Los más de 270 jueces e investigadores judiciales asesinados, 38 desaparecidos: este es el saldo que nos han dejado los últimos 15 años de conflicto armado y violencia en el país. Estas son sus historias, a manera de homenaje y de lección de vida.
Por Camila González F. para Verdadabierta.com
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Mas de 300 funcionarios judiciales fueron asesinados mientras intentaban revelar los crímenes de los paramilitares en Colombia. – La Rochela, 20 años de una tragedia – Nada se sabe de dos funcionarios del CTI en Santa Marta – Yolanda Paternina: un crimen cuidadosamente planeado – Por rótulo de guerrillera, asesinada jueza de Becerril – Más de 20 capturas por homicidio de Judith Álvarez – Siete investigadores del CTI, tragados por la tierra de Valledupar – Cuando los paramilitares se infiltraron en la Fiscalía de Medellín  – Funcionarios del CTI asesinados en cumplimiento de sus funciones (1992-2008) – Historias de vida y del quehacer diario de dos jueces en medio de la violencia colombiana (Fragmento de investigación JUECES SIN ESTADO de Mauricio García Villegas. http://www.siglodelhombre.com/) |
Desde que empezaron a hablar los paramilitares han confesado 10 hechos y han mencionado en sus declaraciones 34 sucesos relacionados con trabajadores judiciales, según un recuento de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía. Sin embargo, esta es apenas una muestra tímida de la magnitud de la tragedia que han padecido en los últimos 20 años jueces, fiscales, investigadores judiciales y otros funcionarios de la Rama Judicial, que han caído asesinados intentando hacer justicia en medio del conflicto armado. (ver recuadro inferior)
Y la muestra es a la vez reveladora de una gran paradoja: que la gran mayoría de los crímenes contra los funcionarios de la Justicia han quedado en la más absoluta impunidad. Es más, muchos de éstos siguen siendo episodios oscuros, en los que ni siquiera se ha esclarecido un asomo de verdad. Y también impresiona la profunda indiferencia social con que los colombianos hemos visto caer a nuestros jueces y fiscales que dieron su vida por hacer una sociedad más justa.
Por eso el país no tiene siquiera cifras coherentes sobre la dimensión de los crímenes contra los funcionarios judiciales. Según la oficina de prensa de la Fiscalía, que sólo aporta información de los hechos comprendidos entre 1992 y 2002, fueron asesinados 134 trabajadores de esta entidad.
El Fondo de Solidaridad con las Víctimas del Poder Judicial (Fasol) reporta entre 1989 y 2008, 270 asesinatos y 38 desapariciones de trabajadores de la justicia en general, cifras que incluyen jueces, fiscales, abogados, investigadores, secretarias de juzgado, asistentes judiciales, escribientes de juzgado y hasta conductores de las oficinas.
Aún en 2009 en medio del proceso de Justicia y Paz fue asesinado Larry Churón Torre, investigador que hacía parte de la Unidad de Justicia y Paz en Barraquilla, y ha habido ocho amenazas contra funcionarios judiciales, según Fasol, que no recibe sino seis de cada 10 casos. Esta estadística incluye otros funcionarios de la rama judicial como jueces, abogados, fiscales y trabajadores de los juzgados.
Los más golpeados por el crimen y la delincuencia son los trabajadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). Entre 1992 y 2008 han sido asesinados en cumplimiento de sus funciones, 145 funcionarios del CTI, según la Sección de Análisis Criminal (SAC) de la Fiscalía. De 1997 y 2000 es el período con mayor número de víctimas. Del total de ellas, casi una tercera parte de las víctimas (27,6 por ciento) han sido ejecutadas en Medellín -ciudad donde prácticamente todos los años desde 1992 hasta 2003 ha habido víctimas fatales-, 10,3 por ciento en Cali y 7,6 por ciento en Bogotá, 6,9 por ciento en Valledupar e igual porcentaje en Bucaramanga. (Veael listado de los funcionarios del CTI asesinados en cumplimiento de sus funciones entre 1992 y 2008)
Hasta ahora sólo se ha podido establecer que el 13,8 por ciento de estos crímenes fueron cometidos por paramilitares, porque la mayoría figuran con autores desconocidos. En los listados de casos que tiene Fasol, que presta asesoría jurídica y psicológica a las familias y sobrevientes, una buena parte de los hechos de violencia carece de victimario, aun cuando como señala Blanca Anaya, su directora, “la mayoría de los casos han sido perpetrados por paramilitares y la mayor cantidad de las amenazas se han concentrado entre 2003 y 2005”. Según un funcionario del CTI de Bogotá, “nosotros no hemos sido víctimas de la guerrilla en torturas ni homicidios, sólo en secuestro”.
