Ante la presión militar de la Fuerza Pública y de las Farc, muchos disidentes buscan los beneficios de la desmovilización del proceso de paz, pero ya la guerrilla les cerró las puertas. La comunidad intenta buscar salidas para contrarrestar la inseguridad.
La guerrilla denuncia la presencia de diez estructuras ilegales, con cerca de 700 hombre es Tumaco. Foto: archivo Semana.El proceso de paz firmado con la guerrilla de las Farc no ha traído la calma que se esperaba en Tumaco. Desde meses antes del agrupamiento de esta organización insurgente, especialmente de los frentes Daniel Aldana y Mariscal Antonio José de Sucre en la zona veredal de La Variante – La Playa, varios grupos armados ilegales se han atomizado en el puerto del Pacífico nariñense y no tienen muchas salidas para desmovilizarse.
Algunos de sus integrantes dicen haber pertenecido a las Farc y alegan que si bien se alejaron del proceso de paz, ahora quieren reincorporarse para recibir los beneficios, pero la guerrilla les cerró la puerta y dicen que son sólo delincuentes. Y mientras se define su situación jurídica, la población civil sigue en el medio, padeciendo la confrontación armada y agobiada por la inseguridad.
“En Tumaco puede ocurrir cualquier cosa. Tumaco es polvorín de dimensiones incalculables, ha sido siempre un territorio ingobernable, con mucha presencia de todos los actores armados y eso tiene una explicación en que es el municipio con más hoja de coca en el país”, señaló Harold Ruiz, asesor de paz y responsable del tema de sustitución de cultivos en la Gobernación de Nariño.
De acuerdo con estimaciones de agencias internacionales y de organismos de seguridad estatales, Tumaco registra por lo menos 19 mil hectáreas de hoja de coca para uso ilícito, cifra que lo ubica como el primer municipio del país en área sembrada; además, cuenta con el resto de la cadena productiva, desde laboratorios para procesar el alcaloide, áreas de almacenaje, hasta los puertos de embarque a los mercados internacionales, ventajas que atraen a organizaciones criminales nacionales e internacionales.
Y ese polvorín del que habla Ruiz se ha expresado durante las últimas semanas las calles de Tumaco, escenario de fuertes enfrentamientos entre cultivadores de hoja de coca que se oponen a la erradicación forzada que adelanta la Fuerza Pública, complicando aún más la vida cotidiana de los tumaqueños. (Leer: La encrucijada de los cultivos de uso ilícito en Colombia)
La disidencia
La presión violenta se siente especialmente en los barrios palafíticos de Tumaco. Foto: archivo Semana.Las cuentas de las Farc es que en la región existen cerca de 10 estructuras armadas ilegales con por lo menos 700 hombres y pareciera que ninguno de ellos pudiera tener cabida en el actual proceso de paz. “Pero debemos ofrecerles algo porque si el delincuente no se entrega, se multiplica la violencia en Tumaco y eso no nos conviene a ninguno”, precisó un líder social de Tumaco que pidió la reserva de su nombre.
Esto fue precisamente lo que motivó a varios líderes comunales del municipio nariñense a ayudar a un grupo de más de 126 personas a desmovilizarse. El proceso con ellas comenzó desde diciembre del año pasado, cuando supuestamente actuando como milicianos de las Farc decidieron no entrar a la zona veredal como parte de los acuerdos con el gobierno nacional. La guerrilla les dejó el camino libre con la condición de que no utilizaran el nombre y que no violentaran a la comunidad.
Esa disidencia generó una oleada de violencia en las calles de Tumaco y señalaron como responsables a integrantes de ‘La Gente del Orden’, una banda armada ilegal que comenzó a conocerse en los barrios del puerto nariñense a mediados del año pasado y que está conformado principalmente por exmilicianos de las Farc que decidieron no acogerse a lo negociado con el gobierno nacional. (Leer: En Tumaco se disputan el poder que dejan las Farc)
Fue por esto que la misma guerrilla no sólo cerró sus puertas para integrarlos a los beneficios del proceso de paz, sino que comenzó a perseguirlos. Primero mataron a uno de sus disidentes más representativos, Yeison Segura Mina, alias ‘Don Y’ en noviembre de 2016, como reconoció la insurgencia en un comunicado del Mecanismo de Monitoreo y Verificación; y luego murieron ‘Camacho’ y ‘El Mono’, según revelaron guerrilleros a VerdadAbierta.com. (Leer: Zona veredal de Tumaco, rodeada de milicianos disidentes)
Además de la presión de las Farc, la Fuerza Pública tampoco les da tregua. La Armada capturó a alias ‘Guajiro’, el jefe de ‘La Empresa’ en Tumaco, un grupo que originalmente es de Buenaventura y que podría haber llegado a Nariño hace unos pocos meses. También en las últimas semanas, la Policía capturó a Flavio Camacho, conocido como ‘El Mocho’, máximo jefe de ‘La Gente del Orden’ y uno de los jefes de milicias de las Farc que no se acogieron al proceso de paz.
Las presiones militares de lado y lado hicieron que varios de los integrantes de estos grupos se quisieran desmovilizar y la comunidad estuvo allí para apoyarlos. Precisamente ‘El Mocho’ fue uno de los 300 hombres armados que en enero de este año firmó una carta enviada a la Alcaldía de Tumaco para buscar opciones de la dejación de armas.
