¿Venganza o perdón? Un camino hacia la reconciliación

La Fundación para la Reconciliación, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y un grupo de profesores de la Universidad Nacional, abrieron un espacio de reflexión sobre la venganza y el perdón. El resultado fue un libro en el que doce autores, desde diferentes disciplinas, plantean sus perspectivas al respecto, para lograr una paz sostenible. Este es su prólogo.

El dinero recaudado por la venta del libro ¿Venganza o perdón? Un camino hacia la reconciliación será destinado a proyectos para la reconciliación. Foto: Juan Diego Restrepo E.

Una nación urgida de reconciliación

El final de la negociación de paz con la guerrilla de las FARC trajo un resultado inesperado. El mecanismo de refrendación propuesto por el Gobierno Nacional y aceptado en la mesa de conversaciones de La Habana, tomó la forma de un plebiscito con normas especiales, en el que se les preguntó a los ciudadanos sobre su respaldo al Acuerdo de Paz en términos de Sí o No.

Los colombianos acudieron de modo lánguido a las urnas. A la cita electoral del domingo 2 de octubre de 2016 sólo votaron algo más de 13 millones de personas, que equivalían al 37,5% del censo electoral. Una participación magra incluso en un país con tradición abstencionista.

Como es bien sabido, el resultado del plebiscito por la paz fue adverso a los intereses del Gobierno. Una mayoría de colombianos, representada en 6’431.376 votantes, optó por decirle No a los acuerdos, venciendo así a los 6’377.482 que respaldaron la negociación que comenzó de manera formal en agosto del año 2012 y se firmó oficialmente el 26 de septiembre de 2016, en la ciudad de Cartagena de Indias.

Ante el inesperado triunfo, el Gobierno y las FARC realizaron un proceso de renegociación que, si bien no satisfizo a los líderes más visibles del No, incorporó algunas de sus críticas. Este proceso concluyó con la firma de un nuevo acuerdo en el teatro Colón de Bogotá, el 24 de noviembre de 2016, que fue refrendado un mes después, esta vez por la vía del Congreso de la República.

El saldo en términos de legitimidad fue tremendamente negativo. Por un lado, la visible oposición a varios de los contenidos centrales del Acuerdo de Paz y las críticas de muchos sectores durante el proceso de renegociación, hicieron que se cuestionara de manera seria el respaldo popular al Acuerdo. Para la ciudadanía quedó claro que el texto que finalmente se refrendó no representa los intereses y las aspiraciones de un grupo muy relevante de colombianos.

Ese sentimiento se ha venido reflejando, claramente, en redes sociales como Twitter. La Fundación Ideas para la Paz, que monitorea las narrativas que se dan en esta red alrededor de la paz, afirma que quienes se oponen al Acuerdo con las FARC siguen ganando en influencia. Durante el plebiscito y tras la renegociación su favorabilidad alcanzó el 93 por ciento.

Por otro lado, lo que hubiera podido significar un momento de júbilo nacional, dada la envergadura del acontecimiento, terminó relegado al carácter de agenda incómoda, alineada con aspiraciones presidenciales. Hay que admitir que resulta, cuando menos, chocante, que la finalización de uno de los conflictos armados más prolongados y violentos de la historia reciente haya pasado de agache entre el espesor del debate político. Hoy, Colombia se encuentra sumida en una profunda crisis de confianza ciudadana y en el espectáculo lamentable de unas élites políticas atrincheradas en sus ambiciones.

El balance parcial de este proceso, cuyo desenlace en términos de implementación sigue siendo de incertidumbre, es la evidencia abrumadora de que vivimos en una sociedad enormemente polarizada y, por lo tanto, urgida de reconciliación.

Y no sólo de la reconciliación entre las víctimas y los victimarios, y entre estos y la comunidad en cualquier contexto de posconflicto, sino también de la reconciliación que se necesita cuando se constata que a nivel ciudadano existen visiones que niegan y excluyen la diferencia, que la asumen como una equivocación malintencionada y que, entendidas de modo radical, están en condiciones de justificar el uso de la violencia.

Lo que está en juego no es poca cosa. No se trata del éxito o el fracaso de las políticas del presidente Santos en el corto o mediano plazo, ni tampoco de las decisiones estrictamente electorales a nivel nacional y territorial. Estamos hablando de la posibilidad de construir una visión de futuro compartido, en la que se puedan tramitar las diferencias sin justificar, en ningún caso, la eliminación o el dolor de los otros.

Ante este panorama, la Fundación para la Reconciliación, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y un grupo de profesores del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional, abrimos un espacio de diálogo buscando recoger voces diversas entorno a la disyuntiva entre el perdón y la venganza, entendida como un desafío central de la sociedad colombiana. Le propusimos entonces a un grupo de profesionales que reflexionaran sobre la pregunta “¿venganza o perdón?” y que ubicaran sus reflexiones en el contexto del momento apremiante que vive el país.

