Defensores de víctimas piden garantías para quienes padecieron la violencia de los grupos armados que lideró el exjefe paramilitar luego de que saliera en libertad. La continuidad de su comparecencia ante la justicia transicional está en medio de un choque entre dos jurisdicciones. Mientras tanto, él anunció que desde ahora adelanta labores para ubicar fosas comunes.
Salvatore Mancuso, exjefe de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), recuperó la libertad después de 18 años tras las rejas por la vía en la que dejó las armas: el proceso de Justicia y Paz. No fue como gestor de paz ni por medio de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Y si bien para algunos juristas no fue ninguna sorpresa su salida de La Picota, ya que Mancuso había cumplido con sus compromisos como postulado a la jurisdicción de Justicia y Paz, sí piden que se asegure que Mancuso siga cumpliendo con los compromisos de aportar verdad para sus decenas de miles víctimas.
Sebastián Bojacá, coordinador de Litigio Penal de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), que representa a cientos de víctimas del conflicto armado, hizo un llamado para que las distintas entidades que administran justicia en el caso Mancuso y la Corte Constitucional, “establezcan, al menos, algunas medidas o herramientas que permitan el cumplimiento de las obligaciones que tiene Salvatore Mancuso en ambos sistemas de justicia transicional”.
Entre esas obligaciones, recuerda que están los juicios que se le estaban realizando en Justicia y Paz que no alcanzaron a llegar a condena, por los cuales debería presentarse ante las diferentes Salas de esa jurisdicción, en los tribunales de Barranquilla y Bogotá.
Cuando Mancuso regresó a Colombia luego de ser deportado en febrero de Estados Unidos donde cumplió una pena de 16 años por narcotráfico, 7.500 casos en su contra de asesinatos, desapariciones y otros crímenes estaban en etapa de juicio; y 25.500 en etapa de imputación de cargos. Y aún debe responder por decenas de miles más, por las víctimas que él y los hombres bajo su mando dejaron en los departamentos de la costa Caribe y en Norte de Santander.
Bojacá enfatiza que más allá de cuál ente que termine administrando justicia en su caso, pues la Corte Constitucional debe decir si es competencia de Justicia y Paz o de la JEP, Mancuso tiene una obligación con las víctimas. “Por ahora podemos decir que estaba cumpliendo. De alguna manera u otra, hay víctimas que esto lo pueden ver parcialmente; es decir, consideran que no ha entregado toda la verdad. Y esa es la razón de establecer unas medidas para que, tanto en los casos que siguen vigentes en Justicia y Paz, como para las averiguaciones que está haciendo la JEP, se instale un mecanismo de contrastación de la verdad que venía revelando, de la que falta que revele y de la que seguirá aportando”, precisa.
El abogado insiste que eso es crucial para que esos aportes puedan ser trasladados a las víctimas y controvertidos. A partir de ellos, “se puedan tomar decisiones más conscientes que garanticen sus derechos”.
En ese planteamiento coincide Adriana Arboleda, vocera nacional del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), que agrupa a decenas de organizaciones de derechos humanos y de víctimas en 15 departamentos de Colombia y en el exterior.
“Es importante que más allá de la discusión jurídica, Colombia sigue teniendo una deuda muy grande en términos de verdad. Es clave que se pueda seguir exigiendo de Salvatore Mancuso un compromiso con la verdad, con el reconocimiento de los derechos de las víctimas y con las garantías de no repetición de la violencia”, indica la activista.
Recalca que los grupos que comandó operaron en las zonas donde más crímenes se cometieron y en donde más víctimas hay. Muchas de ellas, anota, aún no han tenido acceso a la justicia: “El Catatumbo, los Montes de María y el Caribe, donde tenemos miles de víctimas que no han sido reparadas y no se les ha reconocido la verdad. Existen cientos de víctimas de desaparición forzada que seguimos sin encontrar. Eso tiene que ser una obligación no sólo de Salvatore Mancuso, sino de todos los exjefes paramilitares que han recobrado la libertad y que su aporte sigue siendo limitado”, dice Arboleda.
El día después de su salida de la prisión, Mancuso dio una rueda de prensa en la que señaló que está comprometido como gestor de paz y con los derechos de las víctimas. Y anticipó que se encuentra realizando gestiones con la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas para viajar a Venezuela para ubicar fosas comunes en las que se presume se encuentran los restos de víctimas de desaparición forzada que fueron inhumadas en el país vecino.
Arboleda reconoce esa iniciativa, pero recalca que esa labor no se debe considerar como una ayuda, sino como parte de sus obligaciones. “Las organizaciones de víctimas y de derechos humanos hemos buscado y hemos apoyado a la Unidad de Búsqueda en ese tema porque son nuestros familiares y amigos quienes están desaparecidos. La obligación de él es entregar información que permita esclarecer los hechos y encontrar las fosas”, plantea.
Asimismo, insiste en que es necesario, para casos emblemáticos como los de las masacres de La Granja y El Aro, que Mancuso aporte medios de prueba que permitan exigirle a otros involucrados que respondan por esos crímenes: “Es fundamental la información que él tiene sobre los altos mandos del Ejército, sobre políticos y empresarios que han estado detrás de la estrategia paramilitar”, dice Arboleda.