Este proceso continuó hasta que se entregaron más de 126 personas con ayuda de ocho líderes comunales y de instituciones como la Diócesis de Tumaco, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU y la Defensoría del Pueblo, entre otros. Inicialmente, el listado era de 117 personas, pero con el paso de los días otros más se fueron integrando, incluidos dos hermanos de alias ‘Don Y’.
Cuando el general (r) Óscar Naranjo fue a Tumaco a finales de marzo, en una de sus primeras visitas regionales como Vicepresidente de la República, la comunidad insistió en que se abrieran opciones para la desmovilización del resto de grupos armados ilegales.
Uno de los líderes comunales que apoyó el proceso y que pidió la reserva de su nombre, explicó a este portal que estas personas ya están en un proceso de desmovilización individual con la Agencia Colombiana de Reintegración (ACR) y que los están entrevistando para ver cómo los ayudan en la parte jurídica.
Y es que estos desmovilizados, al principio, estaban en un limbo judicial pues ellos dependían de que las Farc los reconocieran como subversivos para acogerse a los beneficios del proceso de paz. Si este grupo insurgente no los acepta como sus guerrilleros, no obtendrán beneficios como el 90 por ciento de un salario mínimo durante dos años ni la amnistía o las sanciones en vez de cárcel que tendrá la Jurisdicción Especial para la Paz.
Como desmovilizados individuales, la ACR sí ofrece algunos beneficios, como cobertura en salud, una educación formal y cierto capital para comenzar su propia empresa, pero todo viene después de que hayan resuelto sus problemas con la justicia.
El Frente Daniel Aldana de las Farc, mediante un comunicado, reconoció únicamente a 12 personas y mantuvo así la advertencia que había hecho en ocasiones pasadas de que el resto de ellos no eran guerrilleros. (Ver comunicado)
“En una reunión del 31 de enero, ‘Pacho Chino’ (comandante de las Farc) dijo que los únicos que eran reconocidos como miembros de la guerrilla eran los que en ese momento estaban en las zonas veredales, que iban a consolidar listado y que noreconocerían a nadie que no estuviera en él”, aclaró Ruiz.
Sin embargo, otras fuentes que han seguido de cerca el proceso aseguran que ellos sí pertenecieron a las Farc pues la guerrilla alcanzó un nivel de control de poder ilegal que ningún negocio se podía mover sin su autorización: “En Tumaco no se podía delinquir de manera individual. Los delincuentes de narcotráfico siempre se vendían al mejor postor y fue así como las Farc los reclutaron. Ahora dicen que ellos no trabajan con delincuentes, pero sí tenían el 100 por ciento del control y ellos estaban en sus filas”, señaló un conocedor de la región que pidió la reserva de su nombre.
Ante esta encrucijada de si son o no guerrilleros y qué clase de beneficios podrían recibir, la Gobernación de Nariño se mantiene en la postura de acompañar el proceso de paz con las Farc y, por ende, sólo seguirá la ruta que les indique el gobierno nacional. Por ello se mantuvo al margen de la desmovilización de las más de 117 personas porque “no queremos actos considerados hostiles con estructuras de las Farc, pues la Gobernación acompaña las zonas y la implementación de los acuerdos dentro de la competencia de apoyar al gobierno nacional”, señaló Ruiz.
Y ahí es donde se vuelve al mismo punto de partida, pues los beneficios de las políticas nacionales implican, inicialmente, el sometimiento a la justicia, de ahí que aquellos que pertenecen a grupos armados ilegales que tanto castigan a Tumaco no accedan a dejar las armas.
¿Cómo controlar el territorio?
Ocho líderes comunales se reunieron para incentivar la desmovilización de más de 126 miembros de grupos ilegales. Foto: archivo Semana.El 13 noviembre de 2015, mediante documento Conpes 3847, se dio concepto favorable para crear el Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos PAZcífico, una iniciativa del gobierno nacional para contrarrestar la inequidad en el litoral Pacífico de los departamentos de Chocó, Cauca, Nariño y Valle del Cauca.
Con respecto a los problemas sociales, económicos y de seguridad, que afrontan los tumaqueños, Luis Alfonso Escobar, gerente de Plan Todos Somos Pazcífico, reiteró que el gobierno nacional sí tiene la intención de llegar de una manera coordinada a todos los lugares dejados por las Farc, lo que incluye reducir la presión de otros grupos armados ilegales.
El Plan Pazcífico destina 400 millones de dólares para llegar con agua potable, saneamiento básico y energía hasta los lugares más alejados dentro de la región. La inversión incluye 97 mil millones de pesos en electrificación de 130 veredas de Tumaco, con lo que el municipio pasará de una cobertura del 50 por ciento al 90 por cierto.
Si bien el destino de este proyecto no es en términos de seguridad, Escobar insistió en que “hay que abrir todos los espacios posibles para quitarle toda la presión que los ilegales puedan estar generando a las posibilidades de que hagamos una intervención integral del Estado”.
Mientras avanzan las inversiones prometidas en el Plan Todos Somos Pazcífico, las comunidades comprometidas con aquellos que quedaron por fuera del proceso de reincorporación a la vida legal con las Farc persistirán en la idea de mantener las puertas abiertas para que el Estado les ofrezca incentivos para dejar las armas y así ayudar a reducir la violencia en Tumaco, un objetivo soñado por los pobladores del puerto nariñense sobre el Pacífico.
