Después de 9 años y cientos de exhumaciones no hay rastro alguno acerca miembros de un grupo del CTI que investigaba acciones paramilitares en Codazzi, Cesar.
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| Siete miembros del CTI de la Fiscalía desaparecieron hace 9 años. Foto: Archivo Particular |
Siete miembros del CTI de la Fiscalía*, un odontólogo forense, 5 técnicos y un director, partieron de Valledupar y Codazzi a un lugar rural entre Minguillo y Verdecia con una misión judicial: exhumar el cadáver de Tiburcio Rivera, un vendedor de paletas asesinado por los paramilitares. Era el 9 de marzo de 2000, fecha desde la cual nunca más se volvió a saber de ellos.
Al mes de su desaparición se encontró una de sus camionetas, enterrada debajo de rastrojos. Se supo de la otra un año después. Estaba incinerada y enterrada en la finca La Holanda. Héctor Roca, hermano de Israel, uno de los desaparecidos, especialista en dactiloscopia, cuenta que inicialmente se pensó que era un secuestro. “No había amenazas contra mi hermano, era una persona muy seria y honesta. Ese día empezó una especie de tragedia. No se sabía bien qué había pasado ni que grupo los tenía, se hacían todo tipo de averiguaciones. Se rumoraba que era un secuestro por parte del Bloque que operaba en Codazzi, al sur del Cesar. No se sabía nada, era una incertidumbre muy grande”.
Qué se sabe
La suerte de estos siete trabajadores judiciales pareció despejarse con las versiones libres de los ex paramilitares del Bloque Norte que participaron en la matanza. Alcides Manuel Mattos Tabares, alias “El Samario”, preso en la Cárcel Judicial de Valledupar, asintió que en Sabana Alta, Cesar, recibió los sacos con los supuestos restos de los investigadores, y los tiró a un río.
Los cuerpos habrían sido entregados por alias ‘El Guajiro’, desaparecido por órdenes de sus propios jefes. Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40‘ también aceptó, en su versión libre, haber participado en estos crímenes por orden de Carlos Castaño. De igual forma, John Jairo Esquivel Cuadrado, alias ‘El Tigre’ también reconoció su intervención en los hechos.
Sin embargo, estas versiones se contradicen con lo que aseguran los familiares de los funcionarios del CTI. En una entrevista de las familias con Carlos Castaño que tuvo lugar el 14 de junio de 2000, el jefe de las AUC afirmó no saber nada de este suceso.
‘El Tigre’, por su parte, dio señas para ubicar las fosas donde estarían enterrados, pero después de más de 100 excavaciones, no los encontraron. “La esposa de mi hermano ha estado en varias exhumaciones y han rescatado algunos cuerpos, pero no han sido los de los muchachos”, señala Roca.
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| Jhon Jairo Esquivel Cuadrado, alias ‘El tigre’, uno de los ‘paras’ involucrado en el crimen. Foto: El Tiempo |
Aunque ya se sabe que los asesinaron, todo es todavía una incertidumbre, es un misterio dónde están los cadáveres para darles cristiana sepultura, dice Roca, quien piensa que las declaraciones de los paramilitares no han hecho más que confundir y propiciar más dolor. A la hora de decir el sitio donde están, “no saben o no quieren acordarse o no están diciendo la verdad. Según parece los cadáveres están en un sitio que era vedado para las autoridades y todo pasó por metérseles allá. Otras versiones dicen que otros muchachos del equipo de la comisión tenían nexos ilegales y los sapiaron. Todavía no se sabe a ciencia cierta el motivó de la masacre”, termina Roca.
En esa búsqueda incesante y desesperada de pistas del paradero de los agentes, el caso de Justa Correa, madre de Edilberto Linares extiende la cadena de desgracias. Ella perdió dos más de sus hijos. Euclides y Ustacio Linares, de 27 y 39 años, un año después de la noticia se fueron a buscar a su hermano desparecido. Sus cadáveres se encontraron flotando entre neumáticos debajo del puente que de Ciénaga conduce a Santa Marta.
*Edilberto Linares Correa, 33 años; Carlos Arturo Ibarra Bernal, 31 años; Hugo Quintero Solano, 32 años; Danilo Carrera Aguancha, 31 años; Mario Abel Anillo Trocha, 26 años; Israel Roca Martínez, 31 años; y Jaime Elías Barros Ovalle, de 32 años.
