A pesar de la falta de recursos nacionales para el posconflicto en Caldas, la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas del Conflicto Armado, ha invertido $123 mil millones en víctimas del departamento.
A las 7:30 de la mañana, 10 personas esperan afuera del Punto de Atención de la Unidad de Víctimas de Samaná, municipio en el oriente de Caldas. Es uno de los cinco puntos del departamento y de los 14 del Eje Cafetero.
En promedio, según Jhon William Duque, orientador de víctimas del municipio, llegan 60 personas al día a solicitar ayudas humanitarias o indemnizaciones, y se presentan como víctimas del conflicto armado. (Leer más en: Caldas, borrado de los dineros del posconflicto)
Hay 124 mil 732 víctimas registradas del conflicto en Caldas; de ellas, 97 mil 288 están sujetas a reparación y atención; es decir, el 77 por ciento de la población víctima. Desde el 2012, la Unidad ha invertido $123 mil 606 millones en el apoyo a las alcaldías, la atención y la ayuda humanitaria, proyectos de infraestructura social y comunitaria e indemnizaciones.
En febrero del año pasado don Guillermo, de Samaná, recibió $12 millones 600 mil, luego de cinco años de espera. “En abril del 2013 declaré tres hechos victimizantes, ocurridos desde el 2002”.
El señor prefiere, como sus paisanos, no entrar en detalles. Considera que si bien ha retornado la calma a la región, hay rumores sobre el regreso de ilegales armados.
De las 8 millones 771 mil víctimas declaradas en Colombia, el 81 por ciento, es decir, 7 millones 124 mil, ya están sujetas a algún tipo de reparación.
Guillermo aún se estremece al contar sus casos. “Mi esposa trabaja en una vereda y yo la fui a visitar. En un caserío me retuvo la guerrilla durante dos horas. Me decía que yo era informante de los ‘paras’, pero por fortuna me soltaron”.
Las cifras de reparación no son exactas, ya que no todas las víctimas se declaran como tal. El proceso es largo y algunas prefieren evitarlo.
Otro hecho que le aceptaron a Guillermo tuvo que ver con un atentado. “En el 2002 de aquí salió desplazado hasta el alcalde (amenazado por las Farc). Mi familia me dejó a cargo una casa. Un día pasaron ilegales y tiraron una granada, por fortuna cayó y estalló en el patio”. El tercer punto que argumentó el samaneño es que el municipio como tal fue todo víctima ante los desplazamientos forzados, las tomas, los hostigamientos.
La plata, comenta, le sirvió para pagar deudas, ayudar a sus dos hijos. “Uno tenía el carro varado y otro necesitaba un piano para seguir estudiando música”.
En espera
Otra historia es la de Virgelina Quiceno Restrepo, quien también sufrió el desplazamiento. Además, le mataron a un sobrino y otro continúa desaparecido. A pesar de su avanzada edad, aún no ha recibido indemnización, aunque cuenta con asistencia del Estado: “En noviembre del 2005 la guerrilla me sacó de la casa y esta es la hora que no tengo casita, los de la Unidad me pagan el arrendamiento. Estoy en proceso de restitución de tierras, vivo con mi hermana y todavía no sale nada”.
Hay otros relatos similares a los de Virgelina. Según la Unidad, de las 8 millones de personas afectadas, sólo hay entre un 12 y 15 por ciento indemnizadas. Hay quienes siguen recibiendo ayudas humanitarias, los que aún no las han reclamado y los que por falta de tiempo o resistencia al papeleo deciden no declararse como tal. Aquí está el proceso por el que deben pasar para ser indemnizadas y los testimonios de algunas de ellas.
El proceso
Para comenzar el camino de la reparación integral se debe tener claro que después de la Ley 1448 del 2011, las víctimas tenían plazo hasta junio de 2015 para declararse como tal, después de esto, la Unidad sólo indemnizará a las personas cuyo hecho victimizante haya ocurrido en un lapso menor a dos años, es decir, alguien que se quiera declarar como víctima en abril de 2019, debe haber sufrido el hecho después de abril de 2017.
Ana María Ospina Franco, es víctima de desplazamiento forzado. Vivía cerca del río Moro y se tuvo que ir para Bogotá. Hace 20 años retornó a Samaná, ella recibe la ayuda humanitaria de transición: “Primero me dieron $888 mil, luego $600 mil, después $400 mil y ahí me han ido ayudando. Tengo un hijo discapacitado, así que estamos como grupo familiar. Aún no he pasado papelería para la indemnización”.