Choque de competencias
Salvatore Mancuso estuvo en prisión más de cuatro meses tras su llegada a Colombia, aunque pudo haber quedado en libertad en menor tiempo por haber cumplido la pena impuesta por Justicia y Paz. Pero optó por la figura de gestor de paz, la cual le fue concedida por el presidente Gustavo Petro en agosto de 2023, y de comparecer ante la JEP, pensando que así saldría más rápido.
La gestoría de paz suspendería las medidas de aseguramiento que tenía el exjefe paramilitar, como ha ocurrido con otras personas beneficiadas con esa figura. Pero no ocurrió.
Tanto Justicia y Paz, la jurisdicción creada para procesar a los desmovilizados que dejaron las armas de manera colectiva entre 2003 y 2006; y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada por el Acuerdo de Paz que alcanzaron el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc en 2016, negaron que Mancuso pudiera recobrar la libertad bajo la figura de gestor de paz, (Leer más en: El regreso de Mancuso a Colombia, más allá de Álvaro Uribe)
Por medio de Justicia y Paz, se debió consultar a todos los despachos de la justicia ordinaria si tenían medidas de aseguramiento contra Mancuso por hechos relacionados con el conflicto armado, para sustituirlas, pues ese tribunal de justicia transicional es el que tiene competencia sobre él y le ha dictado tres sentencias.
“Pasamos a la sustitución de las medidas de aseguramiento y a la libertad a prueba a través de la justicia que consideramos es el juez natural del postulado, que es Justicia y Paz. En últimas, ella fue la que ordenó la libertad del señor Mancuso”, explica el abogado Nelson Menjura. Y agrega que debieron instaurar un recurso de habeas corpus ante la demora del INPEC.
A finales de marzo, la JEP estableció que tenía competencia completa y prevalente para conocer los casos del exjefe paramilitar y que por tanto ya no sería procesado por Justicia y Paz. Todo se remonta al 17 de noviembre de 2023, cuando ese tribunal transicional decidió aceptarlo como compareciente bajo la figura de “bisagra”, por haber sido enlace entre la Fuerza Pública y grupos paramilitares.
Esa decisión terminó generando un conflicto positivo de competencias entre la JEP y Justicia y Paz, porque cada una se considera el juez competente para procesar al desmovilizado jefe paramilitar. En esta última, a Mancuso le habían sido sindicados 25.500 crímenes por diferentes imputaciones de cargos que le realizaron, por hechos que cometieron él y los hombres que tuvo bajo su mando durante su militancia en las Auc..
La JEP definió que tenía competencia prevalente sobre el exjefe paramilitar, pero Justicia y Paz considera que esa interpretación es errada, porque el Acuerdo de Paz estableció que ella tiene competencia sobre la justicia ordinaria y no entre entre sistemas de justicia transicional.
Ante ese ‘choque’ de tribunales, la Corte Constitucional tendrá la última palabra y establecerá quién queda con la competencia de quien fuera jefe de los Bloques Córdoba, Héroes de los Montes de María, Norte y Catatumbo de las Auc.
Por esa razón, los procesos de Mancuso quedaron congelados en ambas jurisdicciones, entre ellos su solicitud de libertad. No obstante, hace dos semanas, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, con ponencia del magistrado Álvaro Fernando Moncayo, decidió que ese congelamiento por el conflicto de jurisdicciones no aplica para derechos fundamentales, como el de la libertad.
De ese modo, le fue devuelta la petición de libertad de Mancuso a la jueza de ejecución de penas que tenía su proceso a cargo en Justicia y Paz, para que se pronunciara sobre la acumulación de sentencias y definiera su situación judicial.
Un jurista que ha conocido de cerca el juzgamiento del exjefe paramilitar en esa jurisdicción transicional, que pidió mantener en reserva su identidad, cuestionó la postura de la JEP, pues el 5 julio, a pesar de haber establecido meses atrás que tiene competencia prevalente sobre Mancuso, indicó que quien debía pronunciarse sobre su libertad era Justicia y Paz.
“Cuando se le solicita la libertad a la Jurisdicción Especial para la Paz, dice que no está a disposición de ella, sino de los cientos de miles delitos que cometió durante el conflicto armado. Entonces, para una cosa, la JEP es prevalente, y para otras, como la libertad, no. Es muy extraña su interpretación”, señala.
Tras verificar que no tuviera cuentas pendientes en despachos judiciales, porque años atrás la Fiscalía de Justicia y Paz compulsó copias sobre Mancuso a la justicia ordinaria y se libraron varias medidas de aseguramiento en su contra, el INPEC autorizó su salida de la cárcel La Picota.
Otro jurista que también pidió mantener en reserva su identidad, plantea que en caso de que la competencia sobre Mancuso quede en manos de la JEP, ese sistema de justicia transicional debe retomar el trabajo que había hecho Justicia y Paz para no empezar desde cero los procesos, afectando los derechos de las víctimas.
“Lo interesante del caso de Salvatore Mancuso es que la JEP tome los casos de terceros de muy alto nivel, sean empresarios, políticos, militares, policías, fiscales o quienes sean, para empezar a trabajar sobre eso. Pero si va a empezar a coger casos de Mancuso para volver a hacer lo que ya hizo Justicia y Paz, no tiene sentido”, plantea.
Y agrega: “Se debe enviar un mensaje respecto a la inminencia de resolver la responsabilidad de los terceros. La misión de la JEP no puede ser tomar un postulado. No. Su misión es tomar lo que ya existe como información, que el Código de Procedimiento Penal avala como un medio de prueba, que se denomina información legalmente obtenida y, a partir de allí, construir los casos”.