Las acciones violentas comprenden, además del homicidio y las desapariciones, permanentes amenazas, atentados, secuestros y muchos, como fiscales relacionados con investigaciones contra paramilitares o contra agentes de la fuerza pública y sobrevivientes de masacres, han terminado en el exilio. Más de 37 personas han tenido que salir del país entre 1989 y 2008, según Fasol.
Entre ellos está el juez Iván Cortés Novoa, quien vio desde su casa las atrocidades que se estaban cometiendo en el matadero de Mapiripán en julio de 1997: vio asesinar a 49 personas y corrió a pedir ayuda y a denunciar los hechos al Ejército y a la Cruz Roja. Cuando decidió escapar, lo hizo sobre los techos de las casas vecinas hasta ser rescatado por la Cruz Roja.
Como él y como muchos de los exiliados, también vive hoy en Canadá el fiscal de derechos humanos César Rincón, amenazado porque estar a cargo de la instrucción de las masacres de Tibú y La Gabarra en el Catatumbo. También están en el exterior Iván Velásquez, ex coordinador de la unidad de derechos humanos de la Fiscalía de Medellín; y Carlos Bonilla Cifuentes que investigaba el asesinato del abogado Jesús María Valle, defensor de víctimas de varias masacres paramilitares. En este país norteamericano también se encuentra Manuel Libardo Díaz, sobreviviente de La Rochela.
Quienes investigan los crímenes también son víctimas de desplazamiento forzado. Juan Carlos Ramos, fiscal suplente de la Junta directiva nacional de Asonal Judicial opina que las cifras de desaparecidos o asesinados son generalmente de los que trabajan en zonas críticas, y reflexiona que “usualmente lo que sucede es que los amenazan y los trasladan. Son otro tipo desplazados. El país está lleno de compañeros trasladados, no siempre con sus familias, de un lugar a otro de forma sorpresiva. De esta forma las investigaciones se van dilatando”.
Una cadena de hechos
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| La masacre de La Rochela, ocurrida el 18 de enero de 1989: Foto Semana |
Para muchos, la racha de muertos de la rama comenzó en 1985 con la toma del Palacio de Justicia. Sin embargo, el primer golpe emblemático fue la masacre de La Rochela, ocurrida el 18 de enero de 1989. En ese caserío santandereano fueron capturados por paramilitares 15 miembros de la Comisión Judicial que investigaba la desaparición de 19 comerciantes atribuida al MAS en el Magdalena Medio en 1987. Los tres investigadores sobrevivientes vieron morir con tiros de gracia a sus 12 compañeros. (
La ola de violencia contra la rama, además de los crímenes colectivos, ha perseguido uno a uno a un sinnúmero de personas que combatían la impunidad. Tan sólo es posible nombrar algunos. El investigador Alirio Achipíz fue asesinado por paramilitares en junio de 1994, en San Vicente de Chucurí. En mismo año, en Yopal, el fiscal Martín Antonio Parroquiano fue torturado y asesinado por investigar hechos que comprometían al Alcalde de Yopal, a miembros de la Policía y del Ejército, con homicidios en la región.
En 1995 murió Blanca Luz Rodríguez, secretaria del juzgado en Villanueva, Casanare. En 1997 el conductor de la Fiscalía de Villavicencio Aldemar Ramos Manchola ingresó al extenso listado de asesinados. Luego, en la matanza de Lebrija, el 2 de mayo de 1997, fueron acribillados Jaime Niño y Ricardo Mujica, escolta y conductor de una comisión integrada por 8 funcionarios e investigadores. En su versión libre, alias “Gavilán” declaró ser el autor del crimen, perpetrado en la época en que era guerrillero.
El 25 de octubre de 1998 dos miembros de una comisión investigadora de la Policía Judicial fueron torturados y asesinados en el municipio de Puerto Salgar, Cundinamarca, cuando desarrollaban una operación encubierta.
Las acciones contra los investigadores no suceden únicamente en las zonas rurales. Medellín ha sido una de las poblaciones más afectadas por los asesinatos de funcionarios del CTI a manos de las autodefensas, especialmente por investigaciones contra la “Oficina de Envigado” responsable de crímenes atroces, producto de la guerra por el control del negocio del narcotráfico y del combate a sangre y fuego contra las milicias guerrilleras que operaban de las comunas de la ciudad. En ambos fenómenos la impunidad ha reinado por cuenta de la infiltración de todos los estamentos. (ver nota anexa)
En un taxi, por las calles de Medellín, el 15 de enero de 1999, Diego Arcila Gómez, miembro del CTI que identificó y judicializó a Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “Don Berna”, condenado a 31 años de prisión en abril de 2009. Las investigaciones señalan que Arcila fue entregado por un antiguo compañero suyo, Úber Duque Álvarez, quien desde que estaba en el CTI trabajaba para los ‘paras’.