Por eso, los 12 textos que conforman este libro, lejos de constituir una muestra del estado actual de la investigación sobre perdón y venganza, representan una serie de alternativas de interpretación y propuestas de cada uno de los autores. Hay reflexiones desde la historia, la ciencia política, la sociología, la teología, la psicología y la comunicación social, que buscan contribuir al análisis de un tema que involucra a todos los colombianos.

Venganza y perdón

La dualidad entre la venganza y el perdón ha propiciado numerosas reflexiones en los ámbitos académico, espiritual y de las políticas públicas.

El perdón, en general, se entiende como un sentimiento que permite sobreponerse al resentimiento frente a un agresor (Murphy, 2003). Es un proceso que le da la posibilidad a una persona agredida –sin negar ni olvidar el daño del que fue víctima– de tener una perspectiva diferente de su ofensor, hasta el punto de verlo con compasión (McCullogh y Root, 2005).

El perdón cuenta con una dimensión interpersonal, que se refiere a la relación entre la persona que perdona y la que es perdonada,y con una dimensión intrapsíquica, relacionada con el proceso interno que se necesita para solicitarlo y otorgarlo (Lillo, 2014). El perdón permite que se trasformen las actitudes negativas que una persona tiene frente a otra, evitando la venganza, sin que esto signifique tolerar la injusticia o simplemente olvidarla.

Por su parte, la venganza, que está profundamente ligada a las emociones de rabia y resentimiento, tiene que ver con el impulso de tomar represalias frente a una injusticia (Minow, 1998). También es una expresión del valor que da el agredido a su propia dignidad, pues por medio de la retaliación “el vengador quiere subvertir la afirmación de desigualdad contenida en el acto de victimización. La víctima convertida en victimario, quiere restaurar su dignidad, afirmarse como todopoderosa mediante la reducción de su victimario” (Orozco, 2002).

A partir de estas breves consideraciones, es claro que tanto el perdón como la venganza surgen, de modo general, independientes a contextos de violencia política. Ambos son productos naturales de la vida social, del ser humano que ante una ofensa o daño siente una serie de emociones y las convierte en acciones de diverso tipo.

Este carácter tan íntimo explica, al menos en parte, por qué el abordaje de estos conceptos se da desde la perspectiva individual y de la educación emocional. De allí las nociones según las cuales el perdón es una decisión personal y la venganza es el efecto que sobre un individuo tiene una intensa pulsión emocional. El rol del Estado, desde esta perspectiva, es el de la gestión de los conflictos individuales.

Pensando en el contexto colombiano, existe un enfoque distinto de interpretación sobre la dualidad perdón–venganza, el cual se inscribe en las dimensiones políticas, sociales y culturales que tienen estos conceptos. Leonel Narváez ha insistido en la necesidad de transformar la cultura de la venganza y la economía política del odio, en una economía y una cultura ciudadana del perdón y la reconciliación que, a la vez, posibilite la creación de nuevas maneras de describirnos como sociedad y transforme la forma en la que nos relacionamos.

Una paz sostenible exige que no solo se responda a las necesidades objetivas básicas insatisfechas de la mayoría de la población (salud, empleo, educación, tierra, vivienda, entre otras), sino también a las necesidades ecológicas de la paz: verdad, justicia, reparación, inclusión democrática y respeto a los derechos humanos. Y, sobre todo, que se satisfagan las necesidades subjetivas, o sea, se acompañe la difícil superación de la rabia, el odio y las urgencias de venganza tanto en las élites como en las bases populares.

También, en el contexto internacional, ha descollado el enfoque de Martha Nussbaum sobre las emociones políticas y el rol del Estado en su cultivo. En su obra reciente, Nussbaum (2014) afirma que las emociones políticas –que el Estado está en capacidad de propiciar por medios materiales y simbólicos– son el sustento de los proyectos políticos de una nación. En efecto, la materialización y el sostenimiento de los mismos resulta viable sólo si cuentan con un compromiso social que les procure estabilidad en el tiempo.

Este rol del Estado que propone Nussbaum es muy relevante en lo que respecta a conflictos armados y a sociedades en transición. En ellas, es deber del Estado cultivar emociones públicas como el amor, entendido como aquel impulso fundamental que promueve el respeto por la dignidad humana y que invita a losciudadanos a habitar la esfera de lo púbico en pro del bien común.

En esa misma línea política y colectiva, la discusión sobre el perdón y la venganza adquiere matices particulares en periodos de transición entre el conflicto armado y la paz, y muy particularmente en sociedades que implementan arreglos de justicia transicional como la colombiana. En efecto, el desafío de satisfacer al mismo tiempo los derechos de las víctimas del conflicto y las penas especiales que se derivan de una negociación de paz (Uprimny, 2006), le da a la dualidad perdón–venganza otro escenario de expresión, esta vez dentro de la consabida tensión entre la justicia y la paz.

Examinemos cómo detrás de la justicia subyace el dilema que nos convoca. Los mecanismos de justicia retributiva que suelen regir en condiciones ordinarias se basan en la proporcionalidad entre el daño causado y la pena. Esta proporcionalidad podría entenderse como una forma de venganza racionalizada, en la que los ciudadanos renuncian a ella y le dan al Estado la potestad de decidir cómo castigar al victimario, considerando que ese castigo “compensa”, de algún modo, el daño causado.

