Durante el primer mes de presidencia de Gustavo Petro, los asesinatos selectivos y las masacres han arreciado en diferentes regiones. Paradójicamente, ocurre mientras la nueva administración intenta establecer mecanismos de construcción de paz por medio de anuncios que, por ahora, carecen de planes de acción concretos. Todo ocurre en medio de un recrudecimiento de la violencia que viene de tiempo atrás.
Entre el 7 de agosto y el pasado viernes, en el país se cometieron 13 masacres que dejaron a 43 víctimas mortales; fueron asesinados 12 líderes sociales; dos periodistas y un excombatiente de las Farc en vía de reincorporación. Entre esos ataques se encuentra la emboscada a una patrulla de la Policía Nacional en zona rural de Huila, en donde fueron asesinados siete uniformados.
Paralelamente, el presidente Gustavo Petro, ministros y congresistas de la bancada de gobierno, han hecho múltiples anuncios con el fin de superar el capítulo de la violencia armada. Estos van desde construir una nueva política de paz, suspender la erradicación forzada de cultivos de hoja de coca para uso ilícito, plantear ceses al fuego multilaterales, cancelar los bombardeos aéreos de la Fuerza Pública y hasta plantear la suspensión del servicio militar obligatorio, entre otros.
La principal apuesta del nuevo mandatario de los colombianos y de su equipo de trabajo es la denominada Paz Total, una arriesgada apuesta a múltiples bandas para fortalecer la implementación del Acuerdo de Paz; la reanudación de diálogos con la guerrilla del Eln; la búsqueda de salidas jurídicas a las disidencias de las antiguas Farc; el sometimiento de estructuras del narcotráfico; reformas a la Policía y las Fuerzas Militares; y un cambio de paradigma en la política antidrogas. (Leer más en: Paz Total: el reto del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez)
Adicional a esas medidas, el gobierno nacional adelanta una estrategia de choque basada en la instalación de Puestos de Mando Unificados por la Vida en por lo menos 65 municipios afectados por la violencia. Se trata, con esa medida, de proteger la vida de líderes y lideresas sociales, y contener la ocurrencia de masacres.
En declaraciones entregadas a Caracol Radio, el viceministro del Interior, Gustavo García, explicó que se trata de “un proceso con medidas de emergencia para la protección de la vida de los líderes y las comunidades en Colombia. Vamos a empoderar las regiones, a los alcaldes para que ellos convoquen a todas las entidades para buscar las soluciones de manera focalizada”.
Por su parte, el nuevo comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo, envió un extenso mensaje a las tropas en el que da varias instrucciones sobre las operaciones en terreno, acotadas a los lineamientos de seguridad planteados desde Presidencia. El documento fue revelado por el portal La Silla Vacía.
De acuerdo con la publicación, se mantendrán los bombardeos a los campamentos de grupos armados ilegales, pero con protocolos más ajustados y enfocados en blancos legítimos; se fortalecerán las operaciones contra la guerrilla del Eln; se unificará el concepto de Seguridad Humana en las filas de las Fuerzas Armadas; y se recupera la doctrina Damasco, desarrollada durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) y desechada por la administración de Iván Duque (2018-2022).
Aunque desde el Ejecutivo y del Congreso de la República se ha intentado abrir senderos que conduzcan hacia la paz total, la situación que se vive en las regiones históricamente golpeadas por la violencia es otra. El fin de semana del 26 al 28 de agosto fue el más delicado, pues fueron perpetradas cinco masacres.
De acuerdo con registros del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), las masacres y asesinatos selectivos del último mes ocurrieron en los departamentos de Antioquia, Amazonas, Atlántico, Bolívar, Cauca, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Risaralda, Santander y Valle del Cauca.
Transición compleja
Diferentes investigadores del conflicto armado consultados por este portal coinciden en señalar que la actual ola de violencia no es fortuita y que no está relacionada directamente con los cambios planteados por el presidente Petro, ya que los indicadores de seguridad registraban números rojos desde la administración del saliente mandatario de los colombianos, Iván Duque Márquez (2018-2022).
Camilo González Posso, presidente de Indepaz, indica que el monitoreo de la organización que dirige demuestra que las masacres vienen en aumento desde hace tres años y que lo ocurrido en las últimas semanas es producto de esa tendencia. Aunque advierte que en los últimos casos se presentan patrones distintos, “porque se están combinando acciones de grandes grupos armados por disputas territoriales, con ajustes de cuentas de microtráfico con acciones de sicarios y otras que parecen retaliaciones”.
