Mientras Washington exige más y mejor cumplimiento en la lucha contra la producción drogas ilícita, Colombia propone legalizar la hoja de coca. Dos estrategias para hacerle frente al negocio nefasto.
Miles de desplazados en el Catatumbo, policías y militares secuestrados durante 40 horas en el departamento de Cauca, paros armados en Chocó, 41 víctimas de masacres en todo el país. Todo esto ha ocurrido desde comienzos del 2025 y todo, de alguna forma u otra, está relacionado con el narcotráfico.
Y a pesar de los miles de millones de dólares invertidos en erradicación e interdicción, y los miles de muertos en disputas por territorio y control de rutas, el monitoreo de las Naciones Unidas muestra que el cultivo de coca en Colombia se cuadriplicó en la última década, mientras que la producción mundial de cocaína se duplicó.
Por eso, y ante nuevas presiones desde Estados Unidos para insistir en un enfoque prohibicionista en la “guerra contra las drogas”, el gobierno de Gustavo Petro busca darle un nuevo aire a su estrategia contra el narcotráfico tanto a nivel interno como en el plano nacional.
El gobierno estadounidense, en cabeza del presidente Donald Trump, está utilizando sanciones arancelarias, o la amenaza de ellas, para exigir mayores esfuerzos de Canadá y México para detener el flujo de drogas —principalmente fentanilo— hacia el mercado de Estados Unidos. Algunos sectores políticos colombianos temen que, ante el incremento de cultivos de coca y de producción de cocaína en el país, el país del norte podría imponer sanciones similares a Colombia o exigir que se retome la política de fumigación.
Incluso podría “descertificar” a Colombia en su proceso anual de evaluar los esfuerzos antinarcóticos de países de producción o de tránsito de drogas ilegales alrededor del mundo, lo que significaría una suspensión de fondos de cooperación, que ya se han visto afectados por el cierre de programas financiados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). (Leer más: Cooperación en vilo mientras Colombia atraviesa crisis humanitaria)
El gobierno colombiano defiende su enfoque de centrarse en las mafias que transforman el producto natural de la coca en cocaína, en lugar de en los productores campesinos.
La estrategia antinarcóticos, presentada en 2023, tiene dos pilares fundamentales que el gobierno ha denominado “oxígeno” y “asfixia”. Bajo el pilar de “oxígeno”, el énfasis está en aliviar la presión sobre los objetivos tradicionales de la ley, como los pequeños cultivadores de coca y los consumidores de drogas. Esto implica fomentar la sustitución voluntaria de cultivos de coca por alternativas legales y promover un enfoque de salud pública en el consumo de sustancias narcóticas.
Por otro lado, la estrategia de “asfixia” adopta una postura más agresiva, confrontando directamente las redes de narcotráfico a gran escala de Colombia en los eslabones más altos de la cadena. Este enfoque implica interceptar envíos, desmantelar laboratorios, incautar precursores químicos e investigar las actividades asociadas al lavado de dinero.
En un consejo de ministros el 10 de marzo, Petro señaló que su gobierno se seguirá oponiendo a la estrategia de fumigación. “Nos van a decir que fumiguemos, y no nos certifican, y fumigar es matar a los campesinos”, indicó. “Es una política de dominación”. “Queremos ayudar a resolver problemas (…) y la respuesta es ‘síganse matando’”.
Violencia del narcotráfico se expande
En un nuevo estudio, el centro de estudios International Crisis Group dice que es la competencia entre grupos criminales para controlar las ganancias del narcotráfico lo que provoca mayor violencia no sólo en Colombia, sino en toda América Latina.
Las dinámicas de violencias relacionadas con el narcotráfico se han regado por casi toda América Latina “a pesar de décadas de campañas de seguridad basadas en acciones policiales y militares”, dice el informe Mitigar la violencia en los centros de narcotráfico en América Latina.
Mientras la represión militar y las capturas de alto nivel generan victorias a corto plazo, “una y otra vez alimentan nuevas olas de violencia y provocan reconfiguraciones en las estructuras criminales”, indica el informe.
“La región sufre una cruel ironía, en la que más acciones de fuerza, más incautaciones y una prohibición más estricta, tienden a elevar el precio de las drogas y, por lo tanto, las ganancias de los traficantes”, dice el centro de estudios.
“Aunque el contexto político preponderante, particularmente en Washington, presionará a la región a continuar con la ‘guerra contra las drogas’, América Latina debe aprender de sus éxitos y fracasos”, dice Elizabeth Dickinson, Analista Senior, Los Andes, Crisis Group. “La experiencia sugiere que una combinación de enfoques, incluidas intervenciones policiales más inteligentes y una política social robusta, es la estrategia más adecuada”.
Internamente, la estrategia del gobierno de Petro le apuesta a la erradicación voluntaria, a pesar del fracaso del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), creada como uno de los pilares del Acuerdo de Paz firmado con las extintas Farc en 2016. (Leer más: PNIS: ¿Qué salió mal y cómo se podría enmendar el camino hacia una verdadera sustitución?)
Es la oferta que se ha hecho a los campesinos cocaleros del Catatumbo, luego del estallido violento en esa región de Norte de Santander en enero de 2025 por la disputa entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de la Farc por el control de las 53.000 hectáreas de coca en la región, y las rutas de cocaína hacia Venezuela. (Leer más: Crisis en el Catatumbo: el pueblo en el medio de una guerra anunciada)
Algo similar tiene en mente para el Cañón del Micay, en Argelia, Cauca, en donde 29 miembros de la fuerza pública fueron secuestrados por más de cuarenta horas, que el mandatario colombiano llamó “una zona de producción cocainera de las más grandes del mundo”.
A nivel internacional, la canciller, Laura Sarabia, planteó ante la reunión de la Comisión de Estupefacientes de la ONU (CND, por sus siglas en inglés) en Viena, que se elimine a la hoja de coca del listado de estupefacientes prohibidos.
“La evidencia es contundente: el narcotráfico ha frenado el desarrollo de nuestro país, ha victimizado a millones de campesinos, ha financiado grupos terroristas y ha devastado ecosistemas esenciales como la Amazonía (…) La ciencia demostrará que la hoja de coca en sí misma no es perjudicial para la salud. Solo podremos arrebatársela a los narcotraficantes si aprovechamos su potencial en usos industriales, como fertilizantes y bebidas”, dijo Sarabia.
