Si el juez estadounidense de ‘Don Berna’ acepta la petición de una madre de un desaparecido, se abriría la posibilidad de que las víctimas del paramilitarismo participen en los juicios por narcotráfico de los extraditados. Por la Agencia de Prensa IPC.
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| Las víctimas del ex cabecilla paramilitar del Bloque Cacique Nutibara, alias ‘Don Berna’, podrían participar en los juicios por narcotráfico de los extraditados. Foto: Archivo Semana |
Los representantes legales de la madre de un joven desaparecido en la comuna 13 de Medellín presentaron este martes en Nueva York una moción legal ante el juez federal que sentenciará el próximo 24 de febrero al paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, conocido con el alias ‘Don Berna‘, extraditado a Estados Unidos el 13 de mayo de 2008, junto a 14 jefes paramilitares más, por decisión del presidente Álvaro Uribe.
El escrito pide al Juez Richard Berman del Distrito Sur de Nueva York que escuche a la víctima y considere sus derechos a consultar con los fiscales y ser restituida antes de sentenciar al líder paramilitar. De permitirlo, el Juez tomará en cuenta el testimonio de la víctima al fijar los términos de la condena, que podría incluir una orden de reparación económica. Esta gestión legal abre la posibilidad a la intervención de victimas colombianas en los procesos de narcotráfico contra jefes paramilitares en los Estado Unidos.
El 17 de junio de 2008, Murillo se declaró culpable de conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos y enfrenta una posible condena entre 27 a 33 años, pues aceptó que hacía un doble papel en las Auc: inspector general y encargado de las actividades de narcotráfico, así como del transporte de la cocaína y de las operaciones financieras de la organización. En 2001, las Auc fueron incluidas en el listado de organizaciones terroristas del gobierno norteamericano.
La madre afirma ser víctima de la conspiración de narcotráfico cometida por Murillo Bejarano contra los Estados Unidos. Según la moción legal, el jefe paramilitar ordenó la desaparición y ejecución de residentes de la comuna 13, incluyendo el hijo de la peticionaria, con el fin de controlar un “corredor estratégico” para el narcotráfico. Los hechos hacen referencia a las desapariciones y posteriores asesinatos de por lo menos 70 personas, entre hombres, mujeres e incluso menores de edad, ocurridos desde noviembre de 2002. En febrero de 2008, Murillo aceptó su responsabilidad penal por las desapariciones y ejecuciones de residentes de la Comuna 13.
Como prueba del vínculo entre el narcotráfico y las desapariciones, el escrito señala el descubrimiento cerca de la comuna 13 de un laboratorio de estupefacientes que tenía la capacidad de procesar 1.000 kilogramos de cocaína por semana. En una propiedad cercana fueron halladas fosas comunes con los restos de personas desaparecidas por los paramilitares que respondían a ‘Don Berna’. El escrito concluye que Murillo usaba “medios violentos para manejar el narcotráfico” y “las ganancias de narcotráfico para financiar las desapariciones y matanzas”.
La Clínica Legal de Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de California, Berkeley, y el bufete privado Wilson Sonsini Goodrich y Rosati representan a la peticionaria. La moción se basa en la Ley de los Derechos de Víctimas de Crímenes, en vigencia desde el año 2004 y que otorga amplios derechos a victimas en los Estados Unidos. Es la primera vez que se usará esta ley a favor de víctimas de violaciones de derechos humanos y, específicamente, a favor de víctimas colombianas del paramilitarismo. Además de esta víctima, esta clínica representa a otras víctimas de 7 de los 15 paramilitares extraditados.
“Queremos participar en las audiencias y dialogar con fiscales federales para asegurar que las extradiciones y los procesos por narcotráfico no sean un obstáculo para la verdad y la justicia en Colombia”, dijo Roxanna Altholz, directora asociada de la Clínica de Berkeley y representante de la peticionaria.
Tras la extradición de los líderes paramilitares de las Auc para enfrentar cargos de narcotráfico, los gobiernos de Colombia y Estados Unidos se comprometieron a asegurar la participación de los extraditados en el proceso de Justicia y Paz. El Embajador de los Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, aseguró que el gobierno estadounidense facilitará “todo el acceso, toda la información y todas las oportunidades a las victimas” de los crímenes cometidos por paramilitares.
Hasta la fecha, por lo menos seis de los quince líderes paramilitares han llegado a acuerdos con autoridades estadounidenses y sólo uno de los extraditados, Salvatore Mancuso, ha rendido nuevas declaraciones sobre las violaciones de derechos humanos cometidas enColombia. “Los extraditados paramilitares están buscando acuerdos con autoridades de Estados Unidos para rebajar sus penas,” dijo la licenciada Altholz, “depende de la justicia norteamericana incentivarlos para que hablen de los asesinatos y desapariciones cometidas en Colombia”.
Publicado por la Agencia de Prensa IPC. 18/02/2009