El caso de desplazamiento de Ana María es uno de los 188 mil 120 registrados en Caldas. Es el hecho que más se presentó dentro del periodo del conflicto armado contemplado en la Ley de Víctimas entre los habitantes del departamento.
Cada año se hace la entrevista única de caracterización a cada beneficiario, para saber si aún debe recibir la ayuda o si ya puede pasar al proceso de indemnización.
Más espera
La indemnización es el proceso más largo de todos. La Unidad no sabe a ciencia cierta cuánto puede demorar, pues hay muchas variables: el hecho victimizante, la edad de la víctima y el presupuesto nacional asignado a la entidad, que para este año es de $600 mil millones.
Las familias víctimas o los particulares deben esperar a que la Unidad documente el caso. Esta entidad debe corroborar que no haya personas fallecidas y que a la hora de declararse víctimas las personas registradas como menores de edad lo sigan siendo o, si por el contrario, ya llegaron a la mayoría de edad, cambiar su documento.
Después, la familia o el particular debe firmar un acta juramentada en la que afirman que ya no hay más víctimas cercanas a ellos. Finalmente, envían el acta a Bogotá para que se termine de estudiar y se proceda a la indemnización.
Laura Moreno, directora territorial de la Unidad de Víctimas del Eje Cafetero, reflexiona: “La indemnización que entrega la Unidad no compensa los daños que sufrieron las familias durante el conflicto armado, el hecho de abandonar la casa o perder un familiar es imposible de compensar de forma económica, pero sí tratamos de mitigar el dolor”.
Al ser tantas, la Unidad prioriza a las personas mayores de 74 años, víctimas con discapacidad o con una enfermedad terminal, víctimas de violencia sexual y comunidad LGBTI.
Por ejemplo, Isaura Quiceno Castaño, obligada a salir de su finca, recibió la indemnización luego de un año y medio: “Tengo 75 años. Me sacaron de mi tierra, donde sembraba café y caña. Además, me mataron dos hijos y me desaparecieron una hija. Recibí la indemnización hace poco, con eso voy a organizar mi casita”.
Sin rogar
En indemnizaciones, la Unidad ha invertido en Caldas $81 mil 109 millones.
El proceso de reparación tiene varias medidas: indemnización, que es el factor dinero; rehabilitación física y social, que es la atención psicosocial a la víctima; restitución de derechos y predios; garantías de no repetición y medidas de satisfacción personal, como los días de conmemoración a las víctimas.
José Uriel Giraldo Aristizábal, desplazado del corregimiento de Encimadas, Samaná, dice que ya se cansó de esperar ayudas: “No tiene sentido sacarle plata al gobierno (nacional) a las malas, nosotros tenemos eso ganado. Uno es pobre, pero esa rogadera no paga, yo prefiero quedarme así”.
En eso concuerda José Albeiro Ramírez, exintegrante de la Mesa Nacional de Víctimas. Expresa que es mejor que las personas no tengan que vivir con el poco dinero brindado por el Estado: “Es preferible capacitar a la gente, enseñarles cómo mantener sus procesos productivos, para que así no se queden esperando las limosnas del gobierno”.
En el Eje
– En Caldas, Risaralda y Quindío hay 14 puntos de atención para las 313 mil 278 víctimas declaradas.
– De ellas, 251 mil 731 están sujetas a atención y reparación.
– El dinero invertido en ayudas en esta región es de $127 mil 3 millones y en indemnizaciones de $202 mil 106 millones.
– Laura Moreno, directora Territorial de la Unidad, argumenta: “En el Eje hay zonas muy afectadas”.
– En el caso de Caldas, el oriente es un territorio marcado por el conflicto, Samaná, Pensilvania, Marquetalia, Norcasia, Riosucio y La Dorada; en Risaralda están Pueblo Rico, Mistrató, Guática y Quinchía, con fuerte influencia indígena, y en Quindío el municipio de Génova, explica Laura Moreno.
– En Caldas, municipios como Victoria y Manzanares, también sufrieron los estragos de la violencia.
– En total, la territorial ha invertido en el Eje Cafetero $339 mil 661 millones.