También por hacer judicializaciones contra la banda criminal Águilas Negras y el bloque Los Nevados, fue asesinado Norman Humberto Gómez el 5 de abril de 2005 en Medellín.
La mayoría de estas víctimas recorría el país investigando masacres y crímenes paramilitares, incluso de sus propios compañeros. La Costa Caribe tiene muchas rutas de la muerte para la rama. El 8 de marzo de 2000 de nuevo se repite lo acontecido en La Rochela. Una Comisión de 7 miembros del CTI fue a exhumar cadáveres fruto de una masacre paramilitar en la finca La Holanda en Pueblo Bello, Valledupar, y hasta hoy están desaparecidos. (ver nota anexa)
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La juez de Sincelejo, Yolanda Paternina, investigaba lo sucedido en la masacre de Chengue, donde los paras mataron a 28 personas en Ovejas, Sucre, en febrero de 2001. Por esta labor, Paternina fue asesinada el 29 de agosto del mismo año frente a su casa. Así como los casos que indagan estos valientes investigadores están ligados, sus muertes también. Fabio Luis Coley y Jorge de la Rosa fueron desaparecidos en mayo de 2001 en San Onofre, Sucre, por investigar la masacre de El Salado y la de Chengue de la mano de Paternina. (ver nota anexa)
Más adelante el 6 de febrero de 2002, como la caída de un castillo de naipes, es asesinado el integrante de la SAC del CTI, Oswaldo Boja por investigar la muerte de Paternina y la desaparición de sus compañeros Coley y De la Rosa. Ese mismo año, en abril, acaban con la vida de Margarita Pulgarín, fiscal de terrorismo de Medellín y el 19 de septiembre, Orlando Torres Lozano en Florencia.
Los jueces que han fallado contra los paramilitares también han sido carne de cañón. Entre ellos, Javier Alfredo Cote, juez único especializado de Santa Marta, acribillado en su vivienda en diciembre de 2001 por sacar una condena contra el jefe paramilitar Adán Rojas Ospino, alias “Carrancho”, aunque éste dice que no tiene nada que ver con el homicidio y que se trató de una estrategia de Hernán Giraldo para culpar a su grupo. Un caso no resuelto que se queda divagando en medio de la guerra entre Hernán Giraldo y el Bloque Norte.
El listado sigue y sigue. Los asesinatos, en una gran mayoría, tienen conexión unos con otros. En este sentido prácticamente han sido muertes anunciadas. Muchas de las cuales obedecen a la orden general de Carlos Castaño de asesinar a miembros del CTI y de la Fiscalía por estar con la guerrilla.
Respecto a la protección a los funcionarios amenazados o en riesgo, el ex Fiscal Alfonso Gómez Méndez señala que “hay un programa de protección que ha adolecido de fallas, entre otras las de falta de presupuesto. También en algunos casos los criminales nos infiltraron el programa”.
En estesentido, Ramos repara que “siempre la Institución busca cómo escamparse de responsabilidades. Se cura en salud con los traslados porque minimizan el riesgo al funcionario, la no inminencia de la amenaza”. Y las mismas víctimas como Wilson Mantilla, sobreviviente de la masacre de La Rochela,piensan que “las víctimas de la rama están completamente desprotegidas”.
Como sea, hoy cerca de 60 a 70% de las acciones están impunes, indica Fasol. Una de las razones para la impunidad de muchos de los casos es el miedo que tienen los testigos, y las familias de víctimas y sobrevivientes para testificar, como señala Anaya, que agrega “además con el proceso de Justicia y Paz ha habido mucho más temor por las amenazas. Incluso la institución pide a los deudos que no hagan nada, que la Fiscalía se hace cargo”.
Al respecto Gómez Méndez señala que varios hechos se han esclarecido, pero la razón de la impunidad radica en que hay sectores del establecimiento no interesados en su esclarecimiento. “El caso más claro es el del Palacio de Justicia. Cuando como Procurador General de la Nación en 1990 apliqué sanciones, toda la sociedad, incluidos los medios, me dejó solo”, confiesa.
El clima de violencia e intimidación que rodea y sigue rodeando la actividad de fiscales, abogados defensores, jueces e investigadores, es sin duda el factor más determinante para que reine la impunidad. En mayo de este año el grupo denominado Águilas Negras envió amenazas contra varias instituciones estatales y organizaciones sociales y civiles. Asonal Judicial y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz están en la lista. (Ver nota completa).
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