), el otro grupo de campesinos que reclama los baldíos de la Bellacruz, interpuso contra el Ministerio de Agricultura y el Incoder, solicitando protección de los derechos fundamentales a la vida, el trabajo, la seguridad social, la salud y la vivienda digna.
Los campesinos de Asocol, quienes no participaron de la ocupación de la hacienda en junio pues su postura es esperar los pronunciamientos de Ley, exigen con esta tutela que el Incoder termine el proceso agrario de recuperación de baldíos. La Resolución que el Instituto emitió en febrero de 2015 ordenó comenzar de cero un estudio que permita clarificar si en la hacienda hay o no predios de origen baldío, cosa que para los campesinos es un retroceso en las reclamaciones que hacen 20 años atrás.
El caso de la hacienda Bellacruz es uno de larga lista de conflictos agrarios sin resolver como ocurre en el sur del Cesar, sur de Bolívar y la región del Magdalena Medio. En Justicia y Paz, tres paramilitares del Frente Héctor Julio Peinado aseguraron que por órdenes de la familia Marulanda desplazaron a los campesinos que fueron titulados con una parcela en predios que el Estado les compró a los Marulanda, en la zona periférica de la hacienda. Antes de esa titulación, los campesinos veían advirtiéndole al Incoder que no comprara tierras pues dentro de la hacienda había baldíos.
Después del desplazamiento ocurrido en febrero de 1996, lo que vino fue una transformación de la hacienda y una batalla jurídica de los campesinos por recuperar la tierra. En 2008 los Marulanda vendieron sus empresas MR de Inversiones y Frigorífico La Gloria, dueñas de la hacienda, a la empresa la Dolce Vista, que a su vez entregó la administración a una fiducia. Desde hace por lo menos cinco años, el Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria desarrolla allí un proyecto de palma de aceite, que cuenta con la inversión del empresario Germán Efromovich.
Ahora los campesinos que ya presentaron su caso a la Fiscalía, el Ministerio Público, la Contraloría, el Consejo de Estado y los Tribunales de Justicia y Paz, esperan que la Corte Constitucional deje sentada una decisión que ordene al Incoder no prorrogar más un proceso agrario que suma 30 años.
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