El dilema de la justicia en la transición consiste entonces en que, tras reconocer que el diseño tradicional–retributivo no ofrece los incentivos necesarios para que los contrincantes dejen las armas, la sociedad desarrolla un concepto que se asocia más a la restauración y al perdón que a la venganza. Según este nuevo paradigma, que pone en el centro la preocupación por el daño causado, es posible tener rebajas de penas y penas alternativas, si el ofensor se compromete con la verdad, la reparación (material, simbólica, cultural, colectiva) y la no repetición. Desde esta perspectiva, es más importante superar la situación victimizante que el castigo proporcional al responsable (Mallinder, 2014).

El Estado propicia entonces espacios de reconocimiento de responsabilidad, de construcción de memoria colectiva, de perdón, de identificación de hechos e interpretaciones y, al acerlo, crea el contexto no sólo para reintegrar a los excombatientes a la vida civil, sino para que los involucrados en los enfrentamientos se reconcilien. En estos casos, aun cuando en el plano personal las víctimas puedan no perdonar a quienes las ofendieron, en el plano político la sociedad los reconoce como ciudadanos, y les otorga lo que, con cuidado, se podría llamar un perdón colectivo.

En el contexto actual, si bien el Estado colombiano tiene la potestad de regular la venganza y fomentar el perdón creando un entramado institucional y legal que propicie acciones integrales de verdad, justicia, reparación y no repetición, también es cierto que al hacerlo debe escuchar las demandas de justicia retributiva que resonaron fuertemente tras los resultados del plebiscito por la paz. Para algunos autores, la venganza se ha convertido en Colombia en un insumo para acumular poder político, generar prejuicios y limitar la posibilidad de imaginar un futuro distinto. Por eso, si el Gobierno no logra negociar un punto medio en el que se recojan estas voces, es posible que la implementación de este proceso de paz propicie nuevos ciclos de violencia motivados por el deseo de retaliación. Ese es el tamaño del desafío.

Bitácora

En este libro, el lector encontrará dos tendencias. En algunos, las observaciones reposan en el deber ser del Estado y en otros, sobre los ciudadanos que habitan la esfera pública y se relacionan entre sí.

En el primer grupo se ubican artículos como los de Daniel García-Peña, quien sugiere que la verdad es un instrumento que propicia la sana elaboración y procesamiento de la venganza, y afirma que al esclarecer el pasado y establecer responsabilidades es posible construir memoria. A esta postura se suma Maguemati Wabgou, quien por medio de un análisis semiótico del documental “Entre Joyce y el recuerdo”, aborda la experiencia de la búsqueda de la verdad y la construcción de memoria como un cruce entre sentimientos de perdón y venganza.

Sobre la construcción de memoria también reflexionan Alejandra Castro y Julieth Escobar, quienes afirman que para lograr la reconciliación política es necesario que se realicen ejercicios de memoria histórica reflexiva, por medio de los cuales se haga un reconocimiento moral colectivo de las causas del resentimiento generado por los hechos victimizantes. Pero la búsqueda de la verdad y la construcción de memoria son, por sí mismos, insuficientes para promover una cultura del perdón. En este sentido, Juan Diego Duque centra su discusión en la justicia, la cual vista desde la perspectiva del “perdón constructivo” hace parte de un engranaje de acciones que se complementan entre sí (verdad, justicia, reparación, no repetición).

En el segundo grupo de textos se encuentran artículos como los de William Duica, quien invita a comprender que las distintas posiciones que las personas asumen frente al perdón son consecuencia de sus “identidades morales”, por lo que el reto del perdón requiere cambiar la mirada que tenemos de nosotros mismos y de los demás.

En esta misma dirección, los textos de Carolina Meza y Katja Groesschen, y de Carolina Sánchez, hablan sobre la necesidad de superar la estigmatización que recae en los habitantes de las regiones afectadas por el conflicto armado y los prejuicios que existen frente a los excombatientes, transformando los imaginarios que se tienen sobre estos grupos.

Del mismo modo, Luis Humberto Hernández afirma que para que haya perdón debe diluirse la distinción entre buenos y malos, y tanto víctimas como victimarios deben reconocer en sí mismos la posibilidad de construir y destruir, de amar y de hacer daño. Para hacer esto, Omar Rincón, desde una perspectiva constructivista, sugiere que se transformen las narrativas de miedo y odio por las de esperanza, Martha Ruiz argumenta que se requiere empatía y curiosidad para entender al que debe ser perdonado, y Edgar Antonio López señala que se necesita, ante todo, reconocer la humanidad del victimario.

Para terminar, vale la pena mencionar que ambas tendencias confluyen en una idea: es necesario continuar explorando la dimensión política del perdón, crear estrategias que amplíen el abanico de nuestras emociones e ideas para aprender a reconocernos como ciudadanos y como seres humanos con dignidad. Sólo así será posible superar la encrucijada entre perdón o venganza.