Asimismo, advierte que “es un menú perverso que se está dando y venía en proceso de incremento desde el año pasado. Es el crecimiento de nuevos actores: hay una serie de grupos armados y de mafias que están entrando a disputar mercados y negocios criminales”. (Leer más en: El silencio de los fusiles duró poco)
El director del Área de Dinámicas del Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), Jorge Mantilla, coincide con González al afirmar que más que una racha en las últimas semanas, el país está padeciendo la continuidad de una violencia que venía desde la administración Duque. Y se remite a las cifras: el año pasado cerró con los mismos niveles de desplazamiento forzado de 2011. (Leer más en: Masacres: una agónica espiral de violencia sin salida a la vista)
No obstante, y haciendo la salvedad de que la administración Petro lleva poco tiempo al frente de la Nación, señala que pareciera que en materia de seguridad está andando a tientas. “Es un gobierno que tiene unos planteamientos más aspiracionales y con manifestación de voluntades del Eln y de algunos sectores del crimen organizado. Aunque no es clara la serie de pasos de cómo la Paz Total se llevará a cabo”, plantea.
Y prosigue: “Vivimos la continuación de una tendencia, pero ellos sabían (el gobierno nacional) que es muy importante lo que hagan en estos primeros 100 días para contenerla. No han podido en estas primeras semanas y han generado anuncios y medidas que no han contribuido a ella”.
Alberto Sánchez, investigador en temas de seguridad y defensa, refiere que gran parte de lo ocurrido en el último mes es producto de la desorientación estratégica que caracterizó la administración de Iván Duque: “Hubo problemas de seguridad en los que de alguna manera el gobierno anterior se obstinó en las decisiones y en lo que consideraba eran sus soluciones. Aquí había una masacre, se hacía consejo de seguridad y se ofrecía recompensa, cuando quedó demostrado de manera patente que eso no resolvía el problema”. (Leer más en: Masacres, estrategia de terror en múltiples confrontaciones)
Para Kyle Johnson, cofundador e investigador de la Fundación Conflict Responses (Core), las decisiones del presidente Petro en materia de negociaciones de paz, sometimiento a la justicia de grupos de crimen organizado, cambio en la cúpula en la Fuerza Pública y demás, no han generado, por ahora, consecuencias que aviven la violencia en zonas rurales y algunas ciudades.
“Hay una brecha muy grande entre los anuncios y los conflictos que hay en las regiones, que son fragmentados y locales. No había por qué esperar que en los primeros días del gobierno las cosas fueran a cambiar. No se revierten rápidamente y los conflictos no paran de un día para otro. Mientras no haya avances reales en temas de paz, la situación seguirá como viene”, sentencia.
Anuncios sin piso
Así como los hechos de violencia han sido numerosos en el último mes, también lo han sido los comunicados y disposiciones del nuevo gobierno nacional en temas de paz, seguridad y factores que alimentan el conflicto armado. Sin embargo, los analistas consultados advierten que carecen de planes concretos para su ejecución y para contener los efectos negativos que puedan desencadenar.
“Empieza a ser claro y preocupante que esta política de Paz Total no está acompañada de una estrategia clara de seguridad. Entre otras cosas porque la idea de seguridad humana es un enfoque, pero no una estrategia. En la medida en que la seguridad humana está centrada en ampliar la oferta de servicios y de bienes públicos, en su esencia implica un tema de gradualidad, de amplitud de las competencias institucionales para garantizar unos mínimos de vida y ausencia de violencia estructural. Eso contrasta con el sentido de urgencia que hay para contener la violencia”, cuestiona Mantilla, de la FIP.
“Si bien hay diferentes anuncios – agrega – y pareciera que será el estilo de este gobierno, de crear hechos políticos y hacer anuncios cada semana sobre temas de seguridad y paz, en términos territoriales y líneas de acción es poco lo que se ve”.
A su juicio, “hay una ausencia de liderazgo desde el Ejecutivo y no es claro quién liderará esta estrategia: si es Iván Velásquez (Ministro de Defensa), Danilo Rueda (Comisionado de Paz), Alfonso Prada (Ministro del Interior), Álvaro Leyva (Canciller), Roy Barreras o Iván Cepeda (ambos senadores). Hay actores hablando, pero no es claro si la validará el propio Presidente”.
Sánchez, por su parte, reitera que el país pasa por una delicada transición entre los efectos de la fallida política de seguridad del anterior gobierno nacional y la incertidumbre que generan los múltiples anuncios del entrante, que aún carece de política de seguridad propia: “Todavía no lo llamaría política porque no hay nada claro. Negociar con grupos, la seguridad humana y el cese multilateral, ¿qué son y cómo se hacen? En términos de política no sabemos”.
Por otro lado, también cuestiona anuncios de otros ramos que ha realizado la administración Petro y que convergen con el tema de seguridad: “El tema agrario con las invasiones de tierras que se han dado; el Ministerio del Interior con el direccionamiento que se les está dando a la gobernabilidad local y a los diálogos regionales; los temas de negociación de paz con el Alto Comisionado. El cuestionamiento es estructural y por ahora hay anuncios que pueden generar efectos negativos”.
Y considera que el anuncio más preocupante es el de negociar simultáneamente con todos los grupos armados del país: “Uno debería poder escalonarla a un año: el primero con el Eln, el segundo con el Clan del Golfo (autodenominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia), y así. Porque se cambiará el juego de incentivos en los niveles de acción nacional, regional y local. En Jamundí la Jaime Martínez (disidencia de las Farc) pelea con el Ejército y se repliega en Cali. ¿Qué pasa con ellos pudiendo jugar sin operaciones militares? ¿Cómo se protege si la negociación sale mal?”.
¿Qué hacer mientras tanto?
Los analistas consultados coinciden en que se requiere con urgencia una política de seguridad, más allá de nombres o de ponerle apellido “humana”. Johnson, de Core, indica que es lindo hablar de seguridad humana, pero advierte que esa estrategia se debe aterrizar a contextos de conflicto armado.
“Se está asimilando la política de Paz Total o la negociación con todos, como la política de seguridad. Se necesita una política de seguridad real que busque proteger a la población y que también busque presionar a estos grupos para que negocien”, plantea.
Y aunque reconoce que el gobierno nacional tiene razón al estimar que la presencia del Estado no se limita a militares y policías en zonas rurales, considera que se fue al extremo opuesto al quitar el elemento militar y policial en la política de construcción integral.
“Aquí no se sabe cómo será la cosa. Si bien no se limita a ellos (Ejército y Policía), sí se necesitan y no se ve una política que los incluya, que ajuste la política que venía de Duque que no funcionaba. Se necesita una política de seguridad que proteja a la gente y se necesita pasar de anuncios a hechos”, reitera.
Por otro lado, Mantilla indica que así como se anuncian nuevas políticas para condicionar el tratado de extradición de personas solicitadas por la justicia de Estados Unidos por temas relacionados con el narcotráfico, suspender la erradicación de cultivos de coca y paralizar los bombardeos por parte de la Fuerza Pública, se deben establecer medidas en materia de seguridad que las acompañen y generen incentivos de carácter militar para que los grupos armados disminuyan la violencia y negocien (Eln) o se sometan a la justicia (crimen organizado).
Además, hace un llamado de atención para combatir la impunidad con el fin de detener la espiral de la violencia. “Hay unos temas para el esclarecimiento de estos crímenes en donde actores como la Fiscalía y mejorar las capacidades de inteligencia e investigación criminal serán muy importantes”, indica.
A su criterio, “el abordaje de paz y seguridad son dos caras de una misma moneda, pero se espera que el tema de sometimiento y negociación fueran una herramienta de muchas otras, dentro de una estrategia mucho más clara y decida para el desmantelamiento de estos grupos, bien sean de carácter político o no”.
El investigador Sánchez también coincide sobre el rol que debe tener la Fiscalía y pone dudas sobre cómo será el relacionamiento entre el ente investigador y el nuevo gobierno nacional, pues casi un mes después de la posesión presidencial, no se ha dado un encuentro formal entre el Fiscal General de la Nación (amigo íntimo de Iván Duque) y el Presidente de la República para definir la política criminal.
“La situación es preocupante, así haya llamados genéricos. Es preocupante porque cuando hay un cambio tan grande como la política de seguridad, uno de los actores fundamentales que debe estar alineado es la Fiscalía, que depende del trabajo articulado con la Sijin, la Dijin y la Dipol; también depende de los efectos de las operaciones militares”, explica.
Por otro lado, advierte que la estrategia de seguridad del nuevo gobierno debe ser específica para cada contexto: “Por ejemplo, las condiciones en Jamundí, Buga, Cali y Buenaventura son diferentes, a pesar de ser parte de Valle del Cauca. No es con un discurso genérico de ser la ‘potencia mundial de la vida’ como se deben hacer las cosas; si dice que quiere conocer los factores micro que generan violencia e intervenirlos, requiere una estrategia casi diferenciada por municipio. Y, a hoy, la estrategia son anuncios genéricos que están mal dados”.
Voz desde Norte de Santander
Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, con sede en la ciudad de Cúcuta, coincide con Sánchez en el planteamiento de que las estrategias de seguridad deben ser diferenciadas para cada región del país. Y lo dice basado en su conocimiento de las dinámicas de conflicto armado que azotan a Norte de Santander.
“Y debe ser diferenciada en todos los territorios, no solamente en el nuestro”, reitera este defensor de derechos humanos. Llama la atención sobre las características de esta región del país fronteriza con la vecina República Bolivariana de Venezuela, donde confluyen diversos actores y fenómenos delictivos.
Cañizares justifica ese planteamiento diferenciador exponiendo cuatro argumentos. El primero es que la frontera en Norte de Santander es distinta a las zonas limítrofes con Panamá, Ecuador y Brasil. “Esto es un puerto terrestre, que en algunos momentos ha sido el más importante de Latinoamérica, con mayor dinamismo económico, social y político”.
Su segundo argumento es que Norte de Santander ofrece unas condiciones ideales para que la criminalidad organizada se haya asentado en la región. “Esas condiciones tienen que ver con la impunidad, la corrupción y la connivencia de sectores estatales, sobre todo de Policía y Ejército, con la ilegalidad”.
Y agrega: “No estamos hablando de fenómenos recientes, son problemas estructurales de décadas que vienen desde hace décadas. No podemos hablar de abandono de la institucionalidad. Son áreas urbanas y áreas rurales con carreteras pavimentadas, terrenos planos, grandes haciendas con ganado, palma, arroz”.
El tercer argumento de Cañizares es la multiplicidad de actores criminales que confluyen en Norte de Santander: “Aquí tenemos de todo, en algún momento encontramos 22 actividades ilegales y carteles trasnacionales, narcotraficantes nacionales, guerrillas, disidencias. Todo eso hay que tenerlo en cuenta cuando se vaya a pensar en una política contra la criminalidad”.
Y su cuarto argumento es que esta zona limítrofe no sólo se ha convertido en la mayor productora de hoja de coca para uso ilícito sino en donde se ha refinado el procesamiento de clorhidrato de cocaína, optimizando su calidad. “Todo ello se ha hecho de la mano de los mexicanos”, resalta Cañizares.
Cifras sobre áreas cultivadas presentadas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) le dan la razón a este defensor de derechos humanos. Sus reportes indican que en Norte de Santander hay por lo menos 40 mil hectáreas sembradas con hojas de coca para uso ilícito.
“A este gobierno debemos exigirle acciones, aquí necesitamos acción del Estado”, insiste Cañizares. “Nosotros entendemos estas cuatro semanas de gobierno, entendemos los mensajes, entendemos los discursos, entendemos las reuniones, pero una cosa es el discurso sobre lo que se va a hacer en cuatro años, y otra cosa es lo que se debe hacer hoy”.
El activista insiste: “Hoy necesitamos acciones del gobierno nacional, acciones concretas, acciones eficaces, que pasan por definir una estrategia integral, teniendo en cuenta nuestras características de frontera, como área metropolitana, para que esas sean efectivas. Aquí no pueden aplicar la misma estrategia de Medellín, Cali, Barranquilla o Bogotá”.
En su petición, incluye una medida especial: “Le estamos pidiendo a este gobierno, como se lo hemos pedido al gobierno anterior, y es que haya una decisión clara para limpiar la policía metropolitana de Cúcuta”. Según Cañizares, cada día reciben “más y más denuncias de complicidades, de connivencia, de alianzas, de sectores de la Policía Nacional con la ilegalidad y la criminalidad”.
Para el director de la Fundación Progresar, el crimen organizado está ganando terreno en Norte de Santander y, especialmente, en el área metropolitana de Cúcuta. “Y a este fenómeno no se le ataca con buenas intenciones ni con llamados a la convivencia”.
La tarea que le exige Cañizares al nuevo gobierno nacional es compleja, dada la crítica situación que vive esta región fronteriza. Fuentes especializadas consultadas en este departamento y que por razones de seguridad pidieron la reserva de la fuente cuentan que las organizaciones de narcotraficantes están enfrentadas y para reforzar sus disputas han hecho alianzas con estructuras criminales de Medellín y Cali.
La razón de esos refuerzos se debe, según las personas consultadas, a la pérdida de 100 mil millones de pesos de los carteles mexicanos y narcotraficantes colombianos que estaban destinados a la compra de base de coca. “Tenemos información que la gente se ha robado esa plata ha desaparecido”, dice una de las fuentes. “Por ello han llevado a Cúcuta a gente de la Oficina de Envigado y de oficinas de Cali, para que recuperen esa plata”.
Se suma a ello varias incautaciones de alijos de droga en territorio venezolano, que han caído en manos de las autoridades porque algunos han delatado esos cargamentos.
“El negocio está alterado y lo que pretenden los narcotraficantes es ponerle seriedad a los compromisos, que haya orden”, plantea otra de las fuentes consultadas, quien advierte que en todo ello también están comprometidos “sectores de la Policía”.
Ese ambiente enrarecido requiere, como insisten Cañizares y las fuentes consultadas, respuestas urgentes que rompan esos ciclos de criminalidad y violencia. ¿Y cómo se lograría ese propósito? “Con programas y estrategias eficaces, integrales, que logren realmente desarticular todos estos fenómenos generadores de violencia de criminalidad organizada, de paramilitarismo, de guerrilla, de todo lo que hay aquí. Hay que quitarle la frontera a la criminalidad”, concluye el director de la Fundación Progresar.
