En 2001 llegó a Medellín huyendo del Urabá antioqueño cuando fue asesinado su primer esposo. Hace 11 meses fue asesinado su hijo y sus tres hijos sobrevivientes están amenazados.
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| En este video realizado en el taller “línea del tiempo” en el auditorio de la Universidad de Antioquia en 2010, Ana Fabricia Córdoba denunció lo que venía viviendo. |
Los grupos armados ilegales se le atravesaron en el camino a Ana Fabricia Córdoba Cabrera hace ya varios años cuando paramilitares mataron a su primer esposo. Ese hecho la obligó a huir hacia Medellín, donde fue acosada, perseguida, intimidada y asesinada por defender sus causas propias y las de cientos de desplazados que habitan en la capital antioqueña.
Esta mujer, asesinada este martes dentro de un vehículo de servicio de público, huyó del corregimiento Churidó, de Apartadó, en el año 2000 y desde que llegó a la zona nororiental de la ciudad se integró a diversos grupos comunitarios y organizaciones no gubernamentales desde donde trabajó arduamente por la defensa de las víctimas del conflicto armado y por sus derechos sociales y económicos. Hizo parte de movimientos como la Ruta Pacífica de las Mujeres y Latepaz (Líderes Adelante por un Tejido Humano de Paz).
A sus 51 años de edad, había sufrido los atropellos de la violencia paramilitar. Fue acosada por el Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) al mando de Ever Velosa García, alias ‘HH’, quien al parecer ordenó la muerte del primer esposo de Ana Fabricia, y obligada a salir del Urabá antioqueño.
Ya en Medellín, en condición de desplazada, se instaló con sus hijos en diversos barrios periféricos. Por su condición de liderazgo, que chocaba con las pretensiones de los grupos armados ilegales barriales, se vio obligada a cambiar frecuentemente de residencia. Su último refugio fue en el barrio La Cruz en la comuna 3, en la zona nororiental de la ciudad.
No obstante, allí tampoco estaba segura. El 7 de julio de 2010 fue asesinado su hijo Jonatan Arley Ospina, de 19 años de edad, en un confuso incidente en el que al parecer están involucrados algunos miembros de la Policía Nacional.
Su hija Diana Ospina Córdoba afirmó en varios medios regionales y nacionales que su madre siempre le decía: “a mí me van a matar, pero lo que yo quiero es justicia”.
Según la Corporación Jurídica Libertad, “la señora Córdoba fue clara en señalar a miembros de la Policía pertenecientes a la Estación de San Blas (Manrique) de apoyar la estructura paramilitar en la zona, además de cometer actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra jóvenes del barrio, entre ellos a uno de sus hijos”. La denuncia la presentó hace varios meses durante el encuentro del Comité Metropolitano de DerechosHumanos, realizado en la Alcaldía de Medellín. Allí también denunció amenazas contra su vida.
Adriana Arboleda, abogada de la Corporación Jurídica LIbertad, señaló que “este hecho hizo que Ana Fabricia decidiera luchar de manera frontal para que los crímenes de sus hijos no quedaran en la impunidad. Pero fue a partir de este momento que empezó a recibir amenazas constantes que la llevaron a buscar dónde dormir cada noche”.
De acuerdo con un conjunto de organizaciones sociales que se pronunciaron frente a este hecho, “Ana Fabricia denunció constantemente a la Policía de la ciudad por actos de intimidación en su contra. Denunció en varias ocasiones el allanamiento a su vivienda sin orden judicial a altas horas de la noche acusándola de proteger a grupos armados. En otras ocasiones, civiles también entraron a su casa a intimidarla. Por lo anterior se veía obligada a dormir en diferentes casas por fuera del barrio como medida para proteger su vida”.
A juicio de estas organizaciones sociales, “el asesinato de Ana Fabricia evidencia la constante persecución y agresión contra los y las líderes comunitarias que trabajan en las diferentes regiones del país. Pese a todas las denuncias es clara la negligencia de parte de las autoridades que no le garantizaron la vida.
De acuerdo con la hija de la víctima, ahora las amenazas recaen sobre ella y sus dos hermanos: “Anoche recibimos una llamada amenazante, (en la que nos dijeron) que todos íbamos a quedar igual”.
La sede regional Antioquia de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) también se pronunció al respecto y a través de un comunicado rechazó este homicidio y solicitó a las autoridades competentes “el esclarecimiento de este delito y que se lleve a juicio a los responsables de este lamentable hecho”.
Las autoridades nacionales también reaccionaron. Angelino Garzón, Vicepresidente de la República, solicitó investigar lo denunciado por la líder asesinada con el fin de “judicializar y sancionar a los autores intelectuales y materiales del crimen y para brindar protección inmediata a las demás personas que están reclamando su derecho legítimo a la restitución y titulación de sus tierras”.
Sobre las condiciones de seguridad, el Ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras reveló que Ana Fabricia se había resistido a que agentes de la Policía Nacional le realizaran un estudio de seguridad. El rechazo quedó consignado en dos misivas fechadas el 11 de diciembre del año pasado y el 19 de mayo de este año.
“Yo lamento mucho que esto ocurriera. Es un episodio muy doloroso, pero también quiero enviar un mensaje porque las personas que están en situación de riesgo para merecer y recibir protección deben someterse a un estudio que adelanta la Policía Nacional”, indicó Vargas.
No obstante, fuentes cercanas a Ana Fabricia explicaron que ella sí rechazó el estudio de seguridad, “pero con el argumento de que cómo era posible que lo hiciera la institución que ella señalaba como implicada en la muerte de su hijo. Pero no le ofrecieron alternativas. Eso tiene que quedar claro. ”.
Con la muerte de Ana Fabricia Córdoba se renueva el debate sobre la protección a todos aquellos defensores de derechos humanos y activistas sociales frente a las actuales condiciones de inseguridad que afrontan en todo el país. Con la muerte de esta líder barrial, ya son 49 los hombres y las mujeres líderes de desplazados o reclamantes de tierras que han sido asesinados desde marzo de 2002 en Colombia